Los documentos del «caso Palau» que está desvelando ABC y que ponen al descubierto la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña, coronan una larga lista de escándalos de corrupción que afectan de lleno al partido de Artur Mas y Jordi Pujol, y también a CiU. Desde que en 1984 saltara el «caso Banca Catalana», más de 20 episodios han salpicado a la coalición nacionalista y se han traducido en dimisiones, imputaciones, detenciones o simples conexiones con asuntos de financiación irregular, pagos opacos o tráfico de influencias. Y en estos casos no se incluye la corrupción sistemática durante los gobiernos de CiU que Pascual Maragall denunció en el Parlamento catalán, un 3% de comisiones en toda la obra pública que se realizaba en Cataluña.
Estos son algunos de los casos más significativos que ponen en entredicho la forma de hacer política de Convergencia i Unió y los instrumentos que utilizó para financiarse.
«Caso Palau»
Más de 30 millones en comisiones
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep María Pijuán, cree que existen «indicios» de que CDC podría haberse financiado con hasta 6 millones de euros de forma irregular, a través de dos vías. Estos pagos se realizarían de forma directa o indirecta a través de la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC. La primera vía consistiría en «entregas opacas de dinero efectivo», unos dos millones de euros, realizadas entre 2002 y 2007 por el expresidente del Palau, Félix Millet, y por su mano derecha, Jordi Montull. La segunda, de casi un millón de euros, era canalizada a través de una desviación de fondos desde la Fundación del Palau. La última novedad de este caso se conoció ayer, cuando un anónimo que se identifica como exalto cargo de una empresa que trabaja en Cataluña envió una carta al juez que instruye el caso, en la que asegura que pagó comisiones de entre el 3 y el 5 por ciento a CDC a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Según denuncia el anónimo, desde su empresa efectuó varios pagos a la Fundación Trias Fargas, que después iban a parar a CDC, pero sus superiores entregaban comisiones aún mayores a los «jefes políticos». «Cuando la cuantía del contrato era de varios millones de euros, la comisión se pagaba solo a esos jefes políticos con salida y entrada en el extranjero, muchos en Suiza. El remitente aconseja en su carta al juez que busque en el BOE «los contratos con las empresas y administraciones sospechosas, dirigidas por CDC» y añade que «si llevo razón, los números les delatarán, a todos, empresas y administraciones corruptas».
«Caso ITV»
Oriol Pujol favorecía adjudicaciones
La Agencia Tributaria señaló al secretario general de CDC, Oriol Pujol, como el encargado de «aportar influencia política y de procurar realizar los movimientos oportunos» para impulsar una trama dedicada a favorecer la obtención de adjudicaciones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña. Además, se consideró «colaborador necesario» al que fuera director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat entre 1994 y 2004, Josep Tous. Los responsables recibían dinero de ciertas empresas para favorecer su futura adjudicación y anular el reciente proceso que había realizado el tripartito en 2010. El caso sigue abierto y en marzo se produjeron numerosas detenciones de ex altos cargos y personas afines a la formación nacionalista.
Instituto Catalán de Salud
Pagos continuados
El presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech, se vio obligado a presentar su dimisión a finales de junio, después de que le afectaran varios casos sospechosos. El más grave fue el presunto pago continuado e injustificado, por parte de Prat, al exdirector del Servicio Catalán de Salud, Carlos Manté, entre 2007 y 2011.
«Caso Crespo»
Negocio de 2,4 millones
La Sindicatura de Cuentas archivó en 2006 un caso que se había destapado a raíz de una auditoría al Centro Médicos Selva Maresme y que se tradujo en supuestos cobros irregulares del exalcalde de Lloret y actual diputado de CiU, Xavier Crespo. Con este caso también se puso de manifiesto un negocio de 2,4 millones de euros obtenidos a costa de dinero público de la Corporación de Salud de la Selva y el Maresme, que benefició durante cinco años a médicos, gestores y concejales. La auditoría estudió las cuentas entre 2000 y 2005 en un escándalo que puso de manifiesto el cobro por atención sanitaria a turistas de la Costa Brava.
«Caso Pretoria»
Un fraude de 44,7 millones
La operación Pretoria se remonta a finales de 2009 y hubo un total de 20 imputados, entre ellos los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que el juez Baltasar Garzón dejó en libertad después de que pagasen una fianza de un millón de euros. Esta presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andreu de Llavaneres. El principal implicado en la trama de corrupción y presunto cerebro de la red fue Luis García, un ex diputado del PSC al que se le imputaron los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Al considerársele como cerebro, durante el Tripartito se desvió la atención del caso Pretoria hacia el PSC, si bien se revelaron numerosas escuchas de los implicados con cargos de CiU (ante la inminente victoria electoral de CiU en 2012).
«Caso Parc Central»
Compraventa de terrenos
El «Caso Parc Central» se refiere a la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Ángel Fernández, ex concejal de Urbanismo y mano derecha del ex alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Además, Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor, primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria. Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas. Este caso se remonta a finales de la década de los 90 y a principios de septiembre el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona finalizó la instrucción del sumario tras una década y media de indagaciones. El caso tiene nueve imputados entre políticos y empresarios.
Casinos de Cataluña
Tres mil millones para CDC
En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña, entidad que monopoliza el juego en la Generalitat, denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas a CDC. El caso fue archivado.
Jordi Planasdemunt
Seis mil millones en pagarés falsos
En el año 1994, el que fuera consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat (1982-1983) y también director del Instituto Catalán de Finanzas, Jordi Planasdemunt, fue condenado a siete años de prisión por su implicación en un fraude de 35 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas) mediante pagarés falsos.
«Caso Pallarois»
Nueve millones en subvenciones
Al ex dirigente de Uniò Democràtica de Catalunya, Fidel Pallerols, el principal implicado en este escándalo, se le acusó de haber recibido nueve millones de euros en subvenciones del departamento de Trabajo y del Fondo Social Europeo entre 1994 y 1999 para cursos de formación, de los que presuntamente desvió 600.000 euros a la formación democristiana para su financiación. También dimitió el entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres (UDC). Este caso se remonta a mediados de los noventa, y todavía continúa investigándose.
ABC
Por otra parte, en Cataluña se ha vivido un «entroncamiento» de distintas sociedades -sobre todo constructoras- con el sector público autonómico, a nivel comunitario, local o de diputación provincial.
Una serie de empresas han donado durante años dinero a la Fundación Trías Fargas, de Convergencia Democrática de Cataluña, y esas empresas se han beneficiado después de permisos, licencias y adjudicaciones. Este ha sido uno de los medios de financiación del partido de Artur Mas y Jordi Pujol, al menos entre 2002 y 2008, junto con la mordida del 2,5 por ciento canalizada a través de los gestores del Palau de la Música. Las donaciones están recogidas en el sumario del «caso Palau» que persigue el desvío de fondos de esta institución, cifrado en 35,1 millones de euros en una auditoría de Deloitte.
El informe policial elaborado en mayo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y los redactados previamente por la Agencia Tributaria sostienen que la labor que se realizó desde la Fundación Trias Fargas está ineludiblemente vinculada con CDC, a la que «habría servido como plataforma de aterrizaje y posterior desvío de muchos de estos fondos». La afirmación se basa en las fuentes de financiación de dicha fundación, recogidas en los ingresos y en las partidas de gastos.
Pensamiento político
La Fundación Trias Fargas, que tras estallar el «caso Palau», en 2009, se rebautizó como Fundación Catdem (de catalanista y demócrata), es un plataforma de pensamiento político de obvia afinidad a CDC. Ramón Trias Fargas fue el primer presidente de Convergencia, ocupó varias consejerías en los gobiernos de Pujol y fue candidato a la Alcaldía de Barcelona por CiU.
La Policía contabilizó las cuotas de afiliados y usuarios, las subvenciones de organismos oficiales y las donaciones de particulares entre los años 2002 y 2008 (ver cuadro) y llegó a varias conclusiones; la más importante es que las donaciones particulares alcanzaron en este periodo el 64,9 por ciento del total, más de 6,5 millones de euros. Además de las partidas del Orfeo Catalá, es decir, del Palau, cuyos fondos procedían en buena medida a su vez de Ferrovial, figuran una amalgama de sociedades.
Las donaciones particulares alcanzaron el 64,9 por ciento del total
Los investigadores destacaron los casos más llamativos en los que se logró identificar dichas empresas y las dividió por sectores de actividad: constructoras nacionales y catalanas fueron los donantes más generosos. El documento habla de cuatro tipos de «patrocinadores», tal y como aparecen en una cuenta llamada «726 Donacions y Llegats» de la Fundación Trías Fargas.
El análisis policial revela que las cuotas de afiliados, los seguidores, solo aportaron a la Fundación un dos por ciento en seis años, poco más de 200.000 euros. «La partida de donaciones y legados de particulares es a nuestro entender la más trascendente porque sufre una evolución espectacular en sus emolumentos llegando a incrementarse en más de un 400 por ciento», destacan los investigadores.
«Entroncamiento»
No en vano, las empresas pasaron de regalar menos de 400.000 euros anuales al «brazo» de Convergencia en 2002 a casi 1,4 millones de euros en 2008. Los especialistas que se encargaron de este informe no fían ese río de dinero a la generosidad de los donantes, sino que mencionan expresamente el ya citado «entroncamiento» con los sectores públicos catalanes y como de ahí se derivaron permisos, licencias y adjudicaciones.
Tanto en los informes de los peritos de la Agencia Tributaria como en el del administrador judicial se llega a las mismas conclusiones que luego detalló la Policía. La conexión de las posiciones financieras de la Fundación Trías con el partido de Artur Mas, «al que está de variopintas formas ligado».
Por otra parte, en Cataluña se ha vivido un «entroncamiento» de distintas sociedades -sobre todo constructoras- con el sector público autonómico, a nivel comunitario, local o de diputación provincial.
Una serie de empresas han donado durante años dinero a la Fundación Trías Fargas, de Convergencia Democrática de Cataluña, y esas empresas se han beneficiado después de permisos, licencias y adjudicaciones. Este ha sido uno de los medios de financiación del partido de Artur Mas y Jordi Pujol, al menos entre 2002 y 2008, junto con la mordida del 2,5 por ciento canalizada a través de los gestores del Palau de la Música. Las donaciones están recogidas en el sumario del «caso Palau» que persigue el desvío de fondos de esta institución, cifrado en 35,1 millones de euros en una auditoría de Deloitte.
El informe policial elaborado en mayo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y los redactados previamente por la Agencia Tributaria sostienen que la labor que se realizó desde la Fundación Trias Fargas está ineludiblemente vinculada con CDC, a la que «habría servido como plataforma de aterrizaje y posterior desvío de muchos de estos fondos». La afirmación se basa en las fuentes de financiación de dicha fundación, recogidas en los ingresos y en las partidas de gastos.
Pensamiento político
La Fundación Trias Fargas, que tras estallar el «caso Palau», en 2009, se rebautizó como Fundación Catdem (de catalanista y demócrata), es un plataforma de pensamiento político de obvia afinidad a CDC. Ramón Trias Fargas fue el primer presidente de Convergencia, ocupó varias consejerías en los gobiernos de Pujol y fue candidato a la Alcaldía de Barcelona por CiU.
La Policía contabilizó las cuotas de afiliados y usuarios, las subvenciones de organismos oficiales y las donaciones de particulares entre los años 2002 y 2008 (ver cuadro) y llegó a varias conclusiones; la más importante es que las donaciones particulares alcanzaron en este periodo el 64,9 por ciento del total, más de 6,5 millones de euros. Además de las partidas del Orfeo Catalá, es decir, del Palau, cuyos fondos procedían en buena medida a su vez de Ferrovial, figuran una amalgama de sociedades.
Las donaciones particulares alcanzaron el 64,9 por ciento del total
Los investigadores destacaron los casos más llamativos en los que se logró identificar dichas empresas y las dividió por sectores de actividad: constructoras nacionales y catalanas fueron los donantes más generosos. El documento habla de cuatro tipos de «patrocinadores», tal y como aparecen en una cuenta llamada «726 Donacions y Llegats» de la Fundación Trías Fargas.
- Uno: constructoras de ámbito nacional dedicadas tradicionalmente y en buena medida a obra pública como ACS (que también aparece como Dragados), que habría donado 250.000 euros, según la información que figura en esa cuenta, y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a quien se le atribuyen 159.000 euros.
- El segundo sector se ciñe a empresas de construcción con implantación autonómica: Rehac SA, Copisa, Tamisa, Bruesa Construcciones, Nova Lloret, Grupo Excover y Construcciones PRH, quienes donaron respectivamente 46.000 euros, 170.000 euros, 230.000 euros, 90.000 euros, 100.000 euros, 120.000 euros y 48.000. Hay más empresas que no se especifican.
- El tercer grupo se refiere a empresas dedicadas a servicios medioambientales, de suministro de agua, mantenimiento y explotación de aguas residuales: Cespa, Sorea y Searsa, quienes aportaron 60.000 euros, 255.000 euros y160.000 euros. En ese mismo grupo se incluye a Abertis, sociedad que explota autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos que dio 150.000 euros, según las cuentas.
- En último lugar aparece el Grupo Ferrer Internacional, de farmacia, alimentación y química que donó 150.000 euros.
El análisis policial revela que las cuotas de afiliados, los seguidores, solo aportaron a la Fundación un dos por ciento en seis años, poco más de 200.000 euros. «La partida de donaciones y legados de particulares es a nuestro entender la más trascendente porque sufre una evolución espectacular en sus emolumentos llegando a incrementarse en más de un 400 por ciento», destacan los investigadores.
«Entroncamiento»
No en vano, las empresas pasaron de regalar menos de 400.000 euros anuales al «brazo» de Convergencia en 2002 a casi 1,4 millones de euros en 2008. Los especialistas que se encargaron de este informe no fían ese río de dinero a la generosidad de los donantes, sino que mencionan expresamente el ya citado «entroncamiento» con los sectores públicos catalanes y como de ahí se derivaron permisos, licencias y adjudicaciones.
Tanto en los informes de los peritos de la Agencia Tributaria como en el del administrador judicial se llega a las mismas conclusiones que luego detalló la Policía. La conexión de las posiciones financieras de la Fundación Trías con el partido de Artur Mas, «al que está de variopintas formas ligado».
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