Mientras el país sigue sufriendo una crisis económica difícil de superar, los socialistas del PSOE no logran superar el 20% de apoyo electoral, y cayendo. Pero nuestros socialistas en lugar de preocuparse de solucionar estos asuntos sigue planteando como hundir el país, un poco más a lo hecho durante ocho años.
El PSOE aboga por que Aragón dedique fondos públicos a financiar el doblaje de películas al catalán para proyectarlas en territorio aragonés, por televisión o en cines. Así consta en una de las enmiendas que ha presentado al proyecto de Ley de Lenguas promovido por el Gobierno aragonés PP-PAR que preside Luisa Fernanda Rudi. Poco después de que, en julio de 2011, Rudi llegara al Ejecutivo autónomo con el apoyo del PAR, procedió a derogar la Ley de Lenguas que había dejado aprobada el PSOE en la recta final del mandato de Marcelino Iglesias.
La ley que dejó aprobada el PSOE fue controvertida, al considerar el catalán como «lengua propia de Aragón», por la influencia lingüística que tiene en algunas zonas limítrofes con Cataluña. Tanto PP como PAR lo entendieron inapropiado. Subrayaban que denominar catalán lo que allí se habla puede tener unas connotaciones políticas en favor de las ya viejas tensiones con el nacionalismo de Cataluña. Y, además, insistieron en que tanto por esto como por no diluir este patrimonio lingüístico propio en el catalán normalizado desde la Generalitat, lo mejor era subrayar que lo que se habla en esos municipios de Aragón no es catalán, sino «aragonés oriental».
Aunque PSOE, CHA e IU se oponen, el PP y el PAR suman ahora mayoría absoluta en las Cortes regionales y eso les garantiza que se aprobará esta nueva ley, que borra el catalán como «lengua propia» de Aragón. Aun con todo, socialistas, nacionalistas de Chunta e IU han presentado una batería de enmiendas con intención —nada probable— de que sean incorporadas a la nueva ley y, sobre todo, para dejar constancia de su postura.
Producción cultural
Entre las enmiendas del PSOE, incluyen una en la que propugnan que el Gobierno aragonés y el resto de administraciones públicas de la región financien el doblaje de películas al catalán, pensando especialmente —aunque no sólo— en las zonas de Aragón en las que hay un «uso predominante» del catalán. El PSOE no habla expresamente de la radiotelevisión autonómica, pero entra perfectamente en su propuesta: que el catalán, igual que el aragonés, sea «vehículo de cultura y, en particular, en lo relativo a bibliotecas, videotecas, centros culturales, museos, archivos, teatros y cines, así como trabajos literarios y producción cinematográfica, expresión cultural popular, festivales, industrias culturales y tecnologías de la información y la de la comunicación». CHA e IU incluso van más lejos en sus propuestas. Izquierda Unida, por ejemplo, plantea que se regule por ley que la radiotelevisión autonómica aragonesa incluya en su programación «espacios de difusión» del catalán. Y entre lo planteado por CHA figura que el Boletín Oficial de Aragón se edite de forma separada, además de en castellano, en catalán y en aragonés.
Funcionarios y el catalán
Con distinta intensidad y alcance, PSOE, CHA e IU piden también que se potencie el catalán en la Administración pública aragonesa y en la enseñanza. En algún caso, incluso pretendiendo que el catalán sea mérito o requisito para el acceso a ciertos puestos de empleo público en Aragón.
Por otro lado, los socialistas valencianos quieren emular el «modelo andaluz» y han solicitado en la enmienda número 195 a los Presupuestos de 2013 que la Generalitat «incremente su presencia exterior mediante la abertura de nuevas oficinas y ampliando la presencia de la Comunidad Valenciana en los organismo internacionales».
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha tomado como referente al presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien no renuncia a sus «embajadas» en Madrid y Bruselas pese a la crisis. De hecho, la Junta de Andalucía gasta cerca de cuatro millones de euros en sus oficinas en el exterior. El PSPV quiere «fortalecer el conocimiento de la Comunidad Valenciana» en el extranjero mediante la apertura de oficinas en un contexto marcado por las restricciones del gasto público por parte de la Generalitat, que decidió cerrar su sede en Madrid, situada en la calle Españoleto, y sacar a subasta dicho inmueble.
El Gobierno que preside Alberto Fabra firmó el pasado mes de abril un acuerdo con el ministro de Economía, Luis de Guindos, por el que trece de las oficinas que tenía el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) repartidas por todo el mundo se integrarán en las del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Una medida que supone un ahorro superior a los dos millones de euros para las arcas públicas.
El PP «tumbará» la enmienda
Los socialistas valencianos, sin embargo, abogan por el modelo de Cataluña, País Vasco y Andalucía, que se han negado a suprimirlas, a pesar de que la promoción exterior de las autonomías cuesta más de 150 millones de euros a los contribuyentes. Fuentes del grupo popular han explicado que utilizarán su mayoría absoluta para rechazar la enmienda presentadaspor el PSPV en el debate en comisión sobre las cuentas de la Generalitat que ha comenzado este lunes en las Cortes Valencianas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario