Cuatro años después de una consulta marcada por una elevada abstención, aproximadamente el 70%, el Estatuto catalán continúa estancado en el Constitucional.
Mientras tanto, la mayoría de los españoles, y de los catalanes, siguen sin conocer y aún menos entender las consecuencias de la aprobación íntegra del Estatuto, por lo que todas las maniobras políticas y judiciales alrededor del texto se acaban centrando en cuestiones más viscerales que cerebrales. De ese modo, se sigue ocultando la realidad de este engendro legislativo, aprobado en el Parlamento español por unos partidos nacionalistas, cuyo único deseo es fortalecer sus competencias y atribuciones, y un partido socialista que, en desprecio del país que prometieron o juraron defender y proteger, aprobaron un texto que significa la inyección letal para ponerle fin.
Ahora, la Presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, rechazando también la defensa de las leyes de esa nación de la que percibe sus haberes, ha decidido declarar la constitucionalidad del Estatuto cueste lo que cueste. España siempre valió muy poco para sus representantes, para sus gobernantes y dirigentes.
Como en el caso de El Cid, "
que gran país si tuviéramos buenos señores".
Si alguno de los futuros lectores está interesado en conocer algunas de estas consecuencias les recomiendo la lectura de un breve texto de Roberto Centeno, Profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.
Las consecuencias económicas del Estatuto
Por Roberto Centeno (18/10/2005)
Uno de los mitos elevado a la categoría de dogma por don José Luis Rodríguez Zapatero, y hasta cierto punto aceptado por la oposición, es que el bienestar económico actual es debido fundamentalmente al Estado de las autonomías, una de las falsedades más absolutas que cabe imaginar, ya que la realidad es justo la contraria. Hemos llegado al nivel de prosperidad actual a pesar del Estado de las autonomías, pero estamos muy por debajo del nivel de bienestar y cohesión social que hubiéramos alcanzado sin ellas, por lo que el incremento de competencias que el señor Zapatero pretende, agudizará aún más los graves problemas que este sistema supone, donde a día de hoy, prácticamente, nos hemos quedado sin Estado.La demostración de esta afirmación es sencilla aunque previamente parece necesario aclarar, pues una gran mayoría de ciudadanos lo desconoce, que el Estado autonómico es un sistema de organización política inexistente en el resto del mundo y una gigantesca chapuza tanto en lo político como en lo económico. En lo político, ha desvertebrado España y no lo contrario, como mendazmente se afirma; ha creado barreras y divisiones donde no las hubo jamás, y ha facilitado extraordinariamente el camino para la desintegración del país.En lo económico, es una auténtica losa para el crecimiento, el bienestar, y la cohesión social. Las razones son perfectamente cuantificables y verificables por cualquier persona intelectualmente honesta que sepa sumar y restar.a) En primer lugar, el Estado de las autonomías es un sistema extraordinariamente caro, ineficaz, e insolidario. Extraordinariamente caro porque necesita tres veces más funcionarios para su gestión, 2.100.000 a día de hoy frente a 700.000 que necesitaría un sistema no autonómico. Sólo este concepto está restando entre un punto y un punto y medio al crecimiento del PIB cada año. Ineficaz, porque permite que un gran número de funcionarios sea seleccionado por su lealtad política en lugar de por sus conocimientos, e insolidario porque al trocear el Estado se hace mucho más difícil cuando noimposible una distribución justa de la riqueza. El caso más clamoroso es el del País Vasco, cuya aportación al resto del país, el famoso cupo, es una cifra irrisoria.b) En segundo lugar, y como consecuencia de este disparatado sistema, el gasto público total controlado por el Gobierno es sólo del 30%, frente al 70% en los estados federales o casi el 90% en los centralizados. Esta cifra hace imposible en la práctica la implementación de una política fiscal efectiva, la única que tenemos que coadyuve al crecimiento, a la eficiencia y a la equidad.c) En tercer lugar, es un hecho conocido que cuanto más descentralizada es una economía, peor puede aprovechar las ventajas económicas que ofrece la pertenencia a una unión económica y monetaria. Por ello, existe una tendencia cada vez mayor