martes, 17 de septiembre de 2013

LA INACCIÓN Y COBARDÍA DEL PP Y LA COMPLICIDAD DEL PSOE EN FAVOR DE LA FUTURA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

EL Ejecutivo de Artur Mas se ha alzado abiertamente contra nuestro ordenamiento legal, aprobado libremente en democracia. La Generalitat amenaza con organizar un referéndum inconstitucional. Además, desoye sistemáticamente las sentencias del Supremo y el TC cuando no se pliegan a sus dogmas. En una Cataluña con problemas económicos agudísimos, Artur Mas ha sido incapaz de aprobar los presupuestos, el primer deber de un gobernante. Su único programa es la persecución sectaria de todo lo que tenga el mínimo poso español, en un afán de romper las amarras afectivas seculares y fomentar la independencia. 

Los sediciosos trabajan a tiempo completo contra España, la nación de la que siempre han formado parte, pues Cataluña jamás ha sido independiente. Reescriben la historia con mentiras, que se inculcan desde las escuelas, donde se fomenta la aversión a lo español. Se miente también sobre la financiación, cuando, por ejemplo, ABC acaba de recordar con datos oficiales que el Estado destina a cada catalán un 20,6% más que a un valenciano, o un 7% más que a un madrileño. La televisión autonómica, que cuesta casi trescientos millones anuales a las arcas catalanas, se ha convertido en un aparato de propaganda continua a favor de la independencia. Los medios privados son subvencionados para que se avengan a las tesis del poder separatista. El español, el idioma más hablado en Cataluña, está prohibido de facto en las escuelas y en los rótulos. La Generalitat incumple las sentencias ante la mirada abúlica del Gobierno y la pose filonacionalista del PSOE, que no acierta a embridar al PSC.

En resumen: está en marcha una operación de gran calado, sufragada con dinero público, para lograr en breve la independencia de Cataluña. Se da incluso el sarcasmo de que la Generalitat, rescatada por el Estado porque es incapaz de afrontar sus deudas y colocar sus bonos, destina parte de ese apoyo económico a financiar la demolición de España, de la que siempre ha formado parte y gracias a cuya solidaridad camina.

Ha llegado la hora de señalar que el Gobierno del PP no está actuando con la diligencia debida ante el envite del nacionalismo catalán. Mantener una agenda secreta con Mas o buscar un perfil silencioso ante un desafío mayúsculo son tácticas que reflejan una actitud acomplejada ante el separatismo. El Gobierno del PP ha renunciado a explicar a los catalanes y al resto de los españoles que la Generalitat está vulnerando flagrantemente las normas de nuestra democracia. Y lo que es peor, no obliga al infractor a cumplirlas, una desidia que pone en riesgo la propia integridad de España. El Gobierno del PP no ha hecho pedagogía. No responde políticamente a la batalla propagandística que ha entablado la Generalitat. No existe un contradiscurso que cuente la verdad frente al bulo del «España nos roba» y la mixtificación del pasado. 

Y eso en lo que atañe al gobierno del PP, porque el PSOE-PSC como partido o unión de partidos han trabajado siempre en favor de llegar a este punto, siempre en favor de la diferenciación de Cataluña y en contra de España como país y como nación. Basta recordar al inolvidable e impresentable Zaoatero, que debería haber sido juzgado por variados delitos, que asfirmaba que España como nación era un concepto discutido y discutible, o la aprobación del Estatut, y sus promesas....

La historia de la democracia española ha sido la de constantes cesiones a los nacionalismos disgregadores, error en el que han incurrido tanto PSOE como PP. Los sucesivos modelos de financiación se han diseñado al dictado del nacionalismo catalán. Zapatero, que hizo un daño incalculable a la estabilidad de este país, abrió la caja de Pandora estatutaria, dando alas al separatismo. Rajoy acaba de aprobar un déficit a la carta para Cataluña y negocia en la sombra un estatus económico específico, discriminador para el resto de los españoles. Las lecciones de la historia son concluyentes. Las concesiones no calman las ansias secesionistas, al revés. Cada renuncia es solo la antesala de una exigencia mayor, hasta llegar a la ruptura del Estado, objetivo por naturaleza de los partidos nacionalistas.

La vicepresidenta del Gobierno ha declarado que frente al envite de los insurgentes catalanes habrá «diálogo y Constitución». Pues no. Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes. La política del perfil bajo supone además dejar a su suerte a los millones de catalanes que se sienten españoles, acosados por la Generalitat, que fomenta el odio a España y a quienes se identifican con ella. ABC, en congruencia con su historia y sus principios, pide al Gobierno un cambio de rumbo y que tome las medidas necesarias para defender la unidad de España, tal y como demandan la mayoría de los españoles. De poco valdrá superar la crisis económica si lo que queda al final es una España mutilada.


LO QUE PERDERÍA CATALUÑA EN EUROPA SI SE SEPARA UNILATERALMENTE DE ESPAÑA: PUES QUE SE VAYAN

El vicepresidente de la Comisión europea y Comisario Europeo de Competencia confirmó ayer lo que los juristas llevaban años anunciando: que la secesión de Cataluña de España implicaría la salida del territorio de la actual comunidad autónoma catalana de la Unión Europea. Abandonar el paraguas europeo implica renunciar a un sinúmero de ventajas, derechos sociales y salvaguardas económicas.

Salida del mercado único europeo

Es, junto con el euro, el instrumento de integración económica más importante con el que cuenta la Unión Europea, y su éxito es totalmente indiscutible: la eliminación de barreras para el libre intercambio de bienes, servicios, capitales y personas ha permitido un notable aumento del nivel de vida para todos los países miembros. Conseguido en 1993 tras establecerse como objetivo en el Acta Única Europea de 1986, es algo más que una unión aduanera y un mercado sin aranceles, ya que también implica la superación de obstáculos tales como la homogeneización de normas técnicas, de salud, de seguridad, y de los reglamentos nacionales sobre el derecho a ejercer determinadas profesiones, además de la progresiva homogeneización en los distintos países de los impuestos indirectos (nuestro IVA).
La salida catalana de la Unión implicaría cerrarse las puertas de un mercado formado por 28 países, algunos de los más ricos del mundo, que suman una población de más de 500 millones de personas. Un varapalo muy difícil de superar, ya que en la actualidad Cataluña exporta a Europa mercancías por valor de 58.321,7 millones de euros (el 62% del total), según el instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), que se suman a los 49.131 millones en exportaciones al resto de España, de acuerdo con el Balance de Internacionalización de la Economía Catalana 2012, elaborado por la propia Generalitat.
Además, los productos catalanes podrían verse sometidos a restricciones por parte de la Unión Europea, como controles (licencia de exportación emitida en el país de origen más licencia de importación emitida en el país importador de la UE) o vigilancia (la documentación debe presentarse antes de la importación). En la actualidad, la Unión Europea mantiene controles sobre los productos agrícolas, textiles y siderúrgicos procedentes del exterior de las fronteras comunitarias

Aranceles

Una vez fuera del mercado único, los productos catalanes tendrían que hacer frente a unos fuertes aranceles que los harían notablemente menos competitivos que a sus homólogos europeos. Según explica Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, «si Cataluña se independiza dejaría de formar parte de laOrganización Mundial del Comercio». Mientras dure este estatus —algo que podría «ser eterno» o, tardar, como mínimo, entre cinco y diez años— «se le aplicará en el comercio con cualquier país del mundo —incluida la Unión Europea— la protección arancelaria de mayor nivel existente, ya que deja de aplicarse la llamada “cláusula de la nación más favorecida”», algo que, a juicio de Buesa, tendría unas consecuencias «desastrosas».
A ello habría que sumar para el caso español el denominado «efecto frontera», observado por los economistas en las secesiones de las ex repúblicas soviéticas y tras la partición de Checoslovaquia. «La nueva frontera implicaría una fuerte reducción de los flujos comerciales que, unida a los nuevos aranceles, provocaría una caída inmediata del Producto Interior Bruto catalán superior al 25%», estima Buesa.

Euro

La independencia de España y de la Unión Europa no implicaría abandonar la moneda única, aunque seguir perteneciendo al euro dejaría de ser beneficioso para Cataluña y pasaría a ser un lastre casi insalvable. Un país independiente puede decidir si prefiere emitir moneda propia o, como hacen algunos países muy pequeños, elegir unilateralmente adoptar una moneda extranjera. Así, en 2001 El Salvador eligió sustituir el colón por el dólar norteamericano para tratar de estimular el crédito y la inversión empresarial extranjera en el país.
«Ningún país que no forme parte de la Unión Europea puede formar parte de la eurozona (el conjunto de Estados que forman la (unión monetaria)», explica Mikel Buesa. «Cosa distinta es utilizarlo, cosa que sí puede hacer, aunque con grandes inconvenientes». A saber: Los bancos catalanes «no obtendrían el respaldo del Banco Central Europeosi necesitan liquidez». Además, el catedrático de economía recuerda que una Cataluña independiente «carecería de instrumentos de política monetaria para combatir una reducción del crecimiento en el caso de que se produzca una crisis como la actual», algo que a juicio del catedrático «sería un suicidio». «Lo más razonable sería que una Cataluña escindida de la Unión Europea adoptase una nueva moneda para tener un instrumento devaluatorio», algo que también supondría inconvenientes puesto que el principal mercado de sus exportaciones —la Unión Europea— seguiría trabajando con la moneda única.

