El borrador elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) revela también que la familia Pujol, y más concretamente el ex presidente, su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos Jordi y Oriol, poseen 137 millones de euros en una cuenta en la banca privada Lombard Odier de Ginebra. Los fondos están a nombre de una fundación del clan Pujol, "de la que penden a modo de racimo ocho sociedades". Esta fortuna procedería sustancialmente del cobro de comisiones ilegales a contratistas de la Generalitat a través del Palau de la Música.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla en su informe interno que el dinero de las inversiones realizadas por la familia Pujol en México, Argentina y Estados Unidos procede fundamentalmente "de varias transferencias del banco privado Lombard Odier", radicado en el número 11 de la Rue de la Corraterie de Ginebra.
Tras rastrear los depósitos bancarios de los que proceden los fondos utilizados, la Policía ha "detectado una fundación de la que pende a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas [137 millones de euros al cambio actual]".
Tras esta entidad, los investigadores señalan que se encuentra la familia Pujol. "Sus beneficiarios finales son el matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola y sus hijos Jordi y Oriol [éste último, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)]".
Ésta es una de las principales revelaciones del informe policial en el que se denuncia, además, que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC -el 4% del total de cada adjudicación- a través de la trama del Palau de la Música ha acabado en cuentas de sus dirigentes. Concretamente, de Artur Mas y de los Pujol. En este sentido, se revela la existencia de depósitos bancarios controlados por ambas familias en Suiza y Liechtenstein. La Brigada de Blanqueo de Capitales desvela, asimismo, detalles llamativos como el de que los Pujol tenían "tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo a la que el propio Millet [responsable del Palau] tiene en Lausana".
En cuanto al patrimonio de la que fuera la primera familia de Cataluña, el informe agrega que la saga catalana "ostenta inversiones en Estados Unidos (Houston, Miami y Delaware), Argentina (Puerto Madero) y en México (Acapulco-Guerrero-Jalisco) a través de sociedades interpuestas y la mayoría de ellas residentes en paraísos fiscales".
En esta misma línea, este documento indica que "en México, Jordi Pujol Ferrusola construyó un resort con hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2010) en Acapulco en primera línea de mar sobre una superficie de 130.000 metros cuadrados con villas de lujo y 44 habitaciones". "Entre sus socios", abunda la UDEF, "están los mexicanos Sergio Kam y Rafael Aragonés" y "la inversión correspondiente a cada socio superó los 125 millones de dólares".
PERO LOS PODERES POLÍTICOS Y JUDICIALES ESPAÑOLES, A LOS QUE TANTO DESPRECIAN, LES PROTEGEN POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON SUS VOTOS EN CASO DE NECESIDAD.
«No hay precedentes de un caso como éste. Si ha habido presiones políticas o no, es imposible probarlo, pero sí se han producido perniciosas dilaciones que han perjudicado a la causa». Es la opinión de uno de los investigadores del llamado «caso Palau» -el desvío de más de 30 millones de euros de esta institución pública-, dentro del cual se investiga la financiación ilícita de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), al menos entre 2002 y 2008 cuando podrían haber llegado a sus arcas unos 5,9 millones.
¿Cuáles son esas dilaciones o movimientos difícilmente explicables? El más evidente se conoció en julio, cuando el juez instructor, Josep María Pijuán, ordenó a los Mossos d’Esquadra el registro de las viviendas de los dos responsables del Palau, la de Félix Millet en Ametlla del Vallés (Barcelona), y la de su mano derecha, Jordi Montull, en Teia, en busca de «dinero en efectivo, valores y documentos relacionados con el destino dado al dinero defraudado», según el auto dictado. Habían pasado justo tres años desde que estalló el escándalo del Palau y en ese tiempo ninguno de los dos jueces anteriores llevó a cabo esos registros.
