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domingo, 28 de febrero de 2016

POBREZA, DESIGUALDAD, IMPUESTOS Y MENTIRAS POLÍTICAS

LOS HÉROES OLVIDADOS

En La rebelión de Atlas, Ayn Rand cuenta una fábula política. En América con una economía con un alto grado de intervención estatal y con una presión fiscal expoliadora, los individuos más productivos del país deciden abandonar sus empleos y sus empresas y dejar de realizar trabajos forzados para los demás. El resultado es el desplome económico norteamericano y la necesidad de reconstruir el país sobre los cimientos que hicieron posible su prosperidad: Un Estado con poderes limitados garante de las libertades individuales, de los derechos de propiedad, del cumplimiento de los contratos y del mantenimiento de una red mínima de seguridad para quienes no son capaces de satisfacer un conjunto de necesidades básicas en el mercado. El recordatorio a la novela de Rand, el libro más leído en EEUU junto a la Biblia viene a cuento de la "orgía compasiva y de autoflagelación" que parece haberse apoderado de la escena política española

El centrar el foco de atención en quienes lo pasan mal, en las personas más desfavorecidas de la sociedad es un ejercicio de solidaridad natural, de simpatía hacia quienes tienen dificultades, pero tiende a convertir un problema minoritario con el estado general del país. Esta desfiguración de la realidad, distorsionada por razones ideológicas o partidistas, tiende a ignorar a quienes trabajan duro, ganan su dinero a base de talento y de esfuerzo tratándoles como activos explotables en beneficio de otros

Esta enfermedad moral, de hipnosis colectiva se ha transformado en el eje del debate nacional, en el corazón de los programas de casi todos los partidos y en el principio inspirador de las políticas públicas que se proponen. ¿Cuál es la realidad? De entrada se confunde con frecuencia desigualdad con pobreza. Eurostat define la tasa de riesgo de incurrir en ese estado como el porcentaje de personas cuyos ingresos después de transferencias sociales e impuestos se sitúa por debajo del 60% de la mediana nacional. 

Éste es un indicador relativo que refleja el número de gente que vive peor que el total de la población, pero ello no implica que sean necesariamente pobres, esto es, que carezcan de los bienes esenciales para disponer de un mínimo de bienestar irrenunciable. Si se introduce esta precisión, el porcentaje de los ciudadanos españoles que sufre una privación material severa es el 7,1% de la población, inferior a la media de la UE que se situó en 2014 en el 8,9%. Sobre esta cuestión merece la pena leer el magnífico informe de Miguel Marín y de Elisa Rodríguez, Desigualdad, pobreza y oportunidades, publicado por FAES el pasado 16 de febrero. En este contexto, la meta de cualquier iniciativa destinada a combatir la pobreza debería centrarse en mejorar las condiciones de vida de ese colectivo.

Por desgracia, el diseño de los programas sociales y de los impuestos en España no está orientado a esa finalidad, sino a practicar una redistribución arbitraria de la renta en función de criterios ideológicos que empobrecen de manera directa a las clases medias, medias altas y altas sin conseguir ayudar a los verdaderamente necesitados. Esta estrategia se sostiene sobre una falacia, a saber, los "ricos" no pagan lo suficiente y, por tanto, hay que hacer efectiva la progresividad fiscal. Esta verdad popular, mutada en sabiduría convencional de manera acrítica es una leyenda y no se compadece con los hechos de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, los últimos disponibles, en su Memoria de la Administración Tributaria publicada el 31 de diciembre de 2014.

En España, los contribuyentes con bases imponibles superiores a 60.000 euros representan el 4,4% de los declarantes del IRPF y aportan el 30,8% de la recaudación total del impuesto. La franja comprendida entre 36.000 y 60.000 euros supone el 11,4% de los declarantes y pagan el 17,8% del total recaudado por ese tributo. En suma, el 15,8% de los declarantes aporta el 48,6% de lo que se recauda a través del impuesto de la renta

Por añadidura, los ingresos de los españoles incluidos en ese grupo proceden en un 83,9% de los rendimientos del trabajo; esto es y permítase la licencia castiza, de los currantes. Con estas cifras hablar de que el IRPF no tiene la suficiente progresividad es una broma de mal gusto. Si en un ejercicio teórico, se arrebatase a quienes ganan más de 60.000 euros año la totalidad de sus ingresos y se repartiesen los fondos resultantes hacia quienes ganan menos, esto supondría un aumento de la renta anual de aquellos de 2.800 euros al año. Pero ahí no acaba la historia.

En esta España insolidaria, 16.699.302 españoles viven del Presupuesto mientras obtienen sus remuneración en la actividad productiva, en el mercado 15.245.196. Alguien puede señalar con razón que esas magnitudes incluyen a los parados a quienes no se les puede dejar en la estacada y tienen razón pero, si se excluye a los desempleados, por cada dependiente de las arcas públicas hay 1,44 ciudadanos que cotizan para financiarlo. Un 60% de la población paga al 40% restante. Si se suma a quienes están en el desempleo, un 47,75% de quienes trabajan en el sector privado financia a un 52,5% que vive del Presupuesto. Esta situación es injusta e insostenible. La España productiva está asfixiada y hay quien pretende ahogarla más

En la España de 2016, nadie parece ocuparse de defender los intereses de la burguesía patria. Este término en apariencia anacrónico y demodé tiene una especial trascendencia porque agrupa esos millones de españoles que encarnan los valores y virtudes que han hecho posible la creación de una sociedad abierta, libre y próspera en España y que muestran una clara predilección por una agenda reformista, orientada a adelgazar el Estado y a aumentar la libertad individual; esos héroes anónimos que desde el sector privado soportan sobre sus espaldas, cada día, el peso de un Estado manifiestamente mejorable que son las grandes olvidados de esta hora.

LORENZO B. DE QUIRÓS El Mundo 28/02/2016

miércoles, 15 de enero de 2014

LA OLIGARQUÍA CATALANA AL SAQUEO DE ESPAÑA: EL CASO DE REPSOL, BANCA Y ENDESA

A continuación se transcriben tres artículos del Profesor Roberto Centeno publicados en El Confidencial sobre el saqueo catalán a las grandes empresas españolas, al grito de "Espanya ens roba". Aún con opiniones personales en ocasiones poco afortunadas, la descripción y cronología que Centeno realiza de estos saqueos tiene un indudable valor para conocer la realidad del movimiento independentista catalán (los resaltados en azul y la eliminación de parte del texto son actividades realizadas por el editor del blog, no por el autor de los artículos).


EL SAQUEO DE REPSOL

La pregunta que pretenden hacer los dos traidores Artur Mas y Fracesc Homs al pueblo catalán es si quieren tener un Estado, cuando lo realmente pertinente sería el preguntarle al pueblo español en su conjunto si quiere tener o no un Estado propio. ....

Los Gobiernos sucesivos han confundido la delegación de competencias estatales a las autonomías con la disolución del Estado y actúan como bandas de prebendarios, mafias dedicadas a colocar a los suyos a cientos de miles y al expolio a gran escala, lo que ha arruinado a la sociedad civil. La catástrofe económica, política y social provocada por la Transición no tiene precedentes en la Historia de España ni en la de Europa.

Uno de estos desastres ha sido el desmantelamiento industrial, que del 34% del PIB en 1975 ha pasado a solo el 14% hoy. Los tres principales responsables de esto son tres. El primero, Adolfo Suárez, que dividió España en 17 pedazos contrarios a la realidad objetiva e histórica de nuestra nación: ¡este calamitoso ignorante hasta dividió Castilla en 11 trozos! El segundo, Felipe González, que con tal de “pasar a la Historia” como quien llevó a España a la Unión Europea desmanteló, literalmente, la industria pesada, la pesca y la producción lechera para que nos admitieran, un peaje disparatado que no ha pagado ningún otro país. El tercero, el nacionalismo catalán.

Y ahora estos incultos payeses sufragan con el dinero de los españoles, que tan generosamente entrega Rajoy a los enemigos de España, un simposio dictado por el odio y la mentira, bajo el lema “España contra Cataluña”. Cuando la realidad es justo lo contrario: “El nacionalismo catalán contra España”. En los últimos diez años la responsabilidad del desmantelamiento de las grandes empresas españolas recae sobre los corruptos dirigentes del nacionalismo catalán, apoyados en la felonía de los dos presidentes más ineptos y desidiosos de la historia de España. Estos son los hechos, y no las fabulaciones y mentiras de la canalla separatista.

- El desmantelamiento de Repsol, impidiendo que fuera la primera petrolera privada mundial por reservas probadas, a fin de evitar la autosuficiencia energética de España, lo que dañaría las comisiones de gente muy notable. 

