Mientras en el resto de España los jueces y fiscales cortan cabezas de políticos corruptos, en Cataluña y por un extraño misterio de la naturaleza se sigue protegiendo a sus corruptos.
Se siguen publicando diariamente denuncias de enriquecimiento ilícito sobre la familia Pujol, aportando datos sobre las sociedades en paraísos fiscales y multimillonarias inversiones, sin base empresarial para haber conseguido legalmente esa considerable fortuna personal y familiar de los Pujol. Los jueces y fiscales miran para otro lado a pesar de las denuncias.
Y ahora la última, UDC ha aceptado hoy devolver 300.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del caso Pallerols, en un acuerdo pactado entre acusaciones y defensas, que evita la celebración del juicio y libra a los condenados de entrar en prisión.
Tras semanas de negociación, acusaciones y defensas han llegado hoy a un pacto en el que los procesados por el caso Pallerols, de fraude en ayudas para la formación procedentes de la Unió Europea y entre los que figuraban exaltos cargos y militantes de UDC, han aceptado los hechos de que les acusaba la Fiscalía.
El pacto ha sido posible después de que el ministerio público, que inicialmente pedía para los procesados penas de hasta 11 años de prisión, se haya avenido a rebajar las penas y las indemnizaciones que solicitaba en un principio, parte de las cuales han sido asumidas económicamente por UDC como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo de la trama.
El pacto implica que queden sin cargos dos acusadas: la ex 'número dos' de la Consejería de Trabajo Dolors Llorens y María Cruz Guerrero, la mujer del empresario andorrano y acusado Fidel Pallerols.
El caso Pallerols es una trama de presunta financiación irregular de los años 90 de Unió, adonde se desviaron el 10% de las subvenciones que debían servir para cursos de formación ocupacional impartidos por las academias de Pallerols
La presidenta Maria Dolores de Cospedal traspasó todos los límites de lo políticamente correcto y, no se mordió la lengua, para denunciar alto y claro que le apesta que Mas considere normal tener dinero en Suiza. Y a renglón seguido, señaló «que un político que evade impuestos y regulariza cuando le pillan no es un patriota, ni catalán ni de ningún tipo». Por hacer estas declaraciones que cualquier persona decente suscribe, la conversa convergente -antes en ERC-, Pilar Rahola, la ha insultado llamándola cerda. Si alguien del PP en Madrid utilizara este término para calificar a alguna política nacionalista teníamos aquí a todos los progresista (de izquierda) del mundo mundial exigiendo dimisiones por el agravio a Cataluña. Pero en el condado del oasis, ni aún afirmando el testigo Javier de la Rosa que el señor Puyol abrió cuenta en el banco suizo Lombard en su propio despacho oficial, la sociedad despierta de su modorra nacionalista. Que CiU y PSC están enfangados de corrupción hasta los dientes no admite dudas. El financiero de la Rosa ha acudido a la UDIFA porque se sentía amenazado por los «libertadores soberanistas». «Le estamos vigilando a usted y a su familia», le advirtió el ex-President Pujol al ex-comisionista.
La secretaría general del Partido Popular desenmascaró a ese camaleón de la política que es Durán Lleida, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, con pasaporte diplomático del Reino de España, hoy alineado con las tesis radicales y separatistas del poco honorable President: «Firmó un programa electoral que pretendía la separación de España y solicitó a Mas que le hiciera ministro de Exteriores de Cataluña. A la hora de elegir pareja de baile para gobernar, hará lo que le diga Convergencia, como siempre».
Los separatistas son antes «nazionalistas» que demócratas. Por eso, con la mayoría que los españoles le han otorgado a su partido, el PP debería legislar, a) para inhabilitar política y económicamente -pensiones institucionales incluidas- a quienes cometan golpes de estado contra la Constitución; b) prioridad absoluta de la normativa emanada del Parlamento de la Nación sobre las disposiciones autonómicas; c) cumplimiento de la ley y de las sentencias de los Tribunales estatales y, finalmente, releven de inmediato de la presidencia de la comisión de AAEE del Congreso al unionista-separatista Durán y Lleida para que no se siga burlando del PP y, especialmente, de todos nosotros. Porque mantenerlo en ese cargo parlamentario -excelentemente remunerado, por cierto- es tanto como institucionalizar la corrupción.
Ya está demostrado que a más corrupción, más separatismo. O sea, menos unidad, menos España.
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