CRISIS GRIEGA, EL PROBLEMA NO ES EUROPA, SINO LA ESTUPIDEZ Y LA MALA GESTIÓN

«España es el problema; Europa, la solución» fue la frase con que Ortega encandiló a dos generaciones de españoles intelectualmente huérfanos. De ahí el alborozo que nos produjo el ingreso en la Comunidad Europea. ¡Albricias, ni África empezaba en los Pirineos ni Europa acababa en ellos! Y ahora resulta que el problema es Europa. También es mala suerte.

De la decadencia europea, identificada con Occidente, se viene hablando desde que, hace un siglo, Spengler escribió su famoso libro sobre ella, y las dos guerras mundiales, que en realidad fueron guerras civiles europeas, vinieron a ratificarlo. Tras la segunda, los europeos se dieron cuenta de que o se unían o desaparecían por el escotillón de la historia. Muchos lo habían intentado antes, Carlomagno, nuestro Carlos I, Napoleón, Hitler, sin conseguirlo. El problema es el de la Grecia antigua: que si las ciudades griegas se resistían a unirse, a las naciones europeas les ocurre lo mismo. Sólo después de los dos palizones en el siglo XX, comprendieron que el único camino era aliarse, comenzando por un consorcio sobre el carbón y el acero, para pasar a un mercado común, que ha desembocado en una confederación de 28 miembros que, por calidad de vida, es la envidia del mundo. Incluso ha creado una moneda común. Pero ha sido precisamente su éxito lo que ha traído sus dificultades. Tan bien iban las cosas, tan rápida era la expansión y tan fácil estaba resultando todo que no tomaron las más elementales precauciones. 

La primera, que crear una nueva moneda sin haber montado antes una hacienda y una fiscalidad común es como empezar una casa por el tejado. Una moneda depende de la economía que tiene debajo, y el euro se hizo a imagen y semejanza del marco, haciendo ricos de repente a millones de europeos que no lo eran. Fue como los irlandeses, portugueses, españoles y bastantes más empezaron a encontrar barato Nueva York, lo que era una herejía económica, pues sus economías ni de lejos daban para tanto. La cosa se agravó con la prisa en ampliar la comunidad, dando entrada en ella a países que no reunían las condiciones necesarias, Grecia a la cabeza, que entró en el euro mintiendo y desde entonces no ha hecho más que pedir dinero a sus socios, sin que estos quisieran verlo. La crisis, que no ha sido más que una enorme burbuja de especulación y endeudamiento, fue el tsunami que arrasó aquella orgía de gasto que dejó al descubierto la bancarrota de personas, empresas y países, con tragedias colectivas e individuales que rompen el corazón.

Como siempre ocurre en tiempos de desconcierto y turbulencia, surgen profetas que si, por una parte, están dispuestos a barrer cuanto hay en el escenario, por la otra aseguran tener fórmulas milagrosas para solucionar todos los problemas. Con gentes que, en su desesperación, están dispuestas a creerles. La experiencia nos advierte de que nunca hay que tener más cuidado ni tener la cabeza más fría que en las situaciones críticas. Se habrán ustedes hartado de leer y escuchar que la salida de Grecia del euro acabaría con este y, a la postre, con la UE. 

Pues bien, es una majadería, a más de una mentira como una casa, por más premios Nobel que lo digan. Nueve países de la UE, algunos tan dispares como Polonia y el Reino Unido, no están en el euro y les va tan bien. Es incluso posible que a Grecia también le fuera, al permitirle devaluar su moneda, cosa que no puede hacer en el euro, y hacer las reformas que necesitan su administración, finanzas y política. Eso sí, con sacrificios. Pero sacrificios tendrán que hacerlos tanto en el euro como fuera de él.

La segunda gran mentira es que la salida de Grecia significará que «Europa pierde su alma», como he leído a uno de esos comentaristas que presumen de enterados y sensibles sin saber de lo que hablan. Ya Ortega arremetió contra ellos con la indignación y desprecio del que sabe distinguir lo verdadero de lo falso. Al comentar el libro de Gerhard Hauptmann Primavera griega, escribe: «Si un español visita las ruinas del Ática, no se crea más cerca de Platón porque en la rota silueta de la Acrópolis reconozca el jocundo mediodía balear. Los griegos mismos vieron pronto que no constituía su valor histórico la condicionalidad de su clima y de sus cráneos. Griegos son, dice Isócrates, no los que vienen de una familia, sino los que participan de la cultura helénica». Para descargar el mazazo: «En este sentido –certifica el maestro–, un alemán se halla más cerca de Grecia que cualquiera de nosotros. El alma alemana encierra hoy la más elevada interpretación de lo humano, es decir, de la cultura europea. Gracias a Alemania, tenemos alguna sospecha de lo que Grecia fue. Ellos, con su proverbial pesadez, lentitud, cerveza, castidad, pietismo, han ido ensayando las fórmulas preciosas para aprehender aquel esplendor sobre el mar Egeo.»

Sólo tienen ustedes que cambiar español por griego, cultura por política y principios del siglo XX por principios del siglo XXI, y tendrán el reciente debate en Bruselas. Visto y oído el mismo, Tsipras y Varufakis, con sus desplantes, trucos, insultos, chantajes, no representan lo que se viene entendiendo como pensamiento clásico griego, sino más bien lo contrario: la marrullería levantina mintiendo a todo el mundo para salirse con la suya. 

Mientras que el respeto a la norma, a la realidad y a la palabra dada la representó ese señor ensilla de ruedas, sin motor eléctrico, que es el ministro alemán de Finanzas, Schäuble, respaldado por su canciller. Son los que han defendido que Europa, si quiere unirse y seguir interpretando un papel importante en la historia, tiene que empezar por respetarse a sí misma y cumplir las normas que se ha dado. El populismo anarquizante de los actuales dirigentes griegos sólo la llevaría a su disolución.

Quiero decir que si de algo ha servido esta crisis es de advertencia, no sólo a los griegos, sino a todos los europeos. Necesitamos más Europa, no menos. Quiero decir, menos nacionalismo y más europeísmo, más vínculos y menos excepciones, más normas comunes y menos hechos diferenciales. Hay que corregir lo que se ha hecho mal –empezando por crear una fiscalidad comunitaria– y reforzar lo que se ha hecho bien –convertir Europa en una isla de libertades individuales y responsabilidades colectivas–, sin olvidar nunca que una Europa pequeña, pero respetuosa de los valores clásicos griegos, vale más que una gran Europa que los ha olvidado.

José María Carrascal, periodista. ABC 

NO PODEMOS PERMITIR A GRECIA VIVIR A COSTA DE LOS IMPUESTOS DE OTROS CIUDADANOS EUROPEOS. EL REFERENDUM.

Sorprende, o quizás no, ver como se pretende convertir una cuestión meramente económica y legal, la seguridad jurídica y la responsabilidad nacional en sus relaciones internacionales, en una lucha de clases, entre los ciudadanos griegos y las instituciones europeas. Los neocomunistas europeos, entre los que destaca Podemos, apoyándose curiosamente por los neonazis, a la caza del voto y en persecución de la destrucción de la UE. Si la actitud griega de vivir a costa del resto de contribuyentes europeos se generalizara, la Unión explotaría en menos de dos años por inviabilidad financiera.

A continuación un buen artículo de Jesús Cacho sobre el asunto:

Cuentan los estudiosos de la Grecia clásica que una mayoría de atenienses poseía al menos un esclavo. Para Aristóteles, una casa merecedora de tal nombre debía tener hombres libres y esclavos, de forma que no contar con esclavos era un signo claro de pobreza. Aristófanes hablaba incluso de ciudadanos pobres dueños de numerosos esclavos. En el discurso de Lisias Sobre el inválido, un enfermo protesta de esta guisa: “Lo que saco de mi oficio es poca cosa; me apena ejercerlo yo mismo y no tengo forma de comprar un esclavo que me sustituya”. Para Platón, que en el momento de su muerte era dueño de cinco, un ateniense pudiente no podía tener menos de 50 esclavos. Atenas practicó la esclavitud por deudas: un ciudadano que no pagaba su deuda quedaba sometido a su acreedor. Aunque afectó sobre todo a campesinos que alquilaban tierras y no podían pagar la consiguiente renta, el fenómeno también se daba en ciudades. En teoría, el esclavizado por deudas era liberado cuando cumplía sus compromisos. Solón puso fin mediante la seisákhtheia a esta práctica, prohibiendo la venta de un ateniense libre. Muchos siglos después, y aunque de la Grecia clásica no quede en la Atenas actual ni las raspas después de siglos de dominación turca, parece una obviedad decir que los griegos del siglo XXI van a quedar para siempre ligados a la UE por una suerte de “esclavitud de la deuda”, aunque bien podría ser que fueran los ciudadanos de la UE los involuntarios esclavos, los paganos, obligados a mantener el nivel de vida de un país que parece no tener remedio.

Asistimos estos días en España a un curioso fenómeno según el cual los culpables del drama griego no son ellos mismos y sus Gobiernos, sino el resto de países de la eurozona que han sepultado en Grecia algo así como 240.000 millones. La izquierda española, y en particular la radical nucleada en torno a Podemos, viene desplegando una dura ofensiva a través de sus altavoces mediáticos para presentar a los socios de la desvalida Grecia como una pandilla de mercaderes sin escrúpulos, entregados de hoz y coz a los designios de unos mercados dispuestos, cual vampiros, a chupar la sangre de los pobres pensionistas griegos. Incluso llegan a sugerir intenciones golpistas en las instituciones europeas. En la cadena SER, a hora de máxima audiencia, se ha podido oír esta semana a una profesora de Derecho Internacional Público decir que “se ha desvelado que lo que había [en Bruselas] es una intencionalidad en un determinado momento de derribar un Gobierno” (sic), afirmación corroborada de inmediato en la misma emisora por un maduro periodista catalán para quien “hay un interés deliberado de hacer caer este Gobierno”. El de Alexis Tsipras, se entiende.

Un no-acuerdo siempre será mejor que un mal acuerdo que nos devuelva a la pesadilla de los Varoufakis.

Basta, sin embargo, asomarse a los medios de comunicación de la Unión para darse cuenta de la existencia de una corriente de opinión mayoritaria según la cual no tiene sentido seguir metiendo dinero en un país que no tiene intención de pagar sus deudas; no tiene sentido seguir financiando el estilo de vida de una sociedad acostumbrada a vivir por encima de sus posibilidades que, en algún momento de su reciente historia, se hizo a la idea, merced a su posición estratégica y su condición de cuna de la civilización, de que podía ser posible vivir a cuenta de los demás; no tiene sentido sostener a unos dirigentes que no han mostrado la menor voluntad de cumplir sus compromisos, y que no se recatan a la hora de decir que no van a devolver su deuda y que tampoco van a hacer ajustes, lo que equivale a decir que piensan seguir pidiendo dinero, es decir, quieren seguir viviendo sine die a costa del prójimo sin apretarse el cinturón.

Para nuestros podemitas, el único Gobierno realmente democrático de la UE es el que preside Tsipras. Es como si los votos que llevaron a la coalición izquierdista Syriza al poder fueran de mejor calidad democrática que los de los millones de europeos que en sus países eligieron a los Gobiernos respectivos, como si los 10,8 millones que apoyaron a Rajoy en noviembre de 2011, los 10,3 que votaron a Hollande en mayo de 2012, o los 18,2 que optaron por Merkel en septiembre de 2013, por citar solo algunos de los de la eurozona, nada valieran frente a los 2.264.064 griegos que en enero de este año hicieron primer ministro a Tsipras. Ellos son quienes fijan la norma y deciden lo que la eurozona debería hacer por Grecia. Porque solo ellos tienen razón. De donde se infiere que la opinión de los contribuyentes europeos, de cuyos bolsillos ha salido el dinero bombeado a Grecia, no debe ser tenida en cuenta, porque nada tienen que decir ni que opinar.

“No estamos dispuestos a poner dinero para arreglar la situación de un país que paga unas pensiones que nosotros no podemos dar a nuestros jubilados”, aseguraba el primer ministro de un pequeño país báltico estos días en un diario alemán. No está en cuestión la legitimidad del Gobierno de Syriza para hacer política. Ocurre, sin embargo, que esa legitimidad tiene unos límites que los helenos traspasan cuando invaden la de otros Gobiernos a quienes reclaman unas condiciones para renegociar su deuda que esos Gobiernos, tan democráticos como el de Tsipras, no podrían defender ante sus electores. La exposición directa total de España a la deuda griega se eleva a unos 28.000 millones (por encima de los 25.300 presupuestados en 2014 para el pago del seguro de desempleo), ello sin incluir la deuda del Banco Central griego a través del sistema de compensaciones interbancarias denominado Target2, que se estima en otros 5.000 millones. ¿Alguna vez fuimos consultados los contribuyentes españoles para asumir tales compromisos? ¿Se puede pedir a un país que ha atravesado una crisis de caballo como la española que siga arriesgando dinero en Grecia?

El referéndum de hoy, planteado como chantaje a la eurozona en un consumado ejercicio de trilerismo populista, manifiesta la voluntad del Gobierno Syriza de seguir obteniendo ventaja de las contradicciones de unas instituciones europeas incapaces de tomar decisiones tan meditadas como contundentes en un tiempo razonable. Se trata de una consulta cuya legitimidad democrática está más que en entredicho, como demostró aquí Juan Pina en un brillante artículo esta semana. Un referéndum con una pregunta confusa, incluso falsa (en tanto en cuanto el segundo rescate ya ha expirado) y que no da respuesta a las incertidumbres que sobre el futuro de los griegos se abrirían en caso de triunfar el “no”. Los de Syriza, expertos en propaganda como sus amigos de Podemos, pretenden, por contra, meter el miedo en el cuerpo de los europeos con las consecuencias que, en su opinión, se derivarían para la UE de la salida de Grecia del euro. Más allá de la volatilidad que cabe esperar en los mercados, lo más probable es que no ocurra ninguna catástrofe en caso de triunfo del “no”. Esto tiene poco que ver la quiebra de Lehman, un acontecimiento que cogió por sorpresa a todo el mundo. Aquí no hay nadie que no haya descontado ya que el Grexit es algo más que una posibilidad, una salida que podría ser buena para el euro en tanto en cuanto serviría para corregir el sinsentido de su entrada en la eurozona y daría a Grecia la posibilidad, devaluación mediante, de poder enderezar su camino hacia el crecimiento, eso sí, a costa de muchos sufrimiento y una aún mayor pobreza.

Las consecuencias del “no” las pagarían, sin la menor duda, los ciudadanos griegos, el 72,9% de los cuales prefiere seguir en el euro, frente a un 20,3% que sería partidario de volver al dracma, según una encuesta de Kapa Research. Hay muy pocos argumentos a favor del abandono de la eurozona, más allá de las ventajas que supondría contar con una política monetaria propia y del estímulo de las exportaciones que se lograría vía depreciación de la nueva divisa. A partir de ahí, todo son adversidades. Empezando por las económicas (la caída del PIB dejaría en mantillas lo ocurrido hasta ahora; las importaciones se reducirían al ser más caras, lo que provocaría un empobrecimiento general de la economía limitando el crecimiento exportador; la previsible inflación -salarial y de bienes de consumo- causaría aumento de intereses, recorte de salarios y depresión aún más acusada de la demanda doméstica). Siguiendo por las sociales (la vuelta al dracma traería pérdida de la confianza y caos; sería preciso cambiar a la nueva moneda todo tipo de contratos denominados en euros –cajeros, sistemas de pago, etcétera-; la renta real disponible se reduciría significativamente). Y terminando por los estructurales (la debilidad institucional, fiscal, burocrática, de capital humano y de infraestructuras, caparía el crecimiento de las exportaciones).

En realidad hay quien piensa que Grecia podría estar abocada a una crisis humanitaria de dimensiones “africanas” fuera del euro, entre otras cosas, por una simple cuestión de incompetencia técnica de los Varoufakis de turno a la hora de abordar el cambio de moneda, cambio que, en caso de que a partir del martes la eurozona aceptara volver a sentarse a negociar, podría ir precedido por la emisión de pagarés capaces de funcionar como moneda doméstica paralela (IOUs en inglés), un medio de pago que terminaría inundando el sistema y que se depreciaría constantemente, ahondando en la bancarrota del Estado (el Gobierno ya tenía a primeros de mayo algo así como 5.200 millones de letras impagadas). Esto es lo que ofrece Tsipras al pueblo griego: miseria y caos. Para muchos, la UE está condenada a seguir ayudando a Grecia y ello tanto por razones humanitarias como geopolíticas. Lo dijo ayer el ministro alemán Schäuble, el malo malote de Syriza: “Habrá ayudas a Grecia, pero a cambio de reformas”. Volvemos al punto de partida de esta interminable crisis: la necesidad de que Grecia aborde de una vez sus problemas de fondo: una administración pública demasiado grande, un sector privado excesivamente regulado y una corrupción galopante, consecuencia de esa idea instalada en el inconsciente colectivo griego según la cual es posible vivir a costa de los demás.   

