miércoles, 21 de julio de 2010

LA IDENTIDAD CATALANA

Comenta Félix Ovejero en La sentencia hidraúlica, en El País, su opinión sobre la tan manida identidad nacional catalana, el estatuto y las legítimas reclamaciones políticas de los profesionales catalanes de la política. Digo legítimas porque tienen todo el derecho constitucional para realizar las peticiones que consideren convenientes, pero como dice Ovejero una cosa es ser constitucional y otra es ser legítima, justificada en sus palabras.

Ovejero demuestra ser un catalán al que el antiguo estatuto no le ha impedido desarrollar su vida con normalidad, y que considera y demuestra que para un altísimo porcentaje de la población de Cataluña el marco estatutario vigente hasta las reformas impulsadas por Zapatero delimitaba un escenario político y económico más que aceptado.

Para Ovejero: "No hay que engañarse, les parece mal esta sentencia como les parecería mal cualquier otra. Algo deberíamos saber ya a estas alturas: la estrategia de contentar sin pedir razones que valgan para todos es la peor de todas".

Por el otro lado encontramos también en El País a Carles Viver Pi-Sunyer, que en sus Efectos Jurídicos de la Sentencia del Estatut mantiene un punto de vista jurídico con conclusiones bastante alejadas de las que desde el sociológico defiende Ovejero. Viver resume así su artículo: "discrepo radicalmente de buena parte de la fundamentación jurídica, del tono utilizado, de la prevención política que rezuma y del desconocimiento de la realidad catalana (lingüística…)".

Para acabar, el ínclito Joan Laporta ha realizado unas declaraciones proponiendo la independencia unilateral de Cataluña, con unas afirmaciones que no parecen tener ningún respaldo intelectual, no hay ningún estudio medianamente serio que avale lo siguiente: "Siendo un Estado, Cataluña acabará con el espolio fiscal. Dispondremos de todos nuestros recursos y podremos incrementar las pensiones de la gente mayor, mejorar la sanidad y tener una educación de mejor calidad. Los trabajadores tendrán mejores salarios y las empresas con sede en Cataluña pagarán menos impuestos".

Y es que cada vez más, de todas estas maniobras catalanistas en busca de un nuevo estatuto, se desprende un tufo monetario que empieza a ser hediondo.

El único interés de los políticos catalanistas pasa por el dinero, por la gestión de mayores presupuestos, por la discrecionalidad en su distribución, por la ausencia de fiscalización previa o posterior, y si para ello hay que exaltar los sentimientos, manipular la historia, programar la ingeniería social, y exacerbar los ánimos, se hace sin contemplar las consecuencias. Todo este asuntos sólo tiene dos claves, la electoral y la monetaria.

Mientras tanto, el PSOE colabora con el desaguisado y los españoles asistimos atónitos a este carnaval, que en lugar de diversión desenfrenada puede acabar proporcionando tristeza y desaliento, y que ya nos está deparando desunión, enfrentamiento e incluso odio, sentimiento estimulado en ambos bandos cada vez que se escuchan las declaraciones de individuos como Carod Rovira o el propio Laporta.

Es tal el verdadero calado de todas estas maniobras, que los nacionalistas catalanes, donde se debe incluir al PSC, son incapaces de alcanzar un acuerdo sobre la posición que deben adoptar frente al Estado. Incluso unos votan en Madrid en contra de lo que sí votaron a favor en Cataluña, mientras los otros abandonan en Madrid a los que eran socios de ideales en Barcelona. Cada vez es más evidente la deriva sin rumbo de los partidos políticos catalanes, más pendientes de las elecciones que del bienestar de sus ciudadanos.

Como recuerda Jose María Carrascal hoy 21 de julio en ABC: «SEÑORES catalanes —respondió Ortega y Gasset a Companys en las Cortes republicanas—, se quejan ustedes de que no nos ocupamos de su problema. Desde que se ha abierto este Parlamento, no ha habido asunto que más horas haya consumido que el vuestro, que más atención, enojos, querellas haya ocasionado a la política parlamentaria». Y en lo mismo seguimos 70 años después, a pesar de tener el mayor nivel de autogobierno que pueda tener cualquier territorio de la Unión Europea.

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