jueves, 31 de marzo de 2011

MUCHO TRABAJO, POCO TIEMPO, Y UNA SITUACIÓN DESESPERANTE

Mucho trabajo pendiente y poco tiempo libre, unidos a tanta situación abochornante en esta nuestra ex España, son circunstancias que acaban por aburrir al "más pintado", que diría un español de a pie, e impiden que se pueda mantener un blog actualizado, algo que a cualquier aficionado como yo le gustaría llevar al día.

En los últimos días se ha hecho imposible elegir un tema para desahogarse, son tantos los desastres que padecemos que ¿cómo escoger? ¿qué tema es más candente? ¿qué situación más aberrante?

El ex ministro Caldera, el que ponía tipex en documentos oficiales para poder mentir con mayor descaro en el Parlamento, presenta un informe en el think tank del PSOE donde nos previene de los recortes que llevaría a cabo Rajoy si ganase las elecciones. Ese mismo día la Vicepresidenta económica nos informa de los futuros recortes para ajustar el déficit nacional. El mismo gobierno derrochador que decía que bajar impuestos es de izquierdas se convierte el mismo día en acusador y culpable, en el mayor "recortador" de beneficios y prestaciones sociales. Blanco y negro a la vez.

Hace un par de días la prensa nos ofreció las actas de ETA sobre la negociación con el Gobierno, esas donde éste queda dibujado como lo que ha sido durante siete años, una pandilla de falsos mentirosos, de traidores a las víctimas y a muchos de sus seguidores, de manipuladores de la Justicia. Actas cuyo contenido el Gobierno rechaza ahora por provenir de ETA, la misma fuente que en otras ocasiones ha sido creída a pies juntillas, como cuando el 12 de marzo de 2004, después del terrible atentado terrorista pre electoral, Rubalcaba afirmó "ETA mata pero no miente" y "merecemos un gobierno que no nos mienta". Como dice Melchor Miralles: Es anonadante que el Gobierno apele a la "inmoralidad" de dar crédito a lo que dicen los documentos incautados a Thierry y después las Fuerzas de Seguridad del Estado aporten los mismos a la Justicia para basar en ellos las acusaciones que les sientan en el banquillo.

Mientras tanto los dirigentes catalanes siguen siendo "Don erre que erre", acusando a España de sus desgracias mientras se denuncian entre ellos por corrupción y chanchullos varios, navajéndose mutuamente por diferentes motivos, demostrando su verdadero carácter mientras vamos dando lentos pasos hacia el odio racial.

Al mismo tiempo, el verdadero problema de la economía española, el factor que ahuyenta la recuperación de la economía, nuestro Presidente incombustible, sigue jugando a las adivinanzas sobre su futuro, y por tanto el de este país, dejando en manos de las ambiciones personales de unos políticos profesionales, sin la más mínima dignidad, las expectativas de futuro de millones de españoles desempleados y asalariados bajo condiciones precarias.

Ese mismo Presidente pacifista que nos ha metido en una guerra donde con el visto bueno de Naciones Unidas estamos fomentando una guerra civil, sobrepasando los límites de la Resolución del Consejo de Seguridad, mientras jugamos con fuego al pretender colocar en el gobierno libio a unos individuos de los que nadie sabe nada y que podrían tener unos objetivos muy diferentes a los que Occidente espera alcanzar. Ha cambiado la pegatina del "No a la Guerra" por la de "El Felpudo de París va donde le manden, sangre mediante si hace falta".

Este Presidente proletario, el amigo de los descamisados y desfavorecidos, que se ha convertido en la alfombrilla de los empresarios más poderosos de este país, que se reúnen con él y le dictan por donde debe caminar nuestra economía, que le leen la cartilla, tras lo cual suben los precios de la electricidad, el gas, la gasolina, las telecomunicaciones y otros servicios básicos mientras suben los impuestos, se liberaliza el despido y se facilita la creación de puestos de trabajo precarios. Parece que Zapatero empieza a hacer suya esa máxima del PP aznarista que decía "más vale trabajo precario que estar indefinidamente en el paro, el trabajo precario también fomenta el consumo y reduce los gastos del Estado, necesidades perentorias en una crisis económica".

Un Presidente que dirige un gobierno que multiplica las prohibiciones y se empeña en regular nuestra vida privada, dejando de ser el adalid de las libertades para convertirse en un peligro para las mismas.

Unos progresistas que defienden los ataques a las creencias religiosas de millones de personas, y amparan las ofensas a los templos por parte de imberbes imbéciles que nunca han visto su vida alterada por las doctrinas católicas.
Y así un día tras otro, PASMAO CON LO QUE NO PASA, como dice y se autodenomina un contertulio de El Confidencial (un abrazo para él), los españoles seguimos contemplando como nuestros políticos se olvidan de la población para centrarse en sus propias ensoñaciones, sus peleas de corral y su falta de respeto a las instituciones. El Parlamento es la sede de la soberanía nacional, el poder del Estado nace de la soberanía nacional que se cede al Gobierno para que administre la res pública en nombre y beneficio de todos.

El poder por el poder, y la soberanía nacional para encubrirlo todo.

Mientras todo esto sucede se extrañan de que en Francia el frente Nacional de Le Pen aumente sus votos en las elecciones. Con el abandono en el que los políticos españoles tienen a su población ¿cuánto creen que tardará en triunfar en España un partido de extrema derecha? Hoy he recibido el siguiente correo, y cada día circulan más del mismo tipo. Como dijo Zapatero, nos vamos acercando al corazón de Europa, ese donde triunfan partidos "populistas y de extrema derecha" como Austria, Suecia, Holanda, Dinamarca y Francia. Aquí tienen el correo:

SON LOS INMIGRANTES, NO LOS ESPAÑOLES, LOS QUE DEBEN ADAPTARSE. O lo toman o lo dejan. Estamos hartos de que esta nación tenga que preocuparse si estamos ofendiendo a otras culturas o a otros individuos. Desde el inicio de la crisis económica en nuestro país, estamos experimentando un incremento del patriotismo en la mayoría de los Españoles."

"Nuestra cultura se ha ido desarrollando durante varios siglos de luchas, tribulaciones y victorias por parte de millones de hombres y mujeres que buscaban libertad"

"Hablamos principalmente ESPAÑOL,( CASTELLANO,EUSKERA, GALEGO I CATALÁN), no Libanés, Árabe, Chino, Ingles, Japonés, Ruso o cualquier otro idioma. De modo que si Usted quiere formar parte de nuestra sociedad, aprenda idiomas ESPAÑOLES."

"La mayoría de los Españoles creen en Dios. Esto no es una posición Cristiana, política o de la extrema derecha. Esto es un hecho, porque hombres y mujeres cristianos, de principios cristianos, fundaron esta nación. Esto es históricamente comprobable. Y es ciertamente apropiado que esto aparezca en las paredes de nuestras escuelas. Si Dios le ofende a Usted, sugiero que considere vivir en otra parte del mundo, porque Dios es parte de nuestra cultura."

"Aceptamos sus creencias y sin preguntar por qué. Todo lo que pedimos es que Usted acepte las nuestras, y viva en armonía y disfrute en paz con nosotros."

"Éste es NUESTRO PAÍS, NUESTRA PATRIA y  ESTAS SON NUESTRAS COSTUMBRES Y ESTILO DE VIDA y PERMITIREMOS QUE DISFRUTEN DE LO NUESTRO pero cuando dejen de quejarse, de lloriquear y de protestar contra nuestra Bandera, Nuestra lengua, nuestro compromiso nacionalista, Nuestras Creencias Cristianas o Nuestro modo de Vida, le animamos a que aproveche otra de nuestras grandes libertades Españolas, "EL DERECHO DE IRSE."

"Si Usted no está contento aquí, entonces VÁYASE. Nosotros no le obligamos a venir aquí. Usted pidió emigrar aquí. Así que ya es hora de que acepten el país que les acogió y les está ayudando, (muchas veces más que a los propios ESPAÑOLES).


viernes, 25 de marzo de 2011

LA JUSTA GUERRA DE LIBIA SE ESTÁ VOLVIENDO ILEGAL

El Presidente Zapatero, mientras oculta la palabra guerra, repite a diario que las tropas españolas se encuentran encuadradas en la fuerza multinacional, que asedia a Gadafi, porque existe un mandato de Naciones Unidas para proteger vidas civiles inocentes, marcando las diferencias con la guerra de Irak, donde se empeña en ocultar que las tropas españolas acudieron una vez acabado el conflicto y bajo mandato también de Naciones Unidas.

Pero vamos a ver cómo está la situación y qué marcan las resoluciones actuales:

La primera, la Resolución 1970, adoptada el 26 de febrero, invocó "la responsabilidad de las autoridades libias de proteger a su población", condenó su violencia contra los civiles, exigió el fin de la violencia e intentó modificar la actitud de Gadafi mediante la aplicación de sanciones, un embargo de armas y la amenaza de enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad.
La Resolución de seguimiento 1973, adoptada el 17 de marzo, lamentó la falta de cumplimiento de la Resolución 1970, reafirmó la determinación de garantizar la protección de los civiles y pidió un alto al fuego inmediato y un final completo a los ataques violentos y abusos contra la población civil.