Será difícil que, si hoy triunfa el “no”, los representantes de las instituciones europeas se sienten a negociar un tercer rescate con un Gobierno que se ha dedicado a condicionar el voto de sus ciudadanos mediante informaciones falsas o simples mentiras, cuando no groseras manifestaciones de desprecio hacia sus hasta ahora socios, ello a pesar de las eternas dudas de la señora Merkel, temerosa de que la salida de uno de los socios del Club pueda poner en peligro la irreversibilidad del euro. Un no-acuerdo siempre será mejor que un mal acuerdo que, a la vuelta de unos meses, nos devuelva a la pesadilla de los Varoufakis. Bruselas lleva demasiado tiempo enredada en la mortaja que Penélope teje de día y desteje de noche para su suegro Laertes. La construcción europea necesita cuanto antes dar carpetazo al mito griego para dedicarse a lo capital: salir del marasmo institucional y de crédito por el que atraviesa el proyecto, hoy en el impasse más peligroso de su existencia. Una cosa buena podría tener “lo” de Grecia: la necesidad ineludible que tanto la UE como la propia eurozona tendrían entonces de dar un paso adelante de gigante en la armonización de sus políticas económicas y fiscales y en la senda de la construcción de un verdadero Gobierno europeo. Europa ni se puede parar ni mucho menos volver al punto de partida. Con todas sus luces y sombras, la Unión es un proyecto maravilloso que, entre otras cosas, ha dado 70 años de paz a un viejo continente acostumbrado a matarse durante siglos con tanta regularidad como saña. No parece haber otra salida.

JESUS CACHO EN WWW.VOZPOPULI.COM

LA COMISIÓN CERTIFICA QUE CATALUÑA SE QUEDARÁ FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

En su respuesta a una pregunta del eurodiputado de CiU Ramón Tremosa, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha vuelto a aclarar –por escrito- que si una parte de un estado miembro se declarase independiente «los tratados ya no son aplicables en dicho territorio» que se convertiría «en un país tercero» respecto a la UE.

La particularidad de esta gestión no es tanto la respuesta, textualmente la misma que los responsables de la Comisión han dado siempre sobre el particular, sino la formulación de la pregunta hecha por Tremosa, quepretendía precisamente resaltar las supuestas «contradicciones» de otros comisarios al opinar «sobre posible secesión de un territorio europeo y la creación de nuevos estados».

El convergente trataba también de poner a prueba la validez de las opiniones que han expresado algunos portavoces de las instituciones europeas asumiendo que la Comisión «no tiene una opinión firme».

Barroso le responde con fecha 20 de noviembre repitiendo la doctrina constante de la Comisión, ya anticipada en anteriores comunicaciones. En primer lugar el papel del Ejecutivo comunitario «no consiste en posicionarse sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de un Estado miembro en particular», puesto que es una responsabilidad de los Estados.

Sin embargo, como regla general, «la hipótesis de la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado no tendrían un carácter neutro respecto a los Tratados de la UE»; es decir, que no podría ser ventilada con un simple acuerdo político como insisten los secesionistas escoceses y catalanes.

También recuerda que para opinar sobre un caso concreto, necesitaría que un país le hiciera la pregunta exponiéndolo. Tremosa preguntaba también si España había hecho esta gestión respecto a la posible independencia de Cataluña y aunque no responde sobre ello, se deduce que no.

Finalmente Barroso le aclara negro sobre blanco que «la UE se basa en los Tratados, aplicables únicamente a los Estados miembros que los han aprobado y ratificado. Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los Tratados ya no serían aplicables en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los Tratados dejarían de ser aplicables en su territorio».

Y que «de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (y no el 48, como creen haber descubierto los independentistas escoceses), cualquier Estado europeo que respete los principios establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea podrá solicitar el ingreso como miembro de la UE. Si la solicitud fuera aceptada unánimemente por el Consejo, se negociaría un acuerdo entre el Estado candidato y los Estados miembros sobre las condiciones de admisión y las adaptaciones de los Tratados que supondría esta admisión. Dicho acuerdo estaría sujeto a la ratificación de todos los Estados miembros y del Estado candidato».

LO QUE PERDERÍA CATALUÑA EN EUROPA SI SE SEPARA UNILATERALMENTE DE ESPAÑA: PUES QUE SE VAYAN

El vicepresidente de la Comisión europea y Comisario Europeo de Competencia confirmó ayer lo que los juristas llevaban años anunciando: que la secesión de Cataluña de España implicaría la salida del territorio de la actual comunidad autónoma catalana de la Unión Europea. Abandonar el paraguas europeo implica renunciar a un sinúmero de ventajas, derechos sociales y salvaguardas económicas.

Salida del mercado único europeo

Es, junto con el euro, el instrumento de integración económica más importante con el que cuenta la Unión Europea, y su éxito es totalmente indiscutible: la eliminación de barreras para el libre intercambio de bienes, servicios, capitales y personas ha permitido un notable aumento del nivel de vida para todos los países miembros. Conseguido en 1993 tras establecerse como objetivo en el Acta Única Europea de 1986, es algo más que una unión aduanera y un mercado sin aranceles, ya que también implica la superación de obstáculos tales como la homogeneización de normas técnicas, de salud, de seguridad, y de los reglamentos nacionales sobre el derecho a ejercer determinadas profesiones, además de la progresiva homogeneización en los distintos países de los impuestos indirectos (nuestro IVA).

La salida catalana de la Unión implicaría cerrarse las puertas de un mercado formado por 28 países, algunos de los más ricos del mundo, que suman una población de más de 500 millones de personas. Un varapalo muy difícil de superar, ya que en la actualidad Cataluña exporta a Europa mercancías por valor de 58.321,7 millones de euros (el 62% del total), según el instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), que se suman a los 49.131 millones en exportaciones al resto de España, de acuerdo con el Balance de Internacionalización de la Economía Catalana 2012, elaborado por la propia Generalitat.

Además, los productos catalanes podrían verse sometidos a restricciones por parte de la Unión Europea, como controles (licencia de exportación emitida en el país de origen más licencia de importación emitida en el país importador de la UE) o vigilancia (la documentación debe presentarse antes de la importación). En la actualidad, la Unión Europea mantiene controles sobre los productos agrícolas, textiles y siderúrgicos procedentes del exterior de las fronteras comunitarias

Aranceles

Una vez fuera del mercado único, los productos catalanes tendrían que hacer frente a unos fuertes aranceles que los harían notablemente menos competitivos que a sus homólogos europeos. Según explica Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, «si Cataluña se independiza dejaría de formar parte de laOrganización Mundial del Comercio». Mientras dure este estatus —algo que podría «ser eterno» o, tardar, como mínimo, entre cinco y diez años— «se le aplicará en el comercio con cualquier país del mundo —incluida la Unión Europea— la protección arancelaria de mayor nivel existente, ya que deja de aplicarse la llamada “cláusula de la nación más favorecida”», algo que, a juicio de Buesa, tendría unas consecuencias «desastrosas».

A ello habría que sumar para el caso español el denominado «efecto frontera», observado por los economistas en las secesiones de las ex repúblicas soviéticas y tras la partición de Checoslovaquia. «La nueva frontera implicaría una fuerte reducción de los flujos comerciales que, unida a los nuevos aranceles, provocaría una caída inmediata del Producto Interior Bruto catalán superior al 25%», estima Buesa.

Euro

La independencia de España y de la Unión Europa no implicaría abandonar la moneda única, aunque seguir perteneciendo al euro dejaría de ser beneficioso para Cataluña y pasaría a ser un lastre casi insalvable. Un país independiente puede decidir si prefiere emitir moneda propia o, como hacen algunos países muy pequeños, elegir unilateralmente adoptar una moneda extranjera. Así, en 2001 El Salvador eligió sustituir el colón por el dólar norteamericano para tratar de estimular el crédito y la inversión empresarial extranjera en el país.

«Ningún país que no forme parte de la Unión Europea puede formar parte de la eurozona (el conjunto de Estados que forman la (unión monetaria)», explica Mikel Buesa. «Cosa distinta es utilizarlo, cosa que sí puede hacer, aunque con grandes inconvenientes». A saber: Los bancos catalanes «no obtendrían el respaldo del Banco Central Europeosi necesitan liquidez». Además, el catedrático de economía recuerda que una Cataluña independiente «carecería de instrumentos de política monetaria para combatir una reducción del crecimiento en el caso de que se produzca una crisis como la actual», algo que a juicio del catedrático «sería un suicidio». «Lo más razonable sería que una Cataluña escindida de la Unión Europea adoptase una nueva moneda para tener un instrumento devaluatorio», algo que también supondría inconvenientes puesto que el principal mercado de sus exportaciones —la Unión Europea— seguiría trabajando con la moneda única.

