El principio de justicia universal, por el cual un Estado se declara competente para perseguir a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos incluso fuera de su territorio —siempre que otro país no los haya investigado— se ha convertido en un foco intermitente de tensión entre España y otros países, algunos de ellos aliados, como Estados Unidos o Israel. Las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional, generalmente a raíz de querellas de grupos de defensa de los derechos humanos, han enojado a los países afectados y han puesto muchas veces en una tesitura complicada al Gobierno español. Este, de puertas afuera, ha pronunciado siempre la consabida coletilla del respeto a la independencia del poder judicial y a las resoluciones de los tribunales. De puertas adentro, sin embargo, los diferentes Ejecutivos españoles han tratado de poner coto a la persecución de los delitos de ámbito internacional, un quebradero de cabeza diplomático de primera magnitud.
El último conflicto deriva de la decisión de la Audiencia Nacional de poner en busca y captura al expresidente chino Jiang Zemin y de investigar a su sucesor, Hu Jintao, entre otros miembros de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio del Tíbet de los años 80 y 90 del siglo pasado. Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inició en 2006 tras una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT). Ya desde el inicio de la instrucción las autoridades chinas reaccionaron con irritación. En junio de 2006, el Gobierno de Pekín llamó al embajador de España para quejarse por las actuaciones judiciales sobre el genocidio tibetano, que calificaron de una “interferencia” en sus asuntos internos y una “difamación total”.
La apertura de diligencias sobre la represión en el Tíbet coincidió en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de obligar a la Audiencia Nacional a investigar otra querella sobre la persecución a los miembros de Falun Gong, considerada como una secta nociva por las autoridades chinas. La orden de reabrir esa causa contra el grupo espiritual se tomó con el criterio en contra de la fiscalía, que también se ha opuesto a las actuaciones por el genocidio tibetano. Las fricciones aumentaron en octubre de 2012 con el caso Emperador, la investigación de la trama de blanqueo de capitales encabezada por Gao Ping, empresario chino radicado en Madrid y actualmente en prisión. Fuentes de la Audiencia aseguran que hubo “fuertes presiones” por parte de China para que se diera carpetazo a esa investigación y que los argumentos para lograrlo eran posibles represalias económicas.
La jurisdicción universal, cuyo exponente más conocido fue quizá la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet en octubre de 1998 por orden del entonces juez Baltasar Garzón, ha generado numerosos procedimientos en la Audiencia Nacional. En la actualidad siguen abiertas, entre otras causas, la investigación por el genocidio en Ruanda, que afecta al presidente de ese país, Paul Kagame; el procesamiento de siete militares chilenos que torturaron y asesinaron al diplomático español Carmelo Soria, o de 20 soldados salvadoreños que asesinaron al jesuita Ignacio Ellacuría. También prosiguen las pesquisas sobre los vuelos clandestinos de la CIA con sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos.
La profusión de investigaciones por genocidio —y las presiones diplomáticas— llevaron en octubre de 2009 al Gobierno socialista a pactar con el PP una reforma legal para limitar la jurisdicción universal. Desde entonces, solo se permite investigar los casos que afecten a ciudadanos españoles. Curiosamente este recorte no fue avanzado por el ministro de Justicia. Fue la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, quien anunció en enero de 2009 que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. Los magistrados Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco protestaron por esta medida. “Es como cerrar la seguridad social a los extranjeros”, llegó a afirmar Andreu.
Otras presiones en este caso de EE UU, para frenar la investigación de Garzón sobre torturas en Guantánamo o por la muerte del cámara de Telecinco José Couso, fueron conocidas gracias a las filtraciones de cables secretos de Wikileaks. Estas comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Madrid con el Departamento de Estado revelaban que el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, y visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus despachos, para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.
Al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, le ha estallado ahora en las manos un imprevisto e indeseado conflicto diplomático. Y precisamente con el país en el que España había puesto los ojos como un nuevo El Dorado asiático para las empresas españolas: China, la segunda potencia económica del mundo, llamada a desbancar a la primera en algunos años el que España había puesto los ojos como un nuevo El Dorado asiático para las empresas españolas: China, la segunda potencia económica del mundo, llamada a desbancar a la primera en algunos años.