a la centralización en la UE, y particularmente en los estados federales.d) Como consecuencia de lo señalado, el crecimiento efectivo del PIB español lleva 25 años situándose por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial, algo reiteradamente señalado por todos los analistas e instituciones.e) Todo esto ha producido un enorme impacto económico. Para cuantificarlo, la referencia más clara es la comparación entre lo ocurrido con la economía de Irlanda y con la economía española desde nuestra entrada en la UE hace 20 años. En 1985, la renta per capita de España era similar a la de Irlanda y se situaba alrededor de los 10.000 euros. En 2004, 20 años después, la renta per capita de España se ha doblado, lo que significa que evidentemente hemos mejorado, pero esa no es la cuestión, ya que mejorar cuando todos lo demás lo hacen no es suficiente. La cuestión es si hemos mejorado todo lo que debíamos, y el resultado es sencillamente estremecedor. Irlanda, partiendo de una posición similar a la española, y con una tasa de crecimiento potencial por debajo de la nuestra, al no tener que soportar la losa de una organización política disparatada, ha conseguido sistemáticamente crecimientos efectivos superiores a los nuestros, y el resultado es que Irlanda es hoy el tercer país más rico de la UE, con una renta per capita de 33.000 euros/año , un 65% superior a la española. Este y no otro es el balance económico del Estado de las autonomías, es decir, ha impedido que España aproveche una oportunidad única y se haya situado como Irlanda a la cabeza de Europa.En definitiva, un desastre histórico sin paliativos. Y para acabar de completar el análisis, el Estado de las autonomías ha abierto la vía a todo un sistema de corrupciones y corruptelas, no sólo inexistentes sino ni siquiera imaginables en la Administración central del Estado. Además, y esto es esencial de cara al futuro, el actual modelo de crecimiento, basado en el consumo interno financiado con un endeudamiento masivo de familias y empresas, es absolutamente insostenible y va a desembocar en una profunda crisis económica en cuanto se eleven los tipos de interés hacia su nivel neutral.Pero todo esto queda empalidecido por las consecuencias económicas que producirá el Estatut sobre el conjunto de España, y particularmente sobre las comunidades autónomas más pobres, como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia, algo que tan falaz como cobardemente los presidentes y diputados socialistas de estas comunidades están ocultando a sus electores.Porque el problema no se reduce, como ingenuamente piensan muchos ciudadanos, a que Cataluña se autoproclame como nación y niegue a la vez a España la condición de tal, ni tampoco a que España haya sido expulsada de Cataluña donde se discrimina y persigue nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra historia común, ni siquiera a que el Gobierno catalán pretenda blindar sus ríos y competencias o que se arrogue el derecho a anexionarse todos los territorios que lingüística, cultural o históricamente, sean o hayan sido catalanes, como Valencia, Baleares, Aragón o el territorio italiano de Alghero. El problema esencial es económico, ya que en términos prácticos y para que cualquiera pueda entenderlo, el sistema de financiación previsto en el Estatut consagra el derecho del Gobierno catalán al saqueo continuo y sistemático del resto de España, para compensar su absoluta incompetencia que está promoviendo la deslocalización y el empobrecimiento relativo de Cataluña, frente a otras comunidades mas dinámicas y mucho mejor gestionadas.En concreto, el Estatut pretende:a) La recaudación de la totalidad de impuestos generados por las empresas catalanas, y ello a pesar de que el 70% de los mismos, IVA e impuesto de sociedades, se generan fuera de Cataluña. Y aunque sólo les corresponden los impuestos soportados en Cataluña, para empezar a hablar, y esto es crucial, todo el dinero lo tienen ellos, el suyo y el nuestro, así como la exclusividad en la inspección de todas las empresas radicadas en Cataluña, con lo que todo está en sus manos, el dinero y la forma de comprobarlo y asignarlo.b) Una vez que el dinero está en manos del Gobierno catalán, se empieza a discutir, en condiciones paritarias, es decir de Estado a Estado, qué parte se devuelve al Gobierno de lo que queda de España. Un procedimiento