Libre circulación de trabajadores

Según establece el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los trabajadores europeos pueden, sin necesidad de ningún permiso de trabajo, acceder a un empleo por cuenta ajena en otro territorio de la UE que no sea el suyo. Y ello sin ser sometido a condiciones especiales por ser extranjero y con la posibilidad de inscribirse en las oficinas de empleo, disfrutar de las mismas ventajas sociales y fiscales que los nacionales y de permanecer en el país cuando hayan dejado de trabajar. Lo mismo ocurre con los empresarios, que pueden contratar a como a un nacional a cualquier trabajador europeo.

En el caso de una eventual secesión de Cataluña de la Unión Europea, los catalanes, además de perder el derecho de libre circulación de trabajadores, también perderían un derecho asociado: los familiares de los trabajadores dejarían de poder residir y trabajar en el país con independencia de su nacionalidad y sus hijos perderían el derecho a ser admitidos en la enseñanza general y la formación profesional en las mismas condiciones que los hijos de los trabajadores nacionales de ese Estado.

Garantía de los depósitos bancarios

La pertenencia a la Unión Europea también sirve para garantizar los ahorros de los ciudadanos europeos. La normativa comunitaria garantiza los fondos de las cuentas bancarias hasta un importe de 100.000 euros, que en algunos países es incluso superior.

Además, en la reunión del Ecofin del pasado 27 de julio se estableció una jerarquía para los nuevos rescates bancarios. Así, si una entidad bancaria europea quiebra y debe producirse una quita, los primeros en tener que hacerla frente serán los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos júnior, de deuda sénior y finalmente de depósitos no asegurados. En la práctica, esto significa que si una entidad bancaria quiebra, los pequeños ahorradores serán los últimos que perderán su dinero y, en cualquier caso, no perderán nada si tienen depositado menos de 100.000 euros en la entidad.

Pérdida de los fondos y ayudas europeas al desarrollo

Desde que España forma parte de la Unión Europea, Cataluña ha recibido, junto con las Islas Baleares, más de 9.500 millones de euros de los fondos europeos, principalmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. El primero pretende el fortalecimiento de la cohesión económica y social, reduciendo las disparidades regionales a través del apoyo al desarrollo, la construcción de infraestructuras y la reconversión de las industrias en declive. Por su parte, el Fondo de Cohesión tiene por objeto acelerar la convergencia de los Estados miembros y las regiones menos desarrollados mejorando las condiciones de crecimiento y empleo, mientras que el Fondo Social Europeo pretende fomentar el empleo y promover una mayor cohesión económica y social.

Pérdida de la protección consular

De declararse Cataluña independiente, además de tener que hacer frente a la creación de una red diplomática y consular propia con la enorme carga económica que ello supondría y las limitaciones a las que se vería sometida frente a la española —que está presente en cerca de 120 países—, el territorio además perdería otra gran ventaja que sí tienen los miembros de la Unión Europea: la protección consular, establecida por el artículo 20 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Fuera de la Unión Europea y dentro de un país extranjero, cualquier ciudadano europeo puede beneficiarse de la protección que otro país miembro tenga en la zona, tratándole como a un nacional del Estado miembro al que representa. Así, en los casos en los que no existe protección diplomática y consular en el territorio de un país tercero, pueden acudir a la de cualquier país europeo. Derecho que los ciudadanos catalanes perderían.

Adiós al colchón de los rescates

Abandonar el paraguas de la Unión Europea también implica quedarsesin la red de seguridad que supone el sistema de salvaguardas del euro. Dichas medidas se materializan en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEdE), un fondo económico permanente destinado a ayudar a los Estados de la zona del euro con problemas de deuda soberana creado el 11 de julio de 2011. El MEdE, que entró en vigor el 8 de octubre de 2012, sustituyó al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, organismos a través de los cuales se canalizaron los rescates a Irlanda (17.700 millones), en noviembre de 2010 y Portugal (26.000 millones) en abril de 2011, además del segundo rescate a Grecia (109.000 millones) y de la ayuda al sector bancario español aprobada en julio de 2012.

Además, la independencia catalana también supondría abandonar los instrumentos de protección financieros de los que dispone España: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el fondo creado en 2008 que gestiona los procesos de reestructuración de entidades de crédito —y que ha intervenido, entre otras, en las entidades catalanas Catalunya Caixa y Unim, esta última ya integrada en el BBVA—; y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito que el Estado pone a disposición de las autonomías con problemas de acceso a los mercados para que se financien a bajo coste. Cataluña, que este año ha pedido 9.300 millones (que se suman a los 5.400 del año pasado), es de lejos la comunidad autónoma que más se ha beneficiado de este mecanismo.

Derecho a voto en las municipales de otros países

Actualmente, todos los ciudadanos comunitarios tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones municipales de cualquier país miembro de la Unión Europea en el que residan, aunque no sea el suyo, y bajo los mismos requisitos exigibles que a los nacionales. Eso significa que los catalanes afincados en cualquiera de esos países perderían este derecho y quedarían sujetos a la regulación que cada Estado fije para los extranjeros no comunitarios. Una normativa que suele ser más compleja y más exigente para aquellos que quieren conquistar su derecho a sufragio.

Derechos del viajero

El Parlamento Europeo, a través de diversos reglamentos, se ha encargado de garantizar ciertos derechos a los viajeros dentro de la UE, en cualquier medio de transporte. Desde las compensaciones para casos de denegación de embarque, cancelación del vuelo y retrasos de más de 3 horas, con compensaciones que van de los 250 euros a los 600 o la llegada al destino por medios «alternativos equiparables». También ha establecido el equivalente para autobuses, barcos y trenes. Además, ha establecido una especial protección para los viajeros de movilidad reducida, asegurándose de que tengan asistencia gratuita tanto para embarcar y desembarcar como durante el vuelo y en los aeropuertos.

Programas de formación e investigación

En materia educativa y formativa, Erasmus es el programa europeo por excelencia. De hecho, según los últimos datos de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Generalitat, 3.766 universitarios catalanes obtuvieron dicha beca en el curso 2011-12, un número que ascendió a los 4.032 el año anterior. Un programa subvencionado por la UE con la finalidad de crear una sociedad del conocimiento avanzado en Europa.

Sin embargo, el programa Erasmus no es el único. La Unión Europea cuenta con programas de formación, de orientación profesional y de prácticas de las que se pueden beneficiar todos los estudiantes europeos. Leonardo da Vinci o Grundtvig son sólo algunos. Pero si Cataluña, conuna tasa de desempleo juvenil del 52,71 por ciento, se independizara, dejaría de disfrutar de ellos y de otros como el programa Ploteus, diseñado para informar a estudiantes y personas en busca de empleo, o de Eurodysee, programa de intercambio para jóvenes de 18 a 30 con prácticas de tres a siete meses en empresas europeas.

Además, casos como el de la «Fundación i2CAT» también se verían afectados negativamente. Este centro de investigación e innovación cerró 2012 con 5,1 millones de euros en ingresos gracias al aumento del 13% de los fondos europeos de I+D+i de los que se benefician.

Adiós a las ayudas a la financiación de las pymes

Actualmente, la UE ofrece ayudas a las pequeñas y medianas empresas a través de subvenciones, préstamos y programas y servicios de apoyo empresarial. Un tejido empresarial sumamente importante para Cataluña, ya que las pymes suponen alrededor del 90% del total de empresas catalanas.

Las pymes europeas pueden optar tanto a subvenciones para programas específicos, en muchos casos enfocados a temáticas como la investigación o el medio ambiente, como a financiación de los fondos estructurales, a través de programas como Jeremie, que ofrece garantías de préstamos o capital en forma de participaciones y capital de riesgo. Una tercera vía que mantiene abierta la UE es la que funciona mediante intermediarios financieros (instituciones externas que facilitan el crédito).

Entre las últimas ayudas que la Unión Europea prepara para este colectivo destaca la iniciativa de la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que incluye un plan, con especial incidencia en España e Italia, con el que pretenden movilizar hasta 100.000 millones de euros para ayudar a la pymes europeas a acceder al crédito. Unas ayudas de las que Cataluña no se vería beneficiada si saliera de la Unión.

Facilidades para comprar, extracción de dinero y apertura de cuentas bancarias

Los catalanes, como cualquier otro ciudadano de la Unión Europea, tienen garantizados por la legislación comunitaria el pagar el mismo precio al comprar productos y contratar servicios que los residentes locales en cualquier país miembro, derecho que se perdería si el territorio se escinde.