Entonces, por primera vez en su historia, el Consejo de Seguridad autorizó expresamente la intervención militar de los estados miembros para alcanzar estos objetivos, algo que no se produjo en los Balcanes, donde los aviones españoles bombardearon posiciones servias con el mandato de la OTAN, pero nunca de la ONU.  Se permitió así que la acción militar coercitiva tomara dos formas: "todas las medidas necesarias" para hacer cumplir una zona de exclusión aérea y "... todas las medidas necesarias ... para proteger a los civiles y zonas habitadas por civiles que se encuentren bajo la amenaza de ataques". Se excluyó explícitamente la presencia de tropas ("una fuerza de ocupación extranjera") en territorio libio.

El lenguaje de estas resoluciones no podría ser más claro en la especificación del alcance y los límites de lo que debe hacerse. En el caso del establecimiento de la zona de exclusión aérea, la Resolución 1973 permite la destrucción, mediante aviones o misiles, de todo avión o helicóptero del régimen que despegue, las baterías antiaéreas o los sitios de lanzamiento de misiles de las fuerzas pro-Gadafi, y la inhabilitación de toda pista de aterrizaje. Y, en cuanto al mandato más amplio de proteger a los civiles, la resolución permite los ataques aéreos para destruir tanques o columnas de tropas que avancen hacia Bengasi y otras ciudades controladas por los rebeldes, y -en caso de que existan- concentraciones de fuerzas dentro de áreas que representen una amenaza directa e inmediata a los opositores de Gadafi.

En ambos casos , surgen algunas preguntas:
  1. ¿Corresponde al ámbito de la zona de exclusión aérea el destruir centros de mando y control que puedan dirigir las aeronaves? 
  2. ¿Puede llegar a ser legítimo matar a fuerzas del régimen que en realidad huyan de una zona protegida, o que de alguna otra manera no supongan una amenaza evidente o inminente para la población civil? 
  3. ¿Se debería trazar una línea que evite cualquier otra acción, de otra manera legítima, contra las fuerzas de Gadafi que pueda poner en peligro a civiles inocentes ?
Más allá de estas preguntas, no hay nada que debatir. La acción militar expresamente diseñada para matar a Gadafi u obligarlo a exiliarse, asegurar una victoria de los rebeldes en una guerra civil, o lograr un sis tema más abierto y responsable de gobierno en Libia no están permitidas por los términos explícitos de la Resolución 1973. Tampoco son admisibles en virtud de los principios morales básicos de la doctrina de la "responsabilidad de proteger", aprobada unánimemente por la Asamblea General de la ONU en 2005 en un esfuerzo por poner fin a los genocidios de una vez por todas.  Es cierto que uno o más de estos resultados pueda llegar a ser efecto de una acción militar permisible, pero no puede ser su objetivo.

Además, de estos principios legales y morales se deduce que, una vez que haya motivos razonables para confiar en que la amenaza a la población civil ha sido eliminada o neutralizada (como ahora parece ser en gran medida el caso, al menos en el este), la acción militar debe cesar. Por supuesto, se debe mantener una estrecha vigilancia, por lo que puede ocurrir que las acciones que garanticen el cumplimiento de la Resolución 1973 se deban reiniciar muy rápidamente.

Pero llegamos a otro punto; en un conflicto interno con dos partes armadas, como es este caso, que combaten por conquistar un terreno y derrotar al contrario, que están desarrollando una serie de enfrentamientos bélicos donde inevitablemente se producen bajas
  1. ¿es legítimo apoyar una parte contra la otra? 
  2. ¿podemos asegurar que la parte vencedora no va a tomar represalias contra los vencidos?
  3. ¿dónde están las fosas y las fotografías de esas matanzas de inocentes que se han denunciado?
  4. ¿son los partidarios de Gadafi una minoría opresora o no lo son tanto?
  5. ¿son los rebeldes realmente la expresión de un pueblo oprimido, que hasta ahora  junto a una carencia total de derechos políticos disfrutaba de los mayores niveles de bienestar del norte de África?
No sé, pero hay demasiadas cosas que hacen sospechar que esta guerra no es tampoco trigo limpio por mucho que Zapatero se empeñe. Por ejemplo:

  1. ¿Por qué Francia, que tenía pingües intereses comerciales con Irak, se negó a esa guerra pero pretende liderar ésta?
  2. ¿Por qué ésta guerra es legítima si cuenta con la oposición, aunque sea en forma de abstención, de la gran mayoría de la población mundial? Rusia, China, India, Brasil, .....
Demasiados porqués que no van a tener contestación.

Y quiénes van a ser los triunfadores de esta contienda. Según Foreign Policy los que van a sacar más beneficios de esta situación son:

5. The People of Libya
There's no way this war is going to end with Qaddafi still in power. That's the good news and why the people of Libya make this list. The bad news is that we don't know who is going to come out on top once a new government is in place and that some of the people actively supporting the opposition are not very nice. Don't take my word for it. According to a CNN report, Abu Yahya al-Libi, a Libyan-born al Qaeda leader recently said, "ousting these regimes is not the end in making a change." In the same article, al Qaeda in the Islamic Maghreb is quoted as offering a statement saying, "We will be side by side with you, Allah willing."
 
4. The Blissfully Ignored
The cynic-realist in me thinks the Arab League backed the intervention in Libya because it was in the interest of so many in the Arab world to focus attention elsewhere. How happy are the Saudis, that they can stomp their boot on rebellion in Bahrain with cameras trained elsewhere? The Syrians? The UAE that they can support the Saudis in Bahrain but also appear to support the west in Libya? Mahmoud Ahmadinejad that the world is distracted from his little science experiments in his basement (see below)? Not to mention everyone from the North Koreans to the finance ministers of places like Portugal and Spain who are happy to let Muammar & Co. take the heat for a while.
 
3. Greater Persia
Tehran, of course, is not just happy because the world is distracted ... they're happy because so far the uprisings have benefitted them in countless ways. Enemies in Egypt and Libya have been deposed or soon will be, Shiites are rising up in Bahrain, the moderate Jordanians and the Saudis are nervous and the Israelis are perhaps most nervous of all as to what is happening. Further, America is going to come out of the Libya adventure even less inclined to devote time and resources to Iraq and Afghanistan thus creating voids the Iranians are already filling.  We may call it the Arab Spring, but it doesn't translate that way in Farsi.
 
2. Skittish Authoritarians
Speaking of the Saudis ... but also thinking of the Yemenis and the Syrians and the Bahrainis not to mention the Chinese, the two-pronged message of this intervention is unmistakable. The first is that if you are going to crush the opposition, move quickly because the international community doesn't. And secondly, even if you take your time as you go about eliminating your enemies the one certain outcome of Operation Odyssey Clusterfuck is that everyone is going to think twice about ever undertaking a similar military adventure again.
 
1. The Abstainers
While much attention has been heaped on the diplomats who deftly wove together the U.N. vote in favor of instituting the no-fly zone, not enough has turned to the alternative power bloc that emerged during the vote: the Abstainers. The group, the BRICs plus Germany, may have sat on the sidelines for the vote but by imagining the outcome had they not done so, their potential power is made clear. China and Russia have veto power. And of the four countries most likely to join them as Security Council permanent members in the years ahead, three of them rounded out this group. (Barack Obama's non-endorsement of Brazil's candidacy notwithstanding. After all, Brazil is not a likely candidate because America wants it to be so -- it's a likely candidate because it's the seventh largest economy in the world, will be fifth largest in just a few years, has the fifth largest population on the planet and is the dominant country on its continent.) China and Russia started attacking the mission in Libya within seeming moments of its launch and Germany has just walked out of the NATO operation. This group or the bulk of it will soon be as the alternative to the old trans-Atlantic alliance that you'll note is not at the moment one of the winners on this list (though, admittedly, give this a couple days, some twists and turns, and the departure of Qaddafi and that could change.)


domingo, 20 de marzo de 2011

MAS MADERA, ANTES LA NACION QUE LOS FELIGRESES

Los obispos catalanes se han sumado al clima exaltación nacionalista que promueve  Artur Mas y han elaborado un documento en el que defienden los «rasgos nacionales propios de Cataluña» y «el derecho a reivindicar y promover todo lo que ello comporta, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia».
Para conmemorar el 25º aniversario del manifiesto «Raíces cristianas de Cataluña», en el que el episcopado catalán manifestaba su apoyo a la identidad nacional catalana, la Conferencia Episcopal Tarraconense presentará el próximo 6 de abril el documento «Al servicio de nuestro pueblo», dividido en varios capítulos. El primero se titula «Valoración de nuestra identidad colectiva» y en el mismo se indica que, «en continuidad con nuestros predecesores, reconocemos la personalidad y los rasgos nacionales propios de Cataluña, en el sentido genuino de la expresión, y defendemos el derecho a reivindicar y promover todo lo que ello comporta, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia».

Añaden que «los derechos propios de Cataluña, así como de todos los pueblos de la tierra, están fundamentados primariamente en su misma identidad como pueblo», por lo que la Iglesia catalana considera que «hay una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación. Se trata de la soberanía por la que el hombre es, al mismo tiempo, soberano supremo».

El manifiesto hace referencia a los «nuevos retos y aspiraciones, que afectan a la forma política concreta en cómo el pueblo de Cataluña se debe articular y cómo se quiere relacionar con los otros pueblos hermanos de España en el contexto europeo actual». Y aunque precisan que, como «pastores de la Iglesia, no nos corresponde optar por una determinada propuesta», defienden la legitimidad moral de «todas las opciones políticas que se basen en el respeto a la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos».

Ya hace unos años casi setenta intelectuales catalanes y vascos, así como tres obispos, agrupados en torno al «Grup Sant Jordi» exigieron a sus prelados que planteasen con energía y fuerza la modificación de la estructura de España, en lo político y en lo eclesial,  con motivo del vigésimo aniversario del documento «Raíces Cristianas de Cataluña». 

La cuestión es que si el "problema nacional" preocupa tanto a los religiosos profesionales catalanes, deberían darfse de baja como tales y dedicarse a la política activa. Cada vez que un cura alaba a un nacionalista está despreciando a otro feligrés, porque no puede haber nacionalismo sin "víctimas y culpables" (cada uno se sitúa a sí mismo  en el papel de víctima y al contrario en el de culpable), y si apoyan a unos desprecian a otros, algo que va en contra de la doctrina de la Iglesia.
Nadie ha definido la incompatibilidad entre Iglesia católica y nacionalismo mejor que Juan Pablo II cuando dijo que «cada vez que el cristianismo, sea en su tradición occidental, sea en la oriental, se transforma en instrumento de un nacionalismo, recibe una herida en su mismo corazón y se vuelve estéril». Esta lección no acaba de ser aprendida por los obispos catalanes al aprobar ese documento en el que incorporan el sentimiento «nacional» de Cataluña como elemento de su labor pastoral. La universalidad de la Iglesia frente a frente con el aldeanismo de los curas catalanes.
 

viernes, 18 de marzo de 2011

SI A LA GUERRRA ¿O NO? NUNCA MAIS ¿O SÍ?

Rápidamente y a vuela pluma. Pues eso, y ahora ¿qué toca?

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado al Congreso autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en una intervención militar en Libia y ha ofrecido a la comunidad internacional una "contribución importante" por parte de España. "Una comunidad de derecho que persigue la paz y la seguridad no puede tolerar los ataques a la población que se han producido en Libia", ha apostillado. Se ve que allí no pero en otros sitios sí.

Además, hay que recordar que una zona de exclusión aérea va a suponer bombardeos de radares, sistemas de defensa antiaérea, bases aéreas, derribo de aviones, etc., acciones donde se producirán víctimas inocentes como, por ejemplo, los soldados reclutados de forma forzosa por el Régimen libio y los trabajadores civiles de las bases aéreas, tan inocentes como el resto de la población. Pero esos, al parecer, no le deben dar ninguna pena a Zapatero. ¿Por qué no se limita a armar a los rebeldes? Porque lo más probable es que la intervención no se limite a la exclusión, sino que EEUU pretenda llegar más allá, atacando a las fuerzas de tierra ¿Colaborará ZP con la Administración de Washington en esos hipotéticos ataques? ¿Estará bien visto entonces atacar a las fuerzas terrestres?

Por otra parte, nada más anunciarse la aprobación de la zona de exclusión aérea, Gadafi ha anunciado un alto el fuego ¿es necesario entonces intervenir militarmente en Libia cuando ya hay un alto el fuego declarado? ¿Bajo que presupuestos?

Al mismo tiempo, Gadafi amenaza con atentar contra el tráfico marítimo, aéreo y terrestre en los países del ribereños del Mediterráneo. ¿Se responsabilizará ZP de las víctimas de sus ataques terroristas?

Otra pregunta más ¿ha preguntado ZP a la población su opinión al respecto? Yo creía que en 2003 era lo que más le importaba, la opinión del pueblo español ante una intervención militar en el extranjero. Ahora parece que ya no.

Una más, las tropas enviadas por Aznar a Irak no realizaron acciones militares de ataque al régimen baasista ¿atacarán las tropas de Zapatero, esas sí, al régimen de Gadafi? Como afirma Edurne Uriarte en ABC: "Zapatero evitará la palabra guerra para definir la operación de ataque militar a Gadafi, pero lo cierto es que por primera vez ha dicho sí a la guerra. Ha reconocido la necesidad de un ataque militar para detener la matanza de un dictador. O que la democracia a veces “sí se impone con bombas”. O que hay situaciones de represión en las que únicamente son válidas las respuestas militares."

Pero como dice Pérez Maura en ABC: "Si de verdad alguien cree que este alto el fuego demuestra la efectividad del sistema onusiano, habría que preguntarse por qué se ha consentido durante semanas una masacre en la que no se podía intervenir en aras de proteger una “legalidad internacional” que dejaba manos libres al tirano. Porque en menos de horas 24 desde que se aprobó la resolución del Consejo de Seguridad ha sido capaz Gadafi de entender que era mejor frenar la matanza. Ergo, la pregunta es cuántos muertos podríamos habernos evitado si hubiéramos actuado antes.... Y con todo lo que ha ocurrido en el último mes, Zapatero no se ha puesto las pilas hasta que no ha oído a Gadafi decir que iba a entrar en Bengasi como Franco en Madrid. Y eso sí que le ha puesto las pilas. Los muertos de las últimas semanas le dejaban indiferente. Los de Franco le activan cual espoleta. Nuclear".

Pero al fin y al cabo ¿no se trata de una guerra civil? Que conozcamos, hasta ahora, los hechos de Libia no constituyen una serie de caprichosos asesinatos selectivos en masa de un gobierno antidemocrático contra la población civil, sino de la respuesta bélica y sin contemplaciones, criminal, de un sistema tiránico respetado por todos, incluso por Zapatero, ante una rebelión armada producida en el seno de ese propio país.

Después de atacar Libia ¿haremos lo mismo con Bahrein y Yemen? Y después ¿Marruecos y Siria?



Hay razones objetivas para atacar a las tropas del régimen libio, con respaldo de la ONU (como ahora) o sin él (como en los bombardeos a Servia), pero ante el comportamiento del buenista de  Zapatero y de sus buenistas socialistas en la oposición dan ganas de ir a Ferraz con una pancarta de "No a la guerra, socialistas asesinos".

miércoles, 16 de marzo de 2011

RAZONES EN CONTRA DE UNA INTERVENCIÓN MILITAR EN LIBIA

Por Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa, Real Instituto Elcano (REAL INSTITUTO ELCANO, 16/03/11):

Tema: Frente a la creencia emocional de que una intervención militar internacional en Libia podría solucionar la crisis en curso, existen razones para considerarla como el último instrumento al que recurrir entre todos los posibles.

Resumen: La necesidad de resolver la situación creada en Libia ha generado una controversia entre quienes creen que una intervención militar solucionaría la crisis y entre quienes ven contraindicaciones en el remedio elegido. Entre los primeros figuran quienes tienen una aproximación humanitaria, mediática o ideológica a la crisis y creen que la intervención militar es idónea para evitar los sufrimientos de la población, los combates entre las facciones y la continuidad del régimen de Gadafi. Entre los segundos figuran quienes desaconsejan recurrir de forma apresurada a una intervención militar debido a las malas experiencias operativas, jurídicas y de imagen acumuladas en las intervenciones de los últimos años. En medio de las dos posturas anteriores se encuentran los gobiernos que deben decidir sobre la intervención en función de sus propias valoraciones.

Este ARI describe los riesgos asociados a una intervención militar como la que se propone sobre Libia, las lecciones aprendidas de intervenciones semejantes y la probabilidad de que la intervención se decida más por criterios políticos y de opinión pública que por una evaluación detallada de la situación.

Análisis: La mayor parte de las intervenciones militares internacionales para solucionar las crisis de la post-Guerra Fría han coincidido con la difusión de imágenes impactantes en los medios de comunicación social. Incluso antes de que existiera la CNN, la aparición de esas imágenes más centradas en los efectos dramáticos de las crisis que en sus causas generaba angustia entre los receptores y les motivaba a movilizarse para demandar una respuesta internacional. El conocido como “efecto CNN” traduce emociones en demandas de actuación inmediata hacia los gobiernos, que se ven en la necesidad de “hacer algo” para atender esas demandas. Tras décadas de apagón informativo sobre Libia, la contestación social al régimen de Gadafi, los disturbios producidos y la represión de los mismos ha introducido la crisis libia en la agenda mediática internacional, intensificando las peticiones para que la comunidad internacional –cualesquiera que esta sea– haga algo para acabar con la crisis libia. Como resultado, los responsables de la respuesta internacional se debaten entre dos aspectos de la decisión: qué hay que hacer y quién lo hace.

Desde que se desbloqueó el Consejo de Seguridad tras finalizar la Guerra Fría, las operaciones de mantenimiento de la paz parecieron ser la respuesta ideal para resolver los problemas de seguridad internacional. El despliegue de tropas internacionales sobre el terreno parecía adecuado para resolver conflictos armados y las resoluciones del Consejo de Seguridad legitimaban la intervención militar de quienes deseaban y podían hacerlo. La práctica condujo a una expansión del instrumento militar para la resolución de las crisis en detrimento de los preventivos (es más fácil conseguir fondos para estabilizar crisis que para desactivarlas) junto con la creciente delegación de la gestión de esas operaciones a quienes las ponían en marcha (la existencia de contribuyentes es un requisito previo –y no posterior– a las resoluciones del Consejo).

La proliferación de crisis y su creciente complejidad han ido erosionando, por un lado, la fe en el instrumento militar porque las crisis obedecen a causas de naturaleza socioeconómica, étnica, política o cultural que el potencial militar, por sí sólo, no puede resolver. Puede ganar tiempo para que se pongan en marcha otros instrumentos, pero no existe una solución militar para problemas estructurales, culturales y complejos como los de Irak, Afganistán, Somalia o la República Democrática del Congo (RDC). Por otro lado, el peso de la intervención recae siempre sobre los mismos actores y siguen siendo EEUU, los países europeos y sus aliados quienes se ven en la obligación de hacer algo ante la pasividad o renuencia de la mayor parte de la sociedad internacional para asumir su cuota de responsabilidad en la paz y la seguridad internacional. Consecuentemente, quienes están dispuestos a intervenir en nombre de todos –lo que podría coincidir con la denominada comunidad internacional– han desarrollado un sentido patrimonial de la responsabilidad que les ha llevado a considerarse legitimados para intervenir sin estarlo (Irak, Kosovo) o a sobrevalorar en ocasiones su capacidad de solucionar conflictos (Somalia, Bosnia Herzegovina o Afganistán).

