La política ‘moratina’ socialista sobre Giraltar dio de sí todo cuanto tenía; es decir, nada que fuera conforme a los intereses de España. Propició, sin embargo, que desde la otra parte se siguiera haciendo lo que siempre se hizo: arañar primero y consolidar después cuanto permitiese la desidia española. De tal suerte, el hecho colonial se ha expandido más allá de las costuras del Tratado de Utrecht, que ahora llega a su Tricentenario.
Si de importancia capital fue la tasa geopolítica pagada por España en el pleito dinástico de Habsburgos y Borbones, tampoco ha sido irrelevante la carga añadida contra nuestros intereses nacionales por vía de la dicha desidia política de nuestros gobernantes, al añadir servidumbres sobrevenidas sobre las especificadas en el Tratado. En su acumulación, han sido referidas a los espacios físicos, geográficos, cedidos a los británicos; de los mismos se excluían todas las aguas que no fueran estrictamente las del puerto, al igual que cualquier ámbito territorial que no fuera el propio del Peñón y el de la ciudad de Gibraltar, cuyos vecinos fueron desalojados para reemplazarlos por gentes de aluvión reclutadas en su mayoría de pueblos mediterráneos ajenos a los nuestros.
Las aguas perimetrales del Peñón y el territorio correspondiente al istmo han sido los ingredientes espaciales de la dejación política española, con las que ha medrado el expansionismo colonial británico en Gibraltar. Y con las que Londres y su servidumbre enrolada a lo largo de los años, ha pretendido medrar en los últimos meses a propósito de supuestos derechos pesqueros en las aguas españolas del entorno de la colonia. Un propósito anexionista ilustrado con episodios de colisión por parte patrulleras británicas y los barcos pesqueros de la flota andaluza del entorno, que ha dispuesto en estos trances del apoyo puntual, preciso y suficiente de la Guardia Civil del Mar.
En el otro orden de cuestiones, y al hilo de los procesos de colaboración convenidos entre Londres y Madrid en materia de comunicaciones, a propósito del espacio aéreo, es el ámbito donde se compendian las dejaciones españolas a propósito de los límites coloniales de Gibraltar conforme el Tratado de Utrecht. El aeropuerto colonial, construido sobre el istmo, es dónde reposa la dejación mayor de todas. Jurídicamente supone la infracción británica más clara de los términos del Tratado de Utrecht, ya que el asentamiento originario de la presencia británica derivó de un acto de humanidad, de solidaridad internacional, para que allí se estableciera temporalmente un lazareto destinado a la población colonial afectada por un episodio de peste.
La revisión de todas y cada una dejaciones y tolerancias -agravadas en sus consecuencias por la praxis diplomática de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero- es cosa que venía urgida por la displicente negativa del actual Gobierno británico a negociar con España una solución para el problema colonial gibraltareño. Tanto más cuanto que la actual Administración colonial de la plaza –que carece de base jurídica conforme al Derecho Internacional para ser lo que pretende Londres (legataria de la soberanía británica en el Peñón) y, consecuentemente, para hostigar a la vecindad española por tierra, mar y aire-, está enervando un estado de cosas incompatible con la condición de socios, de España y el Reino Unido, en la OTAN y la UE.
La ‘represalia’ española, el ejercicio de los propios derechos frente a los abusos coloniales, a la vista de la negativa británica a negociar el problema de la soberanía de Gibraltar, no debiera quedar sólo en la ‘represalia’ misma, sino en su emplazado planteamiento como cuestión interna de la OTAN. De alguna concreta manera, Washington habría de tomar cartas en el asunto. Tan ‘especiales’ son las relaciones angloamericanas como lo han sido y están siendo tantas concesiones españolas, por ejemplo, en su aportación al escudo antimisiles…
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