El histórico contencioso sobre Gibraltar que enfrenta a España y Reino Unido ha alcanzado en la última semana niveles de tensión casi desconocidos hasta ahora. Tres días después de que el Foreign Office -el Ministerio de Exteriores británico- advirtiera de que "responderá en consecuencia" si Madrid "intenta ejercer su jurisdicción en aguas territoriales" del Peñón, Londres ha calificado de "acto de guerra" las supuestas incursiones de buques de la Armada en las aguas en disputa, que se extienden tres millas alrededor de la Roca.
El titular del Foreign Office, William Hague, pronunció el pasado lunes un discurso de inusual dureza ante la Cámara de los Comunes. "Cualquier intento de un buque de guerra español de ejercer su jurisdicción dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar es una violación de la soberanía británica, y responderemos en consecuencia", aseguró entonces el jefe de la diplomacia británica. Apenas un mes antes, la recurrente crisis diplomática entre España y Reino Unido por el contencioso del Peñón ya había desembocado en la convocatoria urgente de sus respectivos embajadores.
Pero la durísima advertencia de Hague no surtió el efecto deseado por Londres. Ese mismo día, la patrullera de la Armada Tagomago navegó por las aguas que Gibraltar y Reino Unido reclaman como propias, y que España jamás ha reconocido. Fuentes cercanas al Ejecutivo gibraltareño que preside Fabian Picardo señalaron a El Confidencial que la Tagomago entró en la zona en disputa poco después de las 17 horas del pasado lunes. Al advertir su presencia, la Policía gibraltareña alertó al escuadrón de la Royal Navy -la Armada británica- con base permanente en la colonia, y una de sus patrulleras, la Sabre (Sable), zarpó de inmediato para interceptar al buque español.
La embarcación de la Royal Navy, siempre según esas fuentes, lanzó varios mensajes de radio a la Tagomago advirtiendo al buque de la Armada de que había entrado en "aguas territoriales británicas de Gibraltar" y debía abandonarlas "de inmediato". Sin embargo, la patrullera española, que tiene su base en Las Palmas, aún permaneció en la zona durante casi una hora, desafiando las advertencias de la Sabre. Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por este diario admitieron que la Tagomago se encontraba el pasado lunes en el Estrecho de Gibraltar, pero negaron cualquier incidente con la Royal Navy.
La tensión, lejos de amainar, estalló el jueves en el Parlamento británico. El diputado Robert Stewart, del Partido Conservador -la formación a la que pertenece el primer ministro, David Cameron-, aseguró que las incursiones de la Armada no sólo eran "ilegales", sino que, "técnicamente se pueden considerar como un acto de guerra". Su compañero de partido Andrew Rosindell pidió "detener de inmediato" esas supuestas violaciones territoriales, y añadió: "Estoy seguro de que toda la Cámara está conmocionada y furiosa por las continuas incursiones de España en las aguas que rodean el territorio soberano británico de Gibraltar", dijo el diputado tory.
Mañana llega precisamente al Peñón el destructor Diamond, uno de los más modernos de la flota de guerra británica. Fuentes del Ejecutivo gibraltareño y de la Royal Navy señalaron a El Confidencial que el buque hará escala en Gibraltar, tras concluir una misión de seis meses de duración en Oriente Medio, para avituallamiento y descanso de la tripulación. Las mismas fuentes, no obstante, admitieron que el Diamond aprovechará su estancia en Gibraltar para llevar a cabo "patrullas de seguridad marítima" en las aguas que reclama Londres, una misión que fuentes militares españolas consideran "insólita".
El Gobierno español, por ahora, guarda un prudente silencio. Ni el Ministerio de Defensa de Pedro Morenés ni el de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel García Margallo, han querido valorar la escalada verbal de Londres. Fuentes no oficiales de la Armada, por el contrario, han asegurado que seguirán patrullando en las aguas en disputa "mientras el Gobierno no decida otra cosa".
Pero el Gobierno gibraltareño sigue atizando el fuego. Picardo acusó ayer a España de "sabotear" su economía y su derecho "a existir como pueblo". El ministro principal del Peñón aprovechó el 30º aniversario de la apertura de la Verja, acordada el 15 de diciembre de 1982 por el entonces presidente del Ejecutivo español, Felipe González, para arremeter contra Mariano Rajoy por la "acción inhumana" que, a su juicio, suponen los exhaustivos controles policiales españoles en la frontera, que provocan colas kilométricas.
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