La constatación de estas carencias condujo a mediados de esta década al desarrollo del concepto de gestión integral de crisis internacionales (comprehensive approach) por el que la respuesta a las crisis complejas –no a las menores– pasaba por integrar la intervención de todos los actores desde el primer momento para solucionar las dimensiones más importantes de las crisis y no sólo la militar. Frente a esta opción más racional y de futuro, los responsables de recomendar o adoptar las decisiones sobre qué hacer no han asimilado las lecciones aprendidas y siguen primando todavía los reflejos tradicionales de hacer “algo” cuanto antes sin reflexionar sobre qué hay que hacer después, de hacer cada uno por su lado, dejando para la coordinación para otro día, y de no sopesar en detalle las consecuencias de una intervención militar.

Los dilemas del qué hacer: “to do, not to do or to do something”
A pesar de la cantidad de información que circula sobre Libia, se sabe bastante poco de la situación real y mucho menos de las causas profundas que han llevado a la situación actual. A la opinión pública le puede bastar unas imágenes o los titulares de los medios de comunicación social para hacerse una idea de lo que pasa, pero esa información no es suficiente para los gobiernos que deben tomar decisiones que afectan a la vida de las personas, al derecho internacional y a los intereses nacionales. Conocer la realidad libia es complicado porque las fuentes de información de ambos bandos ya han entrado en la guerra de la propaganda, los medios internacionales de comunicación no pueden desplazarse con libertad para contrastar sus informaciones y las informaciones mediáticas se nutren de fuentes anónimas o parciales.

Acciones como las operaciones aéreas de las fuerzas leales al régimen de Gadafi pueden presentarse desde medios oficiales como actuaciones contra objetivos militares mientras que desde fuentes rebeldes esas acciones se presentarán como bombardeos contra la población civil. Se acumulan los píxeles de información y se genera una imagen virtual pero todavía no se sabe cuál será la imagen real. El principio –que no el derecho– de la “responsabilidad de proteger” que ampara las intervenciones por razones humanitarias sólo puede aplicarse cuando se constata la urgencia humanitaria grave y sistemática. Esa es la línea roja que están trazando las declaraciones como las del secretario general de la OTAN, Anders F. Rasmussen, cuando advierte a Gadafi de que no se tolerarán ataques sistemáticos contra la población civil. Conscientes de la existencia de esa línea roja, las fuerzas leales al coronel Gadafi evitan cruzarla y las rebeldes denuncian que las cruzan constantemente. No es fácil saber lo que ocurre cuando las fuentes son escasas y poco fiables. En 1996, cuando los refugiados de la catástrofe humanitaria de Ruanda de 1994 se desplazaron desde los campamentos fronterizos hacia Ruanda y Burundi, los agentes humanitarios sobre el terreno y la propia comisaria europea, Emma Bonino, pidieron una intervención militar urgente ante la catástrofe que se estaba produciendo. Incluso continuaron haciéndolo cuando los responsables militares de la Operación Colmillo del Fénix que se estaba preparando comprobaron por las imágenes de los satélites que no existía tal riesgo.

Por eso, los gobiernos que disponen de medios de inteligencia para saber qué está pasando sobre el terreno, si las acciones armadas son sobre la población o sobre objetivos militares, los están empleando para supervisar la evolución real de los acontecimientos. Esa información procesada y contrastada es la que marca la diferencia entre aplicar el principio de la responsabilidad de proteger o el del Derecho Internacional Humanitario que se aplica a los conflictos armados. Al empleo indiscriminado de la fuerza durante los primeros días por las fuerzas armadas libias, que les valió la condena internacional y la descalificación del gobierno libio como interlocutor de la población civil, le ha seguido un uso más militar y selectivo sobre objetivos militares acorde con el Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, entre quienes se movilizaron contra Gadafi no sólo están los civiles que se rebelaron de forma tan pacífica como sus contrapartes tunecinas o egipcias sino también quienes, a diferencia de estos, asaltaron y quemaron centros oficiales, se hicieron con las armas abandonadas y combaten con ellas para derrotar al régimen. No son dos bandos equiparables en cuanto a su capacidad militar pero mientras ambas partes recurran a la fuerza, la situación se parece más a una guerra civil que a una agresión armada. Discriminar entre conflicto armado y represión indiscriminada y probar la existencia continuada y sistemática de ataques a la población civil es fundamental para que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución que permita el uso de la fuerza, para que los gobiernos decididos a intervenir lo hagan y, también, para que el fiscal Moreno-Ocampo pueda probar la existencia de crímenes de guerra pasados o presentes, de “cualquiera de los dos bandos” como él mismo ha recordado ante la Corte Penal Internacional. El recuerdo de la controversia entre quienes abogaban por un ataque preventivo sobre Irak y quienes pedían tiempo para verificar las causas de la intervención –entonces las armas de destrucción masivas– sigue vivo entre quienes no quieren tropezar otra vez en la misma piedra y a todos nos gustaría que el Colin Powell de ahora presentara al Consejo de Seguridad pruebas más contundentes que entonces.

Las intervenciones las carga el diablo
Las dificultades para una intervención militar no acaban con la necesaria legitimación sino que también se extienden a su eficacia y efectos. Las operaciones militares comienzan por recoger inteligencia y elaborar planes de contingencia para llevar a cabo las distintas opciones militares cuando así se decida. Quienes asesoran a los responsables de tomar decisiones no pueden proponer acciones fundamentadas principalmente en percepciones, emociones y encuestas de opinión. Deben ofrecer también la mejor inteligencia disponible sobre la realidad, aunque esta no guste o no coincida con los titulares mediáticos, y llevar a cabo análisis de riesgos que determinen qué se puede hacer militarmente. La mejor intervención no es la más rápida sino la que produce los efectos deseados, y el planeamiento militar precisa su tiempo. No hay garantías de que una intervención militar sea rápida, quirúrgica y controlada como las que se proponen a propósito de Libia. Las operaciones cambian rápidamente de naturaleza (mission creeping) y las reglas de enfrentamiento de partida pueden endurecerse si se produce la escalada. España intervino en Bosnia para facilitar la distribución de ayuda humanitaria y ha salido 15 años después tras hacer casi todas las misiones posibles, incluidas las de combate. Las crisis tienen vida propia y no evolucionan de acuerdo a las asunciones ideales de partida.

En segundo lugar, y como ha señalado el secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, establecer una zona de exclusión aérea puede llevar a un enfrentamiento directo, largo y costoso con las fuerzas armadas libias. En el mejor de los casos, aquel en que la intervención internacional disuadiera al líder libio de usar la fuerza, se necesitarían muchos aviones, barcos y bases para imponerla, mientras que en el caso menos favorable de que el coronel Gadafi siga empleando la aviación, sería necesario anular sus defensas aéreas y los ataques directos podrían llevar a respuestas militares de las fuerzas libias sobre personas, aeronaves o intereses de quienes intervienen. Finalmente, y este es un aspecto del que casi nunca se habla, la intervención militar tiene un coste que sufragan individualmente los países que contribuyen a las operaciones. Según datos del RUSI, la operación de exclusión aérea de Irak costó 1,5 billones de libras y 34.000 salidas aéreas de media durante los 12 años de su duración. El escenario libio tendría un menor coste logístico pero los gobiernos que pueden poner en marcha estas operaciones tienen ya sus fuerzas expedicionarias y sus presupuestos al borde del estrés operacional y deberán evaluar si en esas condiciones pueden permitirse una intervención adicional.

La suerte de las intervenciones militares no se decide sólo en los campos de batalla, se decide principalmente entre las percepciones de quienes residen en esos campos y de quienes envían sus tropas a ellos. El resultado final depende de que los resultados, para unos y para otros, justifiquen el esfuerzo realizado. Mientras llegan los resultados, lo que se perciben son los costes y eso altera el apoyo de partida. Por ahora, el régimen de Gadafi va perdiendo la batalla de las percepciones porque ha empleado la fuerza militar para reprimir las manifestaciones y los medios de comunicación siguen presentando sus acciones militares como ataques a la población civil, aunque esta esté armada y trate de derrotar militarmente al dictador. Pero esa percepción puede cambiar porque disparar para proteger también produce daños colaterales. En las guerras modernas se combate entre la gente y llevar a cabo acciones aéreas sobre objetivos militares dispersados entre la población o en zonas de enfrentamiento fluidas aumentaría el riesgo de víctimas civiles. Los depósitos de armas libios bombardeados por las fuerzas de Gadafi estaban en las afueras de las ciudades pero si hubieran estado dentro su impacto en cifras de víctimas habría sido incalculable. Al igual que en intervenciones anteriores contra Sadam Hussein o Slobodan Milosevic, nada apoyaría más la causa del autócrata libio que mostrar víctimas civiles, por lo que no dudará en camuflar sus medios entre su propia población o capturar combatientes extranjeros (el régimen libio ha devuelto a los militares británicos y neerlandeses que detuvo por entrar de forma irregular en su territorio pero podría usarlos como rehenes la próxima vez si se les derriba o captura entre los combatientes). Por otra parte, tras el apoyo o el rechazo al régimen de Gadafi existe un entramado de intereses tribales que puede acentuar el carácter de guerra civil, por el reparto del poder, el territorio o los recursos petrolíferos, y resulta fácil apoyar a una población unida contra un autócrata, pero la empatía resulta más difícil cuando afloran los intereses ocultos y los enfrentamientos internos.