tan inaceptable como conflictivo, pero la sartén por el mango la tiene el tripartito con el dinero y la inspección, pues si no hay acuerdo no hay dinero.c) El Gobierno catalán pone además unos límites y unas condiciones a su aportación absolutamente inaceptables y ofensivos. Así, limita sus aportaciones a que su renta relativa al resto de España no retroceda, es decir, que si su incompetencia perfectamente acreditada produce un retroceso económico, como es el caso hoy, las consecuencias no las pagan ellos, sino el resto de los españoles.Pero además de este limite absoluto existe un segundo límite para reducir aún más su aportación, y que con una apariencia de equidad es una pura trampa. Me refiero al hecho de exigir un esfuerzo fiscal equivalente al resto de España.Es una trampa, porque el concepto de esfuerzo fiscal es algo indefinido y no objetivable. ¿El esfuerzo de una región rica ha de ser igual al de una pobre? En la práctica, esto es una fuente permanente de conflictos que permitirá al Gobierno catalán reducir su aportación tanto como le venga en gana Pero estos no son todos los límites. Además, y para mayor desprecio y oprobio al resto de España, su aportación está condicionada a que el tripartito catalán esté de acuerdo en qué y en cómo se gaste.Así por ejemplo, si contribuyen al mantenimiento de las Fuerzas Armadas (que es casi lo único que queda, ya que en el plano internacional van a tener su propia voz) y no están de acuerdo con sus misiones, por ejemplo con que defiendan la unidad de España o defiendan los límites geográficos de España, como Ceuta y Melilla, pues no pagan y en paz. El Estatut prohíbe tajantemente que el Gobierno de lo que queda de España intervenga en Cataluña, pero se arroga el derecho a que el Gobierno catalán intervenga en todas las instituciones españolas, desde el Banco de España a RTVE. Pero es que hay más, increíblemente, el Gobierno catalán se arroga el derecho a vetar el Presupuesto español.Esto ya no es siquiera que Cataluña se configure como una nación independiente con derecho a expansionarse, es una situación de vasallaje como la que impondría un país vencedor a otro vencido.e) El Estatut se arroga también el derecho a intervenir en todas las instituciones financieras que operen en Cataluña, pero las cajas catalanas que operan en toda España son de su exclusiva competencia en cuanto a supervisión y control. Y lo que ya resulta el colmo de los colmos: el Gobierno catalán se atribuye el derecho a decidir la política crediticia de las cajas catalanas, a pesar de que una mayoría de sus recursos son de no catalanes, y como guinda de todo este despropósito, los beneficios de las cajas dentro de los fines genéricos a que deben destinarse serán asignados según los deseos del tripartito, es decir, el derecho al saqueo de España.El resultado práctico de todo esto es que, dependiendo totalmente Cataluña del mercado español y no pudiendo sobrevivir sin él, se cambia la oración por pasiva y el mercado español pasa a ser una colonia de Cataluña como si se tratara de un país conquistado o vencido. Y desde un punto de vista personal, es decir, de lo que esta rendición incondicional del Gobierno de España ante esta nueva forma de colonialismo va a representar individualmente a millones de familias, la conclusión es muy clara: las comunidades más ricas, en legítima defensa, van a exigir el mismo trato y, a partir de este momento, las familias de las comunidades más pobres pasan a ser familias de segunda clase, con prestaciones y derechos recortados, con su nivel de bienestar sensiblemente recortado y además no podrán mantener el sistema actual de pensiones.Esto es lo que va a suceder irremediablemente en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, precisamente las regiones que más han contribuido con suvoto a colocar en el poder al autor de esta increíble felonía, es decir, a don José Luis Rodríguez Zapatero.Aquí les pongo otro texto sobre el mismo asunto.
El contenido del Estatut, o España como colonia
La inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, informados o no, desconocen el contenido del Estatut. Unos están a favor porque creen que les favorece y otros en contra justo por lo contrario, pero ni los unos ni los otros conocen bien cómo ni por qué. Por ello trataré de exponer sucintamente en qué consiste el Estatut en algunos temas clave.
