Este viaje es una buena experiencia para comentar algunos breves (emigración, transporte, burocracia, industria, etc.) y realizar algunas comparaciones cuando regrese a la vida normal la próxima semana.
Hasta entonces.
Conviene leerlo entero para hacerse una idea de la situación real de nuestra economía, pero hay un punto en que debemos hacer una aclaración. Con esta conclusión, con este cambio de modelo de Estado y de sistema electoral, está todo el mundo de acuerdo, izquierdas y derechas, pero con una gran diferencia, unos quieren más Estado, lo que implica más intervencionismo y menos libertad de empresa, y otros menos Estado y por tanto menos despilfarro y derroche, aunque se refuerce el control de los bancos y empresas para evitar quiebras fraudulentas y maquillajes contables. Nunca se llegará a un acuerdo sobre este cambio.En resumen, nuestro nivel de vida se vendrá abajo, la política de Zapatero nos lleva a una recesión severa o más realísticamente a una depresión. Adicionalmente, el Estado del Bienestar quedará reducido a cenizas. La expresión correcta no es “no easy way” es “no way out”, sin salida, no hasta que la gente desesperada salga a la calle para exigir el cargo de los responsables, un cambio del modelo de Estado y del sistema electoral, y lo consiga.
"By TAWFIK HAMIDMe gustaría disponer de declaraciones similares de líderes espirituales e intelectuales musulmanes que se hayan realizado en España. Si alguien está dispuesto a proporcionarlas le estaría agradecido.
It's unclear whether or not the Rev. Terry Jones will go ahead with his highly publicized Quran burning this evening in Florida. But Muslims can play a major role in preventing a violent response to any burnings of their holy book.
Islamic scholars can emphasize that the Quran clearly teaches that no one can be punished on account of the actions of others (surra 6, verse 164). In other words, it is against the value system of the Quran to punish Americans or Christians because of the acts of a small minority.
In addition, leading Islamic authorities should issue a powerful fatwa against those who might respond to Quran burning with violence against non-Muslims. The fatwa must clearly state that those who react by carrying out violent acts against non-Muslims are apostates. It should also say that those who attack non-Muslims to seek revenge will not be buried with Muslims and will go to hell forever.
These are the kind of words—unfortunately—that resonate with Islamic radicals. Fatwas that simply condemn violent acts as 'un-Islamic' are too weak to produce any significant effect.
The best example for Muslims to follow in this case is what the Quran says about Prophet Ibrahim (Abraham) when his father threatened to stone him to death for refusing to follow the pagan beliefs common in their society. The response of Abraham—who the Quran calls "the role model of all prophets"—was not revenge, but rather an offering of peace (19:46-47). "Dost thou hate my gods, O Ibrahim? If thou forbear not, I will indeed stone thee: Now get away from me for a long while!" says the father. To this, Abraham replies: "Peace be upon thee! I shall ask my Sustainer to forgive thee. For behold, He has always been kind unto me."
The more Muslims follow this model, the more they can bring peace to the world. And the more tolerance Muslims show for values like freedom of expression, the less others will think of burning the Quran.
If the Muslim world followed the authoritative guide of Quranic verse 41:34—"Nor can goodness and evil be equal. Respond to evil with doing good deeds to the evil doer. Then will he, between whom and thyself was hatred, become as though he was thy friend and intimate!"—there would not be a so-called clash of civilizations.
Mr. Hamid, a former member of the Islamic radical group Jamma Islamiya, is an Islamic reformer and a senior fellow at the Potomac Institute for Policy Studies".
No estamos insinuando que el presidente haya dado un patinazo sino mas bien que ha patinado alegremente por esa pista mediática que trabaja a su favor y que se llama la cadena SER, desde donde sus más notorios directivos de programas se han trasladado al palacio de la Moncloa para entrevistar al presidente Zapatero sin conseguir una sola noticia o titular. Ni una sola declaración original, imaginativa y por supuesto sin logar una respuesta sincera sobre los que pasa en España, los errores y rectificaciones del Gobierno, o sobre el final político que le aguarda a Zapatero si las cosas siguen como van que es lo más probable, si es que no van a peor. ........Y es que desde los años ochenta no paramos de recibir lecciones de democracia y de deontología profesional por parte de las organizaciones y de los periodistas del Grupo PRISA, una vez tras otra, en cada ocasión y en cada acontecimiento, mientras han logrado convertirse en los amos del panorama audiovisual español con la ayuda de los trece años de gobierno del socialista Felipe González y con la ayuda de los gobiernos autonómicos socialistas durante treinta años. Una empresa de información multimedia al servicio del PSOE para obtener un beneficio económico en contraprestación. Pero no son mejores que otros periodistas u otros medios. Iguales a los sumo, pero nunca mejores.
