Con fecha 19 de noviembre Credit Suisse ha publicado un informe sobre la campaña electoral catalana y las implicaciones de una posible segregación de la región donde desvela buena parte de las intenciones, y desmonta la mayoría de las concreciones, en las que se sustenta la apuesta independentista de Artur Mas. El hecho de que se haya emitido para el paraguas de su European Economics diario ha provocado que este Catalonia´s Choice -bien complementado por este artículo publicado ayer por Daniel Lacalle en The Comentator- An independent Catalonia would be bad business- haya pasado desapercibido para la mayoría de los inversores.
En esencia, los autores del documento (disponible a petición en moderador@elconfidencial.com) señalan que se trata de un velo que pretende ocultar las necesarias políticas locales de ajuste fiscal, especialmente en el ámbito educativo y sanitario; recuerdan que su necesidad de financiación pública desde Madrid –que, a su juicio, tiene la sartén por el mango: ¿he oído bonos patrióticos?- convierte la secesión en una solución imposible; y advierten de que, además, tanto los vínculos comerciales catalanes con el resto del estado como su posible exclusión del euro y de la Unión, así lo certifican, Estaríamos, por tanto, más ante una huida hacia delante que frente a una decisión tomada desde el convencimiento.
Son apenas ocho páginas que parten del reconocimiento de que el sentimiento nacionalista se ha disparado desde el inicio de la crisis económica, al menos al tenor de las encuestas. Una corriente ciudadana que se vería reforzada por su condición de comunidad rica que achaca a los agravios interregionales la imposibilidad de sostener su estado del bienestar, dejando a un lado los errores internos de gestión. De hecho, concluyen en esta primera parte que, si la región tuviera mayor autonomía fiscal, ese espíritu balcánico se desvanecería, de acuerdo con los mismos sondeos.
A continuación entra en la viabilidad política del movimiento auspiciado por el President. Y lo hace, mal empezamos, invocando el artículo 2 de la Constitución, ese que habla de la ‘patria común e indivisible’ de todos los españoles. Cita a continuación el 168 de la Carta Magna, solo para subrayar que el mecanismo legal para activar un proceso de este tipo jamás encontraría respaldo suficiente, al requerir de determinadas mayorías en el Parlamento de Madrid.
Experiencias pasadas con referéndums inconstitucionales o fórmulas similares en sus municipios, en los que la participación fue escasa, restarían legitimidad a tal alternativa. Mientras, la unilateralidad como forma de romper con España jamás encontraría respaldo en el entorno internacional que exige para un reconocimiento de este tipo una utópica unanimidad de estados miembros en Europa y una legalidad fuera de ella. Agua fría tras agua fría tras agua fría.
Un argumento el europeo que sirve a los economistas de Credit Suisse para entrar en las consecuencias económicas y financieras de un posible movimiento de este tipo. Abunda a lo largo del texto la intencionalidad. Así, señalan, con el tamaño de… ¡Bélgica! y la población de… ¡Suiza!, ceteris paribus, el PIB per capita de Catalunya estaría por debajo de la media comunitaria. Si leen lo que viene después verán que esta primera aproximación peca… por exceso.
Y aunque sus exportaciones son importantes, también desde el punto de vista transaccional sin España Catalunya estaría muerta: no solo porque mantendría con el resto del mundo un déficit cercano al 8% de su PIB -debido a la presencia de mucha industria de transformación que exige fuertes acopios vía importaciones- sino también porque diez de sus principales socios comerciales son otras regiones españolas, con las que mantiene un superávit del 11% entre lo que vende y lo que adquiere.
¿Su principal contrapartida interior? Tachán, tachán… Andalucía. Qué cosas. Pues bien: la experiencia en Chequia y Eslovaquia o Eslovenia y Croacia, afirma CS, prueba que tras un proceso de separación –amistoso en los casos citados, ojo- las operaciones cruzadas entre los estados antes unidos cae entre uno y dos tercios. Eso por no hablar del impacto sobre el sector servicios de la contracción tanto del turismo como de otros servicios prestados desde Catalunya.
Fuga de empresas, destrucción de empleo, aumento de costes y tarifas tanto de adaptación como para financiarse, necesidad de crear ex novo servicios hasta ahora centrales, inviabilidad de su banca o una contracción en el mejor escenario del PIB equivalente al 20% para situarse por debajo de la media española, son otros argumentos que llevan a los autores del informe a pensar que el sueño independentista es ‘altamente improbable’.
Querido Artur, estos que no tienen visos de formar parte de ningún complot, ni estar condicionados por la historia, te han pillao con el carrito del helao. Qué se le va a hacer. Eso sí, mientras, el daño colectivo está hecho. Basta con leer las dos últimas líneas del análisis: ‘financial markets might need to continue putting up with scessionist noise as Mas tries to extract fiscal concessions out of Madrid following the election’. O sea, la cosa es de perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Ya te vale, ¿no? Back to reality asap, por favor.
