martes, 7 de noviembre de 2017

«EL PRIVILEGIO CATALÁN» TRES SIGLOS DE ABUSO DE LA BURGUESÍA CATALANA

Tres siglos de abuso de la burguesía catalana

«El privilegio catalán» explica cómo el regionalismo que devino en nacionalismo y ahora en separatismo se vertebró por la voluntad del poder económico

En Nacionalismo español y catalanidad (2017), reveladora aportación histórica en estos años de estomagante hegemonía nacionalista, Joan-Lluís Marfany desmonta el mito de la Renaixença (Renacimiento), kilómetro cero del catalanismo, cuando en 1833 Aribau publica su Oda a la patria. El poema vio la luz en El Vapor, diario en castellano defensor del proteccionismo para la industria catalana, identificada siempre como «industria nacional» (española, claro). 

En su investigación de casi mil páginas, el historiador afirma que los catalanes inventaron el nacionalismo español y combatieron al invasor napoleónico con vivas a Don Pelayo y al Cid; que el castellano era la lengua de ascenso social… 

Tan «incorrectas» afirmaciones hallaron poco eco en los medios de comunicación que subvenciona la Generalitat. Más allá de la «incorrección política» de Marfany, el silencio obedecía a la incapacidad de los historiadores del Régimen nacionalista para desmentir sus documentadas conclusiones.

Moraleja
Bajo la lírica capa de los Juegos Florales y la nostalgia de un pasado «romántico», el regionalismo que devino en nacionalismo y ahora en separatismo se vertebró por la voluntad de poder económico. Así lo ve también Jesús Laínz en El privilegio catalán, compendio de trescientos años de negocio de la burguesía; desde el Decreto de Nueva Planta que ensalzaron Lázaro Dou y Antonio Capmany, ilustres catalanes de las Cortes gaditanas olvidados por la historia oficial secesionista. A partir del demonizado Felipe V, aquel que en palabras de Vicens Vives desescombró «un anquilosado régimen de privilegios y fueros», Cataluña devino en «fábrica de España»; eso sí, con una generosa protección arancelaria legislada desde Madrid.

Cada vez que el librecambismo asomaba en el Diario de Sesiones, el victimismo catalanista ponía a prueba la estabilidad del gobierno español de turno. Laínz jalona esta «crónica del arancel» con citas tan ilustrativas como la de Stendhal. 

En 1839, el autor de La cartuja de Parma fue turista en Barcelona y tomó nota. Los catalanes que admiran el Contrato social y predican «el beneficio de todos», los que se proclaman republicanos de pura cepa, «quieren leyes justas, con la excepción de la ley de aduanas, que debe estar hecha a su antojo… Es preciso que el español de Granada, Málaga o La Coruña no compre los tejidos de algodón ingleses, que son excelentes y cuestan un franco la vara, y se sirva de los tejidos catalanes, muy inferiores y que cuestan tres francos la vara». Opinión similar mantenía otro catalán maldito, Laureano Figuerola, el ministro de Hacienda que inventó la «peseta» -de peça en catalán-.

Cuba colonial
La «contracrónica» de los prodigios catalanistas transcurre en la Cuba colonial: muchos y conocidos apellidos burgueses contrarios a abolir la esclavitud. En el desastre del 98 sitúa Laínz la génesis del secesionismo: «De la noche a la mañana, para muchos catalanes Cuba había pasado de ser la odiada provincia separatista traidora a España a ser el modelo envidiado de la autonomía e incluso de la secesión…». Cubanofilia con la bandera «estelada» que diseñó Vicenç Albert Ballester en 1918.

Las poderosas razones de la burguesía condicionarán la política española del siglo XX: golpe de Primo de Rivera en 1923 con el apoyo de la Lliga para acabar con el anarquismo; el entusiástico manifiesto de apoyo a la sublevación de Franco con la flor y nata del catalanismo desmiente la lectura de la contienda civil como guerra contra Cataluña. Políticos clave del franquismo en todas sus etapas: Aunós, Carceller, Gual Villalbí, López Rodó, Samaranch… 

A modo de colofón, Laínz retrocede un siglo para recordar la célebre frase de Francesc Pujols: los catalanes, por el hecho de serlo, podrán ir por el mundo con todos los gastos pagados. La Cataluña separatista ha interpretado la boutade al pie de la letra.


lunes, 6 de noviembre de 2017

EL COSTE DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

En 1995 la multinacional del embalaje Mondi envió a Alexander Ruckensteiner (Austria, 1966) a Barcelona, para que supervisara la compra de una empresa fabricante de sacos de papel. "Este país es fantástico", me dijo cuando años después lo entrevisté. "Hay profesionales excelentes y grandes oportunidades de negocio". Ruckensteiner hizo sobre todo hincapié en la gente y el estilo de vida. "Vas a un parque y ves cómo los niños corretean mientras los padres toman tranquilamente unas cervezas... No hay un lugar mejor para formar una familia".

Volví a llamarle la semana pasada. Profesionalmente no ha podido irle mejor. En 2007 lanzó la firma de alquiler de trasteros Bluespace y, tras venderla hace tres años con una sustanciosa plusvalía, se ha dedicado a comprar solares y rehabilitar edificios. "Me iba fenomenal y estaba supercontento, pero lo he parado todo". Está asustado con la tensión social. "Yo he tenido equipos en Madrid y Barcelona y se entendían perfectamente. Ahora el trato está muy deteriorado".

"El futuro de Cataluña está menos claro que nunca", coincide Marco Hulsewé (Holanda, 1970). También él recaló de la mano de otra multinacional en una Barcelona "recién instalada en el estrellato mundial después de los mejores juegos olímpicos de la historia", como explicaba en un artículo de Expansión que se ha vuelto viral. Fascinado por la alegría mediterránea, dejó la multinacional, pasó por el IESE, se casó con una violinista de Bilbao, tuvo "tres maravillosas hijas" y "con sudor y perseverancia" ha levantado su propia compañía.

Hoy todo está en el aire. El 4 de octubre, durante una reunión de padres de alumnos, el comentario era unánime: estamos pensando en marcharnos de Barcelona. "Uno", me cuenta, "no se habla con su suegro. Otro, que trabaja en banca, ha sufrido un escrache: 'Votarem, votarem!', le gritaban... Y una madre colombiana que tuvo la osadía de arrancar un cartel de [la organización independentista] Òmnium Cultural de la escalera se encontró con que dos vecinos mayores, que habían sido siempre encantadores, le increpaban: '¡Usted no es de aquí, fuera, no es catalana!" El ejemplo más ilustrativo del brutal desgarramiento es un matrimonio amigo. "La mujer se enteró de que el marido había ido al referéndum del 1-O a escondidas y ella misma acudió casi clandestinamente a la manifestación de Sociedad Civil del día 5".

"La convivencia está rota", le digo.

"Absolutamente", responde.

TRES MOTORES
El martes 10 de octubre, el mismo día que Carles Puigdemont proclamó y suspendió la República de Cataluña, me invitaron a discutir en Espejo Público de Antena 3 las consecuencias de la secesión con Elisenda Paluzie, la decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Al final, Paluzie no compareció, pero la víspera estuve familiarizándome en Google con sus posiciones. Me llamaron la atención dos artículos. En uno, publicado en El Punt Avui, la decana abogaba por "hacer efectiva la independencia con decretos o leyes inmediatos que supongan el control de la hacienda, territorio e infraestructuras energéticas". Reconocía que era "una vía difícil y dura", pero la situación requería "cirugía de urgencia".