Tercero, la supresión de las actividades aéreas no significa el fin de los enfrentamientos. Ni en Bosnia ni en Irak sirvieron para parar la guerra. Los enfrentamientos continuarán mientras rebeldes y leales confíen en decidir su suerte por las armas y mientras no puedan imponerse unos sobre otros. Las fuerzas leales a Gadafi están consolidando el control de la zona occidental y los rebeldes su control de la oriental, manteniendo enfrentamientos mientras avanzan o retroceden. Según fuentes abiertas, en los combates participan un número restringido de fuerzas, entre 6.000 y 8.000 miembros por cada lado, y ninguna cuenta con la experiencia y la capacidad necesaria para imponerse a la otra. Además, la exclusión aérea difícilmente puede evitar el empleo de helicópteros, carros de combate o artillería pesada, por lo que tarde o temprano quienes la llevan a cabo pueden verse obligados a entrar en una escalada aérea o terrestre. Para decantar la victoria a favor de los rebeldes sería necesario apoyarles con equipo militar, instructores o fuerzas terrestres, y hacerlo cuanto antes y en gran número si se quiere acabar pronto con el régimen de Gadafi. La decisión no es neutral porque apoyar militarmente a un bando frente a otro acaba creando o consolidando una reputación de injerencia en asuntos internos, especialmente si se interviene con doble rasero. 

En un escenario de levantamientos populares en muchos países árabes, la posibilidad de obtener mayor apoyo si las movilizaciones degeneran en un enfrentamiento armado puede incentivar una escalada de provocaciones hasta conseguir que los gobiernos establecidos actúen violentamente contra la población civil. Hay que recordar que el Ejército de Liberación Kosovar, sabiendo que la OTAN intervendría para prevenir una acción humanitaria, no dejó de provocar a las fuerzas serbias hasta que desencadenaron la respuesta paramilitar que justificó finalmente esa intervención.

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que las intervenciones producen efectos indirectos en la reputación de los países que participan. EEUU en particular, pero también los países de la OTAN, de la UE y la propia Naciones Unidas no gozan de buena reputación en el mundo árabe, lo que les obliga a ser especialmente prudentes y les aconseja actuar de forma subsidiaria a los actores árabes. Varios de los grupos que se levantaban contra Gadafi, al menos mientras parecía que iban a derrotar por la vía rápida a Gadafi, manifestaron su oposición a una intervención externa. Luego algunos han pedido que se creara una zona de exclusión aérea y otros han pedido que se ataque desde el aire a las fuerzas que les atacan. A fecha de hoy (14 de marzo de 2010) sólo la Liga Árabe ha solicitado oficialmente la exclusión aérea, pero ninguno de sus miembros tiene capacidad para participar en ella y países como Turquía, que sí podría, se oponen a la intervención militar. Cualquier medida de apoyo militar o humanitario a los rebeldes debería realizarse a través de actores locales y regionales para no restarles protagonismo en la solución de sus problemas. Lo contrario podía interpretarse por los contendientes o por terceros como una intromisión extranjera, imperialista o infiel en lugar de como una intervención altruista motivada por razones humanitarias (especialmente debido a que la intervención se plantea en Libia, donde hay petróleo).

En último lugar, y teniendo en cuenta que ni Gadafi ni quienes le están apoyando tienen adónde ir, es de esperar que resistan por todos los medios a su alcance antes de ser derrotados y, después, que traten de desestabilizar al nuevo gobierno. La experiencia de Irak muestra la necesidad de contar con un plan de actuación para el día siguiente a la intervención militar y así evitar un vacío de poder que fomente la insurgencia, las luchas tribales, la delincuencia armada o la llegada de voluntarios yihadistas. Quienes apoyan la intervención en Libia deben asumir la corresponsabilidad del día siguiente y evitar que se repita lo ocurrido con los talibán en Afganistán o con al-Qaeda en Irak. Precisamente allí se ha aprendido la necesidad de conocer bien las claves culturales de los actores enfrentados (cultural awareness) antes de planificar una operación militar. Quienes sopesan la intervención deberán evaluar si tienen esa comprensión sobre las personalidades agrupadas en el Consejo libio, las tribus favorables y opositoras a los Gadafi y el resto de actores relevantes, no vayan a caer en manos de un nuevo Karzai, de una tribu dominante o de un grupo de notables en el exilio como ocurrió en Afganistán.

Conclusiones para una intervención anunciada: Es probable que Gadafi y sus fuerzas acaben traspasando las líneas rojas y la intervención se haga necesaria, pero todavía es más probable que la intervención se produzca porque hay que hacer algo. Quienes están evaluando los pros y los contras de una intervención y tengan dudas sobre la viabilidad y eficacia de una intervención militar precisarán mucho liderazgo y dotes de comunicación para oponerse al lugar común de actuar cuanto antes. Hasta ahora, sólo quienes han conocido de primera mano las consecuencias de las intervenciones militares de Irak y Afganistán –los responsables de las fuerzas armadas y de inteligencia de EEUU– se han manifestado en contra de la misma, por las razones señaladas anteriormente. Por el contrario, la mayoría de los gobiernos que pueden intervenir se han mostrado dispuestos a hacerlo en cuanto cuenten con un mandato del Consejo de Seguridad o con el apoyo de la comunidad árabe, por lo que la línea que les separa de una intervención es cada vez más fina.

Quienes desean acabar rápidamente con el régimen de Gadafi por razones humanitarias, éticas, políticas o energéticas, tenderán a minusvalorar los riesgos asociados a las intervenciones y las contraindicaciones jurídicas y operativas mencionadas. Presentarán una operación de exclusión aérea limitada en tiempo, duración y con los riesgos controlados. Si la intervención acelera el derrumbamiento del régimen de Gadafi se anotarán el éxito de la decisión, pero si la intervención se alarga en el tiempo, quienes la decidieron no serán normalmente los que luego tengan que rendir cuentas de los resultados de las decisiones adoptadas (para ser sinceros, tampoco tienen que hacerlo quienes apoyamos u objetamos las intervenciones apoyándonos en nuestra capacidad académica, mediática o humanitaria de influir en las decisiones).

En todo caso, y antes de poner en marcha la intervención sería deseable que quienes lo hagan expliquen las razones por las que actúan militarmente y no por otra vía, los objetivos que pretenden conseguir y la forma de evaluar el progreso hacia ellos, los riesgos derivados del uso de la fuerza y si la intervención en Libia es un caso excepcional o están dispuestos a repetir la intervención allí donde se repitan las circunstancias, para no ser criticados de aplicar medidas de doble rasero. Lo contrario evidenciaría que se llega a la decisión sin una evaluación rigurosa de sus consecuencias, movidos por la demanda establecida de hacer algo y confiados en que todo salga bien y en que todo sea en la realidad como lo deseamos en nuestro imaginario.

Las lecciones aprendidas muestran que el empoderamiento de los actores implicados, en este caso la sociedad libia y la comunidad árabe y africana en sentido amplio, es esencial para una solución eficaz y legítima del conflicto. El apoyo a las acciones en la que ellos decidan y ejecuten puede llevar más tiempo que poner en marcha una intervención militar a cargo de una coalición internacional, pero una intervención externa que reste protagonismo a esos actores cuestionará la legitimidad y el orgullo de los rebeldes libios si tiene éxito. Y si no lo tiene, arrojará mayores dudas sobre si las intervenciones militares de la última década sirven para solucionar problemas complejos o, simplemente, para hacer algo.


domingo, 13 de marzo de 2011

Los rebeldes del norte de África prefieren el Corán a la democracia

El 59% de los egipcios considera que la democracia es mejor que la tiranía, pero el 80% de sus musulmanes defiende castigar el adulterio con lapidación y la pena de muerte para quien abandona el islam. Creer en la soberanía popular sin reconocer los derechos individuales, esa es su democracia.

El estudio del Pew Research sólo añade tres países más que se parecen a los que han sufrido las revueltas o han empezado a experimentarlas. Jordania y Paquistán arrojan resultados muy parecidos a los de Egipto, mientras que en Nigeria los musulmanes que apoyan ese tipo de violaciones de los derechos humanos son una mayoría que apenas supera el 50% de la población.

Aunque no existen datos precisos sobre todos los lugares en los que se han producido las revueltas, la principal excepción a esta colisión entre el islam y los derechos individuales podría ser Túnez. Es posible igualmente que la población de Bahréin sea más tolerante, pero debemos recordar que no deja de ser un emirato donde se produce un apartheid religioso: los suníes imponen su ley a los chiíes aunque sean una clara minoría.

Los últimos treinta años han visto crecer exponencialmente la islamización de la sociedad en buena parte de Oriente Medio y el norte de África. Según las propias estadísticas del Gobierno egipcio el número de mezquitas por habitante se multiplicó por ocho entre 1986 y 2005 en todo el país.

Olivier Roy, quizás el experto mundial que mejor conoce el islam político junto con Gilles Kepel, cree que hay que distinguir entre el conservadurismo religioso de la gente por un lado y que quieran que esos valores se conviertan en los pilares del Estado por otro. Según el artículo que publicó en Le Monde, la islamización de la sociedad ha desatado una corriente individualista que asume la confesión y las prácticas de cada uno como algo enteramente privado.