Libre circulación de trabajadores

Según establece el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los trabajadores europeos pueden, sin necesidad de ningún permiso de trabajo, acceder a un empleo por cuenta ajena en otro territorio de la UE que no sea el suyo. Y ello sin ser sometido a condiciones especiales por ser extranjero y con la posibilidad de inscribirse en las oficinas de empleo, disfrutar de las mismas ventajas sociales y fiscales que los nacionales y de permanecer en el país cuando hayan dejado de trabajar. Lo mismo ocurre con los empresarios, que pueden contratar a como a un nacional a cualquier trabajador europeo.
En el caso de una eventual secesión de Cataluña de la Unión Europea, los catalanes, además de perder el derecho de libre circulación de trabajadores, también perderían un derecho asociado: los familiares de los trabajadores dejarían de poder residir y trabajar en el país con independencia de su nacionalidad y sus hijos perderían el derecho a ser admitidos en la enseñanza general y la formación profesional en las mismas condiciones que los hijos de los trabajadores nacionales de ese Estado.

Garantía de los depósitos bancarios

La pertenencia a la Unión Europea también sirve para garantizar los ahorros de los ciudadanos europeos. La normativa comunitaria garantiza los fondos de las cuentas bancarias hasta un importe de 100.000 euros, que en algunos países es incluso superior.
Además, en la reunión del Ecofin del pasado 27 de julio se estableció una jerarquía para los nuevos rescates bancarios. Así, si una entidad bancaria europea quiebra y debe producirse una quita, los primeros en tener que hacerla frente serán los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos júnior, de deuda sénior y finalmente de depósitos no asegurados. En la práctica, esto significa que si una entidad bancaria quiebra, los pequeños ahorradores serán los últimos que perderán su dinero y, en cualquier caso, no perderán nada si tienen depositado menos de 100.000 euros en la entidad.

Pérdida de los fondos y ayudas europeas al desarrollo

Desde que España forma parte de la Unión Europea, Cataluña ha recibido, junto con las Islas Baleares, más de 9.500 millones de euros de los fondos europeos, principalmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. El primero pretende el fortalecimiento de la cohesión económica y social, reduciendo las disparidades regionales a través del apoyo al desarrollo, la construcción de infraestructuras y la reconversión de las industrias en declive. Por su parte, el Fondo de Cohesión tiene por objeto acelerar la convergencia de los Estados miembros y las regiones menos desarrollados mejorando las condiciones de crecimiento y empleo, mientras que el Fondo Social Europeo pretende fomentar el empleo y promover una mayor cohesión económica y social.

Pérdida de la protección consular

De declararse Cataluña independiente, además de tener que hacer frente a la creación de una red diplomática y consular propia con la enorme carga económica que ello supondría y las limitaciones a las que se vería sometida frente a la española —que está presente en cerca de 120 países—, el territorio además perdería otra gran ventaja que sí tienen los miembros de la Unión Europea: la protección consular, establecida por el artículo 20 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Fuera de la Unión Europea y dentro de un país extranjero, cualquier ciudadano europeo puede beneficiarse de la protección que otro país miembro tenga en la zona, tratándole como a un nacional del Estado miembro al que representa. Así, en los casos en los que no existe protección diplomática y consular en el territorio de un país tercero, pueden acudir a la de cualquier país europeo. Derecho que los ciudadanos catalanes perderían.

Adiós al colchón de los rescates

Abandonar el paraguas de la Unión Europea también implica quedarsesin la red de seguridad que supone el sistema de salvaguardas del euro. Dichas medidas se materializan en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEdE), un fondo económico permanente destinado a ayudar a los Estados de la zona del euro con problemas de deuda soberana creado el 11 de julio de 2011. El MEdE, que entró en vigor el 8 de octubre de 2012, sustituyó al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, organismos a través de los cuales se canalizaron los rescates a Irlanda (17.700 millones), en noviembre de 2010 y Portugal (26.000 millones) en abril de 2011, además del segundo rescate a Grecia (109.000 millones) y de la ayuda al sector bancario español aprobada en julio de 2012.
Además, la independencia catalana también supondría abandonar los instrumentos de protección financieros de los que dispone España: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el fondo creado en 2008 que gestiona los procesos de reestructuración de entidades de crédito —y que ha intervenido, entre otras, en las entidades catalanas Catalunya Caixa y Unim, esta última ya integrada en el BBVA—; y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito que el Estado pone a disposición de las autonomías con problemas de acceso a los mercados para que se financien a bajo coste. Cataluña, que este año ha pedido 9.300 millones (que se suman a los 5.400 del año pasado), es de lejos la comunidad autónoma que más se ha beneficiado de este mecanismo.

Derecho a voto en las municipales de otros países

Actualmente, todos los ciudadanos comunitarios tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones municipales de cualquier país miembro de la Unión Europea en el que residan, aunque no sea el suyo, y bajo los mismos requisitos exigibles que a los nacionales. Eso significa que los catalanes afincados en cualquiera de esos países perderían este derecho y quedarían sujetos a la regulación que cada Estado fije para los extranjeros no comunitarios. Una normativa que suele ser más compleja y más exigente para aquellos que quieren conquistar su derecho a sufragio.

Derechos del viajero

El Parlamento Europeo, a través de diversos reglamentos, se ha encargado de garantizar ciertos derechos a los viajeros dentro de la UE, en cualquier medio de transporte. Desde las compensaciones para casos de denegación de embarque, cancelación del vuelo y retrasos de más de 3 horas, con compensaciones que van de los 250 euros a los 600 o la llegada al destino por medios «alternativos equiparables». También ha establecido el equivalente para autobuses, barcos y trenes. Además, ha establecido una especial protección para los viajeros de movilidad reducida, asegurándose de que tengan asistencia gratuita tanto para embarcar y desembarcar como durante el vuelo y en los aeropuertos.

Programas de formación e investigación

En materia educativa y formativa, Erasmus es el programa europeo por excelencia. De hecho, según los últimos datos de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Generalitat, 3.766 universitarios catalanes obtuvieron dicha beca en el curso 2011-12, un número que ascendió a los 4.032 el año anterior. Un programa subvencionado por la UE con la finalidad de crear una sociedad del conocimiento avanzado en Europa.
Sin embargo, el programa Erasmus no es el único. La Unión Europea cuenta con programas de formación, de orientación profesional y de prácticas de las que se pueden beneficiar todos los estudiantes europeos. Leonardo da Vinci o Grundtvig son sólo algunos. Pero si Cataluña, conuna tasa de desempleo juvenil del 52,71 por ciento, se independizara, dejaría de disfrutar de ellos y de otros como el programa Ploteus, diseñado para informar a estudiantes y personas en busca de empleo, o de Eurodysee, programa de intercambio para jóvenes de 18 a 30 con prácticas de tres a siete meses en empresas europeas.
Además, casos como el de la «Fundación i2CAT» también se verían afectados negativamente. Este centro de investigación e innovación cerró 2012 con 5,1 millones de euros en ingresos gracias al aumento del 13% de los fondos europeos de I+D+i de los que se benefician.

Adiós a las ayudas a la financiación de las pymes

Actualmente, la UE ofrece ayudas a las pequeñas y medianas empresas a través de subvenciones, préstamos y programas y servicios de apoyo empresarial. Un tejido empresarial sumamente importante para Cataluña, ya que las pymes suponen alrededor del 90% del total de empresas catalanas.
Las pymes europeas pueden optar tanto a subvenciones para programas específicos, en muchos casos enfocados a temáticas como la investigación o el medio ambiente, como a financiación de los fondos estructurales, a través de programas como Jeremie, que ofrece garantías de préstamos o capital en forma de participaciones y capital de riesgo. Una tercera vía que mantiene abierta la UE es la que funciona mediante intermediarios financieros (instituciones externas que facilitan el crédito).
Entre las últimas ayudas que la Unión Europea prepara para este colectivo destaca la iniciativa de la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que incluye un plan, con especial incidencia en España e Italiacon el que pretenden movilizar hasta 100.000 millones de euros para ayudar a la pymes europeas a acceder al crédito. Unas ayudas de las que Cataluña no se vería beneficiada si saliera de la Unión.