Idéntica determinación reflejaba su intervención en un encuentro sobre la viabilidad de una Cataluña autónoma. Paluzie defendió que se beneficiaría de "un dividendo fiscal de entre 12.000 y 16.000 millones de euros anuales" y que el entorno actual favorecía los movimientos separatistas.

La argumentación de la decana resume bien los tres motores que han impulsado el procés: una política de hechos consumados, unas previsiones económicas llenas de voluntarismo y un aprovechamiento insolidario de las fuerzas de la globalización.

Vamos a analizarlos de atrás adelante, empezando por la insolidaridad.

Tienen toda la razón las catedráticas Núria Bosch y Marta Espasa cuando, en el artículo "La viabilidad económica de una Cataluña independiente", escriben que "en un contexto proteccionista y poco liberalizado", como el previo a la Belle Époque o el posterior a la Primera Guerra Mundial, "pertenecer a un país de grandes dimensiones es una ventaja". En una Europa erizada de fronteras, Cataluña se beneficiaba del mercado peninsular para colocar sus artículos y abastecerse de mano de obra. España le reportaba asimismo una amplia base fiscal y demográfica, con las que financiaba infraestructuras y sostenía un ejército. Desde el punto de vista del bienestar no era el acomodo más eficiente, porque se estaba subsidiando una industria poco competitiva. Como escribe el profesor Juan Velarde, "la realidad catalana era ejemplar" porque el resto de España lo consintió "a costa de sus rentas", aunque es verdad que, en compensación, Hacienda recaudaba y redistribuía parte de la riqueza generada en la región.

Pero en un planeta cada vez más integrado y pacífico, donde se puede vender y contratar libremente a quien se quiera, ¿qué necesidad tiene una región próspera y bien equipada de seguir atada a una nación que no le aporta nada y solo le detrae recursos? "La globalización", razonan Bosch y Espasa, "reduce los costes de la secesión para aquellos territorios que forman parte de estados grandes". Es el caso de la Padania, de Flandes, de Euskadi o de Escocia, cuyo Partido Nacional suscitaba un interés residual hasta que se descubrió petróleo en el mar del Norte.

Aunque todas ellas han elaborado una mitología victimista, están entre las zonas más boyantes del continente. El separatismo contemporáneo no es una reivindicación de pueblos oprimidos, sino una insolidaria revuelta de privilegiados.

LA GRAN ILUSIÓN
Vamos ahora con las previsiones económicas. ¿De dónde sale ese "dividendo fiscal de entre 12.000 y 16.000 millones de euros anuales" que cita Paluzie? Del artículo de Bosch y Espasa también. Tras analizar los números de la Generalitat entre 2006 y 2010, estas investigadoras concluyen que "una Cataluña independiente tendría unos ingresos adicionales de unos 48.000 millones de euros y unos gastos adicionales de unos 36.000 millones. La conjugación de ambas cifras ofrece como resultado neto unos 12.000 millones de ganancia" y, si a esta se le añade "la obtenida por dejar de contribuir a la financiación del déficit presupuestario estatal, llega a ser de más de 16.000 millones", el 8,6% del PIB regional.

Se trata de una cifra cuestionada. Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), advierte que Bosch y Espasa la obtienen en base al método del flujo monetario, es decir, computando exclusivamente aquellos gastos en los que el dinero llega físicamente a Cataluña. Cuando se emplea el método del flujo de beneficio y se tienen en cuenta las prestaciones generales del Estado que benefician a la comunidad, pero que no se producen físicamente allí (embajadas, bases militares, agencia tributaria, servicios centrales de los ministerios), los 16.000 millones se ven reducidos en 5.000 millones.

Los 11.000 millones restantes siguen siendo una suma nada despreciable, pero Bosch y Espasa están dando por supuesto que todo se mantendrá igual tras la secesión, sin considerar las poderosas turbulencias que inevitablemente desatará. Ellas mismas alertan en el primer párrafo que su trabajo "no pretende ser exhaustivo" y "solo se centra en los factores comerciales y hacendísticos". No hay, en efecto, ni una referencia a la desestabilización que causaría una más que probable salida de la moneda única. De hecho, "parte de la base de que Cataluña estará en la UE, con lo que no tiene sentido hablar de aranceles".

Esto es un poco infantil. La Comisión Europea, que es la intérprete de los Tratados, se ha hartado de repetir que, si Cataluña llegara a emanciparse, debería volver a solicitar la adhesión tanto al euro como a la Unión, un procedimiento que "podría presentar importantes dificultades" y "llevaría un tiempo considerable incluso bajo las condiciones más benignas". Esta doctrina la fijó Romano Prodi en 2004. "Cuando un territorio de un estado miembro deja de formar parte de ese estado, porque se convierte en un estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a ese estado", declaró entonces. José Manuel Barroso no se apartó de esa línea y Jean Claude Juncker repitió palabra por palabra la frase de Prodi en la respuesta que dio a una consulta elevada por la eurodiputada Beatriz Becerra el 7 de julio.

Da igual. Bosch y Espasa entienden que "la imposición de aranceles y otras barreras iría contra los intereses de todas las multinacionales [...] radicadas en Cataluña" y estas no lo consentirán. "Por tanto", rematan, "el único escenario razonable [incluso] en la hipótesis de una Cataluña no integrada en la UE es el mantenimiento del statu quo: la libre circulación de bienes, personas y capitales".

El tono recuerda La gran ilusión, el ensayo en el que el británico Norman Angell demostraba en vísperas de la Primera Guerra Mundial que la difusión del capitalismo había tejido una tupida malla de intereses que hacía inviable cualquier conflicto entre las potencias occidentales. Es posible que sea así en un universo de fríos vulcanianos como el señor Spock, pero en este baqueteado planeta azul las cosas funcionan de otro modo. Incluso la perfectamente civilizada división de Checoslovaquia en 1993 provocó una disrupción en los intercambios. "La República Checa, la región más rica, es la que más perdió con la secesión", escribe el catedrático de Economía de la Complutense Mikel Buesa. "Una parte de sus mercados se desvaneció en poco tiempo".

La explicación de este fenómeno radica en "la existencia de un intenso efecto frontera", como exponen los profesores David Comerford y José Vicente Fernández Mora en "The Gains from Economic Integration". Este estudio evalúa las fricciones que se producen a lo largo de distintas divisorias y demuestra que son mucho menores entre regiones que entre países, incluso después de suprimir por completo las aduanas. Los motivos no están claros, pero la estadística es inequívoca: la relación entre Reino Unido e Irlanda es, por ejemplo, mucho menos fluida que entre Inglaterra y Escocia.

¿Qué pasaría si de repente Cataluña dejara de ser una autonomía y se convirtiera en una república? Comerford y Fernández Mora hacen la siguiente simulación: calculan las resistencias que se dan entre España y Portugal, que es el vecino con el que el trato es más fácil, y se las imputan a Cataluña. El resultado es una "caída brutal" del tráfico de productos y servicios, que se traduciría en una contracción del PIB del 10,4%. Es decir, se comería el dividendo fiscal y casi dos puntos más.

Y nos movemos en el supuesto idílico e irreal de que Cataluña siguiera en la UE. Si encima se le aplicaran la tarifa exterior común y los costes de transacción derivados de la tramitación aduanera, la inspección o la obtención de licencias, los precios de sus exportaciones a España podrían encarecerse hasta un 44,7%, según Buesa.

Es dudoso que en estas circunstancias se mantenga el statu quo en la circulación de bienes, como pretenden Bosch y Espasa.