Además, la UE garantiza el derecho de los ciudadanos comunitarios a abrir una cuenta en cualquier entidad de otro país miembro, sin que esta pueda discriminar por motivos de nacionalidad. En el caso de que se produzca dicha reclamación, el ciudadano europeo dispone de los cauces adecuados para reclamar, materializados en la Red Transfronteriza de Denuncia Extrajudicial sobre Servicios Financieros.

Por otro lado, el banco no puede cobrar por los pagos internacionales en euros más que por una operación nacional del mismo valor efectuado en euros. Esta norma se aplica a todas las operaciones efectuadas en euros, incluyendo las transferencias entre cuentas bancarias de diferentes países comunitarios, sacar dinero en cualquier cajero automático de la Unión Europea, los pagos mediante tarjeta de crédito o débito en toda la UE o los envíos de efectivo entre países comunitarios.

No obstante, los pagos internacionales en moneda distinta del euro —por ejemplo, la hipotética nueva moneda catalana— no están sujetos a estas disposiciones.

Pérdida de las instancias finales de protección

La normativa europea contempla la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión puedan plantear quejas, peticiones o preguntas al Parlamento Europeo, incluyendo posibles irregularidades o violaciones de derechos cometidas por Estados o instituciones públicas. Además, también existe la opción de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo europeo relativa al mal funcionamiento de una institución o malas prácticas administrativas.

Según reconoció recientemente el actual Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, España es el país que más uso hace de esta institución. En 2010, precisamente los tres eurodiputados catalanes, Ramon Tremosa (CiU), Oriol Junqueras (ERC) y Raül Romeva (ICV) denunciaron ante esta institución que el Gobierno español incumplia, a su juicio, los acuerdos que firmó en el año 2005 con las instituciones europeas por los que se aprobó que la correspondencia con los ciudadanos catalanoparlantes se pudiera hacer en catalán. Por otro lado, los catalanes también dejarían de poder recurrir para resolver sus asuntos judiciales al Tribunal Supremo español.

Pérdida de influencia a nivel mundial

La influencia de una región o Estado es algo difícil de cuantificar. No obstante, la secesión de Cataluña de España y de la Unión Europea implicaría la salida inmediata de la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el resto de organismos supranacionales a los que pertenece nuestro país.

Además, Cataluña dejaría de tener representación en el Parlamento Europeo —donde actualmente cuenta con tres eurodiputados, Ramon Tremosa y Salvador Sedó (CiU), Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (BNG, en representación de ERC)—, uno de los órganos legisladores más poderosos del mundo. También dejaría de estar representada por España en las cumbres del G20, en el cual, si bien nuestro país no es miembro de pleno derecho —como sí lo es la Unión Europea—, sí que tiene el estatus de «invitado permanente».

GIBRALTAR, EL GOBIERNO ESPAÑOL, Y LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado este jueves un recurso presentado por el Reino Unido, para tratar de invalidar la designación de aguas que rodean el Peñón de Gibraltar como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en materia medioambiental planteada por España. La Corte con sede en Luxemburgo ha confirmado un fallo anterior del Tribunal General de la UE, que también había rechazado la petición de Londres por una cuestión de forma.

El Gobierno británico recurrió a la Justicia comunitaria por primera vez en marzo de 2010, después de que la UE incluyese en su lista de LIC el lugar «Estrecho Oriental», una zona de protección ambiental planteada por España. Esa delimitación se solapa con otra LIC, en este caso propuesta anteriormente por el Reino Unido, bajo el nombre de «Aguas Sur de Gibraltar».

Esa zona se aceptó en 2006 como área protegida en el marco de la directiva Hábitats de la UE, después de que España declarase que toda acción adoptada por Londres respecto a Gibraltar en ese ámbito debía ser entendida sin perjuicio de la posición española sobre la soberanía del Peñón y sus aguas, han recordado fuentes judiciales.

Dos años después, la UE aceptó también como LIC la zona «Estrecho Oriental», sin oposición de Londres, que sí votó en contra cuando en octubre de 2009 se actualizó la lista de lugares protegidos incluyendo de nuevo las dos áreas. La Comisión Europea, que dirige la designación de las áreas dentro de la directa Hábitat en cooperación con los Estados miembros, consideró entonces que su función no era dirimir desacuerdos territoriales y recordó que ya se habían producido solapamientos entre distintas LIC en otros países sin problemas.

Londres recurrió posteriormente a la Justicia Europea para tratar de anular esa decisión, una demanda que el Tribunal de General rechazó en primera instancia al considerar que esa tercera lista simplemente confirmaba la anterior, contra la que Reino Unido no había actuado en los plazos establecidos. La sentencia de este jueves, que resuelve un recurso de casación presentado por el Gobierno británico, confirma esa decisión.

Mientras, tanto el Reino Unido como España han seguido adelante con los procedimientos para proteger las aguas que rodean Gibraltar. Este año, el Gobierno del Peñón anunció la designación del área como Zona Especial de Conservación (ZEC), el paso siguiente a su denominación como LIC.

España también prepara esa medida, que implicaría entre otras cosas la prohibición de prácticas como la evacuación de residuos o el suministro de combustible en el mar. La Comisión Europea, consultada el pasado mes de agosto, volvió a rechazar entrar en el conflicto territorial y confió en que el Reino Unido y España cooperen para proteger las aguas de la zona.

POSICIÓN PARLAMENTARIA DEL GOBIERNO DE RAJOY SOBRE GIBRALTAR

«El objetivo de España en relación con Gibraltar no ha variado en los últimos trescientos años». Así responde el Gobierno de Mariano Rajoy al diputado de Izquierda Unida Joan Josep Nuet, quien había preguntado previamente si en las circunstancias actuales debía ser una prioridad la resolución del contencioso sobre el Peñón.

En su respuesta parlamentaria el Gobierno afirma que «la recuperación de la soberanía y, con ella, de la integridad territorial ha sido defendida por todos los Gobiernos españoles, con independencia de su signo político y de la situación de España». Además, advierte de que «la posición de España en este contencioso se mantendrá hasta que no se resuelva de forma satisfactoria para España».

El diputado de IU preguntaba también, con un error histórico incluido, si «es objetivo del Gobierno que, casi cuatrocientos años después, Gibraltar vuelva a ser un territorio de soberanía española».

El Ejecutivo manifesta que uno de los objetivos prioritarios de la política exterior española ha sido siempre la recuperación por parte de España de la soberanía sobre Gibraltar. «Este objetivo ha sido compartido por todos los gobiernos de España y, por supuesto, también por el actual», añade.

Además, explica que aunque no se trata de nada realmente nuevo, desde el comienzo de la presente legislatura, el Gobierno español ha comunicado al Gobierno del Reino Unido su deseo de mantener conversaciones sobre las cuestiones de soberanía en el marco del llamado Proceso de Bruselas (Declaración de Bruselas de 1984). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado este llamamiento en su reciente intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

LA CORRUPCIÓN DE LOS PUJOL Y MAS, SEGÚN EL MUNDO

Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía

El borrador elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) revela también que la familia Pujol, y más concretamente el ex presidente, su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos Jordi y Oriol, poseen 137 millones de euros en una cuenta en la banca privada Lombard Odier de Ginebra. Los fondos están a nombre de una fundación del clan Pujol, "de la que penden a modo de racimo ocho sociedades". Esta fortuna procedería sustancialmente del cobro de comisiones ilegales a contratistas de la Generalitat a través del Palau de la Música.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla en su informe interno que el dinero de las inversiones realizadas por la familia Pujol en México, Argentina y Estados Unidos procede fundamentalmente "de varias transferencias del banco privado Lombard Odier", radicado en el número 11 de la Rue de la Corraterie de Ginebra.

Tras rastrear los depósitos bancarios de los que proceden los fondos utilizados, la Policía ha "detectado una fundación de la que pende a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas [137 millones de euros al cambio actual]".

Tras esta entidad, los investigadores señalan que se encuentra la familia Pujol. "Sus beneficiarios finales son el matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola y sus hijos Jordi y Oriol [éste último, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)]".

Ésta es una de las principales revelaciones del informe policial en el que se denuncia, además, que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC -el 4% del total de cada adjudicación- a través de la trama del Palau de la Música ha acabado en cuentas de sus dirigentes. Concretamente, de Artur Mas y de los Pujol. En este sentido, se revela la existencia de depósitos bancarios controlados por ambas familias en Suiza y Liechtenstein. La Brigada de Blanqueo de Capitales desvela, asimismo, detalles llamativos como el de que los Pujol tenían "tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo a la que el propio Millet [responsable del Palau] tiene en Lausana".

