Según informan El Confidencial y Expansión, entre otros, "La Agencia Tributaria ha destituido este miércoles a los directores generales de inspección, Carlos Cervantes, y gestión, Lola Bustamante, los máximos responsables de investigar el escándalo de las cuentas opacas en Suiza. Esta destitución se produce precisamente en el día en que vencía el plazo dado por Hacienda para regularizar esta situación voluntariamente" ..... "Algunas fuentes conocedoras de la situación vinculan estas salidas con el revuelo que se ha montado por el trato "amable" dispensado por Hacienda a los presuntos defraudadores con los famosos requerimientos para regularizar voluntariamente su situación y evitar así a la inspección y querellas por delito fiscal. Tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda pusieron el grito en el cielo por lo que consideran un "trato de favor escandaloso" y una "amnistía fiscal encubierta", con el consiguiente revuelo en la opinión pública".
No se ha confirmado que estos ceses estén relacionados con la "amnistía fiscal", pero como suele ser habitual en España parece que han rodado cabezas de funcionarios de carrera en lugar de las de los políticos que les dirigían, porque ¿alguien puede creer que algunos funcionarios, aunque sean de alto nivel, pueden realizar de forma independiente y unilateral declaraciones que afectan a miles de millones de euros y tienen una alta carga política en medio de la mayor crisis económica de los últimos 50 años?
A continuación, Expansión informa que "Hacienda tiene en sus manos la mayor regularización de dinero negro desde la Transición. El golpe dado a las grandes fortunas españolas por la revelación de los datos de hasta 1.500 clientes del HSBC con 3.000 cuentas en Suiza y 6.000 millones de euros, según datos de la propia entidad, puede dar lugar a una repatriación masiva de fondos irregulares".
Y si esta operación de recaudación era tan importante, ¿pudieron esos altos funcionarios actuar por su cuenta y riesgo, sin directrices políticas? Difícil de creer, huele mucho más a que se trata de la protección de unos cuantos políticos y empresarios muy bien relacionados con el gobierno.
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