El último conflicto deriva de la decisión de la Audiencia Nacional de poner en busca y captura al expresidente chino Jiang Zemin y de investigar a su sucesor, Hu Jintao, entre otros miembros de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio del Tíbet de los años 80 y 90 del siglo pasado. Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inició en 2006 tras una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT). Ya desde el inicio de la instrucción las autoridades chinas reaccionaron con irritación. En junio de 2006, el Gobierno de Pekín llamó al embajador de España para quejarse por las actuaciones judiciales sobre el genocidio tibetano, que calificaron de una “interferencia” en sus asuntos internos y una “difamación total”.
La apertura de diligencias sobre la represión en el Tíbet coincidió en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de obligar a la Audiencia Nacional a investigar otra querella sobre la persecución a los miembros de Falun Gong, considerada como una secta nociva por las autoridades chinas. La orden de reabrir esa causa contra el grupo espiritual se tomó con el criterio en contra de la fiscalía, que también se ha opuesto a las actuaciones por el genocidio tibetano. Las fricciones aumentaron en octubre de 2012 con el caso Emperador, la investigación de la trama de blanqueo de capitales encabezada por Gao Ping, empresario chino radicado en Madrid y actualmente en prisión. Fuentes de la Audiencia aseguran que hubo “fuertes presiones” por parte de China para que se diera carpetazo a esa investigación y que los argumentos para lograrlo eran posibles represalias económicas.
La jurisdicción universal, cuyo exponente más conocido fue quizá la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet en octubre de 1998 por orden del entonces juez Baltasar Garzón, ha generado numerosos procedimientos en la Audiencia Nacional. En la actualidad siguen abiertas, entre otras causas, la investigación por el genocidio en Ruanda, que afecta al presidente de ese país, Paul Kagame; el procesamiento de siete militares chilenos que torturaron y asesinaron al diplomático español Carmelo Soria, o de 20 soldados salvadoreños que asesinaron al jesuita Ignacio Ellacuría. También prosiguen las pesquisas sobre los vuelos clandestinos de la CIA con sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos.
La profusión de investigaciones por genocidio —y las presiones diplomáticas— llevaron en octubre de 2009 al Gobierno socialista a pactar con el PP una reforma legal para limitar la jurisdicción universal. Desde entonces, solo se permite investigar los casos que afecten a ciudadanos españoles. Curiosamente este recorte no fue avanzado por el ministro de Justicia. Fue la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, quien anunció en enero de 2009 que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. Los magistrados Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y Eloy Velasco protestaron por esta medida. “Es como cerrar la seguridad social a los extranjeros”, llegó a afirmar Andreu.
Otras presiones en este caso de EE UU, para frenar la investigación de Garzón sobre torturas en Guantánamo o por la muerte del cámara de Telecinco José Couso, fueron conocidas gracias a las filtraciones de cables secretos de Wikileaks. Estas comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Madrid con el Departamento de Estado revelaban que el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, y visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus despachos, para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.
Al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, le ha estallado ahora en las manos un imprevisto e indeseado conflicto diplomático. Y precisamente con el país en el que España había puesto los ojos como un nuevo El Dorado asiático para las empresas españolas: China, la segunda potencia económica del mundo, llamada a desbancar a la primera en algunos años el que España había puesto los ojos como un nuevo El Dorado asiático para las empresas españolas: China, la segunda potencia económica del mundo, llamada a desbancar a la primera en algunos años.
La decisión de la Audiencia Nacional de dictar una orden de busca y captura contra cinco miembros de la nomenclatura china —incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng—, como presuntos responsables de un delito de genocidio contra el pueblo tibetano, ha hecho montar en cólera a las autoridades de Pekín. No es para menos, pues esta orden, tramitada a través de Interpol, implica que podrían ser detenidos si salen de su país.
El Ministerio chino de Asuntos Exteriores convocó este pasado miércoles al embajador español en Pekín, Manuel Valencia, para trasladarle su “fuerte malestar”. Al mismo tiempo, el director general para América del Norte, Asia y Pacífico del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Ernesto Zulueta, recibió en Madrid al encargado de negocios de la embajada china, a petición suya. El mensaje que trasladaron los diplomáticos españoles a sus interlocutores chinos fue el mismo: en España hay división de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales. “No parece que quedaran muy convencidos”, admiten fuentes diplomáticas.