GOLPE DE ESTADO
Hasta hace unas semanas, la viabilidad económica de una Cataluña independiente era un debate académico. Los expertos elaboraban modelos, los presentaban a congresos y publicaciones y organizaban carreras entre ellos. La principal incógnita era el comportamiento del sistema financiero. Nadie sabía lo que podía pasar, pero la prima de riesgo y la bolsa parecían tranquilas y los independentistas deducían de ello que, llegado el momento, los inversores aceptarían la secesión con normalidad. "El estado catalán se podría financiar fácilmente en los mercados internacionales", decía Bosch tajante en El Nacional.cat en junio. El redactor le acababa de preguntar por las pensiones y, aunque Bosch admitía un desfase entre cotizaciones y prestaciones (unos 3.200 millones, con datos de 2015), siempre podrían apelar a los mercados.

No es nada excepcional. El Tesoro español lleva varias subastas sobreemitiendo títulos para cubrir el déficit de la Seguridad Social. Pero hay una diferencia: mientras la deuda española tiene un grado de inversión medio, la catalana está tres escalones por debajo del bono basura, al nivel de Bangladés, Bolivia y El Salvador.

Bosch cree que es una evaluación coyuntural, "sesgada" por "un sistema de reparto de ingresos donde no nos toca lo que nos tendría que tocar" y que, en cuanto disfruten de la riqueza que les corresponde, ganarán "mucha credibilidad", pero no es precisamente a lo que estamos asistiendo. S&P Global ya ha anunciado que estudia una rebaja de rating.

"Contaban con colocarle la deuda a sus bancos", observa Fernando Fernández, profesor de IE Business School, pero esa posibilidad se esfumó el 5 de octubre, cuando Josep Oliú comunicó al vicepresidente Oriol Junqueras que el Sabadell trasladaba su domicilio social a Alicante.

Y aquello fue solo el pistoletazo de salida. En menos de una semana le seguían Caixabank, el resto de corporaciones que la región tenía en el Ibex y medio millar de pymes. Según confirmaba el decano del Colegio de Registradores de Cataluña a Expansión, las solicitudes de cambio de sede se multiplicaron en los días previos al 1-O y no han remitido desde entonces.

La razón de esta estampida es el primer motor del procés: la política de hechos consumados, la cirugía de urgencia, la vía difícil y dura.

"La ley de desconexión del 6 de septiembre causó verdadero terror y la celebración del referéndum lo multiplicó", sostiene Josep Bou, presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña.

"Asistimos a un golpe de estado", asegura Marco Hulsewé. "¿En qué país de la UE se ha visto que los políticos incumplan la Constitución y que la policía desobedezca a los jueces?"

"Hay una inseguridad jurídica enorme", coincide Bou. "Nadie sabe lo que va a suceder y la inversión se ha parado".

DE LA SARTÉN AL FUEGO
"Algunos economistas de primera línea, como Xavier Sala i Martín, creían que era posible una separación apacible", dice Fernando Fernández, "pero a mí nunca me cupo ninguna duda de que, de consumarse, sería dura". La salida de la eurozona obligará a la Generalitat a elegir entre dos opciones. La primera será mantener la moneda única.

"Recuerdo que Artur Mas le explicó una vez a un embajador del norte de Europa que una república catalana conservaría el euro, igual que Andorra o el Vaticano", cuenta Marco Hulsewé. "Entonces el diplomático le contestó: 'Seguro, siempre que firmen un contrato de distribución de billetes como los que tienen Andorra y el Vaticano con Francia e Italia'. Y añadió: '¿Han firmado ustedes ese contrato? Porque, de lo contrario, no van a tener dinero ni para los cajeros automáticos".

El asesor Juan Ignacio Crespo observaba en El Mundo lo paradójico que sería que la Generalitat se independizara para confiar su política monetaria a "un agente extranjero". Además, con un arreglo de esta naturaleza, se quedaría sin mecanismo cambiario para afrontar una crisis generalizada como la que sacudió a Grecia en 2009, y con el inconveniente añadido "de no poder influir [en el Banco Central Europeo] lo más mínimo".

La segunda opción que tendrá Cataluña será acuñar su propia divisa, pero en ese caso se encontrará con que debe hacer frente a una montaña de pasivos denominados en euros.

"Podría declarar el impago de la deuda externa", dice Torres, "pero ¿qué haría con la interna, con los ahorros depositados en sus bancos? Los tendría que convertir a una nueva moneda mucho más débil".

Es lo que hizo Argentina en 2000. El sistema financiero quebró y los ciudadanos y las empresas vieron cómo su patrimonio se volatilizaba. Sin acceso al crédito y con la inversión y el consumo diezmados, el país se precipitó a una profunda depresión.

ALTERNATIVAS
Impulsado por sus tres motores (la insolidaridad, la imprevisión económica y el desprecio de la legalidad), el procés se dirige hacia la escollera. Y ahora, ¿qué?

En el último Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica se abordó la reforma del sistema de financiación autonómica y, en un momento dado, le preguntaron al ponente, que era Ángel de la Fuente, si existía alguna contrapartida que pudiera contentar a Cataluña.

El director de Fedea descartó un pacto similar al que disfrutan Euskadi y Navarra, donde recaudan sus propios tributos y negocian luego su contribución al Estado. "Tal y como se ha aplicado, es un modelo profundamente injusto", explicó. "Estos territorios disfrutan de una financiación muy superior a la de los demás. De hecho, el resto del país los subvenciona, a pesar de su elevado nivel de renta".

"Además", continuó, "si extendiéramos el concierto a Cataluña, al día siguiente lo reclamarían Madrid, Baleares y Aragón, con lo que no quedaría nada para repartir... En ninguna federación existe nada parecido".

De la Fuente sí se mostró partidario de corregir el disparatado sistema actual, que es arbitrario e incomprensible. Una autonomía rica como La Rioja se beneficia de un 22% más de recursos que la media, mientras que otras relativamente pobres, como Andalucía, Murcia y Valencia, reciben respectivamente un 2%, un 4% y un 8% menos. La redistribución no perjudica especialmente a los catalanes, que apenas reciben dos puntos porcentuales menos de lo que les correspondería, pero su enmienda "les daría más dinero y, sobre todo, mitigaría la sensación de agravio, porque evitaría que comunidades que aportan muchos menos impuestos acaben con más financiación por habitante que ellos".

"¿Pero alguien cree de verdad que esto se resuelve con más dinero?", apuntó uno de los asistentes después de atender su exposición.

De la Fuente se encogió de hombros mientras esbozaba una elocuente sonrisa.

CONTROL DE DAÑOS
En el Informe trimestral que colgó de su web a finales de septiembre, el Banco de España constataba que algunas de las fuerzas que venían impulsando la expansión del país habían perdido intensidad. La política presupuestaria había adoptado un tono neutral, el petróleo había subido y tampoco se podía contar ya con algunas decisiones de gasto en bienes de consumo duradero y de inversión que, tras posponerse en las fases más agudas de la crisis, se habían disparado en los últimos ejercicios.

Se trataba, sin embargo, de modificaciones modestas, con un impacto menor en la demanda. La "novedad más relevante" era "la apreciación del tipo de cambio del euro en un 8%", pero tampoco aquí se mostraba el Banco de España inquieto, porque se veía contrarrestada por la evolución "más favorable de lo anticipado" de nuestros destinos de exportación.

En suma, la permanencia de las condiciones financieras favorables y la robusta creación de empleo garantizaban el dinamismo del consumo y la inversión y, por ello, el Banco de España preveía una "continuación de la fase expansiva, si bien a un ritmo algo inferior". "Tras crecer un 3,1% este año", escribía, "el PIB avanzará un 2,5%" en 2018.