Menudo papelón para los entrevistadores de la SER. Se fueron como llegaron después de hacer de teloneros de la propaganda oficial de un presidente que está agotado y que está tocado en lo político y en lo personal. Tiene mala cara y habla como un robot con respuestas huecas, simplonas y esperadas. Puede que los entrevistadores de la cadena SER piensen lo contrario de lo que dicen, pero el PSOE y el Grupo Prisa en su condición de grupo gubernamental –a pesar de que Zapatero les traicionó con los de La Sexta y Mediapro-, pesa mucho sobre sus cabezas y sus onerosos sueldos, aunque su paso complaciente por la Moncloa los ha dejado en muy mal lugar, porque están muy lejos del verdadero periodismo, de la función de contrapoder y de la verdad.
Obligaciones familiares ineludibles me impiden estar hoy en Barcelona atendiendo a vuestra invitación, como hubiera deseado. Que estas palabras puedan servir al menos para expresar mis ideas sobre los embrollos que se han ido urdiendo estos últimos años y que han cegado las cabezas de tantos españoles.Todavía están sonando los ecos del Himno de los Segadores, creado para fingir una fecha heroica en la que habría logrado expresarse, por fin, la «nación política catalana». Pero la revuelta de los segadores de 1640 no fue una revuelta contra España, sino una revolución social dirigida por Rafael Godoy, de triste memoria histórica, contra la burguesía y aristocracia dominantes. Y en 1641, bajo la inspiración de Pablo Clarís, la Junta de Brazos y el Consejo de Ciento proclamó a Luis XIII de Francia como Conde de Barcelona. Ni siquiera en este hecho Barcelona pudo presentar un proyecto de Estado nacional, que nunca había tenido, porque los míticos Condes de Barcelona no fueron otra cosa sino representantes de la Marca Hispánica francesa. En realidad las reivindicaciones políticas de Cataluña se dirigieron siempre, ya desde la época de la Marca Hispánica, y sobre todo después de la experiencia con el régimen francés, en la época de Luis XIII, antes contra Francia que contra España.
En la Guerra de Sucesión las revueltas contra Francia, y no contra España, se mantuvieron. La toma de Barcelona por el Duque de Berwick, el general de Luis XIV, aliado con el rey de España, su nieto, no fue el final de la lucha de Cataluña por su libertad; fue un episodio del conflicto de la guerra entre las grandes Potencias del Antiguo Régimen: España y Francia, por un lado, e Inglaterra y Austria por otro. La batalla librada en España, en la Guerra de Sucesión, entre Felipe V, el nieto de Luis XIV, y el Archiduque Carlos, que reivindicaba sus derechos de herencia al trono de España, fue una de las tantas guerras europeas que debían desarrollarse en el seno de esa «convivencia dioscúrica», que es la ley de la «biocenosis europea».
En los primeros momentos de su reinado, Felipe V había reunido las Cortes Catalanas, en 1701-1702, en las que se aprobaron todas las constituciones que le fueron presentadas, «las constituciones más favorables que había obtenido la provincia» (decía Feliu de la Penya). «Vinieron a quedar los catalanes más independientes del Rey que está el Parlamento de Inglaterra» (dice Macanaz en sus Memorias).
En cualquier caso, el apoyo de Cataluña al partido del Archiduque Carlos nada tuvo que ver con un proceso separatista. El 5 de noviembre de 1705 el Archiduque Carlos había sido solemnemente jurado en Barcelona como Rey de España y Conde de Barcelona: «Visca la Patria!, Visca Carlos tercer!». Después viene la batalla de Almansa (25 de junio de 1707); no por ello cedieron los catalanes en su apoyo al Rey de España que ellos reconocían, el Archiduque Carlos. Y tras importantes variaciones de la coyuntura, entre ellas la muerte del emperador José I (en 1711), Felipe V, con la ayuda del Duque de Berwick, enviado por Luis XIV, decidió el asalto a Barcelona.
