Según Ignacio Fernández Toxo la propuesta de Celestino Corbacho de reducir el plazo que los parados con prestación tienen para rechazar una oferta es un intento del Ejecutivo de “maquillar” los datos del paro.
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El lenguaje político tiende a disfrazar la realidad, y ésta es que en España los parados han tenido todas las facilidades posibles para agotar la recepción de prestaciones económicas por desempleo sin necesidad de buscar ni aceptar ofertas de trabajo, algo impensable en otros países donde se tiene muy presente que las ayudas que reciben los parados proceden de los impuestos que pagan los ciudadanos, no de un fondo de financiación que se nutre de un dinero que no es de nadie.
Los fondos del Estado sí tienen propietarios, los contribuyentes, aunque muchos altos cargos socialistas lo olviden con frecuencia como la ex Ministra Maleni Álvarez cuando afirmó en sede parlamentaria que "el dinero público no es de nadie".
Ha tenido que llegar una gravísima crisis económica para que el Gobierno que ha dilapidado las arcas del Estado se haya dado cuenta de que España no puede seguir tirando euros al saco sin fondo de los parados que no tienen ningún interés en salir del desempleo, no hablamos de todos los parados sino de los que prefieren vivir de los subsidios que trabajar, y de esos hay cientos de miles en España. No se trata de acabar con las prestaciones, sino que racionalizarlas y limitarlas.
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Primero nos anuncian que deberemos trabajar hasta los 67 años para poder jubilarnos, dos años más de trabajo al que no se puede optar de forma voluntaria, y después que elevarán los tiempos mínimos de cálculo. Con estos socialistas ¿acabaremos regresando al tercer mundo donde los ancianos deben trabajar hasta su muerte para poder sobrevivir?
A pesar de esas medidas de recorte anunciadas, seguimos sin escuchar propuestas para reducir los gastos de la administración publica, la desaparición de empresas públicas, la supresión de altos cargos públicos innecesarios, evitar gastos en duplicidades administrativas, la reducción o supresión de subvenciones a ONG's y organizaciones afines, etc. Todo se resume, para este gobierno defensor de los desfavorecidos, en seguir apretando las tuercas a los asalariados y a los jubilados entre los que, por muy extraño que parezca, siguen teniendo millones de votantes.
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