El planteamiento de Roy acierta al dibujar la realidad de que muchos musulmanes rechazan los regímenes teocráticos que tienen línea directa con Dios y las comunicaciones rotas con el pueblo. Sin embargo, exagera al proyectar sobre ellos la privacidad de la religión que existe en occidente: Los musulmanes egipcios (85%), nigerianos (82%), jordanos (76%) y paquistaníes (69%) consideran que la influencia del islam en la política es francamente positiva y dejan abierta la puerta a que el Estado se ponga al servicio de determinadas prácticas incompatibles con los derechos humanos.

Los estallidos revolucionarios de unos rebeldes que se sublevan contra sus tiranos reclamando la soberanía popular ofrecen la impresión de que efectivamente son democráticos. El apoyo o al menos la complicidad silenciosa de la mayoría de la población en muchos casos también confirman esa primera sensación. Cuando los vemos arrodillados con pancartas pacifistas o prenderse fuego ante los cuerpos de seguridad o los tanques del sátrapa, nuestras dudas se evaporan definitivamente.

Sin embargo, el protagonismo que esperan del islam en sus instituciones y su defensa de los castigos tal y como los establece el Corán demuestran que no persiguen la democracia, sino descabezar a sus dictadores y hacer que el poder vuelva a la mayoría. 
 
Los derechos individuales, sin los que el pueblo soberano tiene licencia para linchar y destruir a las minorías, quedan apartados de la ecuación junto con el surgimiento de un verdadero sistema de libertades.

sábado, 12 de marzo de 2011

IRAK Y LIBIA, GUERRA PREVENTIVA, INTERVENCION HUMANITARIA O AGRESIÓN ARMADA

Por Charles Krauthammer, columnista de The Washington Post (EL MUNDO, 10/03/11)

Numerosas voces en todo el mundo, desde Europa a América pasando por Libia, piden la intervención de EEUU para ayudar a deponer a Gadafi. Sin embargo, por derrocar al ex dictador iraquí Sadam Husein, Washington ha sido denunciado reiteradamente por agresión, engaño, arrogancia e imperialismo.

Estamos ante una extraña inversión moral, teniendo en cuenta que el mal provocado por Sadam pertenecía a un orden de magnitud muy por encima del que por ahora ha causado el tirano libio. Gadafi es un asesino caprichoso; Saddam era uno sistemático. Gadafi también es demasiado inestable y perturbado como para rivalizar con el aparato baazista iraquí, que era un sistema nacional integral de terror, torturas y asesinatos a gran escala. Bajo el régimen de Sadam fueron gaseadas aldeas kurdas enteras para dar lugar a lo que Kanan Makiya denomina «una República del Miedo».

Además, esa brutalidad sistematizada hacía imperecedero a Sadam en un sentido en el que Gadafi no lo es. De hecho, rebeldes libios apenas armados han logrado hacerse con la mitad del país por su cuenta. En Irak, en cambio, no existía ninguna posibilidad de poner fin al régimen sin el terrible mandoble (hicieron falta tres semanas enteras de ataques militares) de Estados Unidos.

No importa lo hipócrita del doble rasero. Ahora que las revoluciones asolan Oriente Próximo y todo hijo de vecino es un converso de la agenda de la libertad de George W. Bush, Irak no es lo único que ha caído en el olvido. También queda olvidado el «realismo» político que con tanto orgullo proclamaba Obama en sus dos primeros años de mandato -el «poder inteligente» frente al presunto idealismo empañado de Bush-.

Empezó con motivo de la primera visita a Asia de la secretaria de Estado Hillary Clinton cuando públicamente restó importancia a los problemas de derechos humanos en China. La Casa Blanca también recortó un 50% los fondos en apoyo a la promoción de la democracia en Egipto. Y recortó hasta en un 70% los destinados a la sociedad civil, los fondos para las organizaciones que, precisamente, ahora nos hacen falta para apoyar la democracia egipcia.

Este nuevo realismo alcanzó su apogeo con las reservas y el retraso de Obama a la hora de manifestar cualquier cosa en apoyo a la Revolución Verde de 2009 en Irán. Por el contrario, el presidente dejaba claro que las negociaciones nucleares con el desacreditado y criminal régimen de los ayatolás (conversaciones que hasta un niño podía ver que no iban a ningún lado) tenían preferencia sobre los revolucionarios demócratas de las calles, hasta el extremo de que los manifestantes de Teherán cantaban «Obama, Obama, o estás con nosotros o con ellos».

Ahora que la revolución se ha extendido de Túnez a Omán, sin embargo, la Administración estadounidense se lanza a ponerse a la altura de la nueva dispensa, reiterando el pilar fundamental de la Doctrina Bush de que los árabes no son ninguna excepción a la sed universal de dignidad y libertad.

Irak, por supuesto, exigió una implicación militar de EEUU mantenida en el tiempo para invertir las fuerzas totalitarias que tratan de asfixiar al nuevo Irak. ¿Pero no es esto lo que se nos está pidiendo que hagamos ahora con la creación de una zona de exclusión aérea sobre Libia? En condiciones de guerra civil activa, tomar el control del espacio aéreo libio exige un compromiso militar en el tiempo.

Bien, se puede afirmar que el precio en sangre y recursos que EEUU pagó para establecer la democracia de Irak fue demasiado elevado. Pero con independencia de la opinión de cada cual sobre esta cuestión, lo innegable es que en Oriente Próximo Irak es hoy la única democracia árabe funcional, con elecciones pluripartidistas y la prensa más libre. Su democracia es frágil e imperfecta -hace sólo unos días las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes que exigían mejores servicios públicos-, pero si Egipto estuviera igual de desarrollado políticamente dentro de un año como Irak hoy, nos parecería un gran éxito.

Para los libios, el efecto de la Guerra de Irak es más concreto aún. Al margen del baño de sangre al que se enfrentan, se les ha ahorrado la amenaza del genocidio. Gadafi estaba tan aterrorizado por lo que hicimos a Sadam e Hijos que alcanzó un acuerdo de culpabilidad renunciando a sus armas de destrucción masiva. Para el rebelde en Bengasi, no es una cuestión baladí.

Pero se nos dice incesantemente que Irak envenenó la mentalidad árabe contra EEUU. ¿En serio? ¿Dónde está el antiamericanismo campando a sus anchas por cualquiera de estas revoluciones? Son el presidente de Yemen y el delirante Gadafi los que se despachan contra conspiraciones estadounidenses para gobernar y esclavizar. Los manifestantes de las calles de Egipto, Irán o Libia desean que Washington ayude. No corean lemas pacifistas -¿se acuerda del No más sangre por petróleo de la izquierda estadounidense?-. ¿Por qué iban a hacerlo? EEUU se marcha de Irak sin apropiarse del petróleo, sin haber establecido ninguna base permanente, sin dejar atrás un régimen títere sino una democracia funcional. Esto, tras los comicios de los dedos entintados en unas elecciones libres en Irak vistos por televisión en todas partes, sirve de ejemplo a la región entera.

Facebook y Twitter habrán mediado sin duda en este esfuerzo panárabe (e iraní) por alcanzar la dignidad y la libertad. Pero la Doctrina Bush despejó el terreno.


OSCAR ELIAS BISCET, MERECEDOR DE UN NOBEL, LIBRE AL FIN

El régimen cubano libera a Oscar Elías Biscet

La dictadura cubana liberó ayer a Oscar Elías Biscet, uno de los principales disidentes que ha cumplido 11 años en prisión y a quien se le confirió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos por su categórico apoyo a la oposición pacífica.

"No voy a decir que voy a continuar en la oposición, porque ni en la cárcel dejé de mantener una actitud contestataria contra este gobierno y los abusos que comete'', dijo Biscet en La Habana.

El médico negro, de 49 años, cumplía una sentencia de 25 años de prisión por ‘‘actos contra la soberanía y la independencia del territorio nacional'' bajo la injusta Ley 88 de 1999, conocida como Ley Mordaza. Biscet creó la Fundación Lawton por los Derechos Humanos y la Democracia, y ha estado activo en una campaña basada en el pensamiento cristiano que se opone al uso por parte de Cuba del medicamento Rivanol para abortos en las últimas semanas de embarazos.

Sus críticas firmes contra el gobierno cubano, sus llamados a la desobediencia civil pacífica y sus modales tranquilos lo han convertido en el disidente más conocido de Cuba y le valieron la Medalla de la Libertad que le otorgó el presidente George W. Bush en el 2007.

La salida de Biscet fue anunciada el jueves por la oficina del cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, como parte de la liberación de presos políticos prometida por el gobierno el pasado 7 de julio. Ortega anunció en aquel momento que Raúl Castro estuvo de acuerdo en liberar a los últimos 52 disidentes de un grupo de 75, incluido Biscet, que fueron sentenciados en el 2003 a términos de prisión de hasta 28 años luego de una serie de juicios sumarios de un día o menos. Unos 40 prisioneros fueron liberados para el plazo prometido del 7 de noviembre después que estuvieron de acuerdo en ir directamente de la prisión al exilio en España. Pero Biscet y otros 11 se negaron a dejar el país y se quedaron en prisión más allá del plazo. Sólo tres quedaban en prisión el viernes. Cuba también ha liberado alrededor de otros 50 presos que se incluyeron en la lista de "presos políticos'' debido a que fueron condenados por delitos ‘‘contrarrevolucionarios'', aunque estaban acusados de actos violentos como el secuestro de embarcaciones o aviones.

