"¿Desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?". Ésa es la pregunta que Artur Mas quiere plantear a los ciudadanos catalanes en el referéndum independentista que se ha comprometido a convocar a lo largo de la próxima legislatura. El presidente de la Generalitat lo anunció ayer en una entrevista concedida a La Vanguardia, en la que aseguró que esa consulta popular "será lo último que haga". Pero la pregunta esconde una trampa. Porque Mas vincula claramente la secesión de Cataluña a su ingreso en la Unión Europea como miembro de pleno derecho.
La pregunta, según diversos catedráticos de Derecho Constitucional debería ser similar a ésta: "¿Desea que Cataluña sea un país independiente?". O a esta otra: "¿Desea que Cataluña se separe de España y constituya un Estado propio?". En cambio, la que Mas anunció ayer olvida de forma deliberada dos cuestiones esenciales: que Cataluña sólo será miembro de la UE si rompe primero con España, y que la entrada de un eventual Estado catalán en el club europeo no se produciría, ni mucho menos, de forma automática.
La primera de esas premisas –primero separarse de España, luego entrar en la UE- puede parecer una obviedad, pero Mas soslaya en su pregunta esa condición indispensable y da por hecho que un sí mayoritario en el referéndum abriría a Cataluña las puertas de Europa de par en par. Es decir, el presidente de la Generalitat utiliza la UE como señuelo, obviando que la adhesión de un nuevo Estado debe ser aprobada por unanimidad de los 27 socios comunitarios, y España ya ha anunciado que vetará la incorporación de Cataluña.
Una sentencia histórica
Los constitucionalistas consultados remiten al histórico dictamen emitido en 1998 por la Corte Suprema de Canadá, que fijó las condiciones para el referéndum de independencia de la región francófona de Quebec. El núcleo de esa sentencia, que ha sentado jurisprudencia en el Derecho Internacional, se resume en el principio pregunta clara, mayoría clara. De esta forma, el alto tribunal canadiense advertía al Ejecutivo de Quebec que no toleraría en el futuro una pregunta tan enrevesada como la planteada en la consulta secesionista celebrada tres años antes, que se resolvió con una ajustadísima victoria -tan sólo 1,1 puntos de diferencia- de los partidarios de la unión con Canadá.
La pregunta formulada entonces a los quebequeses fue: "¿Acepta que Quebec se convierta en un Estado soberano después de ofrecer formalmente a Canadá una nueva asociación política y económica en el ámbito del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?". La Corte Suprema canadiense también advertía en aquella sentencia que la mayoría a favor del sí o del no debía ser inequívoca, es decir, que no aceptaría una victoria exigua ni de los separatistas ni de los unionistas. Y que tanto el contenido de la pregunta como el techo de votos a alcanzar deberían ser pactados por los Ejecutivos de Otawa y Quebec en una negociación política.
Las fuentes consultadas sostienen que, en una eventual negociación entre los Ejecutivos de Madrid y Barcelona para fijar los términos de un referéndum, el Gobierno central rechazaría una pregunta como la anunciada ayer por Mas. Y consideran que, en el hipotético caso de que Madrid autorizara la consulta, la pregunta se ajustaría al principio establecido por la Corte Suprema canadiense o al requisito que el Reino Unido acaba de imponer a Escocia para que esta región celebre en 2014 un referéndum de independencia: una sola pregunta, clara y basada en la regla yes or no vote.
El Gobierno escocés que preside el independentista Alex Salmon pretendía incluir una respuesta múltiple en la papeleta de votación, de forma que los ciudadanos, además de apoyar o rechazar la secesión de Escocia del Reino Unido, pudieran optar también por la permanencia en Gran Bretaña pero con una ampliación sustancial de las competencias actualmente transferidas a Edimburgo. En este último caso, Londres sólo tendría la última palabra en materia de defensa, relaciones exteriores y política monetaria. Salmond y el primer ministro británico, David Cameron, anunciarán públicamente este lunes el acuerdo alcanzado esta misma semana, que permitirá rebajar hasta los 16 años la edad para participar en el referéndum, como reclamaba aquél.
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