Según el Euobserver.com y El País, cada semestre europeo, cuya aplicación comenzará en primavera de 2011, se iniciará en marzo de cada año, cuando el Consejo Europeo identificará los "principales desafíos económicos" de cada país a partir de una evaluación de la Comisión y dará "consejos estratégicos" sobre sus políticas presupuestarias. Esta evaluación contemplará tanto la situación global de la economía europea como identificarán las dificultades de los estados miembros, y ese documento será también presentado al Parlamento Europeo.
Por su parte, los Estados miembros deberán presentar en la segunda quincena de abril las líneas generales de sus anteproyectos de presupuestos, para que la Comisión los estudie, pudiendo formular durante junio y julio recomendaciones específicas a cada país, pero no ejecutivas, antes de que su aprobación parlamentaria dificulte cualquier cambio. Este sistema de supervisión mutua tiene como objetivo evidente una acción preventiva que evite tener que efectuar rescates financieros futuros que pongan en peligro la estabilidad de la economía europea.
Además, la Comisión Europea publicará el 29 de septiembre una propuesta de imposición de sanciones "cuasi automáticas" para los que incumplan la legislación europea en materia fiscal (en la actualidad se requiere una votación en el Consejo siendo necesaria una mayoría cualificada de votos favorables a la imposición de sanciones). Con la propuesta de la Comisión, las sanciones serían automáticas y, en forma inversa al marco actual, se requeriría una mayoría cualificada para bloquear la imposición de esas sanciones. En principio esa normativa se aplicaría a los estados miembros de la eurozona, y posteriormente a todos los estados miembros.
Los ministros de finanzas europeos han rechazado que las instituciones europeas controlen los presupuestos generales de cada Estado miembro con potestad para modificarlos si no se ajustan a las recetas de la Comisión, y que su confección seguirá siendo responsabilidad exclusiva de los gobiernos y parlamentos nacionales. Pero eso no obsta para que haya que considerar que la Unión ha dado un primer paso en ese sentido, y cuando la maquinaria europea se mueve es difícil que se detenga, más aún teniendo presente que la actual crisis económica y financiera europea, y especialmente de los PIGS, pone en peligro la estabilidad del euro y de la economía europea. Alemania, por ejemplo, da muestras de no desear seguir financiando la recuperación griega, y es probable que no sea muy reacia a un control más estricto por parte de las instituciones de la Unión.Tampoco hay que desdeñar que la exposición y veredicto público previo en Europa de las líneas generales de los presupuestos nacionales puede ser un serio factor de condicionamiento a la hora de elaborar el proyecto final de presupuestos que aprobarán los parlamentos nacionales. Incumplir las recomendaciones de la Comisión no acarreará sanciones, pero debilitará la capacidad de respuesta de los Gobiernos ante las instituciones de la Unión y ante los mercados internacionales.
Por otra parte, y respecto al control presupuestario que ejercerá la Unión sobre los Estados miembros, recuerda Primo González en República.es que en "España, ... el Gobierno central carece de poderes similares a la hora de censurar o condicionar de antemano los presupuestos de las Comunidades Autónomas. Esta asimetría no deja se resultar pintoresca por un lado y reveladora, por otro, de la falta de sensatez con la que en España se han manejado los desarrollos del Estado de las Autonomías".
No hay que olvidar que un alto porcentaje de la deuda total de España corresponde a las obligaciones contraídas por comunidades autónomas y ayuntamientos, entes territoriales que gestionan el 70% del gasto público y en los que el Estado tiene escasa capacidad de influencia y nula capacidad de regulación. Conviene recordar un reciente artículo de Roberto Centeno en El Confidencial donde nos ofrece unas demoledoras cifras de la deuda de ayuntamientos y comunidades
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