Por otra parte, un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que la situación de Cataluña en caso de secesión sería «catastrófica» dado que la renta caería de forma «descomunal», las exportaciones a España se reducirían al menos un 50% y el nuevo Estado no tendría acceso a los mecanismos de financiación de la UE.
Así se afirma en el estudio «La cuestión catalana, hoy» presentado en Madrid por el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, el director general de esa entidad, Joaquín Trigo, y los autores del estudio, los catedráticos Clemente Polo y Donato Fernández.
El documento cuestiona los datos oficiales sobre previsiones económicas de distintos departamentos de la Generalitat y prevé «serias dificultades» para constituirse en un Estado propio porque su presupuesto inicial -estimado por el IEE en 48.000 millones de euros- en las actuales circunstancias de crisis le impediría acudir a los mercados financieros internacionales.
Con respecto al mercado laboral, el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona Clemente Polo ha dicho que, con el supuesto de que las exportaciones a España se redujesen un 50%, el empleo caería aproximadamente un 25% en el sector primario y en los sectores industriales, y un 20% en el sector servicios.
Mientras tanto, a la vez que pide la independencia el gobierno catalán sigue sacando dinero de la Hacienda española para cubrir sus vergüenzas. Hoy vence la emisión a un año de bonos patrióticos de la Generalitat y acaba el breve reinado de la deuda autonómica para particulares. La petición de rescate de la Generalitat hace imposible la renovación, y a cinco días de las elecciones catalanas, la administración autonómica que fue pionera en este producto ha optado por devolver los 2.639 millones de euros colocados. El Gobierno catalán tirará del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que esta semana ha recibido 2.847 millones, que servirán, en parte, para que los particulares puedan recuperar sus ahorros: a partir de hoy más de 135.000 podrán cobrar los 2.639 millones. Y van......
Que Cataluña y sus votantes, con sólo un 16% de la población, tengan secuestrada la voluntad popular del resto de España a través de sus políticos nacionalistas, y la sobrerrepresentación que consiguen en el Congreso gracias a la Ley Electoral, deberían acabar algún día, y cuanto antes mejor.
Como debería desaparecer la impunidad de la que gozan los políticos catalanes en esta España que les oprime. Si las instituciones no les hacen directamente el juego sucio, los imputados por corrupción en Cataluña se envuelven en la bandera catalana para protegerse contra cualquier acción judicial. En el primer caso tenemos un nuevo ejemplo:
La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña tiene en su poder desde hace tres años una denuncia de la Intervención General de la Generalitat sobre la contabilidad del Palau de la Música, sin que hasta la fecha se haya resuelto.
El caso del saqueo del Palau de la Música estalló en julio de 2009. Unos meses después, en concreto el 14 de noviembre, la Intervención General de la Generalitat emitió un informe extraordinario sobre las cuentas del Consorcio del Palau entre los años 2002 y 2008, en el que denunciaba malversación de fondos públicos a manos de Félix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. Este informe fue remitido al juzgado que instruye la causa penal, el número 30 de Barcelona, y a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Aquí «se lo quitaron de encima», según las fuentes consultadas, enviándolo al Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador del Estado estudió el informe y concluyó que quien debía buscar responsabilidades contables —al margen de las penales— en el Consorcio del Palau era su equivalente catalán, la Sindicatura. El informe regresó a Barcelona con la orden de que se designara a un instructor delegado y cursara las diligencias oportunas. De eso hace ya casi tres años y la Sindicatura, controlada por el Gobierno de Artur Mas, sigue sin pronunciarse. Desde el Palau se transfirieron 6,5 millones de euros a la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, la Ramón Trias Fargas (rebautizada como CatDem). El origen de los fondos está en las comisiones que constructoras y otras empresas pagaban, presuntamente, a cambio de contratos públicos.
«Instrucción pendiente»
Fuentes oficiales de la Sindicatura han declarado sobre la moratoria de este asunto: «No podemos dar ninguna información de las instrucciones pendientes o en curso». Sostienen que «en última instancia, será el mismo Tribunal de Cuentas el que se pronuncie ya que tiene competencias exclusivas de enjuiciamiento».
El Palau se compone de tres entidades: el Orfeó Català, la Fundación Palau de la Música y el Consorcio del Palau de la Música. Éste último es el órgano donde están representadas tres administraciones públicas: la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. La institución que manejaba a su antojo Félix Millet recibía fondos tanto de empresas privadas como de la Administración. Por este motivo, la Generalitat de Cataluña comenzó a auditar las cuentas del Consorcio del Palau en el año 2002, para controlar ese dinero.
La Intervención General de Cataluña emitía un informa anual, pero no encontró pruebas de la magnitud del saqueo hasta 2009, después del estallido del escándalo en los juzgados. Todos los informes de esta institución se envían a la Sindicatura de Cuentas, entre ellos el extraordinario de los años 2002-2008. Cuando este fue emitido, la Generalitat estaba presidida por el socialista José Montilla.
El PSC no ha mostrado un especial interés en el esclarecimiento del saqueo de la institución cultural. No en vano una de las piezas separadas, la del Hotel del Palau, implica directamente a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona en la época del socialista Jordi Hereu. Entre los imputados están el que fuera cuarto teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Ramon García Bragado, y su gerente, Ramon Massaguer, acusados de prevaricación y tráfico de influencias.
