Informan hoy varios periódicos de que Hacienda ha tenido conocimiento de que más de 2.500 acaudalados ciudadanos españoles tienen depositados en Suiza fondos por valor de más de 10.000 millones de euros y que, por supuesto, han evadido los impuestos que deben pagar anualmente a Hacienda.
Según ABC y El Confidencial, esas fortunas deberían pagar a Hacienda hasta un 43% de los intereses que reciban por sus ingresos, más las multas por demora con que les castigaría Hacienda, entre un 5% y un 20% más.
Pero lo realmente curioso es la señalada información de El Confidencial, que sugiere que la posible amnistía fiscal de la que se viene informando, esos globos sonda que nos envía el gobierno cada cierto tiempo, tendría como finalidad evitar imponer sanciones administrativas e incluso penales a estos evasores de impuestos, entre los que no cabe duda que se encontrarán las más importantes fortunas de España, pero donde también habría ex ministros, políticos y gente de la "cultureta" española.
Traduciendo para el común de los españoles, no se trataría de que Hacienda recuperara el dinero defraudado, sino de proteger a los amigos del gobierno. Además, si tomamos con antecedente el caso similar de las cuentas en Liechtenstein de hace unos años, tampoco parece que el Gobierno esté dispuesto a ejercer su autoridad fiscal y penal con los defraudadores.
Informa Expansión de que "Si la Fiscalía Anticorrupción no ha iniciado ya los trámites para investigar los fondos en estas cuentas......". Es decir, es posible que a pesar de disponer de la información desde hace ya varios días la Fiscalía Anticorrupción no haya abierto aún una investigación, ya que si lo hubiera hecho es más que probable que ya se conociera más información sobre el caso.
Hay que recordar asimismo que la asociaciones de técnicos de Hacienda denunció hace unos meses que el Ministerio les obliga a abandonar las investigaciones de grandes empresas y empresarios, para centrarse en funcionarios y personal asalariado con nómina, donde el esfuerzo y el gasto dedicados a detectar pequeños fraudes no son comparables con lo que se podría obtener dedicando los mismos recursos a investigar esas grandes fortunas.
Si todo lo anterior se confirma se podría decir que los pensionistas y los funcionarios están pagando la protección fiscal que el Gobierno estaría dispensando a sus empresarios e "intelectuales" amigos. Una nueva muestra de la solidaridad socialista de Zapatero.
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