Facilidades para comprar, extracción de dinero y apertura de cuentas bancarias

Los catalanes, como cualquier otro ciudadano de la Unión Europea, tienen garantizados por la legislación comunitaria el pagar el mismo precio al comprar productos y contratar servicios que los residentes locales en cualquier país miembro, derecho que se perdería si el territorio se escinde.
Además, la UE garantiza el derecho de los ciudadanos comunitarios a abrir una cuenta en cualquier entidad de otro país miembro, sin que esta pueda discriminar por motivos de nacionalidad. En el caso de que se produzca dicha reclamación, el ciudadano europeo dispone de los cauces adecuados para reclamar, materializados en la Red Transfronteriza de Denuncia Extrajudicial sobre Servicios Financieros.
Por otro lado, el banco no puede cobrar por los pagos internacionales en euros más que por una operación nacional del mismo valor efectuado en euros. Esta norma se aplica a todas las operaciones efectuadas en euros, incluyendo las transferencias entre cuentas bancarias de diferentes países comunitarios, sacar dinero en cualquier cajero automático de la Unión Europea, los pagos mediante tarjeta de crédito o débito en toda la UE o los envíos de efectivo entre países comunitarios.
No obstante, los pagos internacionales en moneda distinta del euro —por ejemplo, la hipotética nueva moneda catalana— no están sujetos a estas disposiciones.

Pérdida de las instancias finales de protección

La normativa europea contempla la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión puedan plantear quejas, peticiones o preguntas al Parlamento Europeo, incluyendo posibles irregularidades o violaciones de derechos cometidas por Estados o instituciones públicas. Además, también existe la opción de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo europeo relativa al mal funcionamiento de una institución o malas prácticas administrativas.
Según reconoció recientemente el actual Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, España es el país que más uso hace de esta institución. En 2010, precisamente los tres eurodiputados catalanes, Ramon Tremosa (CiU), Oriol Junqueras (ERC) y Raül Romeva (ICV) denunciaron ante esta institución que el Gobierno español incumplia, a su juicio, los acuerdos que firmó en el año 2005 con las instituciones europeas por los que se aprobó que la correspondencia con los ciudadanos catalanoparlantes se pudiera hacer en catalán. Por otro lado, los catalanes también dejarían de poder recurrir para resolver sus asuntos judiciales al Tribunal Supremo español.

Pérdida de influencia a nivel mundial

La influencia de una región o Estado es algo difícil de cuantificar. No obstante, la secesión de Cataluña de España y de la Unión Europea implicaría la salida inmediata de la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el resto de organismos supranacionales a los que pertenece nuestro país.
Además, Cataluña dejaría de tener representación en el Parlamento Europeo —donde actualmente cuenta con tres eurodiputados, Ramon Tremosa y Salvador Sedó (CiU), Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (BNG, en representación de ERC)—, uno de los órganos legisladores más poderosos del mundo. También dejaría de estar representada por España en las cumbres del G20, en el cual, si bien nuestro país no es miembro de pleno derecho —como sí lo es la Unión Europea—, sí que tiene el estatus de «invitado permanente».

viernes, 6 de septiembre de 2013

EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO, NUESTRA IZQUIERDA


El socialismo nació como una ideología y una fuerza social alternativas al liberalismo. Curiosamente, aquellos momentos en los que las crisis de gran calibre trastornaron los recursos de legitimación de la sociedad liberal, la izquierda socialista fue incapaz de ofrecer una organización más eficaz de la economía, una representación política más auténtica y una ideología esperanzada y prudente que proporcionase a los individuos una mayor confianza en su futuro y una mejor conciencia de su libertad. La izquierda clásica mostró su insolvencia para proceder a la sustitución de un régimen que la literatura socialista consideraba agotado. Ni siquiera la catástrofe de la civilización en que consistió el fascismo modificó la carencia de escrúpulos de una izquierda que llegó a denunciar en el horror totalitario el resultado lógico del sistema liberal. Sin embargo, cuando quiso adquirir un mínimo prestigio en la cultura política occidental, la izquierda tuvo que asumir como suyos los valores propios de la sociedad que arrancaba de las revoluciones liberales y constitucionalistas del siglo XVIII.

Ese cambio se hizo sin rectificación pública alguna, sin aceptación de sus errores y con una más bien discreta denuncia del régimen totalitario que se había construido en una parte importante de Europa siguiendo escrupulosamente los dictados de la ideología marxista. Rara vez se ha escrito en el currículo de nuestra izquierda su incansable labor, destinada a que millones de personas perdieran su fe en los sistemas constitucionales y se entregaran al saqueo de todos aquellos principios sobre los que pudo levantarse un régimen de convivencia libre tan difícilmente construido en los últimos dos siglos. Recordemos a esa izquierda, tan empeñada en darnos lecciones de generosidad, de apertura de miras, de tolerancia y de progresismo, que en su momento fue indispensable compañera de viaje para que se produjera la más grave fractura de la sociedad liberal que ha conocido la historia, y para que sobre ese desastre de civilización tuviéramos que empezar todos de nuevo, incluyendo a un socialismo que sólo descubrió su inaudita torpeza cuando pasó a ser víctima de una época en la que creía que iba a ser triunfador.

Desde luego, la redención política de la izquierda tiene mucho más que ver con la capacidad integradora del liberalismo que con la decencia de una cultura política tan dispuesta a malversar los fondos de su propia tradición. Esa tradición fue la que permitió a Marx referirse al Estado como un mero órgano de administración de los empresarios. Esa tradición fue la que permitió a Lenin calificar al Parlamento británico de órgano de representación exclusivo de la burguesía. Esa tradición fue la que permitió que incluso la socialdemocracia mantuviera el objetivo de la dictadura del proletariado, mientras observaba con burlona complacencia las dificultades de una sociedad burguesa cuyo final había de precipitarse para poder enviarla al museo de la historia. En los museos se exhiben ahora, precisamente, las espantosas imágenes de una Europa en la que los valores del liberalismo pasaron a considerarse objeto de mofa, odio y desprecio. Quizás convenga devolver las lecciones a quienes tan a menudo pretenden aleccionarnos. Quizás convenga que, ya que se quiere avivar la llama de la memoria histórica, rescatemos aquellos episodios en los que el papel desempeñado por la izquierda puede envolverse con el atavío de la insolvencia o el porte de la indignidad.

Estamos ante una crisis nacional, ante una quiebra de la confianza pública. Estamos ante el riesgo del desguace de nuestra democracia, que no puede existir cuando se deslegitima constantemente el Estado y cuando se impugna todos los días el fundamento de nuestra convivencia. Estamos ante el peligro claro de la desaparición de una España de la que todos nos sintamos parte. Estamos ante una crisis en la que nuestras libertades constitucionales son cambiadas por ilusiones populistas y en las que la necesaria solidaridad de todos los sectores sociales se sepulta bajo anacrónicas invocaciones a la lucha de clases. En su peculiar viaje a la banalidad política, el socialismo español ha sustituido la rigidez de los esquemas doctrinales por la ligereza demagógica de los lugares comunes. Durante el peor año que recuerda nuestro régimen constitucional, una izquierda sin proyecto ni liderazgo ha tratado de hacernos olvidar una lejana tradición antiliberal y una cercana gestión incompetente. Si sus raíces ideológicas no deberían permitirle presumir de mayor calidad democrática que otros, su desastrosa ineficacia en la gestión de los albores de la crisis económica y su absoluta falta de sentido de Estado no tendrían que dejarle reputación alguna desde la que señalar los riesgos que ahora corremos. Su carencia del sentido de la responsabilidad no hace que se crezca ante las dificultades como una opción destinada a resolver los problemas de España, sino que sólo trate de aprovecharlas para regresar al poder cuyo ejercicio considera que sólo a ella puede corresponderle.

No ha habido un solo tema que nos haya puesto a prueba como nación en los últimos meses en los que el socialismo español no haya mostrado la envergadura de su frivolidad y las deficiencias de su carácter. La decisión de reformar un sistema educativo vergonzoso, el coraje para construir un pacto social que salvaguarde nuestro Estado del bienestar, la intransigencia ante el asalto a la unidad nacional, la defensa de un conjunto de valores elementales en la definición de nuestro lugar en la civilización occidental, han sido algunos asuntos en los que la izquierda ha mostrado su incapacidad para asumir una representación política que se oriente hacia la felicidad de todos los españoles y a nuestra supervivencia como nación. No por esperada, esta constatación debe dejar de alarmarnos profundamente. Porque no nos estamos jugando el porvenir de unas siglas, el buen nombre de una ideología o la imagen de unos cuantos políticos profesionales. Lo que está en peligro es algo mucho más importante que eso.

El ocaso de una sociedad es siempre el producto de la flaqueza de su clase dirigente. Y una parte sustanciosa de quienes debían haber garantizado la solidez de unas normas y la calidad de una cultura ha estado muy por debajo de la altura de las circunstancias. La crisis exigía la asunción de valores comunes, la decisión de actuar unidos, en defensa propia, frente a lo que nos ha estado poniendo a prueba como nación. Poco antes de narrar la decadencia que arrasó las bases del Imperio romano, Edward Gibbon se refirió a una sociedad protegida por sus principios, en la que «la imagen de una constitución libre se conservaba con decorosa reverencia». Difícilmente podremos referirnos a España de este modo. Pero la ausencia de este respeto por nosotros mismos, la pérdida de nuestro vigor y la vergonzosa ausencia de un carácter compartido no son los frutos desdichados del azar, sino el producto de la actitud de aquellos a quienes no sólo ha faltado la difícil grandeza de un carácter, sino la mera ejemplaridad de una conducta.

