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| Nuestros sindicalistas trivagos Toxo y Méndez, y el comunista Cayo Lara |
Segunda huelga general que los sindicatos le hacen al Gobierno Rajoy en seis meses, secundada a tiempo parcial por una ciudadanía que por la mañana acudió a su puesto de trabajo para no sufrir los preceptivos descuentos en la nómina del mes y por la tarde sí, con el día computado, por la tarde se manifestó con cierto carácter masivo. Lo cual dio pie al Ejecutivo para presumir de que el consumo eléctrico, principal vara de medir el éxito o el fracaso de estas convocatorias, apenas había descendido un 12%, porcentaje que inapelablemente certifica el fiasco de la iniciativa. La otra cara de la moneda fueron esas manifestaciones donde los inefables Toxo y Méndez cosecharon un éxito relativo, no obstante lo cual, o tal vez precisamente por ello, sus discursos navegaron entre lo clerical y lo atávico.
La huelga fracasó. Y son ya dos los disparos fallidos, las balas perdidas, asunto particularmente grave si tenemos en cuenta que las organizaciones sindicales no van a tener en bastante tiempo otra oportunidad para intentar sacar a la gente a la calle, una gente que, asediada por mil problemas diarios, no está para otras fiestas que no sean las de defender con uñas y dientes su jornal diario.
El papel de los sindicatos, aferrados a proclamas y postulados que millones de ciudadanos juzgan superados, se revela cada día más obsoleto. Las amenazas de incrementar la conflictividad social como único argumento frente a la dureza del ajuste, son el exponente de la crisis terminal por la que atraviesan unas organizaciones carentes de propuestas constructivas. Por no hablar del papel de unos impresentables piquetes “informativos”, convertidos en la era de internet en vulgares matones dedicados a molestar y/o agredir a aquellos ciudadanos que pretenden acceder a su puesto de trabajo.
Los sindicatos, como tantas cosas en esta crisis terminal por la que atraviesa nuestro país, como la patronal o los propios partidos políticos, son víctimas de unas contradicciones ciertamente sangrantes en esta hora que vivimos. Una de las más llamativas, aunque no la única, es su condición de organizaciones subvencionadas por el erario público, es decir, por los impuestos de los ciudadanos, asunto cuando menos llamativo en momentos en los que resulta imprescindible recortar gastos por doquier para sostener el Estado del bienestar. CCOO y UGT callan, mientras sacan a la gente a la calle, o lo intentan, para protestar contra unos recortes que siguen dejando prácticamente intactos sus privilegios.
Además de esconder sus vergüenzas, los sindicatos intentan manipular la gestión del Gobierno presentando los recortes, obligados, por cierto, por la nefasta gestión de un Gobierno anterior con el que tan a gusto dieron muestras de sentirse, como el capricho sádico de una derecha que disfruta maltratando a la sociedad. Y no es eso, no es eso, como cualquier cabeza mínimamente amueblada sabe. Con mayor o menor acierto, con más o menos celeridad, el Ejecutivo intenta cumplir con el objetivo de déficit, poner orden en el sistema bancario, optimizar la depauperada recaudación y meter en vereda a ese insaciable devorador de recursos que es el sistema autonómico, auténtico reino de taifas donde campean mil y una corruptelas.
Unos sindicatos obligados a plantear alternativas
¿No sería más razonable que, en lugar de oponerse frontalmente a los recortes, los sindicatos plantearan alternativas tendentes a mejorar la organización del Estado y a hacer más competitiva nuestra economía? ¿De verdad consideran posible seguir manteniendo las ineficiencias acumuladas en las últimas décadas a base de más gasto público? ¿Creen Comisiones y UGT posible seguir manteniendo sine die el andamiaje de un Estado del Bienestar que necesita pedir prestado todos los años una cifra cercana a los 90.000 millones de euros? ¿Quién paga esa fiesta?
España se encuentra justo en el vórtice de un huracán al que se ha visto arrojada por cuantiosos, dolorosos errores propios, pero también por el aparente hundimiento de la idea de esa Europa solidaria capaz de convertirse en referente de paz y progreso para millones de personas de todo el mundo. Los modelos de bienestar diseñados el pasado siglo, orquestados por unas democracias que hicieron del principio de solidaridad el leit motiv de su existencia, han entrado en crisis. El mecanismo chirría al punto de parecer hoy insostenible.
Muchos han sido los motivos, desde la evolución demográfica a la corrupción, pasando por un modelo monetario que despreció el patrón oro y se ha dedicado a imprimir dinero hasta generar una deuda realmente impagable. En paralelo, las sociedades europeas, acostumbradas a la molicie, parecen encontrar cada día más complicado responder al reto de los países emergentes. Los bárbaros están llamando a las puertas de Roma, pero las viejas legiones ya no parecen dispuestas a defender la ciudadela, tras haber perdido su antaño vigoroso aliento guerrero.
El Viejo Continente está en crisis, reclamando a gritos un riguroso business plan capaz de abrirle las puertas a los próximos 50 años. Crisis económica, pero también política, binomio del que España es campeona mundial como atestigua el reto del independentismo catalán. Enrocarse en viejas prebendas del pasado sin más, como están haciendo nuestros sindicatos, no parece lógico. El café para todos se acabó hace tiempo. Lo mismo que el gastar a manos llenas. La fiesta terminó. Aquellos que más tarden en aceptar la nueva realidad y operar en consecuencia, serán los que más sufran en el futuro.
Oscuro futuro, en suma, para estos sindicatos nuestros anclados en el pasado. Mariano Rajoy, por su parte, enfila los próximos meses con la tranquilidad que le da el saber que CCOO y UGT han disparado de forma precipitada y equívoca la bala que guardaban en su recámara. Ayer quedó claro que el pueblo soberano quiere soluciones, no huelgas generales. Vía libre, pues, para un Gobierno que ayer recibió, además, un inesperado regalo desde Bruselas. Esperemos que sepa aprovecharlo.
LA HUELGA GENERAL FRACASA A PESAR DEL DISFRAZ QUE LE PONEN
Las centrales convocantes cifraron por encima del 76% el seguimiento del paro en toda España, pero el consumo de electricidad, el termómetro más objetivo para analizar el impacto de la huelga, demuestra que la convocatoria quedó muy por debajo de las expectativas sindicales. La demanda energética a mediodía fue casi un 13% inferior a la de la misma hora de un miércoles cualquiera, 4,3 puntos menos que la conocida en la también malograda huelga general del pasado 29 de marzo, la primera con la que los sindicatos recibieron a Mariano Rajoy. Son datos que demuestran el fracaso parcial de la protesta, que sí contó con mayor seguimiento en la industria y tuvo un reflejo bastante desigual en las diferentes comunidades autónomas. El respaldo implícito de la Generalidad catalana a la convocatoria y la propia dinámica de la campaña electoral hizo que la protesta tuviera mayor incidencia en Cataluña que en Madrid.
El Gobierno dejó la portavocía del seguimiento de la convocatoria en manos de Cristina Díaz, doctorada en victimología y directora general de Política Interior
En las propias centrales se achaca el bajo respaldo de la huelga en las tres administraciones no solo a las estrecheces económicas de los empleados públicos, remisos a perder un día de salario, sino también al descuelgue de la convocatoria del principal sindicato de funcionarios. El CSIF no apoyó la protesta, entre otras razones porque su dirección es consciente de que se avecinan momentos bastante más duros en el sector público como consecuencia del adelgazamiento de plantillas que prepara el Gobierno y hay que guardarse algunas cartas en la manga. El respeto a los servicios mínimos pactados en el transporte contribuyó a amortiguar los efectos de la movilización, como ocurrió también en otros sectores como el sanitario. En la mayoría de las ciudades los comercios abrieron sus puertas con normalidad, si bien en las grandes volvieron a hacer de las suyas los mal llamados piquetes informativos, una figura anacrónica que espera una legislación urgente por parte del Ejecutivo.
Las masivas manifestaciones celebradas por la tarde en toda España, en la que los ciudadanos eran conscientes de que no perdían ingresos, sirvieron para salvar parcialmente la cara a los sindicatos y camuflaron el fracaso de su segunda protesta contra el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos nueve meses. Conscientes del tropiezo, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, tendieron la mano al diálogo tanto al Gobierno como a la CEOE, donde se evitó hacer demasiada sangre con los convocantes.
En La Moncloa se concluye que los sindicatos han cometido con esta convocatoria fallida una enorme torpeza porque han quemado su último cartucho y también el poco prestigio que les quedaba. Pero Rajoy y su equipo impusieron ayer el perfil plano porque a fin de cuentas conviene tener a alguien capaz de canalizar, aunque sea de forma ten deficiente, el malestar social. El presidente se ausentó del Congreso, donde asistió a la votación presupuestaria, sin hacer comentarios y el seguimiento oficial de la convocatoria se dejó en boca de Cristina Díaz, directora general de Política Interior, una juez madrileña con un doctorado en victimología que puso voz infantil para leer las estadísticas de la protesta y armó la revolución entre los tuiteros.
Ayer se respiraba tranquilidad en el Gobierno, pues el fracaso de la huelga general ha tenido lo que un ministro calificaba en el Congreso de “efecto boomerang”: a partir de ahora y en contra de lo que buscaban los sindicatos, se amplía el margen del Gabinete para afrontar los nuevos ajustes que podrían derivarse de una petición de rescate si empeora la crisis griega. Y ese colchón todavía resulta más mullido después del inesperado regalo que ayer tarde le hizo a España el comisario económico Olli Rehn, descartando exigirle nuevos sacrificios hasta 2014.
El parte de guerra también incluye consecuencias políticas. Buenas para el Gobierno, hábil a la hora de reconvertir la huelga general en un conflicto de orden público, con un balance de casi 150 detenidos, y preocupantes para el PSOE, consciente de que la recuperación de la sintonía con su base social tiene sus limitaciones si la canaliza a través de unos sindicatos que parecen obsesionados con devolver al país al mismo saco de Grecia y Portugal. Rubalcaba puso a casi toda su ejecutiva detrás de las principales pancartas mientras el ex presidente Felipe González, socio de una sociedad de capital riesgo, animó a participar en la huelga al ver motivos más que suficientes para secundarla. Los propios sindicatos, antes de que se consumara la convocatoria, abrieron un debate interno sobre el grado de responsabilidad que les incumbe ante el grave momento por el que atraviesa el país, pero no dio sus frutos. “El Gobierno se arrodilla ante Berlín, pero el pueblo español sigue en pié”, gritó Cándido Méndez a los manifestantes en la madrileña plaza de Colón como colofón a la protesta.
Después de las manifestaciones celebradas por la tarde en Madrid y Barcelona, grupos de vándalos antisistema tomaron la almendra de ambas ciudades y se enfrentaron con la policía sembrando el caos. El balance fue de casi 80 heridos. En la capital madrileña el objetivo volvió a centrarse en la toma del perímetro que rodea el Congreso de los Diputados, literalmente cercado durante todo el día por las fuerzas de seguridad. Una de las anécdotas de la huelga que más se enfatizó desde Comisiones Obreras fue la supuesta infiltración de policías entre los llamados piquetes informativos. Pobre argumento, se reconocía ayer en el PP, para justificar lo injustificable.
La jornada acabó con el clásico abanico de cifras de manifestantes ofrecidas por los sindicatos y las correspondientes delegaciones del Gobierno. En el caso de Madrid, el baile se sitúa entre el millón que calculan los primeros y los 35.000 de Cristina Cifuentes. Ahí es nada.
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