- El desmantelamiento de Iberia y el hundimiento de Barajas a favor del Prat, vía Vueling y la masonería inglesa, que compraron voluntades de directivos desleales a su empresa y a su patria. Entregaron a Vueling los vuelos de corta y media distancia y a British Airways, que estaba quebrada, la caja de Iberia para pagar sus pensiones y aislar a España, robándole las líneas intercontinentales incluida Latinoamérica, adonde ahora se viaja vía Londres. Ningún Gobierno del mundo habría tolerado este saqueo.

- La perfidia de la OPA catalana sobre Endesa, que terminó con la entrega de nuestra primera empresa eléctrica a Italia.

- La expansión de los bancos catalanes con el dinero de los españoles, adjudicándoles preferentemente cajas de ahorro. Además, el Banco de España ha permitido a La Caixa esconder sus activos tóxicos fuera de CaixaBank.

Los temas son tan amplios que hay que  tratarlos uno a uno. Empiezo con Repsol.

El consejo de Repsol: réplica del Pacto del Tinell

Repsol nace en 1988 como consecuencia de la concentración de todos los activos públicos en el sector petrolífero, financiados con el ahorro de todos los españoles durante 80 años. Con ellos era posible el construir una gran empresa petrolera integrada. Inicialmente, el accionariado de la compañía estaba compuesto por el Estado español y la mexicana PEMEX, derivada de una participación en Petronor en sustitución de la norteamericana Gulf, y con la que un servidor negoció en calidad de consejero delegado de Campsa, propietaria de Petronor, con Jorge Díaz Serrano, el mítico director de PEMEX.

En 1999 adquiere el 98% de la argentina YPF, que era la tercera empresa de petróleo y gas de Latinoamérica, después de la venezolana PDVSA y de PEMEX, aunque cuando se compró nadie en el sector tenía ni idea de que iba a ser posible extraer petróleo de las rocas madres (1), que eran el activo estrella de YPF y es algo que está cambiando el equilibrio geopolítico mundial.

Durante el proceso de privatización –es decir, entrega a precio de saldo de las mejores empresas públicas a la oligarquía financiera–, se decidió que La Caixa y el BBVA tomaran el 25% y el resto se colocaría a minoritarios a través de una oferta pública de venta. Posteriormente, el BBVA decidió hacer caja, dado el precio de saldo al que le fue entregado, fue vendiendo su participación y desapareció. Entre tanto, La Caixa, aprovechando las dificultades por las que pasaba YPF como consecuencia del default de Argentina, obligó a Repsol a vender un 25% de Gas Natural (Gas), de forma que la primera se quedó con el control de la segunda.

Gas, presidida por Brufau, lanzó una OPA sobre Iberdrola, que no estaba consensuada con su socio Repsol. Consiguió ponerla en marcha gracias a la deslealtad del consejero dominical de Repsol, José Luis López de Silanes, un mediocre adulador de sus superiores,  que estuvo a mis órdenes en Campsa. Votó a favor de La Caixa a cambio de ser recompensado con la presidencia de CLH y un sueldo de más de un millón de euros. La Caixa paga a traidores. Silanes puso, además, la red logística al servicio de los monopolios para impedir la competencia que abarataría los precios.

En noviembre de 2004, La Caixa decidió tomar el control de Repsol, sustituyendo a Alfonso Cortina por Brufau. La primera medida que toma es nombrar un consejo bajo el espíritu del Pacto del Tinell, lleno de nacionalistas y socialistas que no saben del petróleo más que empieza por P y termina por O. Eran tan radicalmente sectarios como Artur Carulla y Mario Fernández, ex-vicelehendakari, que subordinaron los intereses económicos de Repsol al dominio político de los nacionalistas catalanes. Su objetivo era trasladar toda la industria energética española a Cataluña. Claro está, excepcionando a Iberdrola coto reservado al nacionalismo vasco.   

A continuación Brufau empezó a preparar, siguiendo también la directrices del Tinell, una OPA sobre Endesa, la primera eléctrica española que había estado desastrosamente gestionada por Manual Pizarro, que nunca remató el proyecto de fusión con Iberdrola, lo que habría creado la primera compañía eléctrica del mundo, ni se expandió internacionalmente, a pesar de tener más medios que nadie. Literalmente, pasó diez años tocándose las narices. Ante la  pasividad de Pizarro, los nacionalistas, infinitamente más pequeños, se lanzan a por Endesa para repartir los activos entre Cataluña y el País Vasco, pero a esto dedicaré otro análisis (dicho artículo se reproduce más abajo)

El siguiente paso, en 2007, fue que Gas absorbiese a Repsol, que era tres veces mayor, y trasladase la sede a Barcelona, lo cual no se realizó por la oposición de Sacyr, que había adquirido un 20% de participación en bolsa en 2006, basándose en que la ecuación de canje ofrecida era escandalosamente favorable a los nacionalistas. Sacyr recurrió al vago redomado de Rajoy, abducido por La Caixa, que les dijo lo habitual en él: “Laissez faire, laissez passer”. Y a partir de ahí, los ataques a Sacyr en los medios, todos férreamente controlados por La Caixa directa o indirectamente, vía publicidad, se multiplicaron.  

Una gestión contra el interés de España

Como consecuencia de la crisis financiera mundial, los bancos americanos e ingleses pusieron en venta su préstamo a Sacyr, algo que el gigante energético ruso Gazprom deseaba para intentar controlar Repsol y después la otra gran petrolera rusa, Lukoil, algo que conozco bien porque intervine directamente hasta que fui desplazado por Corinna zu Sayn-Wittgenstein por razones obvias. La intervención de las más altas instancias hizo pensar a Lukoil que podía controlar Repsol a precio de saldo y al final el tema fracasó.

Ante la desastrosa estrategia de que la compañía no se rigiera por criterios de la industria del petróleo, sino de poder nacionalista, Pemex llegó a un pacto con Sacyr en 2011 para obligar a gestionar Repsol con un criterio industrial. El primer paso sería poner en desarrollo las inmensas reservas de Vaca Muerta, las mayores del mundo, invirtiendo masivamente y siguiendo el esquema de Brasil, donde se dio entrada a Sinopec con un 40%, de forma que estos aportes económicos permitieran desarrollar  las aguas profundas de Brasil.

Sin embargo, Fainé y Brufau, dedicados a tiempo completo a romper el pacto Pemex-Sacyr, letal para los intereses del nacionalismo, se olvidaron completamente de la política industrial y pensaron menos aún en invertir en Vaca Muerta, lo que habría convertido a Argentina en un país exportador de petróleo y habría servido para que España diera un paso de gigante hacia la autosuficiencia. Esta estrategia habría permitido, además, situar a Repsol como potencia mundial de fracking y explotar los yacimientos junto con Pemex, cuando se produjera la liberalización –aprobada justo hace una semana–, los activos de fracking en Cantarel, otra gigantesca reserva, y además en las aguas profundas del Golfo de México, hoy prácticamente virgen pero con un potencial inmenso. Repsol se habría convertido en la primera compañía privada en reservas de petróleo y gas del mundo.

Por el contrario, la actuación de los nacionalistas catalanes ha llevado a la expropiación y pérdida definitiva de Vaca Muerta, con un pacto final económicamente irrisorio, al conflicto con Pemex y la imposibilidad de ser su socio preferencial en México. Fruto de todo lo anterior, han perdido sus principales reservas, algo a lo que ha contribuido la desastrosa gestión global, que ha llevado a Repsol a obtener sistemáticamente resultados muy por debajo de sus pares. Hecho este último denunciado recientemente por Enrique Peña Nieto, presidente de México, ante el Senado, acusando de ello a la incompetencia del consejo y el sesgo político de todas sus decisiones. El Gobierno mexicano se preocupa seriamente por el tema. Rajoy, vendido a los enemigos de España, a los que se les tolera todo, se dedica por el contrario a defender los intereses de los nacionalistas.

El valor de Vaca Muerta era tan obvio que a algunos nos ha servido para invertir en YPF sobre seguro, el valor de cuyas acciones se ha multiplicado por tres en seis meses y va a seguir subiendo. ¿Por qué Repsol, que conoce perfectamente el potencial, no compró el 40% de las acciones hace meses, recomponiendo así sus reservas a precio de ganga, en lugar de ponerse a llorar y a pedir ayuda contra los malvados argentinos? Es lo que habría  hecho un servidor y cualquier profesional del petróleo de haber estado al frente de la empresa. La priorización de los intereses políticos nacionalistas a los industriales y el absoluto sometimiento del Gobierno y oposición a los intereses nacionalistas catalanes ha supuesto el desmantelamiento real y efectivo de la potencia de Repsol, tanto en sus activos de producción como en sus participaciones accionariales en gas, donde ha tenido que vender los activos de gas natural a Shell y está en proceso de venta de su participación en Gas, obligada por La Caixa a realizarla en varias porciones para que esta siga siendo accionista de control.

