Cada vez son más los ciudadanos que reclaman la recuperación de la pena de cadena perpetua revisable como castigo para los delitos de terrorismo y otros delitos de especial gravedad, sin que ningún partido político sea capaz de convertirse en defensor de esta iniciativa popular que gana adeptos diariamente.
Según Expansión, una mayoría de los abogados apoyan esta medida. Así, más de la mitad de los 1.300 profesionales jurídicos consultados por Wolters Kluwer considera que el nuevo Código Penal, vigente desde el pasado 23 de diciembre, tendría que haber previsto la figura de la cadena perpetua revisable para delitos especialmente peligrosos. Un 56% de ellos cree que esta figura tendría cabida en el ordenamiento jurídico español aunque la circunscribe a casos de "delincuencia especialmente peligrosa".
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya se ha posicionado en diversas ocasiones en contra de la implantación de la cadena perpetua revisable en el ordenamiento jurídico y ha advertido de que para implantar esta figura sería necesario reformar la Constitución.
Por otra parte, los padres de Marta del Castillo, asesinada con 17 años en 2009, entregaron el pasado noviembre 1,6 millones de firmas en el Congreso para pedir la legalización de la cadena perpetua revisable y el cumplimiento de las condenas íntegras sin beneficios penitenciarios para delitos graves.
Nuevamente la población va por un sitio y los políticos por otro. ¿No se supone que son elegidos por los ciudadanos para defender sus intereses y satisfacer sus necesidades políticas?
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