Las autoridades chinas no se limitaron a quejarse en privado. El portavoz de la diplomacia china, Hong Lei, expresó en rueda de prensa su “firme rechazo a las instituciones españolas que, ignorando la posición de Pekín y siendo inconsistentes con declaraciones previas, manipulan este asunto”. Incluso deslizó una sutil advertencia: “Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la preocupación china y no hagan nada que dañe a este país o la relación entre China y España”.
El Gobierno español se lo toma muy en serio. Recién llegado de Estados Unidos —donde acompañó a los Príncipes de Asturias en su visita a California y Florida—, Margallo convocó ayer una reunión de urgencia en su departamento para abordar esta crisis, que hoy podría discutir el Consejo de Ministros.
No es la primera vez que las autoridades chinas discuten con las españolas las consecuencias del proceso abierto en la Audiencia Nacional a raíz de la querella presentada en 2006 por asociaciones de apoyo al Tíbet.
Después de que, el pasado 8 de octubre, la misma Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia acordara imputar a Hu Jintao —presidente de China desde 2003 a 2013 y antecesor de Xi Jinping—, expertos de los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores debatieron el caso. La parte china alegó la “inmunidad soberana” de sus exmandatarios, pero la legislación española solo reconoce tal privilegio a los jefes de Estado en ejercicio.
La orden de detención sí incluye, en cambio —además de al expresidente Jiang Zemin y al exprimer ministro Li Peng—, a Quiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular; Chen Kuiyan, secretario del Partido Comunista en Tíbet entre 1992 y 2001; y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los ochenta. Lo cierto es que Hu Jintao no está en busca y captura debido a que aún no se le ha notificado su imputación. Las fuentes consultadas estiman que es difícil que se le pueda notificar a corto plazo si las autoridades chinas se niegan a darse por enteradas.
El margen de maniobra que tiene el Gobierno para desactivar la crisis es muy limitado. Fuentes jurídicas recordaron que la Sección Cuarta ha actuado en contra del criterio del fiscal y del propio instructor, Ismael Moreno. No es la primera vez que lo hace: ya en abril pasado reabrió la causa por el genocidio en el Tíbet, que el juez había archivado provisionalmente. En teoría, no cabe recurso contra la orden de detención de los dirigentes chinos. Sólo podría plantearse, según las mismas fuentes, un recurso de súplica ante los mismos magistrados, con nulas posibilidades de prosperar. Pero no se descarta intentar que este recurso lo examine el pleno de la Sala de lo Penal.
Fuentes gubernamentales también barajan una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para limitar el alcance de la jurisdicción universal. Pero una reforma de este tipo ya se hizo en 2009. Y se pusieron dos condiciones para admitir una querella: que haya un español implicado y que los tribunales del propio país no hayan investigado los hechos. En este caso se dan ambas condiciones, pues la querella está firmada por Thubten Wangehen, un tibetano nacionalizado español; y las autoridades chinas ni siquiera reconocen la ocupación del Tíbet.
El conflicto con Pekín llega para el Gobierno español en el peor momento. Este año se cumple el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y, con ese pretexto, se lanzó una ofensiva para estrechar lazos económicos. Margallo visitó China en junio pasado y en septiembre debía haberlo hecho Mariano Rajoy, quien suspendió el viaje a última hora al no poder coincidir con el presidente Xi Jinping. La visita del jefe del Gobierno español solo quedó temporalmente aplazada, pero es difícil que se lleve a cabo mientras no se supere el actual conflicto.
Esta por ver si este tendrá repercusiones en las importantes relaciones económicas bilaterales. China se ha convertido en el segundo tenedor de deuda española tras Francia (posee en torno al 20% de la deuda en manos de extranjeros); un emisor creciente de turistas (177.000 en 2012, un 55% más que el año anterior); y un socio comercial notable aunque desequilibrado: en 2012, las importaciones sumaron 17.631 millones y las exportaciones 3.765, con una tasa de cobertura de solo el 21,3%, aunque mejor que la de años anteriores. Unas 600 empresas españolas están implantadas en China y cada vez son más las firmas chinas que desembarcan en España.
Para las autoridades de Pekín se había convertido casi en un tópico definir a España como “el mejor amigo de China en la Unión Europea”. Ahora corre el riesgo de dejar de serlo.
