sábado, 31 de marzo de 2012

EL ESTADO SIN TERRITORIO. ESPAÑA SIN TIERRA.

El Estado sin Territorio, libro escrito por Francisco Sosa Wagner, el eurodiputado de UPyD y catedrático de la Universidad de León y  experto en cuestiones autonómicas, y por Mercedes Fuertes, que también es catedrática de la Universidad de León y experta en cuestiones de administración pública, nos da unos apuntes sobre la situación de nuestro Estado actual de las autonomías y la amenaza que parece entrañar para la supervivencia de nuestro actual régimen político.

Como señala Carmen Iglesias en su fino prólogo, el enmarañamiento que la organización autonómica ha impuesto a la organización del Estado “poco tiene que envidiar a la yuxtaposición de jurisdicciones del Antiguo Régimen, con efectos parecidos de parálisis decisional y de despilfarro de recursos”. Los autores organizan este ensayo a partir de un capítulo inicial, en el que se esboza la teoría de la nueva feudalización de España, para ilustrarlo, a continuación, con cuatro relatos de historia política que constituyen contundentes comprobaciones de la deriva que parece ir tomando nuestra actual sistema autonómico. En ellos queda patente la realidad “de un Estado que ha perdido en buena medida su capacidad de actuar sobre el territorio, así como el oportunismo errático de los partidos políticos”. Ya lo advierten los propios autores, da igual el orden en el que se lean esos relatos porque, al igual que ocurre con la conocida propiedad de la operación de sumar, el orden de los factores no altera los desastres que cabe esperar del resultado.

El primero de esos relatos tiene que ver con las reacciones que se han producido en torno a los cementerios nucleares, en el marco del discurso dominante en contra de la energía nuclear, que se ha revitalizado en estos días. En este caso, las exigencias del almacenamiento de los residuos han desembocado en un pandemónium de decisiones encontradas en el que se ha puesto de relieve la incapacidad del Gobierno para tomar una decisión. No menos complejo ha resultado la actualización del Plan Energético Nacional, que es el tema del segundo relato y un campo en el que la profesora Fuertes es una reconocida especialista. La red de alta tensión -imprescindible para el conjunto del país- se ha traducido en numerosos proyectos de trazados que no han dejado de encontrar dificultades, de las que han quedado torres y obras abandonadas, como mudos testigos de las rivalidades políticas que las han hecho abortar. Una vez más la mirada de los autores se va hasta casi los comienzos de la Transición española para describirnos un mundo de permanentes choques entre diversas administraciones locales y desembocar en una divertida alusión al grito de Goethe en sus últimos momentos: “¡Quiero ver la luz, más luz!”.

La apropiación abusiva de las cuencas hidrográficas por parte de los gobiernos autonómicos nos han proporcionado un buen número de ejemplos patéticos derivados del abandono de una visión global de nuestra situación hidrológica. Las reformas estatutarias acometidas desde 2004 han exacerbado esta situación hasta hacer incluir la gestión de las cuencas hidrográficas dentro de los nuevos textos de los estatutos de autonomía. Resulta evidente que detrás del control del agua se atisba el fortalecimiento del poder político, pero los ciudadanos corrientes tienen motivos para dudar de la eficacia de muchas de esas medidas, como han podido comprobar los andaluces durante el pasado invierno. En cuanto a los parques naturales los autores nos llevan de la mano hasta la situación grotesca de que la imposibilidad de hacer coincidir espacios naturales necesitados de atención con los territorios de las comunidades autónomas -ya que la Naturaleza une a veces lo que los políticos se empeñan en separar- obligue en ocasiones a la creación de consorcios para resolver los conflictos. Nos encontramos así con la paradoja de tener que inventar un seudo-estado para sustituir al Estado. Resulta imposible, además de superfluo, desmenuzar los centenares de hechos que, presentados con sentido del humor pero con gran precisión jurídica, describen los efectos de las acciones hurtadas a la competencia del Estado que, en muchas ocasiones, sólo es requerido a la hora de la financiación. Es el único momento en el que el Estado parece recobrar su identidad, aunque sólo sea como abastecedor de las crecientes exigencias económicas de las autoridades locales.

Sobre todos esos discursos aletea, además, la idea de la “gobernanza” que es una palabreja que se nos ha impuesto desde las más altas instancias oficiales y que desprende un fuerte tufo a pedantería vacua. Como señalan los autores, en el origen del término está el patrocinio de altas instituciones internacionales y la voluntad de enfatizar los mecanismos de interacción con el manejo del concepto de redes que diluyen la verdadera jerarquía política. Una forma de entender la toma de decisiones en la que también se difumina la relación clara y directa entre gobernantes y gobernados que sirvió, en las grandes revoluciones liberales del siglo XVIII, para asegurar la libertad de los individuos frente al ejercicio descontrolado del poder político.