Fernando García de Cortázar, director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad.


Es extremadamente cansino ver cómo uno de los ejes de nuestro debate democrático es el de la posesión de «La Verdad». Verdad que está incuestionablemente en manos de la izquierda. Los ejemplos de este discurso sectario son muchos y uno de los más reiterados reaparecía el pasado domingo en las páginas de «El País» bajo el titular de «El poso franquista sigue vivo». En la crónica se explicaba que se había difundido en Valencia fotos de dirigentes de las juventudes del PP «brazo en alto, haciendo el saludo fascista o posando junto a una bandera española del régimen franquista». Un poco más adelante se aclaraba que las fotos «se habían efectuado años atrás», más no por ello había que matizar la descalificación en una crónica que parecía insinuar que el PP de Rajoy es un nido de fascistas. Que Santa Lucía les conserve la vista a mis colegas de ese diario.

No me resisto a resaltar la hipocresía que se esconde detrás de esa denuncia. Ojalá sea cierto que jóvenes que hace un año militaban en la ultraderecha hoy lo hacen en el Partido Popular. Sería tan bueno para el sistema democrático como lo es el que muchos militantes comunistas que se identificaban con la URSS hayan acabado en el PSOE. Uno de los inmensos méritos de Manuel Fraga, nunca reconocido por la izquierda española, fue conseguir que en España nunca se asentara un partido homologable con el Frente Nacional francés u otros conmilitones suyos diseminados por Europa. Y considerando que en España el dictador se murió en la cama, reconozcamos que al menos la falta de una oposición verdaderamente desestabilizadora debía tener algo que ver con el hecho de que el franquismo tenía el apoyo de una base sociológica que hubiera permitido la consolidación de un partido que hubiese hecho sombra a la derecha democrática. Y eso hubiera sido para mayor gloria del PSOE. Igual que en Francia François Mitterrand facilitó la entrada del partido de Le Pen en la Asamblea Nacional para frenar el acceso al poder del RPR de Chirac.

Dicho lo cual, yo agradecería mucho que se me explicase intelectual o estadísticamente por qué en una democracia el franquismo es criticable y el comunismo no. Por qué los «símbolos franquistas» son más antidemocráticos que la hoz y el martillo. ¿Podría alguien decirme un solo país del mundo que tuviera la hoz y el martillo en su bandera o su escudo –y hubo muchos- que crea poder identificar como un país en el que se respetaban los derechos humanos? Y, si no hay ninguno, ¿por qué no denuncian la exhibición de esos símbolos exactamente igual que la simbología franquista? Porque no hay estadística mínimamente seria que niegue que la ideología que más muertos ha causado en la historia es el comunismo. Y perpetró sus crímenes en los cinco continentes. Mas sus herederos siguen en posesión de «La Verdad».

En posesión de «la verdad»
RAMÓN PÉREZ-MAURA

miércoles, 4 de septiembre de 2013

GIBRALTAR: CABLES SUBMARINOS Y ESPIONAJE INGLÉS

El lanzamiento de bloques de hormigón por parte de las autoridades de Gibraltar esconde un objetivo oculto: facilitar el tendido submarino de un cable telefónico hasta Inglaterra, lo que permitirá a la Roca independizarse de España en materia de telecomunicaciones. Un conducto que discurre por aguas españolas. El Gobierno español sostiene que una iniciativa tan agresiva, como es soltar en el mar, a la luz pública, grandes piezas de cemento con hierros, no persigue únicamente aumentar un espigón, o ‘espantar’ a los pescadores españoles. Si Gibraltar ha emprendido una ofensiva tan llamativa, es por un motivo mucho más importante: el cable submarino hasta la costa de Inglaterra.

Las 60.000 líneas de Zapatero

En 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España concedió a Gibraltar la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que para prestar ese servicio atraviesan el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz), cuyo ayuntamiento recibe apenas un rendimiento de 4.000 euros anuales por el paso de los cables por su término municipal.

Ahora Gibraltar está trabajando en un proyecto para potenciar la capacidad de la colonia en comunicaciones telefónicas, que consiste en tender un cable submarino hasta Inglaterra, para lo cual necesita atravesar precisamente una zona donde faenan los pescadores españoles. El Gobierno está convencido de que Gibraltar persigue facilitar el tendido de este cable submarino, de 15.000 kilómetros, hasta el Reino Unido con el lanzamiento de los bloques de hormigón en aguas españolas.

Blindar los cables

Con el alargamiento del espigón gracias al lanzamiento de los bloques sólidos, no solamente se protege el trabajo concreto de instalar el cable en el fondo marino, sino que también, al causar con ello un daño irreparable a los recursos marinos, provocará la imposibilidad de que los pescadores españoles pesquen en esa zona, evitando así cualquier riesgo futuro de daño al cable submarino por las faenas de pesca. Es tal el interés de la colonia por ‘blindar’ los cables a través de los bloques de hormigón, que durante los días en que fueron arrojados al mar movilizó a la Royal Navy, presente durante los trabajos. Las unidades navales militares destinadas en Gibraltar no actuaban en aguas del Estrecho desde tiempos del Gobierno Zapatero.

Las dos lanchas de la marina británica de guarnición en Gibraltar, que cuentan con ametralladoras a bordo, escoltaron a los buques que lanzaron los bloques para que la Guardia Civil no pudiera actuar.

El Gobierno español ‘tumbará’ el proyecto

El objetivo de las autoridades del Peñón es la “drástica reducción, o completa eliminación, de la dependencia en comunicaciones con España, tema vital para el desarrollo económico y financiero de Gibraltar”. El Gobierno está dispuesto a ‘tumbar’ el proyecto de Gibraltar, de unir sus comunicaciones con el Reino Unido, porque la línea atraviesa aguas de jurisdicción española.

Características del cable submarino

El cable submarino, que está siendo instalado por un consorcio llamado Europe India Gateway (EIG), unirá Reino Unido con Libia pasando por Portugal, Marsella y Mónaco. Gibraltar se unió hace unos meses a este proyecto de banda ancha a través de la compañía Gibtelecom. Gibtelecom ha desembolsado un total de 30 millones de dólares y, según su presidente, proporcionará a Gibraltar una “transmisión de alta calidad y la capacidad para ayudar al futuro crecimiento en el tráfico de telecomunicaciones”.

El cable submarino tendrá una capacidad de 3,84 terabits a lo largo de la ruta por el Atlántico y Mediterráneo. La línea irá enterrada en su mayor parte, especialmente donde la profundidad del mar es de menos de 100 metros. Llegará a Gibraltar por el norte de La Roca y tendrá su centro de operaciones en una estación de alta tecnología situada en el sur.

Defender los intereses de los pescadores

El principal objetivo que se ha marcado el Gobierno, a propósito de la escalada de tensión en Gibraltar, es defender los intereses de los pescadores que faenan en las aguas que rodean el Peñón, según portavoces gubernamentales. El ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente, y notificado a la Comisión Europea, el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en aguas españolas. Las primeras consecuencias de esta denuncia ya se han concretado, con la inmovilización de varios camiones cargados de grava, hormigón y material de construcción que esta semana pretendían cruzar la verja con dirección a Gibraltar.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja también en una batería de medidas fiscales para hacer frente a las actitudes de Gibraltar, después de que el Peñón enviara a la Comisión Europea una denuncia por las largas colas que se han venido produciendo en la frontera.

Pero el tendido de ese cable submarino podría tener una segunda lectura con consecuencias y posibilidades desconocidas para el gran público, y que hacen referencia al espionaje que realiza Londres sobre las comunicaciones internacionales.

Las filtraciones del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, a principios del verano pusieron de manifiesto cómo EEUU y Reino Unido se han dedicado a interceptar y almacenar de forma masiva comunicaciones y datos de telefonía móvil e internet de individuos y gobiernos, amigos o enemigos, de todo el planeta durante los últimos años. Alemania, Turquía, México o Brasil han exigido públicamente explicaciones a unos o a otros a lo largo de estos meses a medida que los medios han ido publicando nuevas informaciones. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, ha pasado de puntillas por el asunto pese a que los papeles del joven estadounidense, hoy refugiado en Rusia, tienen que ver directa o indirectamente con España.

En julio, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, aseguró que transmitiría a Washington durante una visita a EEUU la preocupación del Gobierno por las informaciones sobre los pinchazos de la National Security Agency (NSA) a la misión de la ONU en Nueva York y a las embajadas de varios estados de la UE. En el Parlamento se han registrado hasta siete iniciativas distintas por parte de la Izquierda Plural, Grupo Mixto y UPyD demandando una explicación del Ejecutivo sin que por el momento haya respuesta alguna.

