Si Unió Democratica de Catalunya ha afrontado la culpa tirando de chequera para asumir responsabilidades no es tanto, o no solamente, por evitarles la cárcel a sus militantes corruptos como para eludir el paseíllo mediático de sus dirigentes en un juicio que de todos modos iba a terminar en condena. La intolerable dilación habitual de los trámites judiciales había situado la vista en un momento de especial delicadeza para quedar como trincones. Qué inoportunidad: la nomenclatura del régimen desfilando, con el exfuturo ministro Duran Lleida al frente, para testificar en el enojoso sumario de una mangancia manifiesta. Preguntas incómodas, respuestas embarazosas, evidencias sonrojantes. Mejor pagar -con dinero procedente en parte de la financiación oficial, es decir, sufragada por los ciudadanos, a los partidos políticos- y más vale una vez colorados que ciento amarillos y un mal acuerdo que un buen pleito.
Alguien tendría que procurar que de estas cosas no se entere Frau Merkel. Porque además de la dudosa reputación que proporciona el tejemaneje delictivo sucede que el dinero desviado procedía de fondos europeos. Y esta clase de fullerías a los puritanos de las cuentas los ponen de muy mala leche. Es la imagen española la que queda en entredicho, por más que el nacionalismo ande emperrado en la cuita de la autodeterminación; a ver quién les cuenta a los ceñudos vigilantes de la ortodoxia fiscal que esto era la basura del oasis catalán. Entre otras razones porque con la Gürtel, los EREs andaluces, el caso Campeón y demás pringues autonómicas y municipales nadie está por estos pagos en condiciones de presumir de nada.
De lo que sí puede blasonar UDC es de haber elevado de forma notoria la proporción del peaje. En materia de corrupción lo reprobable es su propia existencia; se trata de una degradación moral cualitativa que toma cuerpo a partir de la primera milésima de fraude. Pero una cuota del diez por ciento ya entra en escala de exacción mayor, abusiva, especulativa casi. Talla XL. A estos ciudadanos tan ejemplares les gustaba, no cabe duda, pensar a lo grande.
IGNACIO CAMACHO - ABC
Aunque no haya constancia escrita de ello en la política española existe un pacto tácito entre los grandes partidos políticos para no pedirse los unos a los otros las “máximas” responsabilidades políticas por la corrupción. Por ello, el Parlamento español no suele investigar la corrupción y ello explica que, en el día de ayer y tras reconocer Unió ante el juez del caso Pallerols sus delitos de la malversación, no se haya desatado un clamor en Barcelona y en Madrid, exigiendo la dimisión y salida de Duran i Lleida de los cargos públicos que ostenta, empezando por la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso, que controla el catalán sin lealtad ni hacer honor al cargo (véase su desprecio a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz).
Además de liderar una de las ramas de CiU, el partido gobernante en Cataluña que ha lanzado un desafío al Estado, Duran i Lleida se presenta como el hombre puente entre Madrid y Barcelona, y de ese cuento y de su doble discurso, allí y aquí, vive y se entretiene como un profesional del poder jugando con dos barajas, aunque esta vez le han pillado y ha tenido que claudicar ante el juez, con la ayuda de la fiscalía del Estado que debió ser implacable y no aceptar una transacción sino exigir la cárcel para los culpables.
Pero ya sabemos que este Gobierno de Rajoy es experto en paños calientes y con Unió mantiene una especial relación para ver si así le tuercen la mano a Artur Mas. Se vio nada más llegar el PP al poder, porque una de las primeras decisiones de Rajoy fue la de conceder una indecente amnistía a dos dirigentes de Unió, el partido de Duran i Lleida, condenados a cárcel por corrupción. La noticia la ocultó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero fue descubierta por los medios en el BOE y organizó el natural revuelo.