Biscet fue detenido en 27 ocasiones entre febrero de 1998 y noviembre de 1999, usualmente por períodos cortos, pero algunas veces en celdas de castigo, debido a sus primeras actividades opositoras, de acuerdo con el recuento de Morejón. Se le sentenció a tres años de prisión en 1999 por cargos de desorden público al escenificar una marcha pacífica por La Habana días antes de una Cumbre Iberoamericana, de jefes de estado y gobierno de países de habla española y portuguesa. Biscet cumplió los tres años en su totalidad en una prisión de alta seguridad en la ciudad oriental de Holguín --Morejón enfrentó duras dificultades de transporte para visitarlo-- y se le liberó en noviembre del 2002. Justo 37 días después fue arrestado de nuevo y juzgado en abril del 2003 con los otros 74 disidentes encarcelados durante la llamada Primavera Negra. En su mismo juicio se condenó a Angel Moya, Orlando Fundora y Miguel Valdés a 20, 18 y 15 años, respectivamente. Después del juicio, Morejón les dijo a los reporteros que el "único delito [de Biscet] es honrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su propio país''. Las sentencias que se les impusieron a los 75 totalizaron 1,454 años. de cárcel.

viernes, 11 de marzo de 2011

OTRA VEZ BENEFICIANDO A CATALUÑA CONTRA EL RESTO DE ESPAÑA

La Caixa es la entidad más beneficiada por las normas de cómputo del capital que introduce el Real Decreto-Ley de recapitalización. Según fuentes conocedoras de la situación, el capital principal (core capital) de la entidad catalana se elevará del 8,6% publicado al cierre de 2010 hasta el 9,9%, que será lo que anuncie hoy el Banco de España en su informe sobre la capitalización del sector financiero.

El citado Decreto introduce algunas modificaciones notables en la forma de calcular la ratio de capital respecto a las normas internacionales en vigor, las de Basilea II. Las dos principales son que el dinero ya recibido del FROB (el llamado FROB 1.0) formará parte del core capital y que también computarán las plusvalías y minusvalías latentes que tienen las entidades en los activos disponibles para la venta.

El Banco de España permitió en noviembre que no se restaran de los fondos propios las minusvalías latentes, en un momento en que el derrumbe de la deuda periférica habría hecho un siete a las cuentas de la banca. Pero el Real Decreto-Ley exige que vuelvan a deducirse, y, a cambio, bancos y cajas también podrán sumar a su capital las plusvalías que tengan, no sólo en bonos -donde siguen siendo escasas- sino también en bolsa y en cualquier tipo de activos.

Y aquí es donde sale muy beneficiada la caja que preside Isidre Fainé, gracias a las fuertes plusvalías latentes que acumula en sus participaciones en Repsol y Telefónica, las únicas consideradas disponibles para la venta y que pasarán al nuevo banco CaixaBank. En el resto de participaciones que posee en la cartera de la antigua Criteria, La Caixa controla más del 20% del capital y, por tanto, tiene la gestión compartida.

El resultado es que el core capital de la entidad se disparará hasta el 9,9% según las normas del Decreto. De esta forma cumplirá más que sobradamente el requisito del 8% que el Gobierno va a exigir a las entidades que, aunque sigan siendo cajas (La Caixa ha renunciado a convertirse en fundación), canalicen su negocio financiero a través de un vehículo que tenga más de un 20% del capital en manos de terceros.
 
Sin poner en duda la gestión de La Caixa, parece que no hay medida de este gobierno que  no esté dirigida a beneficiar Cataluña, a sus empresas, a sus políticos y a quien haga falta con tal de que lleva la bandera catalana. Al resto, ya sabemos: España, ese concepto discutido y discutible.


LAS LEYES DE LA GUERRA

Siguiendo la serie de artículos interesantes sobre la guerra de los últimos días, con motivo de las revoluciones árabes y del conflicto armado de Libia, les propongo la lectura de esta crítica literaria publicada en Foreign Affairs (March/April 2011) donde se trata este asunto que cambia sus reglas según los intereses políticos del momento; las reglas que valieron en Servia-Kosovo ya no eran útiles en Irak, y parece que vuelven a serlo en Libia a juzgar por las declaraciones de políticos y periodistas.
 
Con la interesada evolución de las reglas sobre la guerra, sobre su carácter justo o injusto, legal o ilegal, lo único que parece que estamos consiguiendo en España es que la población deje de ver la política democrática como una solución a los problemas, un límite a la violencia, una regulación ordenada de la convivencia, y empiece a considerarla sólo como una cobertura a los intereses particulares de los políticos de turno, que ahora están decididos a matar inocentes, porque siempre mueren inocentes en los ataques aéreos y en las intervenciones humanitarias, mientras ayer se negaban.


Fighting the Laws of War:
Protecting Civilians in Asymmetric Conflict
 
Charli Carpenter (Associate Professor of International Affairs at the University of Massachusetts-Amherst).

...... Two recent books explore that dilemma by examining the relationship between the laws of war and civilian protection during battle. In Moral Dilemmas of Modern War, Michael Gross contends that the current safeguards against civilian casualties are too stringent to address the complexities of today's wars, barring states from adequately combating irregular forces
 
Meanwhile, Stephen Rockel and Rick Halpern argue in Inventing Collateral Damage that the current international regulations are too weak, permitting and even enabling states to harm civilians during combat.

From two widely different perspectives, the books cast doubt on the value of the existing international regulations presumably designed to mitigate war's impact on civilians. But a closer look suggests that these authors overstate the tensions between the laws of war and the modern battlefield and underestimate just how well the existing statutes are working. Although the laws of war require strengthening, they constitute a firm foundation on which to better protect civilians.

TOO MUCH OR TOO LITTLE?

The current laws of war regarding civilian protection resulted from a process of treaty development that included nineteenth-century agreements to safeguard the sick and wounded, which were gradually extended in the twentieth century to prisoners of war and then to civilians caught in conflict. A cardinal rule of the existing framework insists that civilians may not be deliberately targeted, unless they participate directly in hostilities. The laws stipulate that military forces must direct their operations toward combatants and military objectives only and must conduct themselves in a manner that allows their adversaries to distinguish them from civilians -- by wearing uniforms, for example, or carrying arms openly. The drafters of the Geneva Conventions carefully delineated combatants and civilians to assist militaries in distinguishing between them. In addition, the conventions state that when in doubt, military forces should assume the targets are civilians and that some number of combatants among a civilian population does not render that civilian population a legitimate target.

Gross argues that this legal structure unfairly favors insurgents on the modern battlefield. Many of today's wars are fought in dense urban environments, largely between uniformed state militaries and guerrillas in civilian clothing. The problem, he believes, is ..... that the rules ..... provide too much protection for nonstate armed groups in this new type of war, on the mistaken assumption that civilians are always innocent bystanders. This hobbles Western militaries in their attempts to protect those considered by Gross to be "truly innocent" civilians -- those who reside in democracies and are subject to guerrilla violence and terrorism.

Many civilians in modern wars are agents and not just bystanders, as Gross correctly points out: they aid and abet insurgents by storing their weapons, producing their propaganda, providing them with food and shelter, and even agreeing to act as civilian shields. It is no surprise to him ....  that powerful states  ....  would expand the circle of "legitimate targets" to include civilians who assist insurgents, because it is otherwise difficult to see how they could successfully wage war at all. Gross justifies this expansion by arguing that it is vital for democracies to prevail in asymmetric conflicts. In such conflicts, he argues, democratic states are protecting their own civilians, and in some cases the citizens of other nations, from terrorist attacks.

By contrast, Rockel, Halpern, and other contributors to their volume are far more critical of powerful governments' records in war. Whereas Gross emphasizes moral asymmetry in modern war -- highlighting the distinction between democratic armies defending their citizens and guerrillas who attack civilians using the cover of their own countries' populations -- Rockel and Halpern focus on the asymmetry of force between powerful state militaries and their weaker guerrilla adversaries. They claim that the West's callous indifference to "unintended" civilian casualties in the developing world today is analogous to its historical record of atrocities in imperial wars, which often involved depredations against civilians. Just as colonial states in those wars used dehumanizing euphemisms, such as calling natives "savages," to legitimize their actions, modern Western militaries unacceptably justify and sanitize civilian casualties by invoking the concept of "collateral damage" -- a military term used to describe regrettable but unintended, and therefore lawful, casualties of war. The notion that civilian deaths are permissible if unintended ..... has allowed militaries to whitewash the destructiveness of their operations. In other words, the existing laws of war, which prohibit intentional civilian targeting but permit "accidental" civilian deaths, are part of the problem.

Marc Herold's chapter in Inventing Collateral Damage lends credence to the notion that modern technologies and legal statutes meant to protect civilians may in fact be used in ways that place them in greater danger. His data suggest that the ratio of civilian deaths to tons of ordnance dropped has actually increased in the past 20 years, as precision weapons have been introduced in greater numbers. Herold argues that Western militaries have become overconfident in their ability to safely deploy weapons such as smart bombs and drones in dense urban neighborhoods and at night. This may explain the high number of estimated civilian casualties from drone strikes in Pakistan; the New America Foundation calculates that approximately a third of drone-strike casualties are civilians. It troubles Rockel and Halpern that the laws of war permit such high levels of civilian casualties ..... the rules are designed to legitimize violence rather than restrain it.