En agosto, el semanario alemán Der Spiegel, en un extenso artículo, explicaba, basándose en los documentos revelados por Snowden, que "la NSA define sus prioridades de inteligencia empleando una escala del 1 (gran interés) al 5 (bajo interés)". China, Rusia, Irán, Pakistán y Afganistán coparían el primer escalafón. Alemania y Francia estarían en niveles intermedios, "por encima de España o Italia". El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al número dos de la embajada de EEUU en Madrid para pedirle una aclaración y nunca más se supo.

Más tibia aún ha sido la postura de España con respecto a las revelaciones de The Guardian sobre el Government Communications Headquarters (GCHQ). El diario británico, siempre gracias a la colaboración de Snowden, había informado a principios de junio sobre cómo esa agencia de inteligencia intervino los teléfonos móviles y los correos electrónicos de los asistentes a la reunión del G-20 que se celebró en Londres en 2009.

Reino Unido, según las filtraciones de Snowden, intercepta las comunicaciones de 14 cables trasatlánticos submarinos:


En siguientes informaciones, The Guardian fue poniendo en evidencia que gracias a la colaboración -voluntaria o no- de empresas de telecomunicaciones y por medio del programa Tempora, que permite almacenar metadata procedente de los cables trasatlánticos durante 30 días, habría interceptado las comunicaciones de varios de sus socios de la UE y hasta de las instituciones europeas. Suddeüstche Zeitung informó días después de que uno de esos objetivos del GCHQ era Alemania. Pero en realidad cualquier Estado europeo estaba expuesto al espionaje de Londres.

El diario alemán, manejando también los papeles de Snowden, aseguraba que Reino Unido tenía acceso a 14 de esos cables submarinos, por los que viajan las comunicaciones telefónicas y de internet de medio mundo. Londres, gracias a la colaboración de compañías como Vodafone o British Telecommunications (BT), habría espiado a Berlín a través del TAT-14, del SeaMeWe 3 y del SeaMeWe 4. Por su parte, la revista italiana L'Espresso aseguraba la semana pasada que el GCHQ habría estado espiando las comunicaciones de Italia a través de estos dos últimos.

Gibraltar y los cables 

El SeaMeWe3 pasa por el estrecho de Gibraltar y en el conglomerado de empresas a las que pertenece están Vodafone, BT y Verizon, que según The Guardian fue obligada a entregar datos de sus usuarios a las autoridades estadounidenses. Las tres también gestionan el Europe India Gateway, que hace contacto en la roca y finaliza en el puerto de Bude, en Cornwall, donde se encuentra el cuartel general del GCHQ y por donde han pasado los técnicos de la NSA para analizar sus logros en el campo del espionaje masivo. El TAT-14 también finaliza allí. 

Hay que recordar que España ya obligó a Verizon a desviar el tendido del Europe India Gateway hace tres años por afectar a áreas marinas protegidas y caladeros de pesca, así que es muy probable que Londres quiera evitar que se repita la jugada.


Otro de los cables trasatlánticos que pasa por el estrecho de Gibraltar, directo desde Palermo y haciendo parada en Estepona antes de finalizar en Reino Unido, es el Flag Europe Asia (FEA). Según Süddeutsche Zeitung es uno de esos 14 que han sido intervenidos por el GCHQ, junto al FEA. Eso, en la práctica, afecta a las comunicaciones de todos los países por los que pasa, incluido España. Ni el Ministerio de Interior ni el de Exteriores contestaron a las preguntas de este diario sobre este tema.

El típico incidente

Andy Mueller-Maguhn, fundador de buggedplanet.info, explica que además de utilizar a las empresas, otro modo de acceder a la información que contienen esos cables sería pincharlos directamente. "Manipular los cables submarinos es totalmente posible y la conexión puede ser interrumpida durante un corto espacio de tiempo para pincharlos. Esto explica muchos de los incidentes que hay entre submarinos y los cables y es un secreto a voces en la industria del espionaje [...] Normalmente, este tipo de operaciones se hacen en la costa, donde la profundidad es menor y se puede acceder a los cables más fácilmente", señala. El procedimiento, en cualquier caso, resulta un tanto cómico: "Todo depende del tipo de submarino y hay algunos de EEUU que están capacitados para ello. Un escenario típico sería provocar un incidente para distraer la atención, por ejemplo con un pesquero y una tripulación haciendo el imbécil. Ese espacio de tiempo necesario para reconectar el cable puede ser empleado para pinchar el cable en otro punto completamente distinto", asegura Mueller-Maguhn.

Por el Estrecho pasan constantemente submarinos británicos y estadounidenses. The Guardian, en otra de sus exclusivas, aseguró que la NSA pagaba cientos de millones de libras a la GCHQ para que le pasara la información que había obtenido gracias a Tempora. 

El creador de buggedplanet.info, experto en este tipo de tecnología, hace hincapié en que compañías como Glimmerglass comercializan productos que permiten no sólo acceder a una gran cantidad de datos de fibra óptica directamente desde los cables, sino también redireccionarlos al antojo del usuario. Uno de ellos es Cybersweep, que consigue diferenciar y monitorizar los datos provenientes de Gmail, Yahoo, Facebook, Twitter, Explorer o Firefox. Estas soluciones, combinadas con equipos de otras casas como Vastech, Atis Uher, Trovicor o Verint, que facilitan el análisis de la información intervenida, harían de ello la herramienta perfecta para el espionaje de los cables trasatlánticos.

Fuentes: El Confidencial Digital, Público, Libertad Digital, Economía Digital, El Mundo, La Razón y otros.

lunes, 2 de septiembre de 2013

GIBRALTAR: CRISIS, MEDIDAS, OPCIONES Y ESTRATEGIAS

La crisis diplomática abierta en julio y agosto de 2013 entre el Reino Unido y España por el conflicto sobre la pesca y protección medioambiental en las aguas en torno al Peñón ha motivado el anuncio por el Ejecutivo español de una serie de medidas respecto a Gibraltar. La escalada con el Reino Unido ha llevado a protestas por los controles en la Verja y a un apoyo nítido británico a las autoridades del Peñón, coincidiendo con la visita de varios buques de la Royal Navy en el marco de unos ejercicios navales. Se plantean diversas cuestiones relacionadas con la validez de las medidas españolas y con la estrategia actual de España respecto a la controversia histórica.

Analizaremos a continuación el contexto en el que se sitúan estas medidas, al objeto de poder incardinarlas luego en el contexto de las opciones estratégicas de España sobre Gibraltar.

La situación actual de bloqueo negociador y crisis
El punto de partida es la situación, históricamente muy preocupante, de impasse que se vive respecto al tema de Gibraltar, puesto que no tenemos en la actualidad canales validos de dialogo hispano-británicos sobre la controversia, ni que incluyan a Gibraltar para la cooperación transfronteriza. En efecto, con los cambios en los Gobiernos en 2010-2011, los canales institucionales se bloquearon formalmente en 2012: el foro tripartito de diálogo al exigir España su remodelación en cuatripartito, oponiéndose el Reino Unido a esta recomposición del foro instaurado bilateralmente en octubre de 2004.[1] Por otra parte, el Reino Unido se opuso de nuevo en 2012 a la reactivación del proceso bilateral de Bruselas de 1984, al exigir para ello la aquiescencia gibraltareña.

La ausencia de dialogo se ha vivido de manera intensa con numerosos incidentes en la Bahía, con motivo de faenas de pesca o de presencia en aguas en torno al Peñón –las denominadas British Gibraltar Territorial Waters– de barcos de la Royal Navy, Armada, Guardia Civil y Royal Gibraltar Police. Particularmente durante 2012 y 2013 hemos asistido a las medidas de suspensión por Gibraltar del acuerdo informal de 1999 entre Gibraltar y las cofradías de pescadores[2] –el anterior acuerdo oficial de pesca de 1998 entre los ministros Abel Matutes y Robin Cook nunca llegó a aplicarse–,[3] involucrando un tema de protección del medio ambiente que llevó a la suspensión y prohibición de pesca –con posteriores reuniones e Informes– y luego a la medida unilateral de Gibraltar de crear un arrecife con 70 bloques de hormigón en julio de 2013, que en la practica han eliminado la posibilidad de continuar con la pesca en la zona. De trasfondo tenemos claramente la jurisdicción sobre las aguas y la protección medioambiental de las mismas, complicada al haberse establecido dos Lugares de Interés Comunitario –uno británico y otro español– de forma parcialmente solapada en esas aguas (véanse las Figuras 1 y 2).

El Gobierno español solicitó en un principio que continuara la aplicación del acuerdo informal de 1999 y recientemente ha adoptado una serie de medidas ante el hecho consumado de la eliminación de la posibilidad de pescar. Como hay que tener presentes las finalidades políticas de las acciones de Gobierno, conviene situarnos en una perspectiva general para saber qué objetivo concreto persiguen la batería de medidas españolas, y en qué lugar se inscriben en el contexto de las opciones reales posibles para España en la controversia gibraltareña.