Este tono de suave optimismo era compartido casi hasta la décima por Funcas. "Nosotros estimábamos un 3,1% y un 2,7%, respectivamente", dice su director de Coyuntura, Raymond Torres.

Ahora habrá que revisar los números. "Solo lo que ha pasado podría restar entre 0,3 y 0,5 puntos al crecimiento nacional", aventura una fuente del mercado. "El 48% de la deuda española y el 45% de las acciones del Ibex están en manos extranjeras. Esto nos hace muy vulnerables a los movimientos de los grandes fondos, cuyos gestores se informan de lo que pasa aquí a través del Financial Times o el Economist. ¿Y qué leen en sus páginas? Que el 80% de los catalanes quiere votar y la única respuesta de Mariano Rajoy ha sido la violencia policial".

"La batalla de los bancos de inversión se libra en los medios internacionales, no en las embajadas", coincide Fernando Fernández. "Tenemos de nuestro lado a los Gobiernos, pero no a los editorialistas, y eso es fatal para la captación de capitales".

Torres cree, no obstante, que "si el conflicto se encauzara, las consecuencias no serían significativas. No ha habido desplazamiento de actividad, la subida de la prima de riesgo ha sido momentánea, incluso el turismo volverá... No se ha producido nada irreversible, las empresas siguen físicamente donde estaban".

Lo más negativo para Torres no es, sin embargo, lo que ha sucedido, sino lo que ha dejado de suceder. "La prórroga de los Presupuestos Generales supone que nos olvidamos de todas las asignaturas pendientes: la fiscal, la educativa, la laboral..."

"El futuro de España depende de nuestra capacidad para exportar", apunta un experto financiero. "Esto requiere dinero y habíamos hecho un esfuerzo enorme para atraerlo, pero la agitación independentista lo ha vuelto a asustar".

"Habíamos logrado rehacernos tras la recesión", explica Fernando Fernández. "Habíamos pasado de ser casi un estado fallido a ser un alumno modélico. La inversión volvía, creábamos más empleo que nadie, los activos apenas descontaban riesgo país, se hablaba de que un español presidiera el Eurogrupo... Cataluña nos ha devuelto a nuestra condición de socio poco fiable".

"España ya ha perdido", coincide la fuente del mercado. "Las agencias no nos suben la calificación, no hay Presupuestos ni vamos a acometer reformas... Teníamos un panorama estupendo, con unos tipos bajos y un barril barato y, de pronto, perdemos de nuevo el foco".

'NEVERENDUM'
"Todos sabían que la independencia era un suicidio", dice Marco Hulsewé, "y lo hemos comprobado las últimas semanas. En Cataluña no queda ni una firma relevante. Hasta Codorníu se ha trasladado a la Rioja. Lo que no entiendo es por qué los empresarios no han abierto la boca hasta el último minuto".

"Han pecado por omisión", admite Josep Bou. "Deberían haber levantado la voz antes, empezando por los bancos. Pero muchos pensaban que era el juego de siempre y que la Generalitat lograría arrancar a Madrid un marco más favorable".

"¿De qué clase?", le pregunto.

"Un concierto como el vasco o el navarro, con el que habrían pagado menos impuestos".

Este cálculo irresponsable, jaleado por la prensa y amparado en la complacencia de un estamento académico que insólitamente no contemplaba otro escenario que no fuera el más favorable, ha abierto heridas que tardarán en cicatrizar, si es que alguna vez se cierran. "Aunque no ocurra nada", dice la fuente del mercado, "muchos inversores creen que las reivindicaciones nacionalistas se replantearán dentro de unos años y que, cuando rebroten, serán más virulentas, porque toda la población habrá sido educada en el odio a España. Abandonar entonces sin fuertes pérdidas será complicado, así que ¿por qué no empezar a planificar ya la retirada?"

Esta amenaza latente es lo que en Canadá llaman el neverendum: la interminable (neverending) convocatoria de referéndums, hasta que salga el sí. Existen numerosos estudios sobre su impacto económico y, aunque en general no ha sido tan lúgubre como algunos analistas han apuntado (ni la inversión ni la renta per cápita ni el desempleo han evolucionado peor en Montreal que en Toronto), ha provocado la marcha de decenas de miles de anglófonos. Este éxodo no es baladí en un mundo donde la principal fuente de riqueza ya no es, como en el siglo XIX, el capital industrial sino el humano.

La espectacular campaña de promoción que supusieron los Juegos de 1992 atrajo a Barcelona a miles de expatriados que, como Ruckensteiner o Hulsewé, aplicaron su talento para generar riqueza aquí y no en otro lado. ¿Qué piensan hacer ahora?

sábado, 4 de noviembre de 2017

EL COMPROMISO DE CASPE O LA HISTORIA ESPAÑOLA QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

La concordia se abrió paso en el año 1412 al resolverse el vacío monárquico abierto hacía ya dos años al pasar a mejor vida el rey Martín el Humano sin descendencia directa.

Allá por el siglo XIV, en un apartado rincón de Aragón, alguien con las seseras bien puestas decidió darle un golpe de timón a una situación muy enrocada. Nada que ver con la situación actual, pues el actor principal es corto de entendederas y los secundarios padecen de miopía abisal. Pero lo que sí es un dilema del carajo es no saber si es peor no ver o no poder cerrar los ojos.

En aquel tiempo de nuestra enorme y movidita historia, en la villa aragonesa de Caspe, hacia finales de junio del año 1412, la concordia se abriría paso entre los pueblos al resolverse el vacío monárquico abierto dos años antes al pasar a mejor vida el rey Martín el Humano sin descendencia directa. Ello conseguiría evitar prolongar más allá de lo que la prudencia aconsejaba una situación de difícil encaje antes de entrar en barrena y caer en el proceloso mar de la anarquía y el desorden.

¿Qué había ocurrido exactamente?
Lo normal en aquel entonces era liarse a garrotazos (guerras civiles castellanas, Guerra de los Cien años, etc.), enfrentamientos fratricidas que, sin cesar, en un vaciado angustioso y cíclico enviaban a miles de interfectos al valle del silencio.

Pero la fuerza de la diplomacia siempre tiene sus cartas que jugar y a veces sale triunfante donde solo hay callejones sin salida o eriales ausentes de imaginación. Posiblemente, el infante castellano don Fernando de Trastámara era de todos el más idóneo, el mejor posicionado por el peso de las influencias, por solvencia, y por la brillantez de su ingenio.

Dos aragoneses ejemplares, el jurista Berenguer de Bardaxí, y don Pedro de Luna, más tarde convertido en el Papa Benedicto XIII, con la indispensable colaboración de San Vicente Ferrer, proporcionarían a la Corona de Aragón un nuevo monarca que devolvería la tranquilidad y el orden a los preocupados súbditos de la misma. Se hace necesario recordar en este punto que el reino de Aragón era tan vasto que quizás de haber existido hoy, en él se podrían practicar hasta cinco husos horarios diferentes, pues sus tierras y sus sombras iban desde el extremo oriental del Mediterráneo hasta las áridas tierras castellanas.

Ocurría que en la Corona de Aragón el derecho de sucesión al trono estaba enraizado en la llamada costumbre o razón natural; por lo que, al no existir disposiciones escritas, el testamento real respiraba cómodamente en la tradición de la última voluntad regia y el sentimiento popular asumía de buen grado que lo que el rey decidía estaba bien hecho y punto.

A diferencia de Castilla y Navarra, en la legislación aragonesa no constaba ordenamiento que regulara la sucesión real. Los monarcas recién entronizados eran designados sin más por el mero hecho de ser hijos de, y así, sin más, se daba por suficiente.