Both books are thus skeptical about the ability of the existing laws of war to balance national security and the protection of civilians. As interpreted by the Goldstone report, international law appears to handicap states' ability to target insurgents who purposefully operate in civilian areas -- revealing, according to Gross, the inability of the current system to adapt to new modes of war. Meanwhile, in their book, Rockel, Halpern, and the other contributors argue that the existing body of laws protecting civilians during wartime actually sanctions their deaths at the hands of states operating behind the shield of "collateral damage." Do the laws of war, then, need to be adapted to the current era, and if so, how?

STRIKING A BALANCE


In outlining the limitations presented by the laws of war in addressing modern conflicts, Gross argues that the current legal framework for civilian protection must change to meet state interests. He is sympathetic to the new tendency among Western states to broaden the scope of acceptable military targets to include civilians who assist insurgents ....  a deviation from the existing norm by states seeking to pursue their interests outside the bounds of the law. Were this trend adopted as a new legal standard, it would be nothing less than an abandonment of the current rules, weakening civilian protection rather than strengthening it.

Moreover, underlying Gross' belief that the laws of war must change to meet states' needs is the historically flawed notion that modern combat presents unique challenges. The kinds of asymmetries in the warfare he writes about are hardly unprecedented. The laws of war have in fact already adapted to many of the questions that, according to Gross, have been raised for the first time by recent wars. The current framework distinguishes, for example, between civilians who support warring factions by providing food and shelter, who are not automatically rendered legitimate targets, and civilians who take up arms themselves, who do lose their immunity. Gross points out that these rules place critical restraints on the actions of state militaries. But he overstates the case when he suggests that the laws of war tie their hands completely. To Gross, there seem to be only two options for state forces engaged in asymmetric wars: bend the rules by fighting guerrillas with an expanded notion of legitimate targets, or prepare to lose.

Yet a third option exists: militaries can choose to place their uniformed men and women in harm's way rather than cede the moral high ground by placing civilians in greater danger. When Gross describes the fundamental dilemma of asymmetric war as "who do we bomb when there are no more accessible military targets?" he assumes that states must deploy aerial firepower to defeat their unconventional enemies. But this is not the only tool in the arsenals of Western states. To combat insurgents and protect civilians simultaneously, governments could choose to use ground troops, which are arguably better equipped to discriminate between innocent bystanders and insurgents and their accomplices. Although militaries risk significantly higher casualties by deploying their troops rather than dropping precision bombs, this sacrifice is precisely what the logic of just war requires: that civilians not become more expendable than a country's armed forces.

Gross is not alone in his undue cynicism about the existing principles. Rockel and Halpern argue that the very idea of "collateral damage" .... increases military leaders' apathy toward the consequences of their operations and encourages crimes against civilians. But in making this claim, the authors conflate "collateral damage," which describes regrettable yet lawful casualties of war, and "war crimes," which result when governments deliberately target civilians. For example, many of their book's chapters detail atrocities to which the concept of "unintended casualties" does not apply, such as sexual violence. Moreover, nothing in the case studies shows even a correlation, much less a causal relationship, between the invention of the euphemism "collateral damage" during the Cold War and a purported rise in unintended civilian casualties. In fact, U.S. government documents disclosed by the whistleblower Web site WikiLeaks last October suggest the opposite: in those papers, U.S. troops appeared to invoke the risk of collateral damage to justify their failure to fire at legitimate military targets.

Inventing Collateral Damage does successfully document the brutalities of warfare before the 1949 Geneva Conventions. If anything, however, this suggests that the treaties' norms may have reduced such horrors since World War II. In fact, according to Simon Fraser University's Human Security Report 2005, the overall plight of civilians in recent hostilities appears to have vastly improved relative to earlier times. However extensive the collateral damage in Afghanistan, for example, there is a world of difference between accidentally hitting civilians in Kandahar with not-so-smart bombs and firebombing Dresden to break the population's morale. The distinction between accidental and intentional killing -- and the firm rule that military necessity does not excuse the intentional targeting of civilians -- has saved countless civilian lives in the past half century.

But Rockel and Halpern are right to note that although the international community has worked to reduce intentional civilian targeting, it has been too complacent about reducing unintended civilian casualties. Protection for civilians against the effects of lawful military operations remains scant, and international discussion about increasing those safeguards has been minimal. Many of the contributors to Inventing Collateral Damage suggest that such complacency renders the entire effort to regulate war an exercise in hypocrisy. Yet as in the case of Gross' concerns, a more pragmatic approach would be to explore options for strengthening, expanding, and clarifying the existing rules.

STRENGTHENING CIVILIAN PROTECTION

Although Moral Dilemmas of Modern War and Inventing Collateral Damage suggest otherwise, the laws of war have never been static and have often improved to reflect changing times. Points of confusion in the law regarding civilians can be clarified today through the same process that has been used to ban land mines or protect displaced persons in recent years. Specific rules will need to be worked out by states, but nongovernmental organizations and legal experts are proposing many ideas about what these rules could look like.

First, any international effort to reduce and respond to the civilian costs of war will need a mechanism for measuring and categorizing casualties of war. The Geneva regime currently provides no formal means of tracking who dies and how in military operations worldwide, leaving states' humanitarian policies to be guided by wildly conflicting and ad hoc measures. The Oxford Research Group, a London-based nongovernmental organization dedicated to sustainable security, recently created the Recording Casualties of Armed Conflict project and, with several humanitarian organizations, has issued a memorandum calling on governments to establish rules standardizing this process. Such data, as Gross and Rockel and Halpern argue, are crucial in resolving moral debates over the proportionality of various methods of combat.

Governments should additionally reconsider whether certain weapons, such as high-yield explosives, can really be considered discriminate when deployed in urban areas. A 2010 report by Landmine Action demonstrates that civilian casualties caused by these devices -- artillery shells, bombs, and mortars among them -- are exceedingly high in populated areas, and especially so among children. The damage is even greater when the secondary impacts of urban warfare are considered, including disease, malnutrition, and economic ruin. If the goal is to better protect civilians from the incidental effects of war, limits on the use of such weapons, at least in urban areas, may be required.

Yet even new regulations governing the deployment of explosives in populated areas would still likely leave some civilians in the crossfire. And in such cases, the Campaign for Innocent Victims in Conflict, a Washington-based nongovernmental organization, argues that governments should provide compensation to civilians accidentally harmed during legitimate combat operations, just as they sometimes pay reparations to victims of war crimes. The U.S. government has actually taken the lead on this issue, initiating a system of condolence payments for the families of civilian casualties of the wars in Afghanistan and Iraq. Several other countries, including Georgia, Germany, and Pakistan, are beginning to follow suit, and Israel has paid reparations in several limited cases. If widely adopted, this practice would not only provide some solace to civilians when disaster strikes but also, perhaps, incentivize militaries to take greater care to avoid causing such casualties in the first place.

Even if no new laws are developed in the near future, military planners, government officials, and lawyers could reduce civilian casualties by simply modifying their interpretations of the existing legal doctrines. To begin, clarifying the notion of what constitutes direct civilian participation in hostilities would help states more accurately judge when civilians remain protected and when they have lost their immunity. The International Committee of the Red Cross has already drafted language defining "direct participation" as acts that cause direct harm either to enemy forces or to the enemy's military operations and capacity, but states should develop a consensus around a definition so that they and others can be better held accountable for their actions.

Additional questions in need of resolution include how to determine whether, in the words of international treaties, a government has taken "all feasible precautions" to prevent civilian harm and whether it has inflicted "excessive" civilian casualties in relation to its military gains. The current laws of war leave these issues to states' discretion, but governments could collaborate to limit the gray area between civilian deaths considered unfortunate and those deemed unlawful. New or clarified rules will need to balance humanitarian principles in war with the human security costs of doing too little in cases in which insurgents or terrorists prey intentionally on the innocent. Many militaries are already grappling not just with how to weigh civilian casualties against military necessity but also with how to balance the risk of civilian casualties during a given strike against the benefits that such a strike could provide to those civilians by neutralizing predatory militias.

Some might argue that further innovations in the laws of war are unlikely. But the international rules that are now taken for granted -- say, the right of wounded soldiers to receive aid from neutral humanitarians on the battlefield -- once seemed just as far-fetched. And reconsiderations of humanitarian law have often occurred in times of systemic crisis such as these, when the human costs of the mismatch between existing laws and changing times become clear. One such transformation took place in the 1970s, when the Additional Protocols to the Geneva Conventions were established. States recognized that the most recent Geneva regulations, passed in 1949 and designed to address the conditions of World War II, required updating to respond to the unconventional wars associated with decolonization. The Additional Protocols extended the definition of "lawful combatants" to nonstate parties fighting wars of national liberation and codified the existing rules against targeting civilians, whose protection had previously been instituted only in relation to civilian conditions in occupied territories. Similarly, the 1998 Rome Statute, which created the International Criminal Court, represented an effort to bolster the Geneva regime. The court was created in response to the atrocities in Bosnia and Herzegovina and Rwanda in the 1990s -- horrors that underscored the need for an international judicial body to prosecute and punish war criminals. According to the Human Security Report 2005, the number of war crimes and genocides committed by government forces is dropping. This may well be in part because the original rules were augmented and are now influencing military doctrine worldwide.

Collateral damage in modern warfare, too, can be minimized by more clear-cut regulations. Governments should work to reduce both long-term and short-term civilian harm in war, atone for lawful as well as unlawful deaths, and cooperate to bring nonstate actors that target civilians to justice. But to achieve this, states must work together to strengthen the rules themselves. And assessments of the existing laws of war should be balanced and forward-looking rather than cynically pessimistic. It is well within the power of the international community to strengthen civilian protection in the twenty-first century.