Las opciones estratégicas de España
Suele comentarse que España ha carecido de continuidad en su estrategia respecto a Gibraltar y es cierto que ha habido cambios importantes no consensuados de enfoque con los distintos Gobiernos (por ejemplo, tanto la creación como luego la supresión del foro tripartito de diálogo). Sin embargo, hay una serie de líneas constantes en la España democrática: en particular, la política de acercamiento a la población de Gibraltar, y la negociación con el Reino Unido bajo el mandato descolonizador de la ONU. Pero incluso estos ejes se encuentran hoy cuestionados o con síntomas de agotamiento.
En este marco, ¿cuales son las opciones de actuación de España? En la situación actual, el abanico de opciones estratégicas de España,[4] es en realidad muy limitado:
  • La reactivación del proceso de Bruselas y del foro de diálogo, o el establecimiento de algún formato de negociación. El mandato de la ONU de negociar para llevar a cabo la descolonización de Gibraltar habíamos conseguido, en la primera década del Siglo XXI, encauzarlo de manera razonable y con la bendición de la Asamblea General de la ONU: la negociación bilateral sobre soberanía por el proceso de Bruselas, las cuestiones de cooperación transfronteriza con el foro tripartito de diálogo (que a su vez tenía en la Comisión Mixta Gibraltar-Mancomunidad de Municipios una vertiente de cooperación local). Sin embargo, ambos cauces están hoy cegados, ya que si el Reino Unido se opone al reinicio del proceso de Bruselas, España se opone al reinicio del foro de diálogo. Además, estos dos canales responden a una exigencia de descolonización de la ONU, que no es aceptada como tal por el Reino Unido en la actualidad. No sólo las narrativas británica y gibraltareña ocultan que en la sociedad internacional el único estatuto legal de Gibraltar es el de Territorio No Autónomo, y uno de los pocos territorios pendientes de descolonizar, donde la ONU reitera año tras año que la autodeterminación pasa por conversaciones hispano-británicas de cara a la reintegración territorial a España, sino que especialmente entienden obsoleta y no aplicable esta doctrina, pues consideran que el “pueblo” de Gibraltar ya se ha “autodeterminado” con la Constitución de 2006.
  • La opción judicial. La opción de acudir a un tribunal –principalmente al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ)– es altamente improbable, pues el TIJ no puede conocer automáticamente de un recurso de este tipo, y necesita para este fin de un compromiso expreso hispano-británico. Además, es una alternativa de altísimo riesgo para nuestro país, pues el mejor escenario de una sentencia favorable no resolvería por sí mismo la controversia –sino que reforzaría la posición española de cara a la negociación–, mientras que el peor escenario de una sentencia desfavorable para España sería catastrófico para la posición que mantenemos con apoyo de la ONU desde hace 50 años, y de hecho esta sentencia daría origen legal y práctico a un nuevo micro-Estado europeo bajo protectorado y bandera británicas. Con todo, la búsqueda de un acuerdo británico para un compromiso de sometimiento al TIJ es posible –aunque improbable su logro– y es una opción que requeriría un consenso interno amplísimo, pues supondría dejar en manos de los jueces internacionales la reivindicación plurisecular española.
  • La negociación imaginativa de una solución ad hoc para Gibraltar. Conducida o no bajo el proceso de Bruselas, una solución “a medida” que buscara un estatuto internacional permanente y estable a Gibraltar es una buena opción para España, si bien supone conciliar tres intereses nucleares muy diferentes: el militar británico, la consulta a Gibraltar y la recuperación de algún modo de la soberanía española. Pero podrían existir fórmulas únicas para el caso único gibraltareño (por ejemplo, un modelo inspirado en Andorra, o Mónaco, para una ciudad internacional con estatuto asociado a la UE, y vinculada a la comarca campogibraltareña). Esta opción es la que podría darle a España mejores resultados en sus pretensiones de resolución definitiva, pese a los importantes riesgos interiores (nacionalismos independentistas) y exteriores (reivindicación permanente marroquí de Ceuta y Melilla), por lo que requeriría, también, de un consenso nacional histórico.
  • La reclamación de perfil bajo: mantener la reivindicación apoyada en la doctrina de la ONU y aplicar restrictivamente el Tratado de Utrecht. Se trata de la opción tradicional de dificultar la existencia peculiar de Gibraltar, buscando todos los aspectos y posibilidades que puedan limitar sus prerrogativas y los abusos de su posición. Esto en realidad no es una solución sino una fórmula de presión al Reino Unido y a Gibraltar de cara a negociaciones y acuerdos, que a falta de formatos y vías de dialogo (como en la actualidad) aumenta el bloqueo y el riesgo de escalada. Los conflictos han sido especialmente agudos desde 2009 en la controversia respecto a los espacios marítimos en torno al Peñón, pues no se ha querido adoptar un modus vivendi o acuerdo práctico de ejercicio provisional de jurisdicciones claramente establecido en esas aguas.
Las medidas propuestas por España en agosto de 2013

Un problema inicial al abordar estas medidas es que se trata de un plan de medidas propuestas o anunciadas en medios de comunicación, y no de decisiones adoptadas jurídicamente por el Gobierno de España. Estas acciones anunciadas se inscriben en la opción tradicional (4) de limitar las actividades ilegales o abusivas de Gibraltar. Se trata de una serie de medidas de retorsión que tiene como finalidad volver al statu quo ante de pesca y medioambiente, y que fueron anunciadas como reacción al lanzamiento de bloques de hormigón por Gibraltar en la zona tradicional de pesca.
En concreto, se deduce de declaraciones a los medios del ministro de Asuntos Exteriores y del presidente de Gobierno, y noticias de prensa,[5] el estudio en curso del siguiente plan de medidas:
  • Denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y la Comisión Europea de los vertidos de hormigón.[6]
  • Plan contra el fraude fiscal, y en concreto iniciar una inspección fiscal de 6.700 gibraltareños residentes en España.
  • Reforzar las inspecciones en la Verja para controlar el contrabando, el blanqueo de dinero y los tráficos ilícitos.
  • Modificar la Ley del Juego para que utilicen servidores españoles las empresas de juego por Internet o casinos online de Gibraltar.
  • Anular algunos acuerdos adoptados en el marco del foro tripartito, en particular en la Declaración de Córdoba[7] relativa al tráfico aéreo, cerrando el espacio aéreo y restringiendo parte de los vuelos a Gibraltar.
  • Bloquear la entrada a Gibraltar de hormigón y otros materiales de construcción.
  • Estudiar la posibilidad de crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir de Gibraltar, cuya recaudación ayudaría a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros.
  • En este contexto, se han anunciado medidas contra la práctica de bunkering en las aguas en torno al Peñón, que en su mayor parte son Zona Especial de Conservación (ZEC) española, tras el Real Decreto 1620/2012 de 30 de noviembre, por el que se declara una ZEC en el Lugar de Importancia Comunitaria “Estrecho Oriental”[8] (véase la Figura 2).
Igualmente, se han iniciado los trámites para adoptar una Orden del Ministerio de Agricultura para ayudas a la flota pesquera de Algeciras y La Línea.[9]

Junto a ello, tenemos como un hecho directamente vinculado a la reacción española, la existencia de retenciones en el paso fronterizo de la Verja por controles reforzados en esta frontera exterior europea. Esto provocó una conversación entre el primer ministro Cameron y el presidente Rajoy,[10] seguida de conversación entre los ministros de Asuntos Exteriores, que acordaron según España la creación grupos de trabajo ad hoc.[11] Por su parte, el Reino Unido ha anunciado el estudio del inicio de medidas sin precedentes contra estos controles.[12]

En el tema de los controles de la Verja hay que subrayar que aunque no es una frontera reconocida por España, sí es un paso fronterizo donde se ejerce el control de personas y mercancías. Hay una presunción a favor de la legalidad de la acción española, dadas las características de frontera exterior terrestre europea del espacio Schengen, del que está fuera el Reino Unido, no perteneciendo además Gibraltar a la unión aduanera. Esta presunción de legalidad hace recaer la carga de la prueba de la ilegalidad en quien la proclama. Por supuesto, todo el mundo sabe en la zona desde hace años que las crisis políticas repercuten inmediatamente en una lentitud en el paso fronterizo. Sin embargo, los problemas de retención en el paso fronterizo de Gibraltar ya han sido objeto en años anteriores de numerosas quejas ante la Comisión, ninguna de ellas desembocando en un recurso ante el TJUE. Naturalmente que exasperan a gibraltareños y campogibraltareños, y transmiten una directa sensación de vulnerabilidad a Gibraltar, por lo que no es de extrañar el anuncio de denuncias ante instancias internacionales por estos controles que califican de “inhumanos”. Pese a la fuerte presunción de legalidad a favor de España de estos controles al efectuarse conforme al Código de Fronteras Schengen[13] (guiándose según España por los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación), el extraordinario aumento de las retenciones y su sincronía con el conjunto de medidas adoptadas contra Gibraltar puede restar objetividad a los controles que desde la crisis se efectúan en el paso fronterizo.