  • (1) Después de esta serie de artículos, dedicaré uno específico a este tema.
  • (2) El salón del Tinell en Barcelona es el lugar en que se celebró el acto más glorioso de la Historia de España. Donde los Reyes Católicos, después de la conquista de Granada, recibieron a Colón con sus indios, sus especies y su oro: el nacimiento de nuestro Imperio. De este lugar, único de nuestra historia, se han apropiado los nacionalistas hasta el punto de que el indigno alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha cometido la barbarie de impedir que este excepcional escenario sea utilizado para la serie televisiva Isabel. Los nacionalista-separatistas no solamente nos roban nuestro dinero y nuestras empresas, sino también nuestra Historia, mientras el pusilánime Rajoy comete la felonía de mirar para otro lado. Sin embargo, sí se cedió este salón para que en un acto de supremo insulto a España se firmase el inicuo acuerdo entre PSOE, PSC, CiU y Esquerra, conocido como Pacto del Tinell, para excluir de la vida pública a más de la mitad de España que no piensa como ellos, y donde a diferencia de la generación del 36, la actual parece resignada a morir sin levantar un dedo. En esto estriba el siniestro proceder en Repsol de La Caixa y de Brufau que he descrito.



EL SAQUEO DE LA BANCA

En el artículo anterior hablaba de “el nacionalismo catalán contra España”, pero es más exacto hablar de oligarquía. Un nacionalista catalán de a pie, de buena voluntad, o sea, la inmensa mayoría, no pinta nada, es una persona manipulada y utilizada –una versión moderna de los remensas del siglo XV– por una oligarquía de características mafiosas, pues se trata de un grupo profundamente endogámico, donde “la famiglia” es el centro de intereses y los lazos de sangre esenciales. Esta posee un amplio abanico de excelentes profesionales a su servicio, economistas, policías, jueces, catedráticos, artistas, etc., y controla las principales instituciones, desde la Generalitat a las universidades, las organizaciones profesionales o el FC Barcelona, que es su altavoz esencial.

Tiene infiltradas la Delegación de Hacienda y la Administración de Justicia y controla férreamente la prensa y la televisión en Cataluña, pero también, y gracias a la potencia publicitaria de La Caixa y sus participadas desde Telefónica a Repsol, el resto de medios nacionales. Como toda mafia, la oligarquía catalana es una organización implacable que no tolera la disidencia. A finales del siglo XIX y principios de XX consiguen de Madrid un mercado colonial propio que es España y, para ello, hacen aprobar enormes aranceles que impidan la competencia extranjera.

Pero esta oligarquía no se conforma con tener a España como colonia, donde vende más del doble que lo que compra, ni que el ahorro captado en otras regiones de España por los bancos catalanes vaya a financiar el 70% de las inversiones en Cataluña, ni siquiera con el control de los monopolios energéticos. Aprovechando la cobardía de Rajoy, han puesto todos sus medios a favor del independentismo, que como acaban de reconocer no es en absoluto su objetivo, sino sacar nuevas prebendas fiscales y de todo tipo.

Pero el tema se les ha ido de las manos. ERC, enemigo histórico de la oligarquía, –serían los que en 1936 tiraron a los abuelos de los actuales oligarcas por las ventanas o los metieron en los hornos de sus fábricas, y asesinaron a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña– ha capitalizado a su favor el movimiento que estos insensatos han puesto en marcha envenenando con sus mentiras la conciencia de muchos catalanes, aun a sabiendas de que llevará a Cataluña a la ruina.

El asalto al sistema financiero

Dentro de los desastres de la Transición, la destrucción del sistema de cajas de ahorro, una institución con más de 160 años que constituía la columna vertebral del ahorro popular y de la financiación de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, fue el más grave después del modelo de Estado. Aunque fue este el que permitió situar al frente de las cajas a políticos ineptos y venales, que las utilizarían para su servicio y provecho –dicho en corto “robar a manos llenas”– con la impunidad que les garantizaba el control del poder judicial por la casta política. Lo que ha pasado no tiene nombre: se llevaron el dinero a carretadas, multiplicaron sus sueldos por diez o más y, en lugar de ir a la cárcel, han cobrado jubilaciones de escándalo. Esta es la España de la Transición.

El río de dinero fácil que siguió a la entrada en el euro, donde estos insensatos se endeudaban a corto (2-3 años) para prestar a largo (20-30), debido a la dejación criminal de sus responsabilidades por parte del Banco de España (Caruana y MAFO), hizo que la crisis financiera  llevara a casi todas las cajas a la quiebra. Fue la hora de La Caixa y el Banco de Sabadell, los grandes bastiones de la oligarquía catalana. El 20 de abril de 2010 se produce un hecho crucial, la renovación de los órganos de gobierno de la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA). Se daba por hecho que el nuevo presidente sería un hombre tradicional de las cajas, Amado Franco. Sorpresivamente, con el apoyo de Rodrigo Rato, que era presidente de Caja Madrid, es nombrado Isidro Fainé y desde ese momento empieza el reparto en serio de cajas y bancos con problemas.

En diciembre 2011, el Banco de Sabadell se hace con la CAM con el dinero de todos los españoles. El esquema  de protección de activos (EPA) fue absolutamente escandaloso: 17.500 millones ampliables a 20.000. Pero el asunto es infinitamente peor. Otras entidades que habían intentado lo mismo con EPA muy inferiores habían sido rechazadas por el Banco de España. Si el dinero y las EPA entregadas a dedo y con total opacidad a La Caixa y el Sabadell hubieran sido entregadas a las propias entidades, estas se habrían salvado solitas. ¿Por qué no se les dio opción a otras entidades nacionales o extranjeras para que presentaran sus propias ofertas?

Así, Caja Murcia había intentado fusionarse con la CAM solicitando una ayuda de sólo 2.500 millones, ¡y los esbirros del Banco de España a las órdenes del poder le dicen que no! Entonces se integran en un proyecto de fusión Caja Astur, Caja Cantabria, Caja Badajoz y la CAM. En el último minuto, Manual Menéndez de Caja Astur –que era el líder del grupo– pide una EPA de 3.500 millones, y no sólo le dicen que no, es que además le echan del Banco de España con cajas destempladas. Menos de un año después, sin concurso alguno, se adjudica la CAM al banco Sabadell, cuyo primer accionista es el Sr. Lara, soporte mediático principal de Rajoy.

La siguiente gran operación, en enero 2012, auspiciada por La Vanguardia y El País, fue la absorción de Bankia por La Caixa, con ayudas que hacían empalidecer las de la CAM, aunque eso presentara problemas insolubles incluso con un Gobierno de cobardes a su servicio. La Caixa pretendía que la sede social se instalara en Barcelona, algo imposible de aceptar porque desmantelaba la primera institución de ahorro de la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre puso pies en pared; y, más importante aún, la nueva entidad escaparía al control del Banco de España y pasaría a estar controlada por la Generalitat.

Como el inútil de Rato –que ha sido el primer director del FMI expulsado por inepto después de haberse puesto un sueldo de 10 millones de euros– había profundizado aún más la ruina de Bankia, esta recibe ayudas por 24.000 millones de euros. La Caixa se queda, de momento, sin su presa y como consolación se le da el Banco de Valencia ¡por un euro! Y con ayudas de 10.000 millones, a pesar de que el conde de Godó, primer accionista de La Caixa, estaba desarrollando a través de La Vanguardia una feroz campaña secesionista. La mafia catalana pasa a controlar todo el ahorro de la Comunidad Valenciana, cuya anexión es objetivo declarado de los separatistas.

Si las operaciones descritas hubieran sido realizadas por cualquier otro banco español, Santander o Popular, por ejemplo, habría sido una golfada y un presunto caso de malversación de caudales públicos. Pero es que La Caixa y el Sabadell no son “cualquier otro banco”, sino que han puesto los medios de comunicación que controlan al servicio de los enemigos de España. Han apoyado sin pestañear el que en Cataluña no se respete ni la ley, ni la Constitución ni el Estado de Derecho. Que se ignoren las sentencias del Constitucional y el Supremo que obligan la enseñanza del español. No movieron un dedo para evitar la persecución y la discriminación de todo lo español, y apoyaron la falsificación de la Historia y el “España nos roba”, cuando como profesionales de la banca y con potentes servicios de estudios sabían que era totalmente falso.

