LOS HÉROES OLVIDADOS
En La rebelión de Atlas, Ayn Rand cuenta una fábula política. En América con una economía con un alto grado de intervención estatal y con una presión fiscal expoliadora, los individuos más productivos del país deciden abandonar sus empleos y sus empresas y dejar de realizar trabajos forzados para los demás. El resultado es el desplome económico norteamericano y la necesidad de reconstruir el país sobre los cimientos que hicieron posible su prosperidad: Un Estado con poderes limitados garante de las libertades individuales, de los derechos de propiedad, del cumplimiento de los contratos y del mantenimiento de una red mínima de seguridad para quienes no son capaces de satisfacer un conjunto de necesidades básicas en el mercado. El recordatorio a la novela de Rand, el libro más leído en EEUU junto a la Biblia viene a cuento de la "orgía compasiva y de autoflagelación" que parece haberse apoderado de la escena política española.
El centrar el foco de atención en quienes lo pasan mal, en las personas más desfavorecidas de la sociedad es un ejercicio de solidaridad natural, de simpatía hacia quienes tienen dificultades, pero tiende a convertir un problema minoritario con el estado general del país. Esta desfiguración de la realidad, distorsionada por razones ideológicas o partidistas, tiende a ignorar a quienes trabajan duro, ganan su dinero a base de talento y de esfuerzo tratándoles como activos explotables en beneficio de otros.
Esta enfermedad moral, de hipnosis colectiva se ha transformado en el eje del debate nacional, en el corazón de los programas de casi todos los partidos y en el principio inspirador de las políticas públicas que se proponen. ¿Cuál es la realidad? De entrada se confunde con frecuencia desigualdad con pobreza. Eurostat define la tasa de riesgo de incurrir en ese estado como el porcentaje de personas cuyos ingresos después de transferencias sociales e impuestos se sitúa por debajo del 60% de la mediana nacional.
Éste es un indicador relativo que refleja el número de gente que vive peor que el total de la población, pero ello no implica que sean necesariamente pobres, esto es, que carezcan de los bienes esenciales para disponer de un mínimo de bienestar irrenunciable. Si se introduce esta precisión, el porcentaje de los ciudadanos españoles que sufre una privación material severa es el 7,1% de la población, inferior a la media de la UE que se situó en 2014 en el 8,9%. Sobre esta cuestión merece la pena leer el magnífico informe de Miguel Marín y de Elisa Rodríguez, Desigualdad, pobreza y oportunidades, publicado por FAES el pasado 16 de febrero. En este contexto, la meta de cualquier iniciativa destinada a combatir la pobreza debería centrarse en mejorar las condiciones de vida de ese colectivo.
Por desgracia, el diseño de los programas sociales y de los impuestos en España no está orientado a esa finalidad, sino a practicar una redistribución arbitraria de la renta en función de criterios ideológicos que empobrecen de manera directa a las clases medias, medias altas y altas sin conseguir ayudar a los verdaderamente necesitados. Esta estrategia se sostiene sobre una falacia, a saber, los "ricos" no pagan lo suficiente y, por tanto, hay que hacer efectiva la progresividad fiscal. Esta verdad popular, mutada en sabiduría convencional de manera acrítica es una leyenda y no se compadece con los hechos de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, los últimos disponibles, en su Memoria de la Administración Tributaria publicada el 31 de diciembre de 2014.
En España, los contribuyentes con bases imponibles superiores a 60.000 euros representan el 4,4% de los declarantes del IRPF y aportan el 30,8% de la recaudación total del impuesto. La franja comprendida entre 36.000 y 60.000 euros supone el 11,4% de los declarantes y pagan el 17,8% del total recaudado por ese tributo. En suma, el 15,8% de los declarantes aporta el 48,6% de lo que se recauda a través del impuesto de la renta.
Por añadidura, los ingresos de los españoles incluidos en ese grupo proceden en un 83,9% de los rendimientos del trabajo; esto es y permítase la licencia castiza, de los currantes. Con estas cifras hablar de que el IRPF no tiene la suficiente progresividad es una broma de mal gusto. Si en un ejercicio teórico, se arrebatase a quienes ganan más de 60.000 euros año la totalidad de sus ingresos y se repartiesen los fondos resultantes hacia quienes ganan menos, esto supondría un aumento de la renta anual de aquellos de 2.800 euros al año. Pero ahí no acaba la historia.
En esta España insolidaria, 16.699.302 españoles viven del Presupuesto mientras obtienen sus remuneración en la actividad productiva, en el mercado 15.245.196. Alguien puede señalar con razón que esas magnitudes incluyen a los parados a quienes no se les puede dejar en la estacada y tienen razón pero, si se excluye a los desempleados, por cada dependiente de las arcas públicas hay 1,44 ciudadanos que cotizan para financiarlo. Un 60% de la población paga al 40% restante. Si se suma a quienes están en el desempleo, un 47,75% de quienes trabajan en el sector privado financia a un 52,5% que vive del Presupuesto. Esta situación es injusta e insostenible. La España productiva está asfixiada y hay quien pretende ahogarla más.
En la España de 2016, nadie parece ocuparse de defender los intereses de la burguesía patria. Este término en apariencia anacrónico y demodé tiene una especial trascendencia porque agrupa esos millones de españoles que encarnan los valores y virtudes que han hecho posible la creación de una sociedad abierta, libre y próspera en España y que muestran una clara predilección por una agenda reformista, orientada a adelgazar el Estado y a aumentar la libertad individual; esos héroes anónimos que desde el sector privado soportan sobre sus espaldas, cada día, el peso de un Estado manifiestamente mejorable que son las grandes olvidados de esta hora.
LORENZO B. DE QUIRÓS El Mundo 28/02/2016
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