En cambio, la eventual tasa de 50 euros tiene en principio una fuerte presunción en contra de su legalidad. A salvo de un completo análisis jurídico de la medida y de su justificación –pues corresponde a España, que es quien va a introducir la medida, la carga de la prueba de su legalidad–, la tasa de congestión o de frontera de 50 euros plantea, de entrada, bastantes problemas. En principio, se trata de una medida que no puede apoyarse directamente en las restricciones del Tratado de Utrecht, pues sólo el apartado primero y último del Art. X se encuentran claramente en vigor en nuestra opinión, por lo que las limitaciones de comunicación del párrafo segundo, muy probablemente no están en vigor; y si lo estuviesen estarían en contradicción con el Tratado de la UE, que tiene prioridad sobre Tratados anteriores. En realidad, como impuesto o tasa de –o en– frontera, contiene a mi juicio varios aspectos que tiznan de dudosa la medida propuesta: (1) su aparición originada por, o en coincidencia con, un problema o crisis de naturaleza política –en este sentido, la motivación expresa de destinar la recaudación a los pescadores supone confesar la motivación política de la medida–; (2) la proporcionalidad de la medida plantea dudas si no se vincula directamente al control técnico del paso en frontera exterior y las retenciones y problemas que comporta; (3) la muy probable consideración de que una tasa de 50 euros en la entrada y otros 50 a la salida –100 euros por el cruce de una frontera en un país donde el salario mínimo interprofesional es de 645 euros– tiene un efecto disuasorio para el ejercicio de la libre circulación de personas y ciudadanos en el espacio de la UE; y (4), en fin, una tasa similar adoptada (tasa de “descongestión” de 5 euros a vehículos) en 2010 por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ya fue considerada ilegal por la Abogacía del Estado y suspendida por un Juzgado de Algeciras.

Pero, independientemente de la controvertida tasa en estudio, el principal problema de estas medidas es que no buscan la solución de la controversia –como todas las que se adoptan bajo la modalidad (4) que comentamos, de restricción de comportamientos abusivos de Gibraltar– y al estar desvinculada de nuestro principal arsenal argumentario –la doctrina de descolonización de la ONU– puede fácilmente presentarse como una represalia política. Desde luego, es claro el objetivo inmediato de mostrar firmeza ante Gibraltar y no aceptar sus acciones en menoscabo de los derechos de España, así como resaltar su vulnerabilidad y dependencia de nuestro país –objetivo éste que se ha cumplido ampliamente–. La finalidad de  regresar a la situación de pesca anterior al acto unilateral gibraltareño del lanzamiento de bloques de hormigón reafirma igualmente la soberanía española sobre las aguas.

Sin embargo, algunas medidas, como las anunciadas de revisar o anular los acuerdos de soft law adoptados en el foro tripartito suponen una radical quiebra de la búsqueda de confianza con la población gibraltareña, que es un eje de acción tradicional de la España democrática.

Hay otro objetivo mediato o de estrategia negociadora para la cooperación transfronteriza que podemos detectar en las medidas, que es lograr de alguna manera la pretensión inicial del Gobierno de Rajoy sobre Gibraltar: instaurar el dialogo a cuatro partes. Este objetivo de mesas o grupos ad hoc cuatripartitos –según noticias de prensa, comprometida por carta del ministro Hague del 14 de abril de 2012, aunque el Foreign Office se refiere a explorar un diálogo ad hoc que incluya a Gibraltar–[14] podría justificar de por sí el plan de medidas español en caso de crear un cauce permanente cuatripartito. Sin embargo, el objetivo de establecer las mesas cuatripartitas parece más limitado y podría en el mejor de los casos –y suponiendo que Gibraltar acepte, pues ya ha anunciado que no lo hará–[15]lograr que la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar se sienten en pie de igualdad con Gibraltar, España y el Reino Unido para tratar ciertos temas puntuales. Con todo, tanto la Junta como la Mancomunidad estaban ya integrados de forma permanente en la estructura del foro de diálogo –en la Comisión Mixta coordinada con el foro–. El avance sería entonces lograr por otra vía la recomposición puntual a cuatro del foro tripartito de diálogo, como quería el Gobierno en enero de 2012 como cuestión de principio, aunque en un nuevo formato (un nuevo “mecanismo de cooperación local”, según refleja la divergencia de enfoques de la última decisión sobre la cuestión de Gibraltar adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2012).[16]

Desde luego, si España obtiene las mesas cuatripartitas o un mecanismo de cooperación local sería un logro, y permitiría tener al menos un cauce institucional para la discusión, negociación y adopción de acuerdos. Se ha demostrado imprescindible contar con alguna estructura de al menos cooperación transfonteriza, sin el cual se disparan las crisis diplomáticas, si bien su entidad tendría menor alcance que el foro tripartito: este último es actualmente descalificado principalmente por el reconocimiento simbólico a Gibraltar de interlocución directa en igualdad para cuestiones transfronterizas. No obstante, el foro permitió un formato permanente con procedimientos preestablecidos y agenda abierta para cotidianamente estar negociando y acordando con británicos y gibraltareños cuestiones directa o indirectamente relativas a Gibraltar.

En suma, con la batería de medidas anunciada podríamos conseguir ciertos objetivos políticos de firmeza ante la unilateralidad gibraltareña y, en el mejor de los casos, las mesas cuatripartitas ad hoc sobre pesca y medio ambiente como cauce de dialogo transfronterizo. Sin embargo, se trata de objetivos que no persiguen la solución de la controversia y ponen en cuestión la política de convivencia normalizada con la población que es un eje de acción de la España democrática. Mientras tanto, el Reino Unido se mantiene separado del conflicto directo y garantizado su statu quo. Aparte de que ciertas medidas –como la tasa de congestión de frontera– si se adoptan, pueden traernos muchos sinsabores jurídico-políticos.

No obstante, un cambio completo de perspectiva parece haberse efectuado posteriormente, al desvelarse que este plan de medidas se complementa con otras opciones y estrategias que prepara España sobre Gibraltar.[17] Se trata al parecer, y a salvo de su confirmación, de medidas estratégicas en una política de ofensiva general para plantear el tema de Gibraltar en foros internacionales como la UE o la ONU –en su Asamblea General y en el Consejo de Seguridad–. En concreto, se contempla un proyecto de resolución no de consenso sobre la cuestión de Gibraltar, que lleve a votación en la Asamblea General, y asociando a la controversia gibraltareña la reivindicación de las islas Malvinas/Falkland, creando un “frente común” con Argentina de cara a someter la cuestión al Consejo de Seguridad. Estas medidas incluyen sopesar un recurso ante Tribunales Internacionales.

Si se confirma este plan estratégico, entonces habría que valorar de manera diferente la batería de medidas fronterizas propuestas este agosto, al inscribirse como puntuales medidas de firmeza en el marco general de una estrategia que combinaría todas las opciones reales que actualmente tiene España y que hemos referido anteriormente.

Figura 1. Lugar de Interés Comunitario (LIC) en las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar
Lugar de Interés Comunitario (LIC) en las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar
La zona en azul es la denominada Southern Waters of Gibraltar, reconocida en 2006 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la Comisión Europea. Como se puede apreciar, el LIC británico no abarca la totalidad de las denominadas British Gibraltar Territorial Waters.
Fuentes: Gibraltar Nature News, nº 112, 2006; I. González García y A. del Valle Gálvez (eds.), Gibraltar y el foro tripartito de diálogo, Ed. Dykinson, Madrid, 2009, p. 541.
Figura 2. Zona de Especial Conservación en las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar
Zona de Especial Conservaci�n en las aguas que rodean el Pe��n de Gibraltar
El Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, declaró Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000, aprobando sus correspondientes medidas de conservación.
Fuentes: BOE, nº 289, de 1/XII/2012; I. González García y M. Acosta Sánchez, “La difícil aplicación de la estrategia marina europea y la protección del medio marino en la Bahía de Algeciras/Gibraltar”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 25, 2013.

¿Verdaderamente queremos recuperar Gibraltar?
El actual Gobierno de España ha planteado en varias ocasiones la reclamación sobre Gibraltar, y en varios momentos de la legislatura. Si en enero de 2012 la solicitud formal a Londres era reactivar el proceso bilateral de Bruselas y reconvertir el foro de diálogo en un foro cuatripartito con la Mancomunidad de municipios del Campo –lo que no se ha logrado por rechazo británico–, en 2013 tenemos ya en curso una batería de medidas como respuesta a la actuación gibraltareña que en principio parecen ceñidas a la vuelta al acuerdo de pesca de 1999 y a sustituir el foro por un mecanismo de cooperación local, formando unas nuevas mesas ad hoc cuatripartitas que incluyan a la Junta de Andalucía. Pero al hilo de esta crisis de pesca y medioambiente, con posterioridad se ha dibujado una ofensiva internacional española que en toda su amplitud pretende plantear en foros internacionales la reivindicación de Gibraltar y su descolonización, con eventual recurso a la justicia internacional. En conjunto, el planteamiento reivindicador ha ido surgiendo no desde el principio sino progresivamente, a impulsos, condicionado por las circunstancias, de forma que la estrategia global no ha sido aún desvelada en todos sus detalles; esto explica quizá que la cuestión de Gibraltar haya sido vista en medios internacionales como una excusa para difuminar el trasfondo de crisis política y corrupción del escenario nacional.