Después de estas reservas, y del entramado de dislates que se suceden en la reflexión que nos ofrecen Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, no deja de ser estimulante el último capítulo, en el que se plantean las posibles soluciones a este estado de casos. Las perspectivas no dejan de resultar tenebrosas y su apelación a la lealtad constitucional no deja de ser una apelación bienintencionada que merecería ser escuchada por muchos de los que hoy forman nuestra clase política.  
“A todo ciudadano consciente deberían preocuparle las patologías de la res pública aun sabiendo que extirparlas no es tarea fácil, pues se cuenta con obstáculos poderosos: de un lado, la animadversión de una buena parte de la clase política que, por ser muy conservadora, rechaza hablar de enfermedades y de medicinas; de otro, la indiferencia de una población que se limita a contemplar el tiovivo –entre carnavalesco y religioso- de los procesos electorales y a descalificar sin matices a sus protagonistas”.
En cada uno de los relatos se nos ponen los pelos de punta al descubrir cómo en ese ecosistema se comportan gran parte de nuestros responsables políticos. Su frivolidad e irresponsabilidad, su incapacidad para tomar decisiones, por necesarias que sean, cuando puede tener un coste de opinión pública, la subordinación de cualquier política efectiva y resolutiva a cuestiones casi cosméticas de imagen, y a devociones particularistas. Y todo ello, mucho nos tememos, desde hace tiempo no ha hecho sino ir a más.



viernes, 30 de marzo de 2012

GIBRALTAR Y EL PP


José Manuel García-Margallo quiere "recuperar Gibraltar". El nuevo equipo del Ministerio de Exteriores ha fijado el Peñón como una de las prioridades de la política exterior española. El plan es negociar directamente con Reino Unido y que ambas naciones sean las que decidan.

En el equipo de Margallo consideran que la mejor fórmula para Gibraltar sería conseguir una cosoberanía para la colonia británica de manera temporal. Es decir, España y Reino Unido compartirán su soberanía durante un tiempo limitado, pero siempre en constante negociación con un único objetivo: la total recuperación del Peñón en un tiempo razonable tal y como reconocen las resoluciones de Naciones Unidos. Este es, precisamente, el principal punto de apoyo de la postura del Ministerio: la ONU reconoce que Gibraltar debe ser español, tal y como bromeó el propio García-Margallo con un eurodiputado hace unos días. 

España sí estaría dispuesta a permitir que Reino Unido conservara una base naval con un estatus propio, tal y como ocurre en Rota con Estados Unidos.

En Exteriores aseguran que, según las informaciones de las que disponen, Reino Unido tampoco vería con malos ojos la devolución del Peñón. Históricamente, Gibraltar ha sido una fuente de problemas para Londres (presupuestos, gastos militares, blanqueo de capitales, sede de negocios de dudosa legalidad, fuente de fricción permanente con la diplomacia española) y es una opción que los británicos tienen sobre la mesa.

Otro punto de apoyo para la postura española es el Tratato de Utrech, donde se establece que Gibraltar, sino es británica, debe ser española.

Exteriores no contempla en ningún caso la realización de un referéndum en Gibraltar para que sus ciudadanos puedan pronunciarse sobre a qué nación quieren pertenecer. Existe, además, un precedente negativo: en 2002, Peter Caruana planteó un plebiscito y el resultado fue un contundente ‘no’.

Las negociaciones de 2002

Entre 2001 y 2002, los Gobierno español y británico se sentaron a negociar de manera bilateral sobre Gibraltar, lo que supuso el mayor avance hasta la fecha en el contencioso. Por entonces, los cabezas de los Ministerios eran Josep Piqué y Jack Straw. Reino Unido quiso ganarse el apoyo de España en la progresiva ampliación de la Unión Europea y le ofreció el ‘caramelo’ de Gibraltar a cambio. Por entonces, Tony Blair era un destacado europeísta y la colonia constituía una anacronía en una Europa unida.

No hubo ningún pacto secreto, ni Gibraltar fue apartado del contenido de la negociación (Caruana era puntualmente informado por el ministro Hain). Es más, el primer ministro gibraltareño propuso una cosoberanía para el Peñón al estilo andorrano, algo a lo que estaría dispuesta ahora España como medida transitoria. Andorra dispone de parlamento propio, bandera propia, sistema judicial, aduanas… pero es independiente y con representación en la ONU. Los contactos se rompieron con la llegada de Ana Palacio al Ministerio.