Ahora confiesan públicamente que no era la independencia lo que querían, sino prebendas y ventajas fiscales similares a las del País Vasco, algo que saben imposible, porque el País Vasco es el 6% del PIB de España y Cataluña es casi el 20%. Este sistema destruiría económicamente la nación española, por lo que sería mejor que se independizaran y se llevaran su deuda, sus productos y sus empresas, salieran del euro y se buscaran la vida por su cuenta, y que España buscara la formación de un Estado confederado con Portugal con 750 millones de personas hablando español o portugués y unos lazos profundos con decenas de países.

Rajoy regala 50.000 millones a la oligarquía y se hace con el 33%

La siguiente operación era la de Novacaixagalicia (NCG), que ya había recibido 9.000 millones de ayudas que jamás serán devueltas. España es el único país donde las ayudas a la reestructuración del sistema bancarias no han sido reembolsadas y han recaído sobre los ciudadanos. Ya van más de 50.000 millones perdidos y pueden llegar a 100.000, a pesar de las promesas de los que nos gobiernan que han jurado y perjurado que no costarían un euro a los contribuyentes.

En NCG todo estaba precocinado para regalársela a La Caixa con una EPA de 10.000 millones de euros adicionales a los 9.000. Un disparate ininteligible pero que tiene una explicación sencilla: era lo comprometido por Rajoy con Fainé. En junio del 2011, colocan a J. M. Castellano de la mano de José  Blanco, Borja Prado e Isidro Fainé, que “convencen” a Elena Salgado el ordenar a MAFO que le acepte. Nada más ser destituida, es nombrada por Borja Prado consejera de Endesa Chile y por Fainé consejera de Abertis, saltándose a la torera las incompatibilidades. Esto ya no es un país, es Alí Babá y los cuarenta ladrones a gran escala.   

Pero la operación se ha ido al garete por la oposición frontal de Feijóo. La oferta de Bandesco gracias a Merrill Lynch ha sido tan contundente que ni Rajoy ni Guindos han podido evitarlo, aunque lo han intentado hasta la náusea. Por primera vez, el Estado ingresa dinero, en vez de tener que poner decenas de miles de millones a costa de los contribuyentes. Y esto pone una cuestión crucial sobre la mesa. ¿Por qué todas la adjudicaciones anteriores se han hecho sin concurso, en condiciones de total opacidad, rechazando ofertas más ventajosas, y con un costo salvaje para los ciudadanos?

El sistema financiero valenciano, el canario, el navarro, y parte del andaluz, han desaparecido a favor de la oligarquía financiera catalana. En 1980 las entidades financieras catalanas representaban el 16%  del sistema, hoy suponen el 33% y todo sin poner un duro, financiado con la miseria y la pobreza de los españoles, catalanes o no. Veamos lo que ha costado a los españoles. Dinero aportado por el robo legal del FROB, 25.000 millones totalmente irrecuperables –6.000 el Sabadell y 6.000 Caixa Bank y 9.000 Caixa Cataluña– a los que se suman 25.000 de las EPA. Total 50.000 millones. Y a pesar de ese río de nuestro dinero, su situación bordea la insolvencia, Caixa Cataluña ha sido nacionalizada y CaixaBank no lo ha sido porque Rajoy les ha permitido ocultar su volumen de activos tóxicos, que es su secreto mejor guardado.

Según Goldman Sachs, el montante de activos tóxicos en La Caixa, Bankia y Banco Base ascendía a 118.000 millones. No podemos saber con certeza cuánto de esto le corresponde a La Caixa, pero sí podemos estimar no sólo el montante de sus activos tóxicos, sino también las pérdidas latentes a base de compararlas con Bankia, que era de su mismo tamaño, y Caixa Cataluña, que era la mitad. Las pérdidas de Bankia derivadas de sus activos tóxicos han sido de 23.000 millones, las de Caixa Cataluña de 10.000, por lo tanto una cifra entre los 20 y los 23.000 millones sería la estimación más razonable de la pérdida latente de los activos tóxicos de La Caixa, que el Banco de España ha permitido ocultarlos en la matriz, La Caixa, ya que CaixaBank ha nacido sin activos inmobiliarios.

Ahora bien, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, (art. 363-E), las causas de disolución de una sociedad son “pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social”. Los fondos propios son 23.776 millones y el capital social 5.355 millones. Si restamos las pérdidas potenciales de los fondos propios, estos quedan reducidos a una cifra casi igual a los 2.677 millones, que es la mitad de su capital. Es decir, si se hubieran aplicado los mismos criterios que a Bankia o Caixa Cataluña estaría también nacionalizada. Y en lugar de esto, Rajoy está negociando un “intercambio de cromos”, renuncia al soberanismo a cambio de Bankia, que va a ser privatizada. Si CaixaBank consiguiera su objetivo, la oligarquía catalana pasaría a controlar el 40% del sistema financiero, tanto como el Santander y el BBVA juntos, pero con nuestro dinero. La rendición de Rajoy ante la oligarquía catalana no hay por dónde cogerla.


EL SAQUEO DE ENDESA

Hasta 1997, Endesa estaba dirigida por Feliciano Fuster, que la había convertido en la mayor por capitalización bursátil junto con Telefónica, muy por encima de Iberdrola, Repsol o el Santander. Fuster tenía una estrategia perfectamente definida: una política de internacionalización y diversificación, extremadamente brillante y eficaz, para convertir la sociedad en un holding multiutilities. Endesa era una empresa pública perfectamente gestionada con sueldos de las empresas públicas de entonces. Feliciano ganaba 12 millones de pesetas anuales, que equivalen a 140.000 euros de hoy, ¡casi cien veces menos que algunos de los presidentes de las empresas eléctricas actuales, mucho peor gestionadas!

Cuando se estaba terminando el llamado proceso de privatización “para fomentar la competencia”, la mayor estafa de la historia industrial de España, ya que se trataba de convertir los monopolios públicos con precios regulados en monopolios privados con precios libres, Aznar se hizo con el poder con la ayuda de los separatistas catalanes y puso a sus amigos al frente de todas las empresas públicas, privatizadas o no, con independencia absoluta de sus conocimientos. “¡No íbamos a poner a nuestros enemigos!", diría Rato con la soberbia que le caracterizaba, aunque deberían haber elegido al menos a los que supieran hacer una 'o' con un canuto, porque la mayoría ni eso.

Endesa se la 'pidió' Martín Villa, que, después de haber traicionado a Franco, a sus principios falangistas y a España y a los españoles en la Transición, era lo menos que se merecía. Así que Aznar echó a Feliciano, “un enemigo”, según el inepto de Rato, y puso al ínclito Rodolfo. Lo primero que hizo el nuevo presidente, que podía no saber lo que era un kw, pero sabía muy bien que la pela es la pela, fue ponerse un sueldo 20 veces mayor que el de Feliciano. Durante los ocho años siguientes, primero con Martín Villa y luego con Pizarro, la cotización de Endesa se estancó, mientras que la del resto de las eléctricas subió como la espuma.

Los caciques catalanes, al saqueo

Uno de los grandes desastres de la Transición ha sido el hecho de que el voto de los separatistas vascos y catalanes valga seis veces el del resto de los españoles, lo que ha llevado a que cuatro caciques locales, hoy en abierta sedición contra España ante la cobardía y la inacción de Rajoy, tengan la llave en la formación de Gobiernos. A los vascos se les restituyó un régimen foral de rapiña, e ingresan anualmente 8.000 millones menos al Estado de lo que les correspondería en el régimen común. También se dispuso que los impuestos del IVA y Sociedades pagados por las empresas radicadas en el País Vasco por sus ventas fuera de la región (particularmente las medianas y pequeñas), que son ingresados en las Diputaciones Forales, no vuelvan al Estado como es obligado. Ello añade miles de millones que literalmente roban al resto de los españoles, lo que les permite ser la primera región en renta per cápita.

En el caso de Cataluña, todo el expolio económico de España ha girado alrededor La Caixa, cuya gestión del negocio bancario ha sido manifiestamente ineficiente (a día de hoy ni siquiera sabemos el valor de sus activos tóxicos aparcados fuera de CaixaBank, gracias a la connivencia con el BdE), y que ha aprovechado en su favor el chantaje político que suponía la compra de los votos nacionalistas. La Caixa conseguía así el 'gratis total', porque el dinero obtenido con el trapicheo político no era para los catalanes de a pie, sino para la oligarquía, al control de numerosas empresas clave

Como señalaba Alberto Recarte, gran conocedor del sistema financiero, La Caixa recibía un pago [por estas ayudas políticas] en forma de participaciones empresariales, lo que la ha hecho dueña de enormes paquetes accionariales en las principales empresas de España a precio de saldo. Analicen sus balances y comprobarán que el precio de las participaciones no se ha pagado con sus beneficios bancarios, sino que ha sido fruto de pactos políticos”. O sea, del saqueo sistemático a los españoles, catalanes o no.