Artur Mas accedió a la presidencia de la Generalitat en diciembre de 2010, por lo que desde entonces un órgano controlado por el Parlamento catalán —donde CiU es mayoría— ha de buscar responsabilidades contables entre los dirigentes de Convergencia. El actual síndico mayor es Jaume Amat i Reyero, que fue propuesto para la Sindicatura por CiU y que sustituó a Joan Colom. Amat desempeño varios cargos en los gobiernos de Jordi Pujol. La instrucción judicial también ha experimentado demoras injustificadas que prácticamente paralizaron el caso.
En paralelo al informe especial de la Intervención de la Generalitat sobre el Palau, los gestores interinos que pusieron orden en la institución cultural tras la caída de Millet, encabezados por Joan Llinares, encargaron una auditoría a la firma Deloitte. Esta reveló que solo en los últimos diez años se habían esfumado 35 millones de euros.
La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña tiene en su poder desde hace tres años una denuncia de la Intervención General de la Generalitat sobre la contabilidad del Palau de la Música, sin que hasta la fecha se haya resuelto.
El caso del saqueo del Palau de la Música estalló en julio de 2009. Unos meses después, en concreto el 14 de noviembre, la Intervención General de la Generalitat emitió un informe extraordinario sobre las cuentas del Consorcio del Palau entre los años 2002 y 2008, en el que denunciaba malversación de fondos públicos a manos de Félix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. Este informe fue remitido al juzgado que instruye la causa penal, el número 30 de Barcelona, y a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Aquí «se lo quitaron de encima», según las fuentes consultadas, enviándolo al Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador del Estado estudió el informe y concluyó que quien debía buscar responsabilidades contables —al margen de las penales— en el Consorcio del Palau era su equivalente catalán, la Sindicatura. El informe regresó a Barcelona con la orden de que se designara a un instructor delegado y cursara las diligencias oportunas. De eso hace ya casi tres años y la Sindicatura, controlada por el Gobierno de Artur Mas, sigue sin pronunciarse. Desde el Palau se transfirieron 6,5 millones de euros a la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, la Ramón Trias Fargas (rebautizada como CatDem). El origen de los fondos está en las comisiones que constructoras y otras empresas pagaban, presuntamente, a cambio de contratos públicos.
«Instrucción pendiente»
Fuentes oficiales de la Sindicatura han declarado sobre la moratoria de este asunto: «No podemos dar ninguna información de las instrucciones pendientes o en curso». Sostienen que «en última instancia, será el mismo Tribunal de Cuentas el que se pronuncie ya que tiene competencias exclusivas de enjuiciamiento».
El Palau se compone de tres entidades: el Orfeó Català, la Fundación Palau de la Música y el Consorcio del Palau de la Música. Éste último es el órgano donde están representadas tres administraciones públicas: la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. La institución que manejaba a su antojo Félix Millet recibía fondos tanto de empresas privadas como de la Administración. Por este motivo, la Generalitat de Cataluña comenzó a auditar las cuentas del Consorcio del Palau en el año 2002, para controlar ese dinero.
La Intervención General de Cataluña emitía un informa anual, pero no encontró pruebas de la magnitud del saqueo hasta 2009, después del estallido del escándalo en los juzgados. Todos los informes de esta institución se envían a la Sindicatura de Cuentas, entre ellos el extraordinario de los años 2002-2008. Cuando este fue emitido, la Generalitat estaba presidida por el socialista José Montilla.
El PSC no ha mostrado un especial interés en el esclarecimiento del saqueo de la institución cultural. No en vano una de las piezas separadas, la del Hotel del Palau, implica directamente a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona en la época del socialista Jordi Hereu. Entre los imputados están el que fuera cuarto teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Ramon García Bragado, y su gerente, Ramon Massaguer, acusados de prevaricación y tráfico de influencias.
Artur Mas accedió a la presidencia de la Generalitat en diciembre de 2010, por lo que desde entonces un órgano controlado por el Parlamento catalán —donde CiU es mayoría— ha de buscar responsabilidades contables entre los dirigentes de Convergencia. El actual síndico mayor es Jaume Amat i Reyero, que fue propuesto para la Sindicatura por CiU y que sustituó a Joan Colom. Amat desempeño varios cargos en los gobiernos de Jordi Pujol. La instrucción judicial también ha experimentado demoras injustificadas que prácticamente paralizaron el caso.
En paralelo al informe especial de la Intervención de la Generalitat sobre el Palau, los gestores interinos que pusieron orden en la institución cultural tras la caída de Millet, encabezados por Joan Llinares, encargaron una auditoría a la firma Deloitte. Esta reveló que solo en los últimos diez años se habían esfumado 35 millones de euros.
LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA ES UN BUEN NEGOCIO PARA ESPAÑA, Y CADA VEZ SOMOS MÁS LOS QUE PENSAMOS ASÍ.
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