En el momento de la muerte del rey Martín el Humano en 1410 sin sucesión directa legítima, eran unos cuantos los aspirantes al trono, y el panorama podría haberse torcido severamente si no hubiera imperado la cordura y el buen hacer de gentes muy hábiles en el campo diplomático.

Hasta la fecha, en los testamentos regios, se hacía constar la persona a la que correspondían los reinos de la Corona. ¿Pero qué convertía a esta situación en tan compleja? El testamento del rey Martín no resolvía el galimatías, pues dejaba como heredero universal a su hijo Martín de Sicilia, muerto antes que él. En fin, que había que empezar a hilar fino.

Para comenzar la criba, Isabel de Aragón, hermana por parte de padre del rey Martín I, fue centrifugada ipso facto por su condición femenina aunque en los mentideros corría el rumor de que tenía variable el humor y eso la hacía inestable para el gobierno.

Ante la complejidad del asunto, el Papa Luna (electo en Aviñón en la estela del cisma) de origen aragonés, decidiría entre bambalinas y con una habilidad incontestable la promoción de la candidatura del Trastámara. Además, los buenos oficios de San Vicente Ferrer (figuraba entre los nueve hombres justos del tribunal), hombre de elevada moralidad relativa (los judíos no eran santo de su devoción), acabarían arrimando el ascua a la sardina.

Finalmente, la sentencia del tribunal se inclinó por Fernando I de Trastámara, entronizando así una nueva dinastía en Aragón. De aquella, los catalanes quedarían decepcionados pues ninguno de sus candidatos conseguiría aceptación. La vida tiene esas cosas, todos pensamos en la lotería pero esta, a veces, es inversa.

El díscolo conde Urgel, candidato que, junto con su mujer Isabel de Aragón tenía ciertos derechos sucesorios, seguiría combatiendo a la desesperada hasta que un 31 de octubre, con una temprana nevada y tras un breve asedio, rendiría su verdad ante el nuevo monarca. Acabaría sus días en el castillo de Játiva en un estado más que deplorable; según las crónicas, al parecer se le había ido “la pinza”.

El Compromiso de Caspe nos revela lo que ocurre cuando las cosas se hacen con criterio y con la voluntad de las partes en sintonía; aunque a veces unas expectativas mal enfocadas se salden con sonadas pataletas. Decía el ínclito filósofo Karl Jaspers que es decisivo para el hombre la forma en que experimenta su fracaso.

ÁLVARO VAN DEN BRULE

jueves, 28 de septiembre de 2017

EL MITO DE LA SENTENCIA DEL ESTATUTO DE CATALUÑA

La sentencia del Tribunal Constitucional no fue un ataque al pueblo de Cataluña, ni una afrenta a las instituciones, ni una falta de respeto a los votantes, ni nada remotamente parecido. Fue el resultado de un proceso habitual en cualquier democracia occidental.

Todo empezó con la reforma del estatuto de autonomía hace unos años.

Los estatutos de autonomía en el sistema español son objetos un tanto complicados, ya que, aunque son aprobados por el congreso mediante ley orgánica (y en el caso catalán, ratificados en referéndum), sólo pueden ser reformados siguiendo procedimientos agravados, ya que pertenecen al bloque constitucional. En cierto sentido, son un “anexo” de la constitución bajo la iniciativa legislativa de los parlamentos autonómicos que debe ser autorizada por las cortes, y que debe ser compatible con la carta magna.

Cuando el congreso aprobó la reforma del estatuto catalán el 2006, todo el mundo sabía que varios preceptos del larguísimo articulado eran de constitucionalidad dudosa.

Cuando el congreso aprobó la reforma del estatuto catalán el 2006 (y fue votado en referéndum a continuación), todo el mundo sabía que varios preceptos del larguísimo articulado eran de constitucionalidad dudosa. Ninguno de los artículos “al límite” trataban temas cruciales, pero el texto incluía algunos epígrafes que sólo una interpretación muy, muy laxa de la carta magna podía validar.

El tribunal constitucional, en su sentencia sobre el estatuto, apreció que los legisladores se habían pasado de frenada en algunos puntos. El tribunal cambió ligeramente las competencias del síndic de greuges (defensor del pueblo) y el consejo de garantías estatutarias, que estaban escrito de forma chapucera, retocó un poco el lenguaje sobre la supervisión de cajas de ahorros y eliminó dos palabras en el artículo sobre lengua.

La sentencia además incluía un recordatorio obvio desde el punto de vista jurídico, pero que muchos políticos insisten en ignorar. Los jueces recalcaron que el preámbulo (donde sale la dichosa palabra “nación”) no tiene efectos jurídicos, como todo el resto de preámbulos de cualquier ley. Aparte, incluyeron unas cuantas directrices sobre cómo interpretar el articulado para que conformara con la constitución sin alterarlo.

El único cambio más o menos significativo del texto fue en todo lo relativo al consejo de justicia de Cataluña, un intento de crear un poder judicial catalán autónomo.

El constitucional sólo invalidó dos puntos en materia fiscal. Primero, la cláusula que exigía que otras autonomías pagaran tantos impuestos como Cataluña, ya que no tiene sentido que un estatuto de autonomía regule los impuestos de gobiernos fuera de su región. Segundo, limitó la creación de tributos locales, algo que la constitución señala claramente que requiere ley orgánica previa.

El único cambio más o menos significativo del texto fue en todo lo relativo al consejo de justicia de Cataluña, un intento de crear un poder judicial catalán autónomo. Quizás no fuera mala idea (es más, no creo que lo sea), pero justamente en esto la constitución es muy centralista e inflexible, y cualquier observador neutral acabaría concluyendo que era inconstitucional.

En total, el tribunal constitucional sólo se pronunció sobre una docena de artículos, a menudo sólo tocando una palabra o una sección. Teniendo en cuenta que el estatut tiene 223 artículos y 22 disposiciones adicionales, la sentencia dista mucho de ser un cambio radical del espíritu del documento.

Para los independentistas estos retoques periféricos representaron poco menos que una alta traición a la patria.

Para los independentistas estos retoques periféricos representaron poco menos que una alta traición a la patria. El estatut había sido ratificado por el pueblo de Cataluña (en una votación con 49% de participación), y era por lo tanto sagrado e intocable. Alterarlo era una ofensa a todo lo bueno de este mundo, y motivo de manifestaciones, quejas y proclamas sobre la opresión del gobierno central. La sentencia, en la narrativa independentista, es la piedra de toque, el momento en que España le dijo a los catalanes que no contaban para nada.

En realidad, esta clase de sentencias y conflictos son completamente normales. El constitucional se dedica a controlar las leyes aprobadas por los legisladores en todos los niveles de gobierno sean conformes con la carta magna. Todos esos gobiernos tienen plena legitimidad democrática y representan la voluntad del pueblo divinamente, pero el tribunal se carga artículos igual. Como toda institución contramayoritaria, al constitucional le importa un pimiento quién haya votado la ley; su trabajo es asegurarse que no vulnera la serie de preceptos que definen las reglas del juego ni ataque los derechos de los ciudadanos.

La constitución española establece quién puede legislar sobre qué y en qué condiciones; la legislación subsiguiente debe atenderse a estas condiciones

En España, como en cualquier otro país de nuestro entorno, los políticos a menudo discuten sobre instituciones; las administraciones tienen conflictos sobre qué pueden hacer, y los tribunales acaban por dictar sentencia. El tribunal supremo de Estados Unidos se pasa la mayor parte del tiempo decidiendo sobre conflictos entre el gobierno federal y los estados, a menudo sobre temas de crucial importancia; toda la reforma de la sanidad de Obama fue litigada en la corte. Aunque la ley fue aprobada por una amplia mayoría en las dos cámaras y firmada por un presidente que había ganado las elecciones por amplio margen, al supremo no le tembló el pulso invalidando varios artículos, diciendo que eran potestad de los estados. En dirección contraria, el supremo también ha invalidado repetidamente leyes electorales estatales por considerarlas discriminatorias, por mucho que una amplia mayoría de votantes de Texas quiera evitar que negros y latinos voten demasiado.