Rafael de Casanova, Presidente del Consejo de Ciento, propuso sucumbiesen todos los barceloneses antes de permitir la entrada de Felipe V. Sin embargo, el asalto tuvo lugar el 11 de septiembre de 1714. ¿Qué tiene que ver entonces la fecha, conmemorada hoy como Diada, con la «invasión» de Cataluña por el Rey de España? Era un proclamado Rey de España en Madrid, Felipe V, el que se enfrentaba a otro Rey de España proclamado en Barcelona, como «Carlos III»; y a quien, para más inri, le correspondía el título de Emperador del Sacro Romano Imperio.
Si «Carlos III» hubiese ganado la Guerra de Sucesión, se habría reproducido en el siglo XVIII la situación que en el siglo XVI tuvo lugar a propósito de Carlos I; en realidad, se reprodujo, más bien, la situación del «fecho del Imperio» que en el siglo XIII emprendió Alfonso X, sólo que al revés. Porque, en esta ocasión, el Rey de Castilla que aspiró al Imperio, se quedó sin él y, en la otra, el Emperador, que aspiraba al Reino de España, se quedó también con las ganas. De hecho parece que la amenaza de que, muerto el Emperador José I, «Carlos III» de España (y VI de Alemania) restaurase el Imperio de Carlos V, determinó que Inglaterra y Holanda le retirasen su apoyo, lo que favoreció, evidentemente, el triunfo final de Felipe V (que ya se había anunciado, desde luego, en Almansa).
No cabe olvidar tampoco, como recuerda Jesús Lainz, que en el asedio a Barcelona participaron miles de catalanes integrando el ejército de Felipe V, que entró en la capital catalana el 11 de septiembre de 1714. Y otros miles de catalanes lucharon en el bando de los sitiados en defensa de lo que ellos estimaban legítima dinastía española, la de Felipe V, y de la libertad de toda España, como dejaron claro en los comunicados, y sobre todo en el último discurso de Antonio de Villarroel, jefe militar de los barceloneses, cuando dijo que combatían por nosotros y por toda la nación española.
La «Diada» es el día del oscurantismo musicalizado por una «memoria histórica» que está envuelta, sin embargo, por el prestigio de la democracia.
Una ley redactada en 1980 por gentes interesadas en subrayar el hecho diferencial histórico de Cataluña, en lugar de subrayar su secular condición de parte de España; unos hombres indoctos a los que les daba igual ocho que ochenta; una ley votada por un Parlamento en el que muy pocos sabían algo del asunto, después de aprobada, resultó dignificada con el nombre de «Ley democrática».
El día de la «diada» no pueden convertirse en los días donde el respeto por el prestigio del engaño democrático procedimental consolide las mentiras sobre las que todo se basa. Son los días de la vergüenza, que sólo puede ser remediada por la más firme voluntad de conocimiento.
El Estatuto no está entre las prioridades de la población lo demuestra el hecho de que el 40,3% de los ciudadanos creen que la prioridad del Gobierno autonómico ha de ser el paro y la precariedad laboral, mientras que el 11% considera que debe ser el funcionamiento de la economía. El 7,6% apuesta por mejorar las políticas sociales y, a partir de ahí, las preocupaciones de la gente son la inmigración, la sanidad, la educación y la cultura. Sólo un 3,1% cree que la prioridad ha de ser el autogobierno y el nuevo Estatuto. Además, el 37,3% de los encuestados afirma sentirse tan catalán como español mientras que el 7,9% se siente más español que catalán y el 9,5% se siente sólo español. Por contra, el 21,6% se siente más catalán que español y el 14,6% se siente sólo catalán.Merece la pena recalcar que sólo el 3,1% se preocupan por el auogobierno y el estatuto, cuando todos los partidos catalanes menos el PP y Ciudadanos se han llenado la boca de repetirnos que era un clamor popular, una necesidad básica de la población catalana.