Así, el Foro Tripartito impulsado por Zapatero será historia. Mariano Rajoy sólo hablará con Londres para negociar la soberanía del Peñón, abandonando definitivamente las conversaciones a tres bandas. Las provocaciones del nuevo ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, han sido decisivas en esta decisión. Su intención es reanudar el modelo de diálogo con Londres instaurado con el Proceso de Bruselas de 1.984, y que fue paralizado por los Gobiernos de Reino Unido y España en 2002.

En esas conversaciones, ambos países eran los encargados de negociar la soberanía del Peñón sin la influencia de ningún representante del poder en Gibraltar, algo que cambió con la instauración del Foro Tripartito impulsado en 2004 por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores durante los seis primeros años del Gobierno Zapatero.

En un principio, la dirección del PP apostaba por una ‘vía intermedia’ entre el modelo del Proceso de Bruselas y las conversaciones a tres bandas impulsadas por el Ejecutivo socialista: mantener reuniones “con tres voces pero tan sólo dos banderas”, en las que Gibraltar tendría derecho a opinar pero no a decidir. Sin embargo, la postura de España será finalmente más firme, después de conocer las amenazas y provocaciones del nuevo ministro principal del Peñón.

El nuevo primer ministro del Peñón considera que España es un país “antidemocrático y neocolonialista”, además de “agresor e invasor”. Las opiniones de Picardo no han pasado desapercibidas para el PP, que quiere evitar cualquier negociación con este joven abogado. En ese sentido, el PP señala que la agresividad de Fabián Picardo ha sido decisiva a la hora de impulsar la recuperación de las “conversaciones exclusivas” con el Reino Unido: “Es más reivindicativo y belicista que Peter Caruana, que sí estaba dispuesto a aceptar ese modelo intermedio de negociación que habíamos ofrecido”.

Se equiparará el Peñón a los municipios del Campo de Gibraltar

Los responsables de Asuntos Exteriores del PP afirman que “el poder de decisión será exclusivamente de España y Reino Unido, que serán los únicos interlocutores en la negociación sobre la soberanía del Peñón”.

Sobre el derecho a opinar de la colonia “Los países soberanos tendrán presente su postura, pero también se valorará, y en la misma medida, lo que piensan los Gobiernos municipales de todas las localidades que forman parte del llamado Campo de Gibraltar”.



GARZÓN Y EL FRANQUISMO: NUEVO VARAPALO


El Tribunal Supremo ha resuelto que la competencia para decidir sobre la apertura de las fosas del franquismo corresponde a los juzgados territoriales y no recae sobre la Audiencia Nacional (como pretendía el prevaricador Garzón). El auto, del que ha sido ponente Perfecto Andrés Ibáñez, ordena a los juzgados de Granada y de San Lorenzo de El Escorial «continuar la tramitación» de las diligencias previas seguidas sobre las fosas donde yacen supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca y los cuerpos de decenas de represaliados, dos en el Valle de los Caídos. 

El TS ha excluido la posibilidad del enjuiciamiento en la vía penal de los autores de los crímenes (como pretendía Garzón), pero reconoce el derecho de los familiares a obtener la identificación de las víctimas, cuya localización podrá instar el juez de instrucción competente (lo que nunca se negó). No obstante, matiza que ello no deberá ser obstáculo para que el juez de instrucción competente pueda practicar las diligencias oportunas para la identificación de las posibles víctimas susceptibles de localización cuando se encuentren indicios de restos humanos (lo que tampoco se impidió). A su entender, resulta inobjetable que los restos de quienes han sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento. «Y tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles», añade. 

El Supremo considera que las acciones criminales sobre las que versan las denuncias están «prescritas» y recuerda que la ley de Amnistía de 1977 forma parte del ordenamiento «vigente» (lo que Garzón ignoraba voluntariamente). Con todo, invoca al derecho internacional para reconocer el derecho de los afectados a acceder a una «reparación adecuada», que comprenda la verificación de los hechos criminales, su esclarecimiento y la obtención de la «completa verdad». Alude así a los deberes de las administraciones establecidos en la ley de Memoria Histórica de 2007. Por último, remarca el deber del Estado en procurar de manera «efectiva» la satisfacción de estos derechos, entre los que se encuentra la búsqueda, recuperación, identificación y, si fuera necesario, el enterramiento de los cadáveres de los asesinados.