Antes de la desgracia nacional que supuso que Zapatero ganara las elecciones, Gas Natural intentó lanzar una OPA sobre Iberdrola, algo que Cortina, entonces presidente de Repsol, frenó con facilidad. Cuando Zapatero llegó a la presidencia, vieron el cielo abierto, porque además nombra al bachiller Montilla ministro de Industria. La máxima aspiración de Montilla en la vida, siendo como es de un pequeño pueblo de Córdoba, era llegar a presidente de la Generalitat, para lo que necesitaba el apoyo de la todopoderosa oligarquía catalana, sin la cual nada se mueve en esa región. ¿Y qué quiere esta a cambio de promocionarlo a molt honorable President? Pues quedarse con Endesa sin poner un euro.

Así, de la OPA que realiza Gas Natural, 21,30 euros por acción, se paga el 65% en papeles de colores, es decir, acciones de la nueva sociedad, para lo que se hace una ampliación, y el 35% restante en dinero que sale de la propia Endesa, vendiendo algunos activos a Iberdrola por entre 7.000 y 9.000 millones. O sea, la oligarquía catalana se queda con la mayor eléctrica española sólo por su cara. Igual que ha hecho con las cajas y el Banco de Valencia, en cuyo caso se ha quedado con los activos, mientras que el dinero lo ponen los españoles vía robo legal del FROB y similares.

Esta OPA 'gratis total' de una hormiga a un gigante, algo inédito en el mundo y que jamás le habría ocurrido ni a Feliciano Fuster ni a un gestor digno de ese nombre, despierta a Pizarro de sus largos años de dolce far niente, y lo primero que hace es decir “el kilovatio me aburría, pero esto me pone”. Se trata del mayor dislate pronunciado jamás por un dirigente empresarial en la historia industrial española, y probablemente en la mundial, y explica la pérdida brutal de valor bursátil de Endesa en relación con sus pares a lo largo del mandato de Villa/Pizarro.

Pero como la creación de valor para el accionista le aburría y la parte legal le "ponía", empezó a buscar todos los obstáculos legales posibles para torpedear el robo descarado que pretendía perpetrar la oligarquía catalana. Y para sortear al Gobierno Zapatero, que estaba a los pies de los oligarcas (tanto que llegaría hasta la traición, haciendo aprobar un Estatuto manifiestamente anticonstitucional que convertía a España en una colonia económica de Cataluña), pidió la intervención de la Comisión Europea, ya que las inversiones de Endesa fuera de España hacían competente a la misma y no al bachiller Montilla.

Simultáneamente, Pizarro salió a la busca de un 'caballero blanco', algo que, de no haberle aburrido tanto el kilovatio y haber hecho su trabajo durante su presidencia, no habría necesitado. Llama la atención que, siendo Pizarro un experto en bolsa, no se percatase de que la estructura accionarial de Endesa, con un 85% de particulares o fondos de inversión, era extremadamente vulnerable. Pizarro no movió un dedo para tener un núcleo duro que hiciera imposible una OPA en un mundo donde eran la moda del momento. Sería un error letal.

El 'caballero blanco' fue la alemana E.ON, sin duda una excelente elección pues es la empresa eléctrica más eficiente de Europa: si al final se hubiera quedado con Endesa, el desastre actual no se habría producido jamás. Pizarro les abrió las puertas de Endesa y los alemanes se quedaron tan asombrados con el valor de lo que había que en lugar de tomar una participación minoritaria decidieron hacer una contraopa por 27,5 euros por acción y todo en efectivo. La oligarquía catalana, que se había dormido en sus laureles, sintiéndose imbatible por el sometimiento de Zapatero y del bachiller Montilla, vio que el tema se le iba de las manos, porque la nueva OPA de E.ON le obligaba a poner dinero, y eso nunca.

Montaje infumable

Así que pasaron a lo suyo: al lloro y a la amenaza política. 'Catalanofobia empresarial' diría el miserable de Carod Rovira, enemigo declarado de España: “En Cataluña no se entendería que Endesa no fuera para Gas Natural”. Y luego: “¿Cómo va a entregarse la primera eléctrica española a una empresa alemana con mayoría pública?" Zapatero y el bachiller Montilla rechazaron a E.ON por ser parcialmente pública, algo que clama al cielo a la vista de lo que ocurrió después, e hicieron un montaje infumable con Acciona, que compró un 10% con dinero del Santander, pues el retorno con un beneficio escandaloso estaba garantizado por Enel, que, de la mano de Solbes, compró otro 10% ampliable.

El montaje Acciona-Enel puso a E.ON en dificultades, pero, conocido el valor real de Endesa, elevó su apuesta hasta los 40 euros por acción. La oligarquía catalana había conseguido impedir de un Gobierno de traidores la entrada de E.ON, pero a costa de que las acciones se disparasen en bolsa, lo que les dejó fuera de juego. La clave del tema pasó entonces a Pedro Solbes, el cual se había visto envuelto en la mayor trama de corrupción descubierta en la Comisión Europea, lo que ya es decir, ya que la Comisión es el organismo público más corrupto de todo mundo civilizado.

En vez de haber sido expulsado con deshonor, que era lo que correspondía ya que era el responsable político, su jefe, Romano Prodi, no sólo le mantuvo en el puesto, sino que al final de su mandato lo jubiló con unas cifras de lujo. A su salida como presidente de la Comisión Europea, Prodi sería elegido Presidente del Gobierno italiano, y como buen conocedor del tema Enel, pues había sido presidente del IRI, holding público italiano al que pertenecía Enel, utilizó la deuda de honor contraída por Solbes para que apoyara a muerte la toma de control de Endesa por Enel, que era la antítesis de E.ON, pues es la empresa eléctrica peor gestionada y más ineficiente de Europa. Todo se gestó entre bastidores.

De todas formas, lo relevante es el resultado final: España entrega su mayor empresa eléctrica con fuertes ramificaciones en Latinoamérica a Italia. Enel se 'estira' y pone un eurillo más que E.ON, hasta 41. Y nuestro mayor activo en el sector eléctrico desaparece, gracias a que al presidente de Endesa le aburrían sus obligaciones, a la rapacidad y la avaricia de la oligarquía catalana y a la felonía de Zapatero y de Solbes, que sería nombrado, ¡cómo no!, consejero no de Endesa, ¡sino de la propia Enel en Roma, que hoy sí paga a los traidores!

Alguien tiene que pagar la OPA

Los italianos se fuman un puro con la clausulas 'inviolables' de españolidad de Endesa, el hecho de mantener su sede en Madrid y un largo número de etcéteras, a lo que se habían comprometido formalmente. Y eso sin que el Gobierno, Rajoy en este caso, mueva un dedo. Los suministros más importantes de Endesa los hacen empresas italianas, y la electricidad para los españoles se pone al nivel más alto de Europa, porque alguien tiene que pagar la OPA, las plusvalías escandalosas de Acciona y el macrosueldo de Solbes, y no iban a ser los italianos.

A día de hoy, Enel/Endesa, Iberdrola y Gas Natural manipulan los precios como les da la gana. Alteran sus sistemas productivos y sus aprovisionamientos para producir una escasez artificial en un mundo pletórico de energía para elevar artificialmente los precios, algo que sería de cárcel en todo el mundo civilizado, mientras el inútil de Soria no hace absolutamente nada. No es más que otro episodio del desgobierno, la corrupción, la incompetencia y la falta de liderazgo de Rajoy, que raya en lo criminal y que nos ha conducido a una profunda crisis nacional en todos los ámbitos. Alguien debería decir basta, porque esta situación nos va a llevar al desastre político y económico más absoluto.


martes, 8 de enero de 2013

LAS MENTIRAS DE MAS Y DE CATALUÑA


El presidente de la Generalidad, Artur Mas, aprovecha toda ocasión que se le presente para insistir en su particular mantra de que el Estado maltrata a Cataluña en materia de financiación territorial e inversión pública. Así, este mismo martes, coincidiendo con la inauguración de la línea de AVE Barcelona-Gerona-Figueras, el líder de CiU ha afirmado que Cataluña, pese a ser la comunidad "que más contribuye al PIB español, es la que tiene menos dotación de infraestructura pública" actualmente, después de 30 años de democracia.
Durante el acto inaugural en la estación de Gerona, ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el Príncipe Felipe, Mas ha añadido que, si bien es un día de celebración, la inversión del Estado en Cataluña ha de plantearse como reflexión a tener en cuenta. En este sentido, ha querido dejar claro que la puesta en marcha de la línea de AVE entre Barcelona y Figueras (Gerona) no es un privilegio sino "un acto de justicia".
La razón, según Mas, es que Cataluña es la región que más contribuye al PIB de España y, por tanto, al crecimiento económico, mientras que es también el territorio del Estado que tiene una menor dotación en infraestructura pública. "Cataluña es hoy todavía, y esperemos que siga siendo, el adalid de la exportación del comercio exterior y del crecimiento económico en el conjunto" de España, ha añadido.
Por ello, ha aprovechado la ocasión para reclamar al Estado mayor inversión para completar el denominado Corredor del Mediterráneo. "La auténtica dimensión que nos conviene la tenemos que buscar a escala europea", ha dicho, para lo que es necesario "una gran conectividad con el resto de Europa".

Las falacias

Sin embargo, el discurso de Mas está plagado, nuevamente, de falacias y medias verdades a la vista de los datos. Así, en primer lugar, Cataluña ya no es el principal referente económico de España. En los últimos años, la Comunidad de Madrid supera en casi todos los indicadores económicos a Cataluña.
Además, tampoco es un "adalid" del crecimiento económico nacional, más bien al contrario: el PIB catalán ha registrado una de las mayores contracciones a nivel regional de 2012, con una caída del 1,8%, por encima de la media de España (1,6%), y tan sólo superada por Castilla-La Mancha (-2,5%), Comunidad Valenciana y Asturias (ambas con una caída del 1,9%), según los datos recopilados por los economistas de Hispalink. Prueba inequívoca de las dificultades económicas de la región, y su insolvencia pública, es el hecho de que el Estado ha tenido que inyectar a la Generalidad un total de 12.000 millones de euros para evitar su quiebra.
Por otro lado, a diferencia de lo que afirma Mas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado este martes que el Estado ha invertido casi 10.000 millones de euros entre 2000 y 2012 para mejorar las comunicaciones ferroviarias en Cataluña, destinados en su mayoría a la Alta velocidad, especialmente en su recorrido desde Lleida-Barcelona y Barcelona- frontera francesa.
De hecho, "Cataluña es la comunidad que más inversiones ha recibido en el ámbito ferroviario", ha detallado Rajoy, que ha reiterado la importancia del tramo Barcelona-Gerona-Figueras como parte del Corredor Mediterráneo, una infraestructura "clave" de la "franja costera mediterránea y de España entera". Rajoy también ha destacado que el Gobierno ha puesto "el cien por cien de su voluntad política para priorizar una infraestructura vital para Cataluña como es este AVE, con una inversión de más de 3.700 millones de euros", una infraestructura que une a España con Francia.
Entre otras cosas, Cataluña es la primera comunidad autónoma en la que todas sus provincias están conectadas por una misma línea de AVE, según fuentes del Ministerio de Fomento. Por si fuera poco, el volumen de inversión que prevé Fomento en Cataluña durante 2013 asciende a 1.112,7 millones de euros, unas 2,6 veces superior a la media nacional. Y en términos absolutos, Barcelona es la provincia de España con mayor volumen de inversión de Fomento, cuadriplicando a la media nacional, con 631 millones de euros.

Cataluña sale beneficiada

Por último, la ausencia de maltrato por parte del Estado a Cataluña se manifiesta claramente en los datos de financiación territorial.Cataluña recaudó 27.000 millones de euros en concepto de IRPF, IVA e Impuestos Especiales en el ejercicio 2011 y recibió casi 15.800, el 60% del total, según datos oficiales de Hacienda. Por el contrario, de los 66.000 millones de euros que se recaudaron en Madrid, la comunidad tan sólo percibió 11.474 millones mediante transferencias estatales, es decir, apenas el 17,6% de todo lo recaudado.
En términos relativos, esto significa que la Generalidad recibió en el reparto autonómico casi cuatro veces más que el Gobierno madrileño -60% frente al 17% recaudado-. En términos absolutos, Cataluña ingresó 4.300 millones de euros más que Madrid, pese a que particulares y empresas madrileñas aportaron a las arcas públicas 2,4 veces más que los catalanes -en Madrid se recaudó un 144% más que en Cataluña-. Así pues, la auténtica maltratada por el sistema es Madrid, no Cataluña. Es la que más aporta y la que menos recibe, tal y como avanzó Libre Mercado.

jueves, 20 de diciembre de 2012

LA ASFIXIA ECONÓMICA QUE SE AVECINA EN CATALUÑA.


La comunidad catalana se convierte en una de las que tiene los impuestos más altos de Europa. El pacto de CiU y ERC supone subidas de impuestos de 1.000 millones al año con un mayor castigo a los patrimonios, la recuperación de Sucesiones, la imposición de una euroviñeta o un gravamen a los depósitos bancarios, entre otras medidas. Este acuerdo llega a una comunidad que ya soporta una de las fiscalidades más duras de Europa (con un IRPF de hasta el 56%) y puede auspiciar la salida de empresas, patrimonios y directivos en busca de una fiscalidad menos gravosa. El acuerdo suscrito por Mas y Junqueras concitó las críticas de entidades financieras, patronales, cámaras de comercio y fiscal.

En Cataluña se pagará más por trabajar. Se pagará más por tener propiedades. Se pagará más por ahorrar. Se pagará más por estudiar, por consumir ciertos productos, y hasta por morir. Artur Mas se promocionó en 2010 con una tarjeta de presentación de empresario y buen gestor que le definía como business friendly, lo que le abrió las puertas de la Generalitat. Dos años después, la urgencia independentista y sus nuevas alianzas políticas selladas ayer en el Parlament le han traído las críticas frontales de la patronal, la banca y las cámaras de comercio, un dudoso premio que ni el último tripartito logró cosechar.

CiU ha tenido que renunciar a su decálogo económico por alcanzar la estabilidad en el gobierno, y hallevado al extremolaasfixia fiscal para ciudadanos y empresas. Ha puesto una alfombra roja para que abandonen Cataluña empresas y patrimonios, tras aceptar gravar más el patrimonio, recuperar Sucesiones y crear un impuesto a los depósitos bancarios y dejar intacto un elevadísimo IRPF que cuando llegó al poder se comprometió a revisar. Las grandes asociaciones empresariales lamentan el golpe a la recuperación económica que ello supondrá y los bufetes de abogados advierten ya de un aumento de firmas y ejecutivos que se plantean seriamente abandonar Cataluña.

La subida en 2010 del tramo marginal del impuesto sobre la renta hasta el 56% coloca a Cataluña solo por debajo de Suecia en Europa. Hasta ahora no se ha notado en exceso,  pero los expertos señalan que el cóctel que se producirá en 2013 entre IRPF, Sucesiones y Patrimonio hará que “la deslocalización sea mayor; es confiscatorio”, cuenta José María Cusí, socio de Amat & VidalQuadras.

David Sardá, fiscalista del bufete BDO, advierte de que hay muchos directivos que se están planteando abandonar Cataluña por el duro gravamen sobre la renta, así como empresas. El abogado considera que no es fácil llevarlo a cabo, porque hay que realizar un cambio de residencia real. Existen otros perjuicios, principalmente con el Impuesto de Patrimonio –en el que CiU y ERC plantean rebajar el mínimo exento– y en Sucesiones, que Mas no sólo recuperará, sino que además endurecerá, que conllevarán que muchos extranjeros deseosos de mudarse a Cataluña opten por otras autonomías con una fiscalidad más amigable. “Habría que explicar que no está claro que salga a cuenta”,cuenta Sardá: en el plano fiscal “no es una zona a la que valga la pena venir a vivir”.

Así, Jorge Sarró, socio de Rousaud Costas Duran SLP e inspector de Hacienda en excedencia, entiende que “puede llevar efectivamente a deslocalizaciones de empresas y personas. Piénsese que residir en Madrid o en Barcelona puede suponer para un gran patrimonio varios cientos de miles de euros de diferencia en impuestos. Dicha circunstancia afecta asimismo a posibles nuevos residentes, que elegirán otros territorios”. Otro bufete instalado en Madrid y Barcelona asegura que El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, estrecha la mano al presidente de ERC, Oriol Junqueras, ayer en Barcelona. “la gente empieza a ronronear con irse de Cataluña”.