Ahora, entre la condena a Unió, el escándalo del Palau que toca de lleno a Convergencia, la misteriosa fortuna de los Pujol y las incógnitas sobre el origen de las cuentas ocultas -y más tarde regularizadas- del fallecido padre de Artur Mas, los españoles estamos asistiendo perplejos al espectáculo de que esta “banda” de corruptos o dirigentes bajo sospecha están, en su impunidad, desafiando al Estado y proponiendo la independencia catalana. Y utilizando unos modales que no respetan la legalidad y que son insultantes para España y los españoles y despreciativos para las instituciones y las autoridades del país. Como lo vimos durante la inauguración del AVE a Figueras, o como pretende Mas hacer en Madrid presentando al Rey su plan de independencia después de aprobar en el parlamento catalán una declaración soberanista.
Y si todo esto es grave en fondo y forma, más grave parece que en la Moncloa y en la Zarzuela nadie se atreva a parar los pies a este desvarío haciendo pública denuncia de todo ello y cortando en seco no solo la deriva independentista sino los modales y los abusos de este selecto club de dirigentes independentistas que desafían la legalidad o viven al margen de la ley. ¿Hasta cuando el “silencio administrativo” de Madrid y la inmoralidad política y democrática de mirar hacia otro lado, huyendo de los desafíos en vez de abordarlos de frente?
Cada vez parece más notorio que España tiene un serio problema de liderazgo, capacidad de decisión y de valentía en la persona del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Asunto de muy difícil solución, que solo se podría compensar con la entrada en el Gobierno de políticos con más peso y mayor capacidad que los actuales y con voluntad de decisión y comunicación, cosa que al día de hoy no existe en el Gabinete de Rajoy.
PABLO SEBASTIAN - REPUBLICA.COM
Veinticuatro horas después de que Unió Democrática de Catalunya (UDC) firmase un pacto de conformidad con la fiscalía, reconociendo que se había beneficiado de fondos económicos para combatir el paro para la financiación del partido, su principal responsable, el diputado Josep Antoni Duran i Lleida, que había prometido que en el caso de que se demostrase que su partido había sido financiado ilegalmente (cosa que ha reconocido y firmado ante la fiscalía) asumiría las correspondientes responsabilidades políticas, ni ha dimitido ni parece que tenga la menor intención de hacerlo. Ha proseguido su viaje oficial por Chile, haciendo un panegírico de que España puede superar la crisis, sin referirse a qué parte de esa crisis está provocada por él y por su partido, que apoyan la independencia de Cataluña y su escisión de España.
Ese anuncio de supuesta dimisión lo hizo el señor Duran cuando mantenía que se estaba ante una campaña para desacreditarle políticamente, hace nada más y nada menos que doce años, en plena investigación del llamado ‘caso Pallerols’, una trama acusada de malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental, que utilizaba las ayudas públicas que concedía la Generalitat, entonces presidida por Jordi Pujol, para cursos de formación de parados para la financiación de Unió, aparte del enriquecimiento de todo tipo de intermediarios entre los que se encuentran Fidel Pallerols, el empresario de las academias, el ex director de Empleo de la Generalitat y secretario de organización de UDC y la número dos de la Consejería de Trabajo. Lo más granado del partido democratacristiano, que forma parte de la Federación CiU y que, ahora, reconoce que “los condenados efectivamente daban un beneficio a Unió, pero sin saberlo Unió”.
Después de alargar el proceso durante 16 años, los dirigentes de Unió que manejaron un total de ocho millones de euros han firmado un pacto por el que han pagado 380.000 euros y las correspondientes multas a cambio de no sentarse en el banquillo y de que no comparezca a declarar el señor Duran i Lleida, el máximo dirigente del partido, que, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración.
De todas formas, no hay que descartar que, como sucedió en el caso de los falsos estudios de derecho laboral elaborados a base de copiar distintos informes y publicaciones, que no aportaban nada, y por el que fueron condenados también altos cargos de Unió, entre ellos el ex cuñado de Sánchez Libre, que al final no ingresaron en prisión gracias al indulto que el Gobierno de Mariano Rajoy les concedió a última hora, en esta ocasión hubiera ocurrido lo mismo, aunque en estos momentos no esté en vigor el pacto entre el Partido Popular y Convergencia.
En estos dos casos, la Justicia ha sido lenta, escandalosa, y el comportamiento del Gobierno, difícilmente explicable. Es inexplicable para la opinión pública, en los graves momentos que está viviendo el país, que delitos que conllevan años de prisión, que