La sentencia del Tribunal Constitucional no fue un ataque al pueblo de Cataluña, ni una afrenta a las instituciones, ni una falta de respeto a los votantes, ni nada remotamente parecido. Fue el resultado de un proceso habitual en cualquier democracia occidental en la que la actividad de los políticos está sujeta a las leyes. La constitución española establece quién puede legislar sobre qué y en qué condiciones; la legislación subsiguiente debe atenderse a estas condiciones. Si estos límites son incómodos, la constitución establece reglas para su reforma.

Los nacionalistas catalanes, sin embargo, han insistido siempre en que cualquier disputa política entre dos gobiernos representativos es una especie de pugna donde ellos misteriosamente siempre salen perdiendo. Eso ignora la larga historia de derrotas en el constitucional de todos los gobiernos centrales al litigar contra gobiernos autonómicos. De forma más importante, obvia la necesidad de un árbitro imparcial que limite las decisiones arbitrarias de unos y otros y ponga cierta orden a sistemas políticos complejos.

Lo más probable, sin embargo, es que la sentencia sobre el Estatut del 2010 sea una excusa, más que cualquier otra cosa. Lo de aprobar leyes de forma coherente ateniéndose al derecho es algo que no parece importarles demasiado estos días.


miércoles, 27 de septiembre de 2017

CONSECUENCIAS FINANCIERAS, EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS DE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

La independencia de Cataluña tendría "efectos adversos" para las entidades financieras catalanas

Según el Instituto de Macroeconomía y Finanzas, dirigido por David Taguas, las entidades catalanas podrían enfrentarse a "una fuga de depósitos" y les sería "imposible" financiarse en los mercados de capitales en caso de una hipotética independencia.

El Instituto de Macroeconomía y Finanzas (IMF), dirigido por David Taguas, ha advertido de que una hipotética independencia de Cataluña tendría unos "efectos muy adversos" para su sistema financiero, que irían desde la fuga de depósitos de las entidades catalanas hasta la imposibilidad de financiarse en los mercados de capitales y la suspensión de pagos o la quiebra.

En un artículo realizado por el subdirector del IMF, Carmelo Tajadura, titulado 'La intermediación financiera ante la hipótesis de independencia de Cataluña', se afirma que en el caso más favorable, las entidades catalanas se verían sometidas a un "intenso debilitamiento" y a la división de su negocio, que mayoritariamente se encuentra fuera de Cataluña. En el peor de los escenarios, las entidades sufrirían una "ausencia absoluta de crédito, sin poder descartarse la suspensión de pagos o la quiebra".

El estudio del IMF, de la Universidad Camilo José Cela, recuerda que en Cataluña existen actualmente tres entidades financieras en las que el poder de decisión se conserva dentro de esa región: Caixabank, Sabadell y Catalunya Banc. Estas tres entidades, sobre todo las dos primeras, tienen una fuerte presencia fuera de Cataluña. En concreto, señala el informe, Caixabank cuenta con más del 60% de su negocio en el resto de España y el Sabadell, sobre todo tras la compra de CAM, "está en una situación similar".

Según el IMF, Cataluña supone el 19,06% del total de crédito de España, casi tres puntos más que el 16,21% de los depósitos, mientras que los depósitos de Cataluña sólo suponen el 55% de los créditos. Además, resalta que "la brecha entre créditos y depósitos de Cataluña es la más elevada entre todas las comunidades autónomas: más de 150.000 millones, es decir el 76% del PIB de Cataluña".

En esta situación, el instituto dirigido por David Taguas advierte que la hipótesis de independencia de Cataluña supondría "efectos muy adversos" para su sistema financiero.

En primer lugar, indica que las entidades financieras catalanas podrían enfrentarse a una fuga de depósitos en el resto de España que "no podrían ser contrarrestados por el flujo contrario que podría también producirse, en Cataluña, desde el resto de entidades financieras a las entidades catalanas, como consecuencia fundamentalmente de la confianza en las grandes entidades Santander o BBVA".

El IMF considera que "la sustitución a corto de esos fondos recurriendo a los mercados no sería nada fácil para Caixabank y Sabadell, que encontrarían serias reticencias para obtener financiación inmediata sustitutoria de esas fugas de depósitos, en un ambiente dominado por la incertidumbre".

En tercer lugar, pronostica que la transferencia de fondos hacia Cataluña a partir de los depósitos del resto de España dejaría de ser una fuente estable de financiación. Por ello, "las entidades financieras catalanas tendrían que reordenar su negocio y separar el negocio "catalán" del "español" sin transferirse fondos entre ambos".

De la misma forma, según el análisis del IMF, el resto de entidades financieras españolas también debería ajustar sus transferencias de recursos entre el resto de regiones y Cataluña. "Si no lo hicieran, es seguro que serían forzadas a ello por la regulación y por la propia actitud de la clientela".

El subdirector del IMF cree que la financiación para las entidades bancarias catalanas en los mercados "sólo podría resultar más difícil" e incluso en el caso de una independencia pactada, la reticencia de los mercados, ante el incremento de la incertidumbre, les haría retraerse, al menos a corto plazo. "En el caso de independencia unilateral, financiarse en los mercados se convertiría en absolutamente imposible para las entidades financieras catalanas a corto plazo", indica.

Además advierte que "la financiación vía BCE (que, a 30 de junio de 2012, supone la considerable cifra de 65.500 millones de euros entre las tres entidades catalanas) se acabaría al salir Cataluña de la Unión Europea".

Las empresas se preparan por si hay una secesión de Cataluña
 
El pulso político creciente entre los independentistas catalanes y el Gobierno central está agudizando la intranquilidad de las empresas. Están preocupadas por las consecuencias para sus negocios que puede tener una secesión de Cataluña, aunque la siguen viendo "hipotética", han explicado fuentes empresariales y jurídicas. Las multinacionales preparan planes de contingencia por si llega la independencia.

De todas formas, ante los desafíos de los rupturistas, desoyendo advertencias y prohibiciones de la justicia desde hace meses, las compañías con negocios en Cataluña, con más o menos antelación según su tamaño y sector de actividad, han ido tomando posiciones para estar preparadas ante un escenario que tras los acontecimientos más recientes ven "improbable pero no imposible".

Todas las grandes empresas catalanas y las multinacionales instaladas en territorio catalán cuentan con un 'plan B', pero también se han tomado medidas entre las pymes. El objetivo es combatir los efectos negativos que comportaría la separación de España y evitar la debacle que supondría dejar de estar bajo el paraguas de la Unión Europea, lo que los responsables comunitarios se ocuparon la semana pasada de dejar claro que pasaría en caso de independencia.

De todas formas, las gestiones de los planes de contingencia se llevan con discreción extrema, dado que cualquier señal a ojos de la luz pública puede perjudicar a sus negocios. En una sociedad cada vez más polarizada entre los partidarios y los detractores de la independencia de Cataluña, cualquier gesto empresarial puede ser interpretado como negativo por una de las partes y lastrar la facturación. Y los empresarios catalanes, tradicionalmente reacios a hablar de sus negocios incluso cuando les van bien, no están dispuestos a correr ese riesgo, por lo que se impone el silencio.