Pero si en verdad el Gobierno español ha decidido que vamos a lanzarnos a una gran ofensiva internacional para la recuperación de Gibraltar, antes de iniciar la lid con todas sus consecuencias, conviene plantear ciertas cuestiones previas.
  • En primer lugar, y aunque parezca una obviedad, debemos asumir que “recuperar” Gibraltar supone “negociar” una solución, en algún momento, antes o después, con el Reino Unido; y también debemos admitir que ex ante, durante o ex post, habrá que negociar o contar con la aprobación del Gobierno de Gibraltar, ya sea por ejemplo tras un acuerdo en el marco de la ONU o tras un sentencia de un tribunal internacional. Para ello, hay que determinar si existe una voluntad real de recuperar Gibraltar con todas sus consecuencias, con consenso nacional y constancia, y de mantener para este objetivo los ejes tradicionales de acción: acercamiento a la población gibraltareña y diálogo con el Reino Unido bajo el mandato descolonizador de la ONU. En este orden de ideas, es necesario tener claro y precisado el objetivo político a medio y largo plazo que se persigue. ¿Reiniciar el proceso de Bruselas? No es lo mismo encaminarse a iniciar una vía judicial de muy incierto resultado que a reforzar la doctrina descolonizadora de la ONU –que año a año nos apoya desde 1964– de cara a obligar una reapertura del diálogo bilateral con el Reino Unido. Y si este es el objetivo, ¿cuál es la finalidad del diálogo bilateral?: ¿la co-soberanía?, ¿la integración en la estructura del Estado como Comunidad Autónoma o provincia?, ¿o una formula particular de solución internacional para Gibraltar que reemplace al Tratado de Utrecht con la aprobación gibraltareña?
En este orden de cuestiones, la eventual asimilación Malvinas/Falklands-Gibraltar es una medida coyuntural política, justificada por su similitud en los planteamientos descolonizadores de la ONU, pero conviene reflexionar sobre su alcance y consecuencias. Desde luego, nuestra posición jurídica es más sólida por contar con el Tratado de Utrecht y el marco UE y OTAN, y no haber hecho recurso a la agresión bajo la égida de la ONU. Pero un frente común objetivamente supone introducir un tercer asunto y un tercer Estado en el escenario gibraltareño, lo que estructuralmente podría distorsionar nuestra posición y someterla a avatares jurídico políticos ajenos a nuestra voluntad.
  • En segundo lugar, si el objetivo es recuperar Gibraltar, entonces también hay que contemplar involucrar a las Cortes en el debate real sobre las bases militares británicas, que es el cogollo central o uno de los principales cogollos del problema. Si la población de Gibraltar ha aceptado los riesgos de las bases británicas, la población del Campo de Gibraltar y de España no lo ha hecho, por lo que entonces la profunda connivencia hispano-británica sobre las bases aérea, naval y de inteligencia, y el tradicional silencio de España sobre esta cuestión debería llevar a otra situación de debate en Cortes sobre unas bases militares británicas –rodeadas de aguas españolas– que no han sido consentidas por España: ni su presencia, ni dimensiones, funciones, peligros, situaciones de emergencia y planes de evacuación en la Bahía de Algeciras. Por lo tanto, los españoles deberían ser informados de cuestiones como las instalaciones de atraque y reparación de la Royal Navy para los buques y submarinos de propulsión nuclear, los tipos de misiles nucleares británicos en tránsito y estancia en la bahía de Algeciras, los depósitos de municiones de la Royal Air Force en el aeropuerto junto a la Verja, o las finalidades y servicios de las bases de datos, señales e inteligencia radicadas en Gibraltar. De cara a buscar una solución a la controversia, la situación de privilegio militar y estratégico de los británicos no puede mantenerse a costa de la seguridad de los españoles.
  • En tercer lugar, en el caso de querer llegar a una solución para Gibraltar –judicial o política negociada con el Reino Unido–, en mi opinión habría fórmulas que harían posible orillar los efectos ad intra en España. Sin embargo, probablemente sería imposible que una solución internacional para Gibraltar no tenga efectos al otro lado del Estrecho. Por supuesto, las Ciudades, Islas y Peñones de España en África nunca han sido considerados por la ONU como un caso de descolonización y no figuran en la lista de territorios por descolonizar en la que sí está Gibraltar. Con todo, habrá que aceptar que la solución gibraltareña puede tener políticamente un cierto traslado a Ceuta y Melilla, y aunque la política exterior marroquí lleva décadas sin hacer el comparativo, en caso de encontrar una solución gibraltareña ese comparativo va a marcar a las Ciudades Autónomas por la similitud política y geográfica. En realidad, tanto si pensamos que la solución gibraltareña sería inaplicable como si pensamos que nos puede interesar estratégicamente a largo plazo una posible similitud, conviene que desde el inicio tengamos asumido y preparado en uno y otro caso el argumentario y protocolo de actuación.
Conclusión: 

La situación de crisis con Gibraltar en julio-agosto de 2013 con motivo de la reacción española ante la actuación gibraltareña unilateral en las aguas puede ser sólo el comienzo de episodios más agrios. El plan de medidas español anunciado –aún no confirmado– tiene aspectos discutibles y se encuentra guiado por una política de firmeza y de limitación de abusos de Gibraltar. Sin embargo, algunas de las medidas pueden ser contraproducentes con el objetivo de lograr el tratamiento a cuatro partes de los temas transfronterizos, pues suponen la ruptura del acercamiento a la población gibraltareña. Con todo, en la crisis actual el interés británico y español es el de que no se afecten los importantes intereses conjuntos y evitar la escalada rebajando el clima de tensión, incluso buscando un acuerdo sobre algún tipo de formato o fórmula de dialogo.

Este plan de medidas anunciado parece inscribirse en un contexto de ofensiva general española para tratar la controversia en foros y tribunales internacionales, recurriendo a todas las opciones estratégicas que tiene España en su mano. A salvo de conocer los objetivos y fases de esta estrategia global española, tenemos como complicado punto de partida el contundente apoyo del Gobierno británico a Gibraltar y el deterioro de los ejes tradicionales de España hacia Gibraltar (política de “población” o de normalización en la convivencia y negociación del mandato descolonizador de la ONU con el Reino Unido).

Sin embargo, la crisis de 2013 puede tener aspectos muy positivos si nos ayuda a clarificar internamente la posición de España sobre Gibraltar y a adoptar un amplio debate y consenso sobre la opción de envergadura estratégica que España va a seguir en los próximos años. La reclamación es una de las señas de identidad de nuestro país y una cuestión de dignidad nacional, por lo que merece la pena reflexionar con cierta serenidad sobre esta cuestión que en el imaginario y simbología nacional es mucho más que una peculiar montaña rocosa en una bahía del sur de España. Podemos desde luego seguir manteniendo una reclamación de perfil bajo, con espasmódicas crisis mas o menos agrias, corriendo el riesgo de que un acontecimiento externo (la eventual salida del Reino Unido de la UE, o un cambio en la posición de la ONU sobre los territorios pendientes de descolonización, por ejemplo) nos lleve la iniciativa y nos determine la estrategia. Pero lo cierto es que –si existe coraje y voluntad política real y consenso por parte española– pueden encontrarse soluciones políticas internacionales viables para reconvertir una infeliz controversia histórica y un grave problema cotidiano en un magnífico foco de entendimiento, desarrollo económico y colaboración permanente con británicos y gibraltareños.

Real Instituto Elcano
Alejandro del Valle Gálvez
Catedrático de Derecho Internacional Público, Cátedra Jean Monnet de Derecho de la UE, Universidad de Cádiz


[1] Puede verse el análisis de Alejandro del Valle Gálvez (2012), “Gibraltar, de foro tripartito a cuatripartito: entre la cooperación transfronteriza y la soberanía”, ARI nº 21/2012, Real Instituto Elcano, 23/III/2012.



[4] Puede verse, A del Valle (2013), “España y la cuestión de Gibraltar a los 300 años del Tratado de Utrecht”, ARI nº 23/2013, Real Instituto Elcano, 20/VI/2013.



[7] Alejandro del Valle Gálvez (2006), “Los acuerdos del Foro de Dialogo sobre Gibraltar: la apuesta por la normalización”, ARI nº 107/2006, Real Instituto Elcano.