Dos reflexiones previas: los miembros del Constitucional, que conociendo perfectamente su inconstitucionalidad, han dejado pudrirse más de tres años este desafío total a la nación, tendrán sin duda un veredicto muy duro por parte de la Historia. Y el gran responsable, José Luís Rodríguez Zapatero, si lo peor se confirma, quedará a un nivel similar a los hijos de Witiza y al obispo Oppas, cuya traición a su Patria la aciaga mañana del viernes 31 de julio del 711, a orillas del río Guadalete, llevaría a ocho siglos de terrible y cruel opresión, donde la cultura más floreciente de occidente sería aniquilada.
Además, increíblemente, el Estatut fue sometido a “referéndum” sólo de los “beneficiarios”, el 15 % de la población; pero al 85% al que perjudica nadie le preguntó nada. Y sobre todo, y a pesar de la masiva campaña a favor, se puso de manifiesto la indudable grandeza del pueblo catalán: dos de cada tres catalanes no lo apoyarían.
Identidad
Sus redactores definen Cataluña como nación. Esta afirmación es el soporte filosófico esencial de la propuesta de Estatuto, sin ésta idea el conjunto del texto carece de sentido. Simultáneamente niegan a España esta condición, una aberración histórica, que hoy se enseña en todas las escuelas catalanas. España una de las naciones más viejas del mundo no es una nación, porque así lo han decidido cuatro nacionalistas enloquecidos apoyados por Zapatero, para quien España “es un concepto discutido y discutible”.
Sin embargo, Cataluña jamás ha sido una nación. No existía en la Hispania romana, ni en la España visigoda. En el 801 el imperio carolingio funda la Marca Hispánica una serie de condados donde destacaría el de Barcelona, aunque durante 200 años los reyes francos mantendrían su autoridad feudal. A partir del siglo XI la autonomía es total, pero sin llegar a constituir un reino. En 1137, y a través de un matrimonio, el Condado de Barcelona pasó a formar parte del reino de Aragón. El hijo Alfonso II recibió las dos herencias, y ambas mantendrían una gran autonomía que permitiría una política fuertemente expansionista. En 1479 Castilla contaba con 5 millones de habitantes y Aragón-Cataluña con uno, 6 millones con los que se haría un Imperio. La lengua, el catalán, tampoco es un idioma, sino un dialecto del provenzal. Esto son los hechos históricos y no los delirios y mentiras nacionalistas.
Competencias
El tema central es la diferencia abisal entre texto y realidad. El texto es inaceptable, su aplicación real una felonía. Se recoge el derecho inalienable a la autodeterminación y a las relaciones con territorios con “vínculos históricos”, su significado real: la anexión de Aragón, Valencia y Baleares, la exigencia inmediata después del Estatut. La Generalitat es Estado y en consecuencia las relaciones con España se rigen por el principio de bilateralidad, pero su aplicación real convierte a España en una colonia. Así, el Estatut establece el derecho inalienable de la Generalitat a participar en todas las instituciones del Estado, Banco de España, CNMV, Tribunal de Cuentas, RTVE, etc, mientras que España no tiene derecho alguno a participar en las instituciones catalanas.
Se tiene “derecho a la opción lingüística”. En realidad la Generalitat proscribe y persigue el español con todos los medios a su alcance; se puede rotular, enseñar o hablar en el recreo, en inglés, en francés o en italiano, pero no en español. Se instaura un sistema judicial propio con todos sus órganos y donde el Tribunal Supremo de Cataluña es la última instancia, y se ignoran en la práctica la Constitución, los tribunales de Justicia de España y el Supremo. Toman el control de la Enseñanza y las titulaciones. También de las Cajas de Ahorro, cuyos beneficios “deben atender a las necesidades económicas catalanas con prioridad absoluta”, aunque dos tercios de los mismos no se obtengan allí. Como “nación soberana”, pasan a controlar la gestión de las infraestructuras, puertos, aeropuertos, espacio aéreo y telecomunicaciones, y también se hacen cargo del control de entrada y estancia de extranjeros.