Cambio de sede El cambio de sede social es una de las primeras actuaciones previstas por las compañías que bajo ningún concepto quieren dejar de pertenecer a la UE. Es más un trámite legal que un traslado físico de la actividad, y se puede ejecutar en horas.

La mayoría de compañías catalanas cuentan con instalaciones fuera de territorio catalán a las que poder trasladar el domicilio social, y los abogados especializados en Derecho empresarial pueden crear rápidamente una sociedad en otro lugar con este propósito. Ante esta posibilidad, economistas independentistas ya han advertido de que, en un eventual Estado catalán, las sociedades con negocios en Cataluña estarían obligadas a tener una sede local, pero ello no impide tener otras sedes. Lo que sí podría pasar es que algunos negocios se convirtiesen en filiales en su propia tierra a cambio de preservar su seguridad jurídica y las ventajas de formar parte de un Estado miembro. También se pueden multiplicar las escisiones de empresas, entre que hasta ahora estaban centralizadas en Cataluña pero que se vean abocadas a deslocalizar una parte de su actividad.

Ahorros como reserva Un escenario de independencia unilateral llevaría asociado un riesgo de tensiones financieras que podría condicionar la concesión de crédito, según las hipótesis que contemplan los empresarios, por lo que han apostado por ahorrar para tener una "reserva" con la que operar en caso de que se diesen restricciones de financiación.

Cláusulas contractuales Las empresas también han previsto protegerse a través de las cláusulas que incluyen a la hora de firmar contratos de negocios. En muchos acuerdos se incorpora habitualmente que se rigen por el Derecho español -de hecho, el Derecho catalán actual se limita al Código Civil-, lo que serviría a las empresas firmantes para evitar incertidumbres en caso de independencia unilateral.

También existen cláusulas para rescindir el contrato por causas de fuerza mayor, que se entienden como no previsibles o, siendo previsibles, no evitables. Así, en caso de problemas para dar cumplimiento al contrato por los efectos de la declaración de la independencia, quedaría sin efecto.

Pago de impuestos Uno de los temores del sector económico es quedar entre dos frentes respecto a qué administración deben pagar los impuestos si la Agencia Tributaria de Cataluña se autoerige como autoridad fiscal. En este caso, la solución es pragmática: el Estado tiene mayor poder coercitivo, por lo que prevén pagar a la Hacienda estatal.

Entre los argumentos para cumplir las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria española está que tiene un marco legal más sólido y aceptado por el ordenamiento jurídico nacional y europeo. Además, el Ministerio de Hacienda ya ha advertido sobre sanciones y responsabilidades penales en caso de no pagar los impuestos al Estado.

Diálogo político Todas estas medidas forman parte del 'plan B' empresarial, pero no renuncian al 'plan A' aunque el referéndum ilegal del 1 de octubre sea inminente. Insisten en el diálogo político para encauzar el descontento de parte de la sociedad catalana. Las patronales catalanas y estatales lo reclaman desde hace años, pero también las entidades que agrupan a intereses extranjeros aquí.

El Disparate Económico

"Catalexit': pérdida del 34% del PIB, deuda de 291.000 millones, control de capitales y recorte del 21,5% de las pensiones

El Cercle Català de Negocis (CCN), un grupo separatista de empresarios enemigos declarados de España, está repartiendo estos días un panfleto sobre las supuestas consecuencias económicas de la independencia que constituye el mayor conjunto de falsedades y cálculos delirantes imaginable. “El déficit fiscal con el conjunto de España destruye 250.000 empleos, la electricidad sería un 60% más barata, se crearían 70.000 puestos de funcionarios...”. 

Nada más lejos de la verdad. Cataluña perdería un tercio del PIB, nacería con una deuda pública insostenible, su moneda se depreciaría en torno al 30%, la fuga de capitales obligaría a implantar un 'corralito' y los 1,68 millones de jubilados perderían un 21,5% de sus pensiones. Y estos son hechos y cifras indiscutibles, son matemáticas.

Pero antes de entrar en el detalle, debemos resaltar dos hechos que sirvan de guía a los desinformados catalanes sobre las consecuencias de la locura suicida de la secesión. 

El primero son los cálculos realizados hace ya algunos años por el mejor estadístico español y uno de los grandes de Europa, Julio Alcaide, sobre las consecuencias económicas de la independencia: estos demostraban que Cataluña perdería más del 25% del PIB y su nivel de renta personal sería similar al de Portugal. Pero entonces la deuda era la cuarta parte de la actual.

Un 'Catalexit' puede ser incluso peor que el Brexit Si la región rompe con España, en lo que ya se conoce como 'Catalexit', esta se hundiría en un largo periodo de indertidumbre en todos los aspectos, no solo a nivel político

El segundo es el reciente análisis del impacto económico de la secesión realizado por el banco europeo ING: “El resultado será incertidumbre, hundimiento del poder de compra de las familias, reducción de la inversión directa y de la demanda exterior”. “La salida del euro llevará a una situación crítica al sector privado”. “Las encuestas muestran que el 62% de los catalanes está preocupado por el futuro si se independizan. De ahí solo hay un paso para que moderen su consumo, y si esa preocupación se convierte el pánico, como en Grecia, será necesario intervenir los bancos e instaurar un control de capitales”.

Salida de la UE Es el primer engaño al pueblo catalán de los sediciosos totalitarios: brutal, absoluto, masivo. No se van porque no les da la gana, “no pueden echar a 7,5 millones de personas”, pero ellos sí pueden privar de la nacionalidad española a cuatro millones de catalanes. 

La salida de la UE está prevista y tasada en los tratados, y es automática —aunque a Juncker, a quien el presidente de Hungría, Viktor Orbán, acusa de dirigir una amplia red en Bruselas al servicio de un conocido especulador dedicado a desmembrar países, y que ha puesto su enorme imperio mediático y su dinero al servicio de los sediciosos, se le 'olvide'—, luego tendría que pedir el reingreso para lo que se necesitaría la unanimidad.

Ni España, ni Italia, ni Bélgica, ni Alemania, ni Hungría, ni varios más lo aceptarían. No cabe perder el tiempo desmintiendo lo obvio. Quien desee profundizar, que lea el libro de Josep Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo: 'Las cuentas y cuentos de la independencia'. Se irán sí o sí, y no volverán.

Balanza comercial Las exportaciones de Cataluña en 2016 ascendieron a 65.160 millones de euros, las mayores de España, pero mucho mayores aún son las importaciones: 78.344 millones. Cataluña es la principal responsable del déficit comercial de España: el 6,2% de su PIB, tres veces más que el déficit del resto de regiones, que es del 2,1%. ¿Y qué va a pasar cuando Cataluña sea expulsada de la UE? Las pérdidas del Brexit se estiman en el 3% del PIB, pero aquí será mucho peor.

Cataluña perdería unos 6.000 millones en alimentación y farmacia, y en el resto de sectores una cifra similar a la de Reino Unido con el BrexitAsí, las multinacionales de alimentación y farmacia abandonarían la región al perder la oportunidad de abastecer al resto de España (entre el 50 y el 80% de sus ventas) y estar sometidas a arancel sus exportaciones a la UE

En total, una pérdida de 10.000 millones o el 4,7% del PIB, y unos 180.000 empleos.

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, afirma: “Lo único que tiene sentido es un mercado de 46 millones que es España, y no uno de 7,5 millones que es Cataluña”. 

