EL DESPIDO DE LOS FUNCIONARIOS

Isak Andic, el dueño de una de las empresas más rentables y con mayor presencia internacional de la industria española, Mango, ha sido nombrado Presidente del Instituto de Empresa familiar, y en su primera aparición tras el nombramiento ha realizado unas declaraciones que van directamente contra la línea de flotación de los funcionarios:

“La remuneración del personal de las Administraciones Públicas debe ser variable. (…) Su estabilidad debe ser similar a la empresa privada para las nuevas incorporaciones”, ...

Con esta petición Andic solicita que se abra la puerta a la posibilidad de despedir a los funcionarios y a la remuneración en función de su productividad, algo que ya se ha apuntado en varias ocasiones desde el inicio de la crisis económica. Y quizás Andic pueda tener razón pero convendría realizar algunas matizaciones a su propuesta:

Primero, antes de empezar a despedir funcionarios habría que despedir a los cientos de miles de contratados a dedo (el personal de confianza y muchos contratados interinos y eventuales) cuyo único mérito es ser amigo o familiar de algún cargo público, o por ser miembro de algún partido. Sólo con despedir a esos cientos de miles de enchufados acabaríamos con parte del problema del déficit público y no habría que tocar las pensiones.

Parece un tanto imposible que esto se lleve a cabo ya que lo más probable es que los enchufados permanezcan mientras se despide a funcionarios de carrera.

Segundo, si se van a adoptar criterios empresariales en la función pública deberá ser en todos los aspectos. Por ejemplo, se podrá ascender si se demuestra una competencia y productividad adecuada, y no será necesario ir superando oposiciones progresivas a las que se suman años de trabajo y experiencia. ¿Hace un banco oposiciones internas o asciende a los más productivos? Y se deberán cobrar extras por productividad como en la empresa pública.

Dudo mucho que con el sistema de clasismo y nepotismo imperante en España se pueda aceptar esta medida. Los ascensos y los extras salariales se concederían a los amiguetes y los familiares.

Tercero, habrá que acabar con las oposiciones y estudiar otros sistema de acceso a la función pública, similares a los que se realizan en las empresas más productivas de España.

Los exámenes de ingreso se impusieron en el imperio chino hace ya mil años, y sólo los más preparados entraban a trabajar al servicio del Emperador. Así que con mil años de experiencia ¿Qué pruebas o criterios de ingreso se van a aplicar?

Cuarto, habrá que arbitrar unos criterios de despido o continuidad de los trabajadores que sean verdaderamente objetivos y que se realicen en beneficio de la Administración pública.

Volvemos al nepotismo y el enchufismo. ¿Quién será el evaluador que diga a quién se despide? Imposible.

En resumen, lo que realmente hace falta es una ley que impida en todas las Administraciones (estatal, autonómica, local y de organismos autónomos y públicos) la contratación a dedo de funcionarios y asesores. Hay que acabar con las contrataciones arbitrarias. Una ley que además impida el crecimiento del personal al servicio de la Administración por encima del crecimiento de las partidas presupuestarias, la inflación, el crecimiento demográfico, etc.

Para empezar, la Administración debería cesar inmediatamente todos los procesos de contratación y no renovar los contratos de "enchufados" según vayan venciendo. Cuando eso se realice es cuando podremos empezar a hablar de convertir a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración en trabajadores por cuenta ajena como si trabajaran para una empresa privada.

Volvemos al tema recurrente, funcionarios son los médicos, los policías, la Guardia Civil, los bomberos, los maestros, los inspectores de Hacienda y los catedráticos, entre otros, no sólo los trabajadores de ventanilla del "vuelva Vd. mañana". No son los funcionarios el cáncer de España, son los políticos y sus enchufados.

Por cierto, mientras escribo el post escucho en diferido el programa de Carlos Herrera en Onda Cero y Arcadi Espada y Domingo Fernández, Presidente del sindicato de funcionarios CSIF, están ofreciendo argumentos similares a los míos. Si se quiere revisar la situación de los funcionarios, hágase, pero que se revise todo el sistema legal que regula la función pública.