Informa El País de que Estados Unidos considera a España como un centro neurálgico del islamismo radical que amenaza a europa. El informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado afirma algo que los españoles ya sabíamos: "La localización geográfica y su importante población de inmigrantes del norte de África y del sur de Asia, así como la facilidad de viaje a otros países europeos, la convierten en una encrucijada estratégica. (...) Sigue siendo un importante punto de tránsito, financiación y apoyo logístico para las organizaciones terroristas que operan en Europa occidental".
Con todo, nuestra posición geográfica no es el rasgo más importante a la hora de definir la situación especial de España ante esta amenaza. Uno de ellos es la gigantesca colonia de creyentes musulmanes que residen en España, que están sujetos a las tradicionalmente inestables condiciones económicas de España. En las crítica situación que estamos atravesando, informa ABC, "los marroquíes, la principal nacionalidad que vive entre nosotros (775.054 tienen tarjeta de residencia) y cuya tasa de desempleo alcanza ya el 42,4 % (en torno a 350.000) cuando a finales de 2006 estaba en el 16,2 %".
Cuando más de un 40% de esos 775.054 residentes legales se encuentran en paro, hay al menos unas decenas de miles más residiendo ilegalmente, y muchas familias están sufriendo dificultades para mantener el nivel de subsistencia, se crea un caldo de cultivo especialmente apto para que las palabras de cualquier imam radical o captador de grupos terroristas islamistas encuentre jóvenes dispuestos a creer en sus promesas de redención y paraíso eterno.
Otro de los factores es que la llegada masiva y descontrolada de emigrantes musulmanes, cada vez menos moderados y cada vez más wahabistas, nos está llevando a un choque cultural que se manifiesta, por ejemplo, en los casos de prohibión municipal del uso del burka en espacios públicos. Los expertos en terrorismo advierten que las prohibiciones pueden conducir a un incremento de la amenaza terrorista en nuestro país. Ayman Al Zawahiri, el médico egipcio que es la mano derecha de Osama Bin Laden, ya ha calificado las prohibiciones aprobadas en Francia como un ataque directo al Islam.
Y tras las mociones aprobadas en los ayuntamientos y con el salto cualitativo que se produjo el 23 de junio cuando el PP logró que el Senado aprobara su propuesta para prohibir el «burka» y el «niqab» en todos los espacios públicos, incluida la calle, es probable que la ira fundamentalista haya crecido.
No hay que olvidar que los terroristas islamistas, según han demostrado los últimos atentados (el 7-J de Londres, las redes desactivadas en Australia, etc.) no son individuos llegados de tierras lejanas ni desiertos inhóspitos, sino del edificio de al lado, de la mezquita del barrio y de la agrupación cultural islámica que lleva trabajando entre nosotros muchos años. Los próximos terrorists islamistas que actúen en nuestro país serán generalmente hijos de emigrantes que han sido criados en España y por tanto no se sienten ni bastante españoles ni bastante africanos o asiáticos, viviendo en un limbo donde carecen de un sentimiento de pertenencia nacional, vacío que es rellenado con el sentimiento de pertenencia religiosa que les ofrecen los imames radicales y los líderes de los grupos terroristas.
Si se produce otro 11-M en España estará ejecutado y probablemente organizado en nuestro propio territorio por ciudadanos que se encuentran entre nosotros, que saben como manejarse por las calles y los transportes públicos, cuáles son nuestras costumbres, dónde pueden causar más daño y dolor y cómo obtener las consecuencias políticas y mediáticas que buscan con los atentados.
Sólo hay que esperar que nuestros políticos empiecen a considerar la amenaza islamista no como un hecho aislado y concreto, algo coyuntural, un atentado como reacción ante una decisión política nacional, sino algo que es como un virus que se va formando poco a poco, que se va inoculando en la población más apropiada para recibir el mensaje del odio, y que la vacuna para contrarrestarlo está en manos de los políticos y no en manos de los ciudadanos o de la propia Policía. Pero quizás la corrección política sea más fuerte que su responsabilidad.
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