Balanza comercial con el resto de España No existe ninguna región en el mundo que tenga un excedente tan enorme con el resto del país como Cataluña. De los 20 principales mercados de Cataluña, 11 son regiones españolas. Venden a Aragón más de lo que exportan a Francia o Alemania, y a Andalucía, más que a Italia. En 2016, las 'exportaciones' catalanas al resto de España ascendieron a 61.000 millones de euros, y las 'importaciones', a 43.000 millones, lo que representa un superávit enorme de 18.000 millones, y eso sin incluir los servicios, donde la balanza es más desfavorable aún por los servicios financieros (Sabadell, CaixaBank). ¿Y qué va a pasar con estas 'exportaciones'?

Las ventas de las empresas catalanas a España caerían en unos 54.000 millones. Los servicios financieros pasarían a cero. En total, el 30% del PIB

Lo mismo que en los procesos de secesión europeos, que van desde lo ocurrido en separaciones amistosas —el caso de República Checa y Eslovaquia (separación de terciopelo)— y las no realizadas, pero sí muy estudiadas, entre Escocia y Reino Unido, y Quebec y Canadá, a separaciones no amistosas, como en el caso de los Balcanes y Rusia. Las relaciones comerciales entre las partes separadas se desploman, desde un 70% en las amistosas a más de un 90% en las no amistosas. Esto significaría que las ventas de las empresas catalanas a España caerían en unos 54.000 millones. Los servicios financieros pasarían a cero. En conjunto, cerca del 30% del PIB.

Deuda pública y privada Empezando por la pública, la afirmación de los prepotentes totalitarios del CCN resulta delirante: “Nuestra deuda se la come España con patatas”. 

En todas las separaciones europeas ha regido el principio de sucesión de deudas. Según el derecho internacional, los acreedores tienen como garantía jurídica los activos y el territorio, por lo que es imposible rechazar la responsabilidad en la deuda del Estado. Pero es que además quienes exigirían el pago de esta deuda son los acreedores (BCE, bancos, inversores), no solo el Estado español.

La deuda pública total de España (no solo la PDF) es de 1,54 billones de euros. Y se ha repartido en todos los procesos de separación o en función del PIB (República Checa y Eslovaquia; Balcanes y Rusia), o en función del PIB per cápita (lo previsto con Escocia y Quebec). Para Cataluña, serían 291.000 millones de euros por el PIB o 347.000 millones por el PIB per cápita. Es decir, ¡el 135% o el 161% de su PIB! El banco francés de negocios Natixis acaba de estimar esta deuda en 235.000 millones, pero considera solo la deuda PDF.

Da exactamente igual lo que los sediciosos totalitarios —que ejercen presión y amenazas sobre los catalanes no separatistas, a los que Rajoy ha abandonado totalmente a su suerte— puedan decir, es lo que va a suceder sí o sí, ya que si el nuevo Gobierno se negara a asumir su pago, serían excluidos de todos los mercados financieros primero y serían embargados todos los bienes que fuera posible. Este es el gran engaño que los sediciosos totalitarios están perpetrando al pueblo catalán, ya que esto lleva directamente a Cataluña a la suspensión de pagos.

En cuanto a las deudas privadas, las empresas catalanas deben 321.000 millones de euros y las familias, 102.000 millones. Pero peor aún, porque Cataluña saldría del euro y tendría que emitir una moneda propia, que se devaluaría de inmediato respecto al euro. Durante la crisis griega y su eventual salida del euro, se hicieron numerosos estudios sobre el comportamiento del dracma en caso de salida, fundamentalmente por los grandes bancos suizos, y la conclusión fue clara: el dracma se devaluaría en un 50% frente al euro en dos años; una depreciación del 30% para la nueva moneda sería un mínimo, lo que llevaría la deuda pública al 175% (reparto por PIB)/209% (reparto por PIB per cápita) del PIB catalán.

Fuga de capitales: el corralito En los procesos de secesión, “cuando la viabilidad de un nuevo país se cuestiona, los flujos financieros y de capital son el mayor elemento de incertidumbre”. En Escocia, a pesar de ser una región con unos enormes recursos petroleros y con una renta per cápita superior a la de Cataluña, y con expectativas de entrar en el euro, se estimó una fuga de capitales entre 20.000 y 100.000 millones de libras (Credit Suisse, HSBC, Citigroup, UBS). En Cataluña —cuyo PIB es el doble y que además saldría del euro—, estaríamos hablando como mínimo de entre 44.000 y 220.000 millones de euros. El control de capitales sería inevitable. O sea: el corralito.

Balanzas fiscales Los economistas separatistas han 'calculado' un déficit fiscal del 9,8% de su PIB, saltándose todos los gastos del Estado en Cataluña que les ha dado la gana. Hecho correctamente, el déficit es del 2,5%. ING lo resume así en su reciente análisis: “A pesar de que Cataluña es un contribuyente neto, la secesión no mejorará en nada la situación de los contribuyentes”. 

llevan 300 años robando al resto de España con aranceles protectores para su industria y comercio

Los impuestos los pagan las personas y las empresas, no los estados, y en cualquier sistema fiscal pagan más los que más ganan.

Más de 200 altos cargos del Gobierno de Puigdemont cobran más que RajoyDirectores generales, secretarios, 'consellers'... Son muchos los altos cargos del Govern catalán que gozan de un generoso salario a final de mes. Frente al famoso 'España nos roba', hay 278 altos cargos catalanes que se han puesto un sueldo que dobla al de Rajoy.

Sistema de pensiones Este es otro de los engaños, el más canallesco si cabe, de los separatistas totalitarios a los 1,68 millones de jubilados catalanes. “Si pagamos entre el 60% y el 70% de las pensiones españolas, ¿cómo no vamos a poder pagar las nuestras?”, dicen los sediciosos totalitarios de la CCN. Un disparate oceánico. Su déficit fiscal no llega a 5.000 millones, y el 60% de las pensiones contributivas son 80.000 millones. Así calculan todo. Cataluña gastó 23.159 millones en pensiones en 2016, e ingresó por cotizaciones 18.159 millones, un déficit de 4.934 millones, el 21,5%.

Cataluña es la región donde más gasta la Seguridad Social en pensiones: representa el 15,9% de la población española, pero en ella se cobra el 17,9% de las pensiones contributivas

La pensión media de la región es un 3,7% superior al promedio nacional. Andalucía, con un millón de habitantes más, tiene 180.000 pensionistas menos. En el conjunto de España, el déficit de las pensiones se cubre con deuda gracias a la barra libre del BCE; en una Cataluña independiente, eso sería imposible. Sepan pues los pensionistas catalanes la ruina que les espera con la independencia: perderían el 21,5% de sus pensiones.

Efecto económico total El efecto económico total es similar al calculado en su día por Julio Alcaide, solo que agravado por una deuda muy superior y la salida de la UE y el euro. El PIB caería un 34%, por la caída del comercio exterior e interior. La nueva moneda perdería un 30% de su valor, lo que llevaría la deuda pública al 175-209% del PIB, y a las familias y empresas endeudadas en euros, a la ruina. La fuga de capitales sería tan enorme que obligaría a implantar controles, es decir, el corralito. Finalmente, los pensionistas perderían un 21,5% de sus pensiones, igual que los sueldos de los empleados públicos, que obviamente no podrían mantenerse.

El falseamiento masivo del impacto económico, la traición sin límites a España de la izquierda (Podemos y compañía) y la inaudita cobardía de Rajoy, que lleva años dejando a los catalanes no secesionistas a merced de los sediciosos totalitarios sin mover un dedo, son sus grandes bazas. 

Es el resultado de 25 años de cesiones al nacionalismo por parte del nefasto régimen del 78, hoy ya explosivo por la 'noluntad' (voluntad de no hacer) de Rajoy y de todo el aparato del Estado a sus órdenes.