En cuanto al patrimonio de la que fuera la primera familia de Cataluña, el informe agrega que la saga catalana "ostenta inversiones en Estados Unidos (Houston, Miami y Delaware), Argentina (Puerto Madero) y en México (Acapulco-Guerrero-Jalisco) a través de sociedades interpuestas y la mayoría de ellas residentes en paraísos fiscales".

En esta misma línea, este documento indica que "en México, Jordi Pujol Ferrusola construyó un resort con hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2010) en Acapulco en primera línea de mar sobre una superficie de 130.000 metros cuadrados con villas de lujo y 44 habitaciones". "Entre sus socios", abunda la UDEF, "están los mexicanos Sergio Kam y Rafael Aragonés" y "la inversión correspondiente a cada socio superó los 125 millones de dólares".

PERO LOS PODERES POLÍTICOS Y JUDICIALES ESPAÑOLES, A LOS QUE TANTO DESPRECIAN,  LES PROTEGEN POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON SUS VOTOS EN CASO DE NECESIDAD.

«No hay precedentes de un caso como éste. Si ha habido presiones políticas o no, es imposible probarlo, pero sí se han producido perniciosas dilaciones que han perjudicado a la causa». Es la opinión de uno de los investigadores del llamado «caso Palau» -el desvío de más de 30 millones de euros de esta institución pública-, dentro del cual se investiga la financiación ilícita de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), al menos entre 2002 y 2008 cuando podrían haber llegado a sus arcas unos 5,9 millones.

¿Cuáles son esas dilaciones o movimientos difícilmente explicables? El más evidente se conoció en julio, cuando el juez instructor, Josep María Pijuán, ordenó a los Mossos d’Esquadra el registro de las viviendas de los dos responsables del Palau, la de Félix Millet en Ametlla del Vallés (Barcelona), y la de su mano derecha, Jordi Montull, en Teia, en busca de «dinero en efectivo, valores y documentos relacionados con el destino dado al dinero defraudado», según el auto dictado. Habían pasado justo tres años desde que estalló el escándalo del Palau y en ese tiempo ninguno de los dos jueces anteriores llevó a cabo esos registros.

La Fundación no se miró «Hay diligencias de manual que en este caso no se han practicado. A los tres años, lógicamente el juez sabía que no se iba a encontrar ni documentación relevante ni dinero, pero quería asegurar la responsabilidad civil, dado que Millet y Montull declarararon un patrimonio muy por debajo del real», explican fuentes del caso. Esas diligencias de manual no practicadas incluyen que, por ejemplo, la Fundación Trias Fargas de CDC, eje de la operativa de desvío de fondos, tampoco fuera registrada, sino que solo se le pidió documentación. Algo similar ocurrió con los bancos, que «de manera general incumplieron las obligaciones de identificación» de las personas que cobraron los cheques en ventanilla, causando gran perjuicio a la instrucción, tal y como dictaminaron en sus informes Agencia Tributaria y Policía.

El primer juez instructor, Juli Solaz, fue cuestionado nada más saltar el escándalo en julio de 2009. La magistrada de la Audiencia de Barcelona María Sanahuja criticó ese mismo otoño que se tardara más de tres meses en imputar a los saqueadores confesos -Millet y Montull- y que no se adoptara ninguna medida cautelar contra ellos pese a que se llevaron cajas de documentación del Palau, y pese a que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión. Según la magistrada, la instrucción no era la apropiada ni la habitual en un juez de instrucción. El Consejo General del Poder Judicial la expedientó a ella y a otro juez, Santiago Vidal, también crítico con la investigación, y los sancionó con una amonestación. El Tribunal Supremo confirmó la sanción a Sanahuja.

En enero de 2011, el juez instructor Juli Solaz, abandonó el Juzgado y pasó a la Audiencia de Barcelona, con el caso en punto muerto. Dos meses antes, la Fiscalía Anticorrupción le había pedido que abriera una pieza separada para investigar las supuestas comisiones pagadas a Convergencia por la constructora Ferrovial, acreditadas en los informes de la Agencia Tributaria. Durante los siguientes seis meses estuvo al frente del caso un juez sustituto y en mayo del año pasado llegó al Juzgado de Instrucción número 30 Josep Maria Pijuan, decidido a impulsarlo. 

Mossos y Policía Además de otras diligencias en septiembre del año pasado, requirió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que realizara dos informes con el fin de seguir el rastro del dinero (no se ha recuperado ni la mitad del desvío). En mayo de este año, esa unidad policial entregó al juez sus dos dictámenes: uno del análisis de la documentación facilitada por las entidades bancarias, y otro en el que se detalla la existencia de fondos con procedencia ilícita para financiar al partido de Artur Mas, sin duda el más comprometedor. Este último informe sirvió de base al juez para imponer una fianza a Convergencia de 3,2 millones de euros. Los Mossos d’Esquadra, en la investigación desde el inicio, no habían realizado ninguno de esos informes, pero aun así fueron los encargados de los registros de las casas tres años después.

MIENTRAS, MAS SIGUE MINTIENDO, AFIRMANDO QUE CATALUÑA NO SE QUEDARÁ FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA SI SE ESCINDE DE ESPAÑA. 

El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, se ha mostrado tajante esta mañana en el marco de la Cumbre de Cádiz. El órgano ejecutivo de la Unión Europea y garante del cumplimiento de los Tratados se mantiene firme en la posición política que ya expresó en el año 2004: un territorio que se secesiona de un Estado Miembro, deja automáticamente de formar parte de la UE y sus ciudadanos ya no tienen la consideración de comunitarios. Así se ha expresado Durão cuando se le ha interrogado sobre si esta postura se mantenía sin cambios. "Sí, mantenemos la misma posición. No hay cambios en absoluto", ha asegurado en referencia a la posibilidad de que Cataluña se embarque definitivamente en un camino de ruptura con España. El presidente de la Comisión Europea ha recalcado la doctrina comunitaria justo en el ecuador de la campaña electoral catalana prácticamente dominada por el debate independentista sembrado por el actual presidente catalán y candidato a la reelección Artur Mas.

¿DÓNDE LLEVA ARTUR MAS A CATALUÑA? FUERA DE EUROPA - 2

El vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha advertido este lunes que "si una parte del territorio de un Estado miembro se separase, esa parte quedaría fuera y tendría que volver a empezar" los trámites para ingresar en la Unión Europea.

Almunia ha respondido así a una pregunta formulada esta mañana en el Forum Europa en Madrid acerca de las aspiraciones independentistas del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.

El dirigente europeo ha advertido de que el proceso de integración en la UE está regido por el principio de unanimidad. "Para pertenecer a un club, todos los miembros de ese club te tienen que admitir", ha dicho a propósito de las posibilidades de veto que tendría España. El vicepresidente de la Comisión ha insistido en que "basta que uno diga que no para que quede paralizado el proceso", si bien ha apostado por "no llegar a ese punto" porque antes existen "miles y miles de posibilidades de diálogo".

Aunque ha defendido el federalismo como una solución (otro con la misma matraca, que sigue sin explicarnos), ha dejado claro que es necesario "escuchar las opiniones de todos y buscar puntos comunes" para que avance la negociación y el diálogo y evitar que el proceso llegue a un punto muerto. "Si se llegase a esta situación, estaríamos abocados a una inmensísima frustración", ha agregado.

¿DÓNDE LLEVA ARTURO MAS A CATALUÑA? FUERA DE LA PERTENENCIA A LA UNIÓN EUROPEA

Si se proclamara un Estado Catalán soberano e independiente, los servicios de asuntos exteriores de la Generalitat buscarían rápidamente su reconocimiento internacional. Presumiblemente, uno de sus primeros objetivos sería dirigirse a Bruselas y reclamar su "pertenencia" automática a la UE. Si se atiende a las declaraciones públicas realizadas hasta ahora, lo harían indicando que hasta ese momento, como territorio perteneciente a España, han conformado parte del territorio de la UE y tienen derechos históricos adquiridos a tal efecto como, por ejemplo, la Ciudadanía europea de sus nacionales, antes españoles y ahora catalanes.

¿Ser o no ser miembro de la UE? Esa es la cuestión que desencadena luego infinitud de consecuencias jurídicas y económicas. El "territorio comunitario" o de la UE es el espacio sobre el que están en vigor un conjunto de derechos y obligaciones que emanan de los Tratados de la UE y de la legislación creada por sus instituciones: la libre circulación de mercancías comunitarias, la libre circulación de personas y trabajadores comunitarios, el libre establecimiento de empresas europeas, la libre prestación de servicios por personas nacionales de un Estado miembro de la UE, etc. Se debe saber que, aunque se hable con frecuencia de "territorio de la UE", esto es una forma de hablar que puede llevar a confusión. Se trata, en realidad, de una expresión para designar la suma de cada uno de los territorios bajo soberanía de los Estados miembros. La UE no ejerce soberanía sobre ningún territorio.