El pasado domingo el escritor Juan José Millás, que comparte la literatura con el cargo de intelectual orgánico de Zapatero, se liaba a palos en “el dominical” de El País con el ex vicepresidente del gobierno y ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos, sin venir a cuento de nada y convirtiendo una foto donde el político popular aparecía con un bocadillo en la mano en la excusa para una vulgar vomitona y descalificación frente a un político que está al margen del poder. El mismo Millas en esas páginas se había comido a besos, semanas atrás, al rufianesco ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien presentó como un personaje encantador y familiar, un santo trabajador y un sabio de no se sabe qué. Se ponga como se ponga Millás, que puede ser un buen escritor pero que es un mal intelectual al servicio de sus amos y al margen de toda ideología, Cascos le saca a Rubalcaba como político y hombre de bien una distancia sideral.Ya lo temía, pero viene bien que lo confirme alguien que es odiado de forma paralela desde ambos bandos ideológicos.
Se entenderá por grupo terrorista toda organización estructurada de más de dos personas, establecida durante cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo. Y por organización estructurada se entenderá una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada.En consonancia, el nuevo art. 571 del Código Penal sanciona:
- La promoción, constitución, organización, coordinación o dirección de una organización o grupo terrorista.Para definir organización o grupo terrorista es necesario acudir a la definición establecida en elart. 570 bis y ter en relación a las organizaciones y grupos criminales. Así el 570 bis establece que será organización criminal “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones , con el fin de cometer delitos ”.
- La participación activa o la pertenencia a la organización o grupo, formando parte de la misma o aún sin formar parte de la misma.
- Provocación a la comisión de un delito de terrorismo: "la distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes destinados a inducir a la comisión de cualesquiera de los delitos enumerados en el art. 1, independientemente de que promueva o no directamente la comisión de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo de comisión de uno o alguno de dichos delitos".Con esta nueva legislación se reducen las posibilidades de que las organizaciones políticas que se puedan crear en el futuro como cobertura política de ETA, con la finalidad de presentarse a las elecciones locales y autonómicas, puedan sobrevivir a un examen judicial. Prácticamente sin el abandono de las armas, sin un anuncio del abandono definitivo de la violencia, sin una declaración de condena del terrorismo por parte de las organizaciones que habitualmente les amparan, éstas no podrían seguir dentro de la legalidad.
- Captación de terroristas: "la petición a otra persona de que cometa cualesquiera de los delitos enumerados".
- Adiestramiento de terroristas: "impartir instrucciones sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos o técnicas específicos, con el fin de cometer cualesquiera de los delitos enumerados en el art. 1, a sabiendas de que las enseñanzas impartidas se utilizarán para dichos fines".
Según el Euobserver.com y El País, cada semestre europeo, cuya aplicación comenzará en primavera de 2011, se iniciará en marzo de cada año, cuando el Consejo Europeo identificará los "principales desafíos económicos" de cada país a partir de una evaluación de la Comisión y dará "consejos estratégicos" sobre sus políticas presupuestarias. Esta evaluación contemplará tanto la situación global de la economía europea como identificarán las dificultades de los estados miembros, y ese documento será también presentado al Parlamento Europeo.
Por su parte, los Estados miembros deberán presentar en la segunda quincena de abril las líneas generales de sus anteproyectos de presupuestos, para que la Comisión los estudie, pudiendo formular durante junio y julio recomendaciones específicas a cada país, pero no ejecutivas, antes de que su aprobación parlamentaria dificulte cualquier cambio. Este sistema de supervisión mutua tiene como objetivo evidente una acción preventiva que evite tener que efectuar rescates financieros futuros que pongan en peligro la estabilidad de la economía europea.
Además, la Comisión Europea publicará el 29 de septiembre una propuesta de imposición de sanciones "cuasi automáticas" para los que incumplan la legislación europea en materia fiscal (en la actualidad se requiere una votación en el Consejo siendo necesaria una mayoría cualificada de votos favorables a la imposición de sanciones). Con la propuesta de la Comisión, las sanciones serían automáticas y, en forma inversa al marco actual, se requeriría una mayoría cualificada para bloquear la imposición de esas sanciones. En principio esa normativa se aplicaría a los estados miembros de la eurozona, y posteriormente a todos los estados miembros.
Los ministros de finanzas europeos han rechazado que las instituciones europeas controlen los presupuestos generales de cada Estado miembro con potestad para modificarlos si no se ajustan a las recetas de la Comisión, y que su confección seguirá siendo responsabilidad exclusiva de los gobiernos y parlamentos nacionales. Pero eso no obsta para que haya que considerar que la Unión ha dado un primer paso en ese sentido, y cuando la maquinaria europea se mueve es difícil que se detenga, más aún teniendo presente que la actual crisis económica y financiera europea, y especialmente de los PIGS, pone en peligro la estabilidad del euro y de la economía europea. Alemania, por ejemplo, da muestras de no desear seguir financiando la recuperación griega, y es probable que no sea muy reacia a un control más estricto por parte de las instituciones de la Unión.El nuevo Código Penal, vigente desde diciembre, no aplicará la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos y a los sindicatos como sí sucederá con las empresas, El PP intentó cambiarlo sin éxito.
A partir de ahora las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o cuenta de las mismas por sus representantes legales o administradores. Las empresas tienen la obligación de ejercer el debido control sobre sus empleados. De no ser así serán multadas, inhabilitadas o incluso disueltas.
Pero la reforma incluye el art. 31 bis, punto 5 (picar en la imagen del Código para ver la legislación vigente) por el que libera de esta obligación al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e instituciones, a los Organismos Reguladores, a las Agencias y Entidades Públicas Empresariales y a los partidos políticos y sindicatos. Tampoco se les aplicará esta nueva disposición a las organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general.
Expertos en Derecho Penal consideran que la mayoría de estas excepciones tienen sentido porque no tendría sentido que el Estado o las Administraciones se sancionasen a sí mismos, ya que el dinero de las sanciones que establece el código saldrían de las arcas públicas, con lo que lo pagaríamos los ciudadanos. La misma legislación tienen algunos de los países de la UE como Francia, Italia, Holanda, Austria o Dinamarca.
Los abogados penalistas creen que es inexplicable que no se aplique a partidos políticos y sindicatos, "no se encuentra justificación alguna a esta decisión". Así, algunos de los delitos más graves para los que se establece la misma se cometen precisamente en nombre y en provecho de tales entidades. Por ejemplo, los delitos de corrupción en el ámbito de los partidos o los fraudes de subvenciones por lo que respecta a los sindicatos”, "desde el punto de vista político-criminal no se justifica tratar a dichas entidades de forma más benévola que a otras", "no hay ninguna explicación posible salvo la protección de quien hace la ley y se quiere curar en salud, algo así como el refrán: el que hace la ley hace la trampa", "también es preocupante que no se aplique a sociedades públicas, cuando es donde más problemas de corrupción suele haber". Mientras otros abogados que existiendo la Ley de Partidos esta excepción es lógica, "lo que no se sostiene desde el punto de vista técnico jurídico es la excepción de los sindicatos, como tampoco que estén exentas las sociedades mercantiles estatales, pero no autonómicas".
El PP incluyó una enmienda en el Congreso de los Diputados a ese apartado donde anulaba la salvedad de responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos como personas jurídicas, basándose en que consideraba adecuada la exclusión del régimen penal de las personas jurídicas respecto a todas aquellas que suponen poder público, pero que no era adecuado incluir en este bloque a los partidos políticos, que ya tienen en la Ley de Partidos y en el Código Penal sanciones dirigidas contra ellos directamente, ni a los sindicatos, por la misma razón. El PP expresaba también que ni mucho menos se podía excluir a personas jurídicas que prestasen servicios generales a la comunidad. Sin embargo, la enmienda fue rechazada por todos lo grupos políticos del Congreso excepto el Popular.
Novedades
1. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por representantes legales y administradores.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible cuando se constate la comisión de un delito cometido por quien ostenta los cargos o funciones aludidas en el primer punto.
3. La concurrencia en las personas que hayan realizado materialmente los hechos o lo hubieran hecho posible por no ejercitar el debido control, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
4. Serán circunstancias atenuantes tras la comisión del delito: confesar la infracción, colaborar en la investigación aportando pruebas, reparar o disminuir el daño y haber prevenido futuros delitos.
5. Las disposiciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, Administraciones Públicas, sociedades públicas, partidos políticos, sindicatos...
6. Las penas aplicables a las personas jurídicas serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, disolución de la sociedad, suspensión de actividades hasta 5 años o clausura de sus locales.