La Fundación no se miró «Hay diligencias de manual que en este caso no se han practicado. A los tres años, lógicamente el juez sabía que no se iba a encontrar ni documentación relevante ni dinero, pero quería asegurar la responsabilidad civil, dado que Millet y Montull declarararon un patrimonio muy por debajo del real», explican fuentes del caso. Esas diligencias de manual no practicadas incluyen que, por ejemplo, la Fundación Trias Fargas de CDC, eje de la operativa de desvío de fondos, tampoco fuera registrada, sino que solo se le pidió documentación. Algo similar ocurrió con los bancos, que «de manera general incumplieron las obligaciones de identificación» de las personas que cobraron los cheques en ventanilla, causando gran perjuicio a la instrucción, tal y como dictaminaron en sus informes Agencia Tributaria y Policía.
El primer juez instructor, Juli Solaz, fue cuestionado nada más saltar el escándalo en julio de 2009. La magistrada de la Audiencia de Barcelona María Sanahuja criticó ese mismo otoño que se tardara más de tres meses en imputar a los saqueadores confesos -Millet y Montull- y que no se adoptara ninguna medida cautelar contra ellos pese a que se llevaron cajas de documentación del Palau, y pese a que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión. Según la magistrada, la instrucción no era la apropiada ni la habitual en un juez de instrucción. El Consejo General del Poder Judicial la expedientó a ella y a otro juez, Santiago Vidal, también crítico con la investigación, y los sancionó con una amonestación. El Tribunal Supremo confirmó la sanción a Sanahuja.
En enero de 2011, el juez instructor Juli Solaz, abandonó el Juzgado y pasó a la Audiencia de Barcelona, con el caso en punto muerto. Dos meses antes, la Fiscalía Anticorrupción le había pedido que abriera una pieza separada para investigar las supuestas comisiones pagadas a Convergencia por la constructora Ferrovial, acreditadas en los informes de la Agencia Tributaria. Durante los siguientes seis meses estuvo al frente del caso un juez sustituto y en mayo del año pasado llegó al Juzgado de Instrucción número 30 Josep Maria Pijuan, decidido a impulsarlo.
Mossos y Policía Además de otras diligencias en septiembre del año pasado, requirió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que realizara dos informes con el fin de seguir el rastro del dinero (no se ha recuperado ni la mitad del desvío). En mayo de este año, esa unidad policial entregó al juez sus dos dictámenes: uno del análisis de la documentación facilitada por las entidades bancarias, y otro en el que se detalla la existencia de fondos con procedencia ilícita para financiar al partido de Artur Mas, sin duda el más comprometedor. Este último informe sirvió de base al juez para imponer una fianza a Convergencia de 3,2 millones de euros. Los Mossos d’Esquadra, en la investigación desde el inicio, no habían realizado ninguno de esos informes, pero aun así fueron los encargados de los registros de las casas tres años después.
Mossos y Policía Además de otras diligencias en septiembre del año pasado, requirió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que realizara dos informes con el fin de seguir el rastro del dinero (no se ha recuperado ni la mitad del desvío). En mayo de este año, esa unidad policial entregó al juez sus dos dictámenes: uno del análisis de la documentación facilitada por las entidades bancarias, y otro en el que se detalla la existencia de fondos con procedencia ilícita para financiar al partido de Artur Mas, sin duda el más comprometedor. Este último informe sirvió de base al juez para imponer una fianza a Convergencia de 3,2 millones de euros. Los Mossos d’Esquadra, en la investigación desde el inicio, no habían realizado ninguno de esos informes, pero aun así fueron los encargados de los registros de las casas tres años después.
El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, se ha mostrado tajante esta mañana en el marco de la Cumbre de Cádiz. El órgano ejecutivo de la Unión Europea y garante del cumplimiento de los Tratados se mantiene firme en la posición política que ya expresó en el año 2004: un territorio que se secesiona de un Estado Miembro, deja automáticamente de formar parte de la UE y sus ciudadanos ya no tienen la consideración de comunitarios. Así se ha expresado Durão cuando se le ha interrogado sobre si esta postura se mantenía sin cambios. "Sí, mantenemos la misma posición. No hay cambios en absoluto", ha asegurado en referencia a la posibilidad de que Cataluña se embarque definitivamente en un camino de ruptura con España. El presidente de la Comisión Europea ha recalcado la doctrina comunitaria justo en el ecuador de la campaña electoral catalana prácticamente dominada por el debate independentista sembrado por el actual presidente catalán y candidato a la reelección Artur Mas.
