ESTADÍSTICAS CONTRA FE
IGNACIO CAMACHO (ABC)
En la sociedad de la propaganda a las estadísticas les pasa aquello que decía un personaje de Clint Eastwood sobre las opiniones y los culos: que todo el mundo tiene la suya. Pensadas como demostración aritmética y tabulada de una cierta objetividad factual han quedado reducidas a un mero instrumento doctrinario que cada cual esgrime a su conveniencia: simples, contundentes y a ser posible falsas o sesgadas para que penetren mejor en el magma imbécil, crédulo y poroso de las redes sociales. En el debate político el valor de una estadística consiste en publicarla primero y hacer con ella el ruido suficiente para crear un marco mental ventajoso. El dato ya no es el portador frío de la verdad, sino el celofán manipulado que envuelve su apariencia.
Por eso la publicación oficial de las balanzas fiscales –según la moda de las «webs de la verdad», es un puro oxímoron– que carece a estas alturas de virtualidad argumental para frenar la gran mentira catalana del expolio. El breve sintagma de «España nos roba» arrasó hace tiempo cualquier intento de objetivación con una potencia publicitaria de muchos megatones. El soberanismo creó un eslogan a la medida del sentimiento victimista y lo catapultó a categoría con una tenaz repetición goebbelsiana. No se movía en el plano racional sino en el emotivo, aprovechando además el absentismo de los constitucionalistas. La premisa era falsa, pero circulaba a favor de corriente: sus cuentas torcidas constituían la demostración tomista que necesitaba la teología de la emancipación para construir la verdad revelada de una independencia necesaria. Ya no tiene sentido rebatirla porque no se trata de un pensamiento o de un criterio, sino de una fe.
Además, al entrar en el debate de los balances financieros autonómicos el Gobierno se sitúa en el marco intelectual nacionalista. El Estado de las autonomías se construyó a partir de un mecanismo de redistribución y transferencias internas de renta similar al que sostiene los principios de recaudación fiscal. Ese equilibrio se llama solidaridad y es el que quiere romper el nacionalismo identitario, que bajo su disfraz emocional oculta una rebelión de los ricos contra los pobres.
Las inversiones se ejecutan en los territorios, pero los impuestos los pagan los ciudadanos, los contribuyentes; son una contribución individual, no colectiva. La perversión conceptual de medirlos por regiones ataca en la raíz al Estado igualitario y constituye la médula argumental del fraccionalismo político. Crea agravios y fomenta estereotipos. Pero sobre todo supone un error de planteamiento discursivo: cuando te acusan de ladrón para intimidarte lo último que puedes hacer es intentar demostrar que no has robado. La ventaja de la calumnia ante su refutación es que no necesita apoyarse en gráficos ni en tablas. La mentira da la vuelta al mundo mientras la verdad se pone los zapatos.
¿QÚE HA FALLADO?
JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC
La lectura del libro «El guionista de la Transición», sobre Torcuato Fernández-Miranda, escrito por su sobrino nieto Juan, me ha dejado envuelto en la pesadumbre. Aquel hombre de gesto adusto, mente afilada y grandeza de espíritu que le permitía prescindir de la ambición personal acertó dos veces: al diseñar la Transición y al predecir que, tal como se había llevado a la práctica, portaba en sí los gérmenes de su propia destrucción. Antes de seguir, dos palabras sobre el autor: Juan Fernández-Miranda, redactor jefe de la sección de España de este periódico, demuestra una madurez impropia de su juventud, al no dejarse arrastrar por la querencia familiar y avalar con hechos cuanto escribe. Posiblemente le venga del tío abuelo, cuya figura no necesita ditirambos para destacar sobre sus contemporáneos.
La Transición fue obra de tres hombres: el Rey Don Juan Carlos como motor, Suárez como ejecutor y Fernández-Miranda como diseñador del plan para pasar de un régimen totalitario o autoritario –no vamos ahora a discutir sobre eso– a uno democrático, «de la ley a la ley». Justo lo contrario de lo que se intenta en Cataluña para lograr la independencia: «del fraude de ley al fraude de ley», presumiendo incluso de ello, como si burlar la ley fuera un mérito.
Fue un éxito. Un éxito tan grande que nos impidió ver los errores cometidos. A quien no podían escapar era al padre del invento, que nada más puesto en marcha los detectó. El primero y más grave de ellos, la nueva articulación del Estado. Eso de crear «nacionalidades», término espurio, no podía acabar bien en un pueblo sin la menor experiencia democrática, y encima, con dos rangos, las «históricas» y las no históricas, fomentando el vicio nacional, la envidia, con el resultado del «café para todos», que no dejó satisfecho a nadie. Torcuato Fernández-Miranda lo adivinó y lo advirtió muy seriamente, pero no le hicieron caso. Ante lo que se fue a morir a Londres, pienso, para no ver el fracaso de su obra, que hoy comprobamos. España no puede permitirse un Estado de la Autonomías con 17 Parlamentos, 17 Tribunales Superiores de Justicia, 17 Defensores del Pueblo y toda una burocracia estatal, no ya por razones económicas –tenemos más funcionarios que Alemania, con la mitad de la población–, sino porque las «nacionalidades» derivan de las naciones, y las naciones devienen en estados, empezando por las tres que se creen más que las demás, aunque a estas alturas todas tienen ya su himno, su bandera, su día de fiesta nacional y el resto de los atributos estatales. ¡Qué cada autonomía! Cada ciudad, y, por el camino que vamos, pronto lo tendrá cada pueblo. Buenos somos los españoles para ser menos que los vecinos.
Tu tío abuelo, Juan, no fue un político. De haberlo sido, hubiera aceptado la presidencia del Gobierno que le ofreció el Rey. Pero prefirió ser presidente de las Cortes, porque en ese puesto podía servir mejor al Rey y a España. Con lo que demostró ser un hombre de Estado. Y Estado es lo que falta hoy en España, en la clase política y en la ciudadanía.
Hacienda desvela ahora que Madrid aporta el doble que Cataluña al Estado
EL CONFIDENCIAL 21.07.2015
La Comunidad de Madrid da 19.015 millones de euros más de los que recibe, un saldo fiscal negativo que es 2,5 veces superior al de Cataluña, con 7.439 millones de euros.
Las Cuentas Públicas Territorializadas (CPTE), conocidas como informe sobre las balanzas fiscales, que han sido publicadas este martes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desvela que el déficit fiscal de Cataluña disminuye y el de Madrid aumenta en plena crisis.
De este modo, la Comunidad de Madrid aporta al Estado 19.015 millones de euros más de los que recibe, un saldo fiscal negativo que es 2,5 veces superior al de Cataluña, con 7.439 millones de euros, con datos de 2012.
De acuerdo con el estudio, los flujos redistributivos entre las regiones ascendieron en ese año a más de 29.238 millones de euros, casi el 2,8 por ciento del PIB de toda España.
Tras Madrid y Cataluña se sitúa la Comunidad Valenciana con un mayor saldo fiscal negativo, con 1.453 millones de euros, y Baleares, con 1.330. Estas cuatro comunidades han expresado numerosas veces su desacuerdo con el actual sistema de financiación y reclaman otro distinto.
El resto de comunidades autónomas presentan saldos fiscales positivos, especialmente Andalucía, con 8.531 millones de euros. Galicia tiene una diferencia positiva de 3.946 millones de euros, seguida de Canarias, con 3.749, y Castilla y León, con 2.933 millones de euros.
El Ministerio señala que para las comunidades receptoras netas -las de saldos fiscales positivos-, los flujos de entrada representan un 5,5 por ciento de su PIB, mientras que para las contribuyentes netas, los flujos de salida eran el 5,6 por ciento del PIB en el año analizado.
Destaca que el saldo fiscal "tiende a empeorar" según aumenta la renta per cápita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficit fiscales, mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávit.
Según estos datos, cada madrileño tiene un saldo fiscal negativo de casi 3.000 euros y casi mil cada catalán, cifra que se eleva hasta los 1.192 por cada balear y a 284 por cada valenciano. El saldo relativo negativo quiere decir que la región paga más impuestos por habitante que la media o recibe menos gasto, recuerda el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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