La patronal de la banca, la AEB, y la de las cajas de ahorro, la Ceca (que preside Isidro Fainé, presidente de La Caixa), lamentaron ayer el impuesto de 500 millones de euros sobre los depósitos bancarios. La AEB denuncia que la tasa “fragmenta” el mercado financiero y “penaliza el ahorro”. Las cajas advierten de que “no es un impuesto favorable” al sector en un momento “de crisis como el actual”. Las fuentes financieras consultadas dan por hecho que el impuesto obligado por ERC repercutirá en el cliente y encarecerá el crédito. El presidente de Banco Popular,  Angel Ron,aseguró ayer que “poner cargas impositivas al ahorro no va a favorecer la recuperacióneconómica”. Las críticas llueven también desde la propia patronal catalana, Fomento del Trabajo. El presidente de los empresarios, Joaquín Gay de Montellá, nada enemigo del poder y que defendió con ahínco el pacto fiscal de Artur Mas, ha dicho basta. Preguntado sobre la posible deslocalización empresarial en Cataluña, Gay admitió que el afán recaudatorio de la Generalitat “en principio, desmotiva”, afirmó. “Las subidas de impuestos son notorias y demuestran un camino equivocado. Nosotros respetamos las decisiones de los políticos, [pero] estas medidas dificultan la recuperación”, dijo.

La gran patronal catalana no es la única en dar un golpe sobre la mesa. La asociación de las pequeñas y medianas empresas catalanas, Pimec, denuncia que “no hay que subir la presión fiscal a las pymes”, mientras que la Cámara de Comercio de Barcelona, transmisora habitual de ciertas reclamaciones del Govern de Mas, criticó ayer que las subidas de impuestos “tendrían un efecto muy negativo sobre la economía”. Todas ellas han mostrado su rechazo al proceso independentista y abogan por recuperar el diálogo con el Estado. Otro ejemplo de cómo “la transición nacional”  soberanista puede conducir a un desierto empresarial. Algunas productoras de cine y televisión apuntan que los proyectos que busquen financiación ahora no se decantarán por Cataluña y que la autonomía no atraerá ningún rodaje cuando las medidas entren en vigor. Precisamente cuando son varias las regiones que están lanzando incentivos fiscales en la UE para atraerlos.

El discurso independentista no gusta a los empresarios. Uno de los más representativos en Cataluña, José Manuel Lara, dueño de Planeta, ha amenazado con mover su sede con el proceso. Procter&Gamble ha planteado también llevarse de la región la actividad de Arbora Ausonia tras haber adquirido el 50% que no tenía. A éstas les pueden seguir otras. Artur Mas se ha pasado la campaña electoral denunciando que los argumentos económicos contrarios a la independencia catalana formaban parte del “discurso del miedo”. Empresas y ejecutivos han empezado a demostrar que el “miedo”, efectivamente existe, pero anda más dirigido hacia un presidente de la Generalitat del que no se sabe de qué es capaz por la independencia.



domingo, 16 de diciembre de 2012

DEUDA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A FINALES DE 2012


La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas creció un 15,3% en el tercer trimestre de 2012 en tasa interanual, hasta situarse en 817.164 millones de euros.

Según datos publicados este viernes por el Banco de España, esta deuda representa el 77,4% del PIB, frente al 66,7% en que se situó en mismo periodo de 2011 y al 76% del trimestre precedente. Se trata, además, de la cuantía más elevada de la serie histórica del supervisor, que arranca en 1995.

Del total, el 85% (695.519 millones de euros) corresponde a la Administración Central, tras registrar un aumento del 16,3% en el último año. Por su parte, las comunidades autónomas acumulan 167.460 millones, lo que supone un aumento del 21,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra era de 137.552 millones. Si bien, respecto al trimestre anterior, las regiones consiguieron reducir su deuda un 0,4%.

Las regiones con un mayor ratio de deuda sobre el PIB son Castilla-La Mancha (25,7%), la Comunidad Valenciana (25%), Cataluña (23%) y Baleares (20,3%), mientras que el más reducido lo tienen Madrid (9,5%), Canarias (9,9%), País Vasco (10,7%), Asturias (10,4%) y Castilla y León (12,2%).

En valores absolutos, Cataluña es la comunidad con una mayor deuda, ya que alcanza los 45.754 millones de euros, sobre 167.460 millones, es decir, un 25% del total de la deuda con sólo un 16% de la población total.. A continuación se situaron Comunidad Valenciana, con 25.574 millones; Andalucía, con 18.495 millones, y Madrid, con 17.780 millones.

Por su parte, la deuda de los ayuntamientos se situó en 43.802 millones en el tercer trimestre del año, un 19,3% más que un año antes, y representa el 4,1% del PIB. Del total, 36.173 millones corresponden a ayuntamientos y 7.254 millones a diputaciones de régimen común, diputaciones forales y consejos y cabildos insulares. Madrid es el ayuntamiento con más deuda, con un total de 7.358 millones de euros para casi cuatro millones de habitantes, y aunque la ha reducido en el último trimestre, acapara el 63,1% del total de la deuda de las capitales de provincia con más de 500.000 habitantes. Por detrás se sitúan, con mucha diferencia, Barcelona (1.115 millones, con una población que es un tercio o un cuarto de la de Madrid), Valencia (1.041 millones), Zaragoza (948), Málaga (749) y Sevilla (442).


jueves, 15 de noviembre de 2012

LA HUELGA GENERAL ORQUESTADA POR DOS ORGANIZACIONES SINDICALISTAS PARÁSITAS DE NUESTROS IMPUESTOS

Nuestros sindicalistas trivagos Toxo y Méndez, y el comunista Cayo Lara

Segunda huelga general que los sindicatos le hacen al Gobierno Rajoy en seis meses, secundada a tiempo parcial por una ciudadanía que por la mañana acudió a su puesto de trabajo para no sufrir los preceptivos descuentos en la nómina del mes y por la tarde sí, con el día computado, por la tarde se manifestó con cierto carácter masivo. Lo cual dio pie al Ejecutivo para presumir de que el consumo eléctrico, principal vara de medir el éxito o el fracaso de estas convocatorias, apenas había descendido un 12%, porcentaje que inapelablemente certifica el fiasco de la iniciativa. La otra cara de la moneda fueron esas manifestaciones donde los inefables Toxo y Méndez cosecharon un éxito relativo, no obstante lo cual, o tal vez precisamente por ello, sus discursos navegaron entre lo clerical y lo atávico.

La huelga fracasó. Y son ya dos los disparos fallidos, las balas perdidas, asunto particularmente grave si tenemos en cuenta que las organizaciones sindicales no van a tener en bastante tiempo otra oportunidad para intentar sacar a la gente a la calle, una gente que, asediada por mil problemas diarios, no está para otras fiestas que no sean las de defender con uñas y dientes su jornal diario.

El papel de los sindicatos, aferrados a proclamas y postulados que millones de ciudadanos juzgan superados, se revela cada día más obsoleto. Las amenazas de incrementar la conflictividad social como único argumento frente a la dureza del ajuste, son el exponente de la crisis terminal por la que atraviesan unas organizaciones carentes de propuestas constructivas. Por no hablar del papel de unos impresentables piquetes “informativos”, convertidos en la era de internet en vulgares matones dedicados a molestar y/o agredir a aquellos ciudadanos que pretenden acceder a su puesto de trabajo.

Los sindicatos, como tantas cosas en esta crisis terminal por la que atraviesa nuestro país, como la patronal o los propios partidos políticos, son víctimas de unas contradicciones ciertamente sangrantes en esta hora que vivimos. Una de las más llamativas, aunque no la única, es su condición de organizaciones subvencionadas por el erario público, es decir, por los impuestos de los ciudadanos, asunto cuando menos llamativo en momentos en los que resulta imprescindible recortar gastos por doquier para sostener el Estado del bienestar.  CCOO y UGT callan, mientras sacan a la gente a la calle, o lo intentan, para protestar contra unos recortes que siguen dejando prácticamente intactos sus privilegios.

Además de esconder sus vergüenzas, los sindicatos intentan manipular la gestión del Gobierno presentando los recortes, obligados, por cierto, por la nefasta gestión de un Gobierno anterior con el que tan a gusto dieron muestras de sentirse, como el capricho sádico de una derecha que disfruta maltratando a la sociedad. Y no es eso, no es eso, como cualquier cabeza mínimamente amueblada sabe. Con mayor o menor acierto, con más o menos celeridad, el Ejecutivo intenta cumplir con el objetivo de déficit, poner orden en el sistema bancario, optimizar la depauperada recaudación y meter en vereda a ese insaciable devorador de recursos que es el sistema autonómico, auténtico reino de taifas donde campean mil y una corruptelas.

Unos sindicatos obligados a plantear alternativas

¿No sería más razonable que, en lugar de oponerse frontalmente a los recortes, los sindicatos plantearan alternativas tendentes a mejorar la organización del Estado y a hacer más competitiva nuestra economía? ¿De verdad consideran posible seguir manteniendo las ineficiencias acumuladas en las últimas décadas a base de más gasto público? ¿Creen Comisiones y UGT posible seguir manteniendo sine die el andamiaje de un Estado del Bienestar que necesita pedir prestado todos los años una cifra cercana a los 90.000 millones de euros? ¿Quién paga esa fiesta?

España se encuentra justo en el vórtice de un huracán al que se ha visto arrojada por cuantiosos, dolorosos errores propios, pero también por el aparente hundimiento de la idea de esa Europa solidaria capaz de convertirse en referente de paz y progreso para millones de personas de todo el mundo. Los modelos de bienestar diseñados el pasado siglo, orquestados por unas democracias que hicieron del principio de solidaridad el leit motiv de su existencia, han entrado en crisis. El mecanismo chirría al punto de parecer hoy insostenible.

Muchos han sido los motivos, desde la evolución demográfica a la corrupción, pasando por un modelo monetario que despreció el patrón oro y se ha dedicado a imprimir dinero hasta generar una deuda realmente impagable. En paralelo, las sociedades europeas, acostumbradas a la molicie, parecen encontrar cada día más complicado responder al reto de los países emergentes. Los bárbaros están llamando a las puertas de Roma, pero las viejas legiones ya no parecen dispuestas a defender la ciudadela, tras haber perdido su antaño vigoroso aliento guerrero.

El Viejo Continente está en crisis, reclamando a gritos un riguroso business plan capaz de abrirle las puertas a los próximos 50 años. Crisis económica, pero también política, binomio del que España es campeona mundial como atestigua el reto del independentismo catalán. Enrocarse en viejas prebendas del pasado sin más, como están haciendo nuestros sindicatos, no parece lógico. El café para todos se acabó hace tiempo. Lo mismo que el gastar a manos llenas. La fiesta terminó. Aquellos que más tarden en aceptar la nueva realidad y operar en consecuencia, serán los que más sufran en el futuro.

Oscuro futuro, en suma, para estos sindicatos nuestros anclados en el pasado. Mariano Rajoy, por su parte, enfila los próximos meses con la tranquilidad que le da el saber que CCOO y UGT han disparado de forma precipitada y equívoca la bala que guardaban en su recámara. Ayer quedó claro que el pueblo soberano quiere soluciones, no huelgas generales. Vía libre, pues, para un Gobierno que ayer recibió, además, un inesperado regalo desde Bruselas. Esperemos que sepa aprovecharlo.

LA HUELGA GENERAL FRACASA A PESAR DEL DISFRAZ QUE LE PONEN


Las centrales convocantes cifraron por encima del 76% el seguimiento del paro en toda España, pero el consumo de electricidad, el termómetro más objetivo para analizar el impacto de la huelga, demuestra que la convocatoria quedó muy por debajo de las expectativas sindicales. La demanda energética a mediodía fue casi un 13% inferior a la de la misma hora de un miércoles cualquiera, 4,3 puntos menos que la conocida en la también malograda huelga general del pasado 29 de marzo, la primera con la que los sindicatos recibieron a Mariano Rajoy. Son datos que demuestran el fracaso parcial de la protesta, que sí contó con mayor seguimiento en la industria y tuvo un reflejo bastante desigual en las diferentes comunidades autónomas. El respaldo implícito de la Generalidad catalana a la convocatoria y la propia dinámica de la campaña electoral hizo que la protesta tuviera mayor incidencia en Cataluña que en Madrid.

El Gobierno dejó la portavocía del seguimiento de la convocatoria en manos de Cristina Díaz, doctorada en victimología y directora general de Política Interior
En las propias centrales se achaca el bajo respaldo de la huelga en las tres administraciones no solo a las estrecheces económicas de los empleados públicos, remisos a perder un día de salario, sino también al descuelgue de la convocatoria del principal sindicato de funcionarios. El CSIF no apoyó la protesta, entre otras razones porque su dirección es consciente de que se avecinan momentos bastante más duros en el sector público como consecuencia del adelgazamiento de plantillas que prepara el Gobierno y hay que guardarse algunas cartas en la manga. El respeto a los servicios mínimos pactados en el transporte contribuyó a amortiguar los efectos de la movilización, como ocurrió también en otros sectores como el sanitario. En la mayoría de las ciudades los comercios abrieron sus puertas con normalidad, si bien en las grandes volvieron a hacer de las suyas los mal llamados piquetes informativos, una figura anacrónica que espera una legislación urgente por parte del Ejecutivo.

Las masivas manifestaciones celebradas por la tarde en toda España, en la que los ciudadanos eran conscientes de que no perdían ingresos, sirvieron para salvar parcialmente la cara a los sindicatos y camuflaron el fracaso de su segunda protesta contra el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos nueve meses. Conscientes del tropiezo, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, tendieron la mano al diálogo tanto al Gobierno como a la CEOE, donde se evitó hacer demasiada sangre con los convocantes.

En La Moncloa se concluye que los sindicatos han cometido con esta convocatoria fallida una enorme torpeza porque han quemado su último cartucho y también el poco prestigio que les quedaba. Pero Rajoy y su equipo impusieron ayer el perfil plano porque a fin de cuentas conviene tener a alguien capaz de canalizar, aunque sea de forma ten deficiente, el malestar social. El presidente se ausentó del Congreso, donde asistió a la votación presupuestaria, sin hacer comentarios y el seguimiento oficial de la convocatoria se dejó en boca de Cristina Díaz, directora general de Política Interior, una juez madrileña con un doctorado en victimología que puso voz infantil para leer las estadísticas de la protesta y armó la revolución entre los tuiteros.

Ayer se respiraba tranquilidad en el Gobierno, pues el fracaso de la huelga general ha tenido lo que un ministro calificaba en el Congreso de “efecto boomerang”: a partir de ahora y en contra de lo que buscaban los sindicatos, se amplía el margen del Gabinete para afrontar los nuevos ajustes que podrían derivarse de una petición de rescate si empeora la crisis griega. Y ese colchón todavía resulta más mullido después del inesperado regalo que ayer tarde le hizo a España el comisario económico Olli Rehn, descartando exigirle nuevos sacrificios hasta 2014.

El parte de guerra también incluye consecuencias políticas. Buenas para el Gobierno, hábil a la hora de reconvertir la huelga general en un conflicto de orden público, con un balance de casi 150 detenidos, y preocupantes para el PSOE, consciente de que la recuperación de la sintonía con su base social tiene sus limitaciones si la canaliza a través de unos sindicatos que parecen obsesionados con devolver al país al mismo saco de Grecia y Portugal. Rubalcaba puso a casi toda su ejecutiva detrás de las principales pancartas mientras el ex presidente Felipe González, socio de una sociedad de capital riesgo, animó a participar en la huelga al ver motivos más que suficientes para secundarla. Los propios sindicatos, antes de que se consumara la convocatoria, abrieron un debate interno sobre el grado de responsabilidad que les incumbe ante el grave momento por el que atraviesa el país, pero no dio sus frutos. “El Gobierno se arrodilla ante Berlín, pero el pueblo español sigue en pié”, gritó Cándido Méndez a los manifestantes en la madrileña plaza de Colón como colofón a la protesta.

Después de las manifestaciones celebradas por la tarde en Madrid y Barcelona, grupos de vándalos antisistema tomaron la almendra de ambas ciudades y se enfrentaron con la policía sembrando el caos. El balance fue de casi 80 heridos. En la capital madrileña el objetivo volvió a centrarse en la toma del perímetro que rodea el Congreso de los Diputados, literalmente cercado durante todo el día por las fuerzas de seguridad. Una de las anécdotas de la huelga que más se enfatizó desde Comisiones Obreras fue la supuesta infiltración de policías entre los llamados piquetes informativos. Pobre argumento, se reconocía ayer en el PP, para justificar lo injustificable.

La jornada acabó con el clásico abanico de cifras de manifestantes ofrecidas por los sindicatos y las correspondientes delegaciones del Gobierno. En el caso de Madrid, el baile se sitúa entre el millón que calculan los primeros y los 35.000 de Cristina Cifuentes. Ahí es nada.