Lo necesario para gozar de todas aquellas libertades antes citadas es ser nacional de un Estado miembro de la UE, o comercializar una mercancía fabricada en el territorio de un Estado miembro de la UE. Porque sólo las mercancías originarias del territorio de un Estado miembro circulan sin trabas por dentro del mercado común europeo. Y lo mismo sucede con la Ciudadanía europea, o la libre circulación de trabajadores. Si se es nacional de un Estado miembro, se dispone del derecho humano fundamental a moverse libremente por todo el "territorio de la UE" para buscar trabajo, estudiar, hacer turismo, o recibir o prestar algún tipo de servicio como, por ejemplo, los sanitarios o turísticos. En caso contrario, es decir, si no se es un territorio integrante de un Estado miembro o no se es un nacional de un Estado miembro de la UE, se erigen barreras severas a todas estas libertades. Las mercancías de un país no miembro de la UE pagan un arancel en frontera (el Arancel Aduanero Común); deben solicitar licencias administrativas de importación para su paso por frontera; pueden ser sometidas a restricciones cuantitativas a la importación, esto es, cuotas o volúmenes máximos de entrada de productos dentro del territorio de la UE; o se las puede obligar a ser almacenadas para cumplir con trámites de control de calidad, seguridad sanitaria, etc. Igualmente, si no se es nacional de un Estado miembro, para entrar, permanecer, residir, estudiar o trabajar en el territorio de la UE se necesita obtener un visado o autorización de entrada y el permiso de residencia correspondiente -de trabajo, de estudios, de turismo, etc.- que se concede ahora de modo muy selectivo.

La pertenencia a la UE asegura también a sus Estados Miembros la participación en el complejo entramado institucional que da vida a esta organización: al Consejo de la UE asisten los ministros de los Estados miembros del ramo sobre los que se va a legislar (agricultura, medio ambiente, economía, etc.); el Parlamento Europeo está integrado por parlamentarios nacionales de cada Estado Miembro que se eligen cada 5 años dentro de cada Estado Miembro; los comisarios de la Comisión Europea, que presentan los proyectos de leyes comunitarias para su aprobación por el Parlamento y el Consejo, son nacionales de los Estados Miembros propuestos por los Estados miembros; también son nacionales de los Estados Miembros, propuestos por los Estados de la Unión, los jueces del Tribunal de Justicia de la UE; y el Banco Central Europeo es gobernado por un órgano en el que están representados los gobernadores de los respectivos Bancos centrales de cada Estado Miembro. Por consiguiente, ser o no ser miembro de la UE no es una cuestión superflua.

En Derecho internacional público, la cuestión de los efectos de una secesión con respecto a la pertenencia a las organizaciones internacionales a las que pertenece el Estado matriz es un tema que tiene una voluminosa práctica internacional. No está regulada en ningún tratado internacional específico, puesto que la Convención de Viena sobre sucesión de Estados en materia de Tratados (1978), además de no estar en vigor para España, indica que esta cuestión se rige por las reglas propias de cada organización relativas a la pertenencia a las mismas. ¿Cuál ha sido la práctica uniforme y constante hasta el momento en todas las organizaciones internacionales universales o regionales al respecto? La pertenencia del nuevo Estado a las organizaciones internacionales de las que era miembro el Estado matriz se rige por las normas específicas de cada organización internacional con respecto a la adquisición de la calidad de miembro, esto es, se rige por las reglas de adhesión. En todos los casos de secesión o separación, tanto la llamada secesión colonial, como los fenómenos de secesión no ligados a la descolonización, el nuevo Estado ha debido satisfacer las condiciones y procesos de adhesión a las organizaciones internacionales fijadas por sus tratados constitutivos respectivos. En cambio, el Estado matriz o predecesor ha continuado como miembro de la organización pese a la disminución de su territorio soberano. Así ha venido sucediendo desde la secesión de Paquistán con respecto a la India en 1947. 

La India Británica era miembro originario de la ONU (1945). Tras la independencia de Pakistán con respecto a la India Británica, la India continuó como miembro de la ONU mientras que Pakistán tuvo que solicitar la adhesión y satisfacer el proceso fijado para ello en la Carta de la ONU. La Sexta Comisión de la ONU emitió un dictamen al respecto que no dejaba lugar a dudas: como regla general el Estado miembro de la ONU no deja de serlo porque cambie su constitución o sus fronteras, mientras que el nuevo Estado emergente debe volverlo a solicitar y ser admitido oficialmente como miembro según el procedimiento fijado por la organización. Y así aconteció, en adelante: en el caso de la secesión de Singapur (1965) con respecto a Malasia, el nuevo Estado solicitó la adhesión y el matriz continuó como miembro; la secesión de Bangladesh (1973) de Paquistán, tuvo el mismo resultado; se volvió a producir en la secesión de Eritrea (1993) con respecto a Etiopía; y en el más reciente de la independencia de Sudán del Sur (2011) con respecto a Sudán. No ha habido excepciones a esta regla, si bien es cierto que hay organizaciones internacionales técnicas, administrativas o financieras que permiten la adhesión de nuevos miembros de modo casi automático: a veces basta con notificar la voluntad de nueva adhesión en debida forma. Pero incluso en estos casos, por ejemplo, en la OIT, la UNESCO o la OMS, esta forma semiautomática de ser miembro de estas organizaciones se deriva de haber obtenido primero la categoría de miembro de la ONU, que no es automática. En definitiva, son las reglas fijadas por cada organización internacional para la adhesión de nuevos miembros las que determinan cómo accede un nuevo Estado, fruto de una secesión, a ser miembro de cada organización internacional de la que es miembro el Estado predecesor o matriz.

En el caso de la UE, la organización internacional más importante de Europa, las reglas aplicables para entrar a formar parte de la UE se encuentran en el art. 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que luego se explica con más detalle. ¿No se aplicará esta disposición en el caso de secesión de Cataluña o de cualquier otro territorio perteneciente a un Estado miembro con respecto a la pertenencia a la UE? Tenemos ya un caso de referencia y dos pronunciamientos oficiales de la Comisión, también referida en el lenguaje de la UE como la “guardiana de los Tratados”. Confirman la práctica internacional general en esta materia.

El territorio de Argelia formaba parte integrante del territorio soberano de Francia -como lo son hoy en día Ceuta y Melilla con respecto a España-. Cuando Francia, junto con los otros miembros originarios de la UE, crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, 1952), sus reglas se aplicaban íntegramente a Argelia como parte del territorio soberano de Francia. Tras una cruenta guerra, Argelia alcanzó en 1962 su independencia e inmediatamente dejó de ser parte del territorio comunitario, sin pasar a ser automáticamente nuevo miembro de la CECA. Francia, obviamente, a pesar de la importancia del territorio y la población perdida, continuó siendo miembro de la Comunidad. Más práctica. Más actual.

El 12 de febrero de 2004 la parlamentaria europea Eluned Morgan, originaria del País de Gales, realizó las siguientes preguntas para ser respondidas oficialmente por la Comisión en sede del Parlamento Europeo: "¿Puede la Comisión confirmar que si un Estado miembro se dividiera, por haber alcanzado una región la independencia democráticamente, sería de aplicación el precedente sentado por Argelia?(...) ¿Puede la Comisión confirmar si una nueva región independiente debería abandonar la UE y presentar a continuación su candidatura con vistas a la reintegración? Una candidatura de este tipo, ¿implicaría una renegociación de los tratados en una Conferencia Intergubernamental y el acuerdo unánime de los 25 Estados miembros?" La respuesta institucional a la pregunta escrita la dio el anterior Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Romano Prodi, el 1 de marzo de 2004: "La Comunidad Europea y la Unión Europea se constituyeron mediante los tratados pertinentes entre los Estados miembros. Estos tratados se aplican a los Estados miembros (artículo 299 del Tratado CE). Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. 

En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio. Según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado europeo que respete los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión. Una solicitud de este tipo requiere, si es aceptada por el Consejo por unanimidad, la negociación de un acuerdo entre el Estado solicitante y los Estados miembros sobre las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone de los tratados. El acuerdo está sujeto a la ratificación por parte de todos los Estados miembros y del Estado solicitante."