Financiación
La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos en Cataluña. Es decir, como Estado soberano que se autoproclama, la Agencia Tributaria de Cataluña se encarga de la gestión, recaudación, e inspección de los impuestos propios, o lo que es lo mismo, de los generados en Cataluña por catalanes y no catalanes, y de los generados fuera de Cataluña por empresas y productos catalanes. Esto significa que los IVAs de las ventas de productos y servicios catalanes fuera de Cataluña o el Impuesto de Sociedades de empresas catalanas por sus beneficios en el resto del país, los recauda, gestiona e inspecciona la Agencia Tributaria Catalana.
En teoría, parte de los rendimientos de estos impuestos se traspasará al Estado, pero sólo si “no altera en ningún caso la posición de Cataluña en el ordenamiento de las rentas per cápita entre CCAA” (Art. 206), es decir, que si por la incompetencia, el despilfarro probados de la Generalitat, Cataluña perdiera renta relativa -en 2008 crecieron 0,5 puntos por debajo de la media y 0,6 menos en lo que va de 2009, y es líder nacional en crecimiento del desempleo- en primer lugar no devuelven un céntimo, y después, si eso no bastara, “la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad” para que no la pierdan. Además, cualquier medida del Estado o de la UE que perjudique a Cataluña, deberá ser compensada.
En resumen, el Estatut pone fin a la existencia de España como nación y nos convierte en una colonia donde colocar sus productos y servicios, y algo peor que una colonia: nos obliga a subvencionar el mantenimiento de su nivel de renta relativa.
Balanzas fiscales, comerciales y de ahorro-inversión
“España nos roba” afirman nacionalistas y separatistas, pero veamos quien “roba” a quién. Para ello, obviamente, hay que considerar la totalidad de flujos económicos: los fiscales, comerciales y de ahorro-inversión, son los más importantes.
Balanzas fiscales: Otra cesión disparatada de Zapatero al nacionalismo, porque las CCAA ni pagan impuestos ni reciben servicios, sólo los ciudadanos, y en todo país decente los ricos pagan más que los pobres. Botín, para resaltar el absurdo, exigiría públicamente su balaza fiscal. Según el BBVA, en el periodo 2001- 2005, cada catalán aportó 1.481 euros más de lo que recibió a la caja común, menos de la mitad que lo aportado por los madrileños, 3.247 euros. En cifras absolutas, en 2005 Cataluña habría aportado 12.269 millones más de lo que recibió, aunque de ésta cifra habría que deducir como mínimo su parte en el pago de los intereses de la deuda pública y aportación a la UE, el 18 %- su parte en el PIB- de 40.000 millones, o 7.200 millones a día de hoy.
Balanzas comerciales: Sólo en la de bienes, Cataluña obtuvo en 2005 un “superávit” con el resto de CCAA de unos 30.000 millones, más del doble del “déficit” fiscal, y añadiendo los servicios, fundamentalmente financieros y energéticos, el “superávit” es más del triple. Cataluña vende en el resto de España los dos tercios de lo que produce.
Balanzas de ahorro- inversión: Gracias a su red de Cajas, un 70 % de las inversiones en Cataluña se financian con ahorro captado en otras regiones.
El “España nos roba” no sólo es una memez, es un insulto inaceptable, pero mucho más inaceptables son todavía las campañas institucionales de la Generalitat a favor del boicot a los productos no catalanes, instando a comprar “productos de proximidad”.
Y una opinión autorizada del Sr. Bono en los pasillos del Congreso. “Esto es una locura. Ahora resulta que los socialistas se han hecho nacionalistas. Los nacionalistas, separatistas. Y los separatistas se han ido al monte. Esto tiene muy mala pinta”, y tan mala D. José y tan mala, pero su señoría votó por ello.
Como en la viñeta, parece que la Justicia española, el Tribunal Constitucional, teóricamente ciega, ha acabado por limpiar los destrozos que han ocasionado nuestros políticos y ha escondido bajo la alfombra las consecuencias de las maniobras que han realizado por mero cálculo electoral (el PSOE) y por ambiciones nacionalistas y de gobierno (los partidos catalanes incluyendo a los socialistas).