PENSIONES, DESEMPLEO Y PREBENDAS DE LOS POLÍTICOS

Bono también celebró una boda a lo grande

Cuando Rosa Díez, dirigente de Unión Progreso y Democracia, solicitó la revisión a la baja de las cantidades y las prebendas que reciben los políticos una vez perdido su escaño (pensiones de jubilación, plazos mínimos y cantidades a recibir, por ejemplo) todos se echaron las manos a la cabeza, cerrando filas PP y PSOE en defensa de esos beneficios que a todos ellos les vienen tan bien, siendo especialmente beligerante en la defensa de esos intereses el Presidente del Congreso José Bono.

El pasado fin de semana, Mariano Rajoy en Sevilla durante la convención nacional de su partido presentó la iniciativa de Rosa Díez como si fuera propia, y días antes había presentado una propuesta sobre la revisión de los sueldos vitalicios de los ex presidentes que fue rechazada otra vez por el PSOE.

Sin embargo, el éxito de la propuesta de Rajoy, ante la opinión pública, ha hecho rectificar al PSOE que ahora se muestra dispuesto a negociar a la baja los derechos de los parlamentarios, obviando las acusaciones de demagogia que sólo hace dos días realizaba contra la oposición. Claro que, teniendo presente que quedan pocos meses para las elecciones autonómicas, no es de extrañar que ahora todos estén tan dispuestos a aprobar esa revisión. No solo eso, sino que el PSOE para tomar un poco de ventaja electoral propone ahora que los parlamentarios hagan público todo su patrimonio, proposición que para su espanto, el de Bono, puede salir adelante. Al parecer, ya habrían empezado las conversaciones para llegar a un acuerdo.

Por otra parte, ¿quién se va a creer lo que digan los parlamentarios sobre su patrimonio después de la experiencia que tenemos con el publicado patrimonio de los ministros? Este es en resumen el patrimonio de nuestro gobierno según ABC:

 

- El valor catastral de los bienes inmuebles de Rodríguez Zapatero asciende a 37.258,67 euros, a los que se suman otros 171.947,46 euros de otros bienes, lo que hace un total de 209.206,13 euros, mientras que en créditos, préstamos y deudas acumula un total de 80.847,89 euros.

- La Vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega declaró un activo de 731.506 euros, que suman los 323.607 de bienes inmuebles y los 407.898 de otros bienes. Incluye también bienes y derechos provenientes de herencia familiar y declara un pasivo de 161.717 euros.

 

- Vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado: cuenta con 976.934 euros de patrimonio, 236.934 en inmuebles, y 740.000 en otro tipo de bienes.

- Vicepresidente tercero y ministro de política Territorial, Manuel Chaves, con un patrimonio de 68.964 euros, de los que 46.502 son inmuebles y 22.461 otros bienes.

 

- Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia declara que parte de los 4.978.217 euros de su patrimonio proceden de herencia. Tiene inmuebles por valor catastral de 1.428.220 euros y otros bienes que suman 3.549.997 euros.

 

- Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. Los 1,7 millones de euros del patrimonio de Sebastián se dividen en 316.466 en inmuebles y 1.386 en otros conceptos. El ministro de Industria especifica que parte de ese dinero procede de herencia.

- Ministro de Interior , Alfredo Pérez Rubalcaba tiene inmuebles con un valor catastral de 109.608 euros, y otros bienes por 1.113.546 euros. Especifica que este patrimonio incluye bienes heredados.

 

- Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos: tiene 384.978,37 euros, de los que 284.978 son en bienes inmuebles y 100.000 de otro tipo.

 

- Ministra de Defensa, Carme Chacón: declara un total de 156.718 euros de patrimonio, 107.061 en inmuebles y 49.657 en otros bienes. Chacón debe 358.382 euros.

 

- Ministro de Justicia, Francisco Caamaño: tiene inmuebles por valor de 24.503 euros y otros bienes que suman 82.200 euros, lo que hace un total de 106.703 euros, un patrimonio al que habría que descontar un pasivo de 36.300 euros.

 

- Ministro de Fomento, José Blanco: declara 239.536 euros de patrimonio, que se dividen en 179.490 en inmuebles y otros bienes por valor 60.045, en parte provenientes de herencia. Cuenta con un pasivo de 241.138 euros.

 

- Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho: 208.017 euros de patrimonio, con un pasivo de 170.935. Tiene inmuebles por valor de 119.018 euros, y otros bienes que suman 8.999 euros.

-Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tiene en bienes inmuebles 24.503,61 euros, valor total de otros bienes, 82.200 con un total de 106.703,61 euros

 

- Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor: tiene inmuebles por un valor catastral de 259.624 euros y otros bienes que suman 301.195 euros, lo que hace un total de 560.820 euros. Debe 283.981 euros.

 

- Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez: 109.796 euros de patrimonio, de los que la mayor parte, 89.796, pertenecen a bienes inmuebles, y otros 20.000 a otros bienes. Cuenta con un pasivo de cerca de 184.000 euros.

 

- Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde: acumula 269.359 euros, que se dividen en inmuebles por valor de 174.996 euros y otros bienes que suman 94.362. Declara un pasivo de 72.843 euros y especifica que parte de su patrimonio procede de herencia.

- Ministra de Igualdad, Bibiana Aído declara 21.415 euros en inmuebles y 17.503 euros en otros bienes -lo que suma 38.918 euros- pero tiene un pasivo -créditos, préstamos y deudas- de 109.722 euros.

 

- Ministro de Educación, Ángel Gabilondo: tiene inmuebles con un valor catastral de 76.169 euros, a los que se suman 85.404 de otros bienes, lo que hace un total de 161.573 euros. Deudas por valor de 8.482 euros.

 

- Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa: declara un total de 400.038 euros, de los que la menor parte -92.558- son inmuebles. Acumula 307.479 euros en otros bienes. Declara que este patrimonio incluye bienes heredados.

En general son cifras difíciles de creer ya que en algunos casos llevan treinta años de diputado (como Zapatero que lleva ya siete de Presidente del Gobierno) y Chávez (con más de veinte años de presidente de la Junta andaluza), por lo que hay que estima que nos están engañando sin ningún pudor. O eso, o demuestran ser un auténtico desastre en la gestión de su propio patrimonio, como ya han demostrado con la gestión del nacional.

NUEVAS MEDIDAS PARA ACABAR CON EL PARO Y PARA REBAJAR LAS PENSIONES

Da igual como se adjetive la nueva iniciativa del PSOE para que a los parados le les limite en el tiempo la posibilidad de puedan rechazar las ofertas de trabajo que se les presenta por parte del INEM. Así, el PSOE presentó al resto de grupos parlamentarios una enmienda transaccional por la que se rebaja de 100 a 30 días el tiempo durante el cual no serán sancionados los desempleados que rehusen participar "en acciones de mejora de la ocupabilidad".

Según Ignacio Fernández Toxo la propuesta de Celestino Corbacho de reducir el plazo que los parados con prestación tienen para rechazar una oferta es un intento del Ejecutivo de “maquillar” los datos del paro.

El lenguaje político tiende a disfrazar la realidad, y ésta es que en España los parados han tenido todas las facilidades posibles para agotar la recepción de prestaciones económicas por desempleo sin necesidad de buscar ni aceptar ofertas de trabajo, algo impensable en otros países donde se tiene muy presente que las ayudas que reciben los parados proceden de los impuestos que pagan los ciudadanos, no de un fondo de financiación que se nutre de un dinero que no es de nadie.

Los fondos del Estado sí tienen propietarios, los contribuyentes, aunque muchos altos cargos socialistas lo olviden con frecuencia como la ex Ministra Maleni Álvarez cuando afirmó en sede parlamentaria que "el dinero público no es de nadie".

Ha tenido que llegar una gravísima crisis económica para que el Gobierno que ha dilapidado las arcas del Estado se haya dado cuenta de que España no puede seguir tirando euros al saco sin fondo de los parados que no tienen ningún interés en salir del desempleo, no hablamos de todos los parados sino de los que prefieren vivir de los subsidios que trabajar, y de esos hay cientos de miles en España. No se trata de acabar con las prestaciones, sino que racionalizarlas y limitarlas.

Por otra parte, para seguir rebajando el gasto público, Corbacho nos anuncia, porque no es otra cosa que un anuncio disfrazado de opinión individual, que se elevará a 20 años la base para el cálculo de las pensiones, lo que implicará una reducción de las cuantías que recibirán los jubilados. Según Corbacho, “será inevitable aumentar el tiempo de cálculo más allá de los 15 años” para garantizar la estabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.

Primero nos anuncian que deberemos trabajar hasta los 67 años para poder jubilarnos, dos años más de trabajo al que no se puede optar de forma voluntaria, y después que elevarán los tiempos mínimos de cálculo. Con estos socialistas ¿acabaremos regresando al tercer mundo donde los ancianos deben trabajar hasta su muerte para poder sobrevivir?

A pesar de esas medidas de recorte anunciadas, seguimos sin escuchar propuestas para reducir los gastos de la administración publica, la desaparición de empresas públicas, la supresión de altos cargos públicos innecesarios, evitar gastos en duplicidades administrativas, la reducción o supresión de subvenciones a ONG's y organizaciones afines, etc. Todo se resume, para este gobierno defensor de los desfavorecidos, en seguir apretando las tuercas a los asalariados y a los jubilados entre los que, por muy extraño que parezca, siguen teniendo millones de votantes.

LA JUBILACIÓN ¿UNA META CADA VEZ MÁS LEJANA?

Cuando llegue el momento de retirarme según la legislación vigente, 65 años, habré estado trabajando durante 45 años, afortunado que soy, mientras muchos de nuestros políticos no habrán trabajado ni la mitad de tiempo y muchos españoles habrán cotizado poco o nada.

Los primeros tendrán derecho a la pensión máxima y los últimos a la mínima, yo a la máxima que me corresponde según mis aportaciones, sí, pero la cantidad de esfuerzo y las cantidades retenidas para tener derecho a mi pensión con una cuantí X será desproporcionada en comparación con las cantidades Y-Z que suponen las pensiones de esos otros ciudadanos. En mi caso la relación esfuerzo-pensión será de una desproporcion brutal comparado con la relación de los dos grupos anteriores.

Por si no fuera bastante esa sensación de maltrato, he aquí unas cuantas noticias realmente desesperantes respecto a nuestro futuro:

En ABC, la Unión Europea avisa de que se deberá aumentar la edad de jubilación: la Comisión Europea acaba de poner las cartas sobre la mesa en el sentido de que, primero, reconoce que no tiene competencias sobre la materia pero, a renglón seguido, recomienda a los países que para garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones pueden optar, entre otras posibilidades, por atrasar la edad de jubilación o reducir la cuantía de las pensiones. En cuanto a las especulaciones sobre el hecho de que si se trabajan más años se le cierre la puerta a los jóvenes al mercado laboral, la Comisión Europea niega la mayor al asegurar que los países con elevadas tasas de empleo en personas mayores tienen también la misma situación entre la población joven, o lo que es lo mismo, el paro juvenil no es consecuencia de que los trabajadores se jubilen más tarde.

En El Confidencial, el desprestigiado Presidente de la CEOE nos avisa de lo mismo:
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se ha mostrado partidario de elevar la edad legal de jubilación en España desde los 65 años actuales a los 67 propuestos por el Gobierno e incluso hasta los 70 años sugeridos por Bruselas, siempre de manera progresiva y por medio de un "plan sensato".... El dirigente empresarial consideró que el incremento de la edad de jubilación debe ser algo generalizado, con la excepción de algunos sectores, como por ejemplo la minería, donde la edad de retiro no debería elevarse, sino que incluso podría reducirse.... La CEOE, según avanzó su presidente a Europa Press, también pedirá ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, así como beneficios fiscales "agresivos" para que los ciudadanos se hagan también pensiones privadas, complementarias a las pensiones públicas.

El País nos informa de las declaraciones de un alto cargo socialista andaluz: El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, considera que retrasar la edad de jubilación tendrá que ser "una obligación" en España y en toda Europa para mantener el sistema de pensiones, aunque no cree que sea necesario arbitrar dicho retraso en un corto espacio de tiempo.

Expansión nos informa de las intenciones del Gobierno socialista: El Gobierno no ha abandonado su propuesta de retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, como se sugiere en algunos medios políticos. Por el contrario, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, emplazó ayer al Congreso de los Diputados a adoptarla y convertirla en ley, de manera inmediata. El objetivo de esta urgencia, según Granado, es evitar tener que tomar medidas más duras en el futuro para garantizar el sistema de pensiones. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, cree que la propuesta del Gobierno español de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años es "suficiente" y dice que la recomendación de la Comisión Europea (CE) de ampliarla hasta los 70 "pone de manifiesto" que la propuesta española "no era exagerada", sino que se situaba en el "término medio" de lo establecido para los sistemas de Seguridad Social europeos.

Y para finalizar, Expansión recuerda la posición del Presidente Zapatero sobre la opinión de la Unión Europea: más allá de las consideraciones realizadas por la Comisión en su informe, Zapatero aseguró que España necesita hacer una reforma de su sistema de pensiones y que, el Gobierno, por responsabilidad, "la va a poner en marcha con el máximo consenso político". "Pero la reforma es necesaria y es necesaria ahora", insistió el jefe del Ejecutivo.

Es decir, ya no necesitaré 45 años de trabajo constante, sino que esa cifra aumentará hasta los 67 -70. Teniendo en cuenta la esperanza de vida de los hombres españoles (actualmente alrededor de 70 años de media, una cosa son los valores absolutos y otra la media), habrá una gran cantidad de ciudadanos, de sexo masculino, que trabajarán toda su vida sin poder disfrutar de ese merecido derecho que es la pensión, y muchos de los que lo hagan se sentirán traicionados por un Estado que les ha exigido más de 40 años de trabajo e impuestos para obtener una cantidad similar a la de personajes que han sido diputados durante una o dos legislaturas, o que no han cotizado más allá de 15-20 años para recibir una pensión escasamente inferior.

Gracias por su derroche señores políticos, gracias por arruinar el país y nuestro futuro.

Y de remate, ésta es la actitud que los políticos pretenden de sus ciudadanos.