En añadido, muy recientemente el caso de Cataluña ha generado doctrina oficial dentro de la Comisión. El 1 de abril de 2012 el partido catalán "Reagrupament" registró una Iniciativa Ciudadana Europea bajo el título "Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva" firmada por el Sr. Joan Carretero Grau. Allí se solicitaba a la Comisión Europea que iniciara la tramitación de una ley de la UE que afirmara que, en el caso de que Cataluña -u otros territorios similares- se declarara independiente, el nuevo Estado resultante pasaría automáticamente a ser miembro de la UE y que sus nacionales continuarían siendo Ciudadanos de la UE. La petición aludía a la idea, ajena al Derecho internacional y al Derecho de la UE, de una posible "ampliación interna" de la UE que no pasase por el procedimiento fijado en el art. 49 del TUE para la adhesión de nuevos Estados a la UE. Analizada la solicitud y toda su argumentación jurídica, el 30 de mayo de 2012 la Comisión Europea rechazó de plano el registro de la iniciativa -documento C (2012) 3689 final, firmado por la Secretaria General de la Comisión Europea, Catherine Day- al considerarla "manifiestamente" fuera del ámbito competencias de la Unión. Estos son los fundamentos del rechazo: "Su iniciativa ciudadana propuesta tiene por objetivo garantizar que los ciudadanos de un nuevo Estado resultante de la secesión de una parte de un Estado miembro de la UE sigan siendo ciudadanos de la Unión. De acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE, sólo las personas que tengan nacionalidad de un Estado Miembro son ciudadanos de la UE. La ciudadanía de la UE es complementaria, pero no sustitutiva, de la ciudadanía nacional". En la misma respuesta se indica que "no existe base jurídica alguna" en los Tratados de la UE que permita que la legislación de la UE aborde las consecuencias de una secesión de un una parte de un Estado miembro al margen del Derecho internacional general.

Ésta es pues la posición de la UE en estas cuestiones. Un nuevo Estado fruto de la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro quedaría fuera de la UE y debería presentar de nuevo su candidatura y superar las condiciones y el procedimiento de adhesión. Esta consecuencia jurídica primaria desencadenaría otras. Sólo podrían beneficiarse de los derechos vinculados a la Ciudadanía europea los catalanes que optaran por la nacionalidad de un Estado miembro -la española si así lo permitiera España y en las condiciones que ésta fijara-. Si vivieran dentro de la UE, y no lograran la nacionalidad española u otra nacionalidad de un miembro de la UE, decaerían inmediatamente sus derechos a circular, permanecer, residir o trabajar como ciudadano comunitario, en cualquier país de la UE, pasando a ser considerados como extranjeros. Obviamente, en un primer momento y también hasta lograr la adhesión, los productos manufacturados en Cataluña tampoco serían productos originarios de un Estado miembro, factor que impediría su libre circulación por el mercado europeo. Serían tratados inicialmente como cualquier bien procedente de un Estado no miembro de la UE: aplicación de aranceles y de restricciones cuantitativas a la importación al espacio comunitario. También desaparecerían de modo inmediato cualquiera de los fondos o subsidios europeos que guardaran relación con ser un territorio, empresa, sindicato, fundación, etc. nacional de un Estado miembro. 

¿Para recuperar estos derechos, cuánto tardaría en ingresar en la UE una Cataluña independiente ? Depende de elementos objetivos y subjetivos. Cataluña debería seguir el procedimiento y cumplir las condiciones fijadas en el art. 49 del TUE. Primero, solicitar la adhesión. Entonces, los 27 miembros de la UE, incluida España, tendrían que autorizar a la Comisión Europea que iniciara la negociación de la adhesión. Cataluña entonces debería demostrar que cumple los requisitos económicos, jurídicos y políticos para ser miembro de la UE, y la Comisión, verificar la satisfacción de estas condiciones. 

En lo jurídico-político, las condiciones son ser un Estado democrático y de Derecho, capaz de garantizar los derechos humanos fundamentales, con especial atención a la protección de los derechos de las minorías presentes en su territorio (por relación a la minoría nacional catalano-española, o al pueblo aranés); y disponer de estructuras administrativas y judiciales que le permitieran cumplir con el Derecho de la UE -el actual sistema judicial es español, por ejemplo, y habría que crear uno propio-. 

En lo económico, Cataluña debería satisfacer durante un tiempo razonable los criterios económicos de convergencia que se aplican a los candidatos a la adhesión: a) una tasa de inflación que no puede ser mayor a un 1.5% respecto a la media de los tres estados de la Eurozona con menor inflación (excluyendo aquellos que sufran deflación) durante el año precedente al examen de la situación del país que quiere ser admitido; b) el déficit presupuestario de su administración pública no podría representar una cantidad mayor que el 3% del PIB al final del año precedente; c) la Deuda pública no podría representar una cantidad mayor que el 60% del PIB; d) y, luego, otros factores analizables serían el tipo de cambio y su estabilidad con respecto al euro, así como el tipo de interés de la moneda a largo plazo, siempre y cuando Cataluña creara su propia moneda. Y aún así, no bastaría.

El proceso de adhesión se cierra con un momento político culminante que crea siempre incertidumbre sobre el resultado final. No basta con querer ser miembro de la UE. Ni con que la Comisión certifique que se cumplen los criterios objetivos de admisión. Luego, la totalidad de miembros de la UE deben aceptar individualmente que el candidato forme parte de la Unión. La adhesión final queda sometida siempre a la ratificación de todos y cada uno de los 27 Estados miembros de la UE, satisfechos los respectivos procedimientos constitucionales de cada Estado. En estas cuestiones, las decisiones de cada Estado miembro se toman siempre guiadas por el interés nacional del momento y, por consiguiente, son hoy por hoy inexcrutables. Francia, por ejemplo, fue el Estado que más quiso retrasar la adhesión de España a la UE y la plenitud posterior de la aplicación del mercado interior, temerosa de la competencia de los productos agrícolas españoles para su propio sector agrícola.

¿Qué pasaría con España? Francia, con la secesión de Argelia, no dejó de ser miembro de la CECA. Y están todos los precedentes del plano universal anteriormente citados. La disminución del territorio soberano de un Estado, a no ser que se tratara de cambios objetivamente muy relevantes -pérdida de más de la mitad del territorio o de la población, o la descomposición total de un modelo federal, como en el caso de Yugoslavia-, harían que su identidad básica como Estado continuara, y por consiguiente, también su pertenencia a la UE. En la Conferencia de Helsinki de la International Law Association de 1996 se reafirmó esta idea general, muy respaldada por la práctica internacional, según la cual el derecho internacional hace primar la presunción de la continuidad de las obligaciones del Estado matriz. De hecho, el mantenimiento del status quo de España es lo único que aseguraría el propio funcionamiento político de la UE. De lo contrario, no podrían aplicarse las mayorías establecidas en los Tratados para aprobar actos legislativos en el Consejo de la UE, o en el Parlamento Europeo. 

Por supuesto, la economía española también sufriría. Quizá tendría que salirse temporalmente del "Euro" hasta reajustar sus variables económicas básicas (deuda y déficit). En este punto no se debe confundir salir del “euro” con salir de la UE. Esta moneda común entró en vigor, sustituyendo a las nacionales, en el 2002. Gran Bretaña y Dinamarca son miembros antiguos de la UE pero aún conservan su propia moneda que fluctúa de forma ordenada con respecto al Euro. La continuidad de su pertenencia a la UE –mercados abiertos, fondos europeos, créditos del BCE- la dejaría aparentemente en mejores condiciones iniciales para la recuperación de su economía. Recordemos además, que la UE no permite la expulsión de sus Estados miembros del seno de la UE. Sólo contiene un procedimiento para que éstos, si lo desean, salgan de la Unión. 

En conclusión, el Estado independiente de Cataluña sería un Estado europeo, como lo es Albania, Kosovo, Serbia, Moldavia, Montenegro, Noruega o Rusia, dado que esta condición geográfica no puede ser sometida a negociación, pacto o referendo. Pero Cataluña no sería inicialmente un Estado Miembro de la UE. Sería posible su entrada posterior, aunque para ello debería sortear el proceso fijado en el Tratado de la Unión Europea. Sólo por ese hecho, las relaciones económicas más básicas de este nuevo Estado independiente quedarían alteradas tras el alzamiento de fronteras comerciales, administrativas y sociales. Los estudios sobre el futuro económico de un Estado catalán independiente deberían partir de este escenario jurídico. España, por el contrario, permanecería en la UE.

Dr. Víctor M. Sánchez, Profesor Agregado de Derecho Internacional Público de la Universitat Oberta de Catalunya. Director del Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización