Tanto oír hablar del estado federal como remedio de todos nuestros males territoriales, pero nadie ha explicado aún de qué se trata, especialmente nuestros queridos socialistas, por los que sólo conocemos el nombre esta propuesta milagrosa pero nada sobre su contenido. Leamos esta aproximación que hace el diario ABC el 05.11.12 tras la que realizamos en una entrada anterior sobre este mismo tema.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, quiere conseguir para la región que gobierna los atributos propios de un Estado soberano. Ante la bravata, el Ejecutivo español y el Partido Popular han fijado su postura: «Vamos a defender la unidad de España». Pero desde el PSOE se plantea otra alternativa. Tanto el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el presidente del partido, José Antonio Griñán, proponen la vertebración del país de acuerdo a un sistema federal como respuesta al desafío secesionista del nacionalismo catalán. Pero, ¿qué cambios conllevaría tal reforma? ¿Qué traería consigo la implantación del modelo federal? España ya es una federación de territorios autónomos unidos en una misma nación.
Antes de entrar en la cuestión hay que distinguir el sistema federal del confederal. En la confederación las partes entregan competencias al «gobierno central» conservando la soberanía y por lo tanto el derecho a abandonar el conjunto en cualquier momento. Es el caso de la Unión Europea, que es una confederación de estados soberanos. En un sistema federal los territorios se juntan en un agregado al que entregan su soberanía. Se pacta un reparto de competencias y se renuncia al derecho a la secesión a menos que este sea concedido por la unión. Los Estados Unidos de América son un ejemplo de federación.
Según explica Manuel Sánchez de Diego, experto constitucionalista de la Universidad Complutense de Madrid, «las confederaciones surgen por la integración de estados, y las federaciones por evolución de una confederación, caso de Canadá, o por una constitución que así lo defienda, como la Ley Fundamental de Bonn para Alemania».
Es cierto que en España los estatutos de autonomía son leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales y no constituciones redactadas y aprobadas por las regiones, como es propio de un sistema federal, pero en opinión de muchos autores la instauración en nuestro país de este modelo no tendría por qué conllevar ningún cambio importante. España ya está vertebrada como una federación de territorios autónomos unidos en una misma nación, de manera que el cambio de sistema podría no servir para nada. Una monarquía federal asimétrica como Canadá, donde reina Isabel II y sus 10 «provincias» tienen más competencias que sus tres «territorios», no difiere mucho del heterogéneo Estado de las Autonomías español.
En cualquier caso, según María Eugenia Rodríguez Palop, titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, «para que España fuese un Estado federal auténtico tendría que disfrutar de un Senado que cumpliera el papel de una verdadera cámara territorial». Actualmente sólo una quinta parte de los miembros de nuestra Cámara Alta -58 de 266- ha sido elegida por los parlamentos autonómicos. Además de la necesaria reforma constitucional «sería ineludible el pacto fiscal o, cuando menos, una modificación sustancial del régimen de financiación de las actuales comunidades autónomas, y seguramente tendría que cambiar el modo en que tenemos articulada la Administración de Justicia», afirma Palop.
«Derecho a decidir»
Uno de los malentendidos que existen acerca del sistema federal es que en él las partes gozan del derecho de autodeterminación que permitiría a uno de los territorios federados abandonar la unión cuando así lo decidiese, algo sólo propio de las confederaciones. Como afirma Luis Gordillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto, «una vez se crea el Estado federal, la unión es irrevocable». Gordillo pone como ejemplo la Guerra de Secesión de los EE.UU., que estalló cuando los estados del Sur, que se autoproclamaron «confederados», decidieron romper unilateralmente la Unión. En el modelo federal la soberanía reside en la federación, en el conjunto, que podrá permitir o no a una de sus partes decidir si quiere permanecer en él o abandonarlo.
«El derecho de autodeterminación, un concepto que se creó para permitir la emancipación de las colonias, no es propio de un sistema federal. El único caso que recuerdo de un sistema federal que, en teoría, permitía la autodeterminación de sus partes integrantes es el de la URSS. Pero en cualquier caso la cuestión que habría que plantearse ante la posibilidad de instaurar un modelo así es: ¿para qué iba a querer alguien un sistema federal que recogiese el derecho de autodeterminación si no es porque, en realidad, quiere separarse?», explica Gordillo.
Según entiende, «cuando el PSOE plantea el federalismo está proponiendo una reforma constitucional que aclare y ordene el reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Se perseguiría, básicamente, racionalizar el modelo. Pero cuando se habla de federalismo desde el PSC parece que se quiere replantear la naturaleza propia del Estado, se cuestiona la esencia, el origen mismo del sistema que tenemos ahora, que ya es federal».
Posibles ventajas
¿Serviría para algo la instauración de un sistema federal en España? No, si tenemos en cuenta que este modelo difiere muy poco del autonómico con el que nuestro país se vertebra en la actualidad. Pero en cualquier caso, según el profesor Gordillo la implantación del federalismo podría suponer una oportunidad para aclarar el «desorden competencial» que recoge la Constitución Española y así luchar mejor contra la crisis. «Aumentaría la transparencia y contribuiría a clarificar las responsabilidades de cada parte», afirma.
El cambio de sistema también podría servir para evitar las duplicidades en la gestión de las administraciones nacionales y regionales. «En Alemania, que es una federación, existe un principio llamado “lealtad federal” que permite que un sólo funcionario trabaje en nombre de distintas administraciones. Es la “ventanilla única”, pero en España el problema es que falta confianza entre las administraciones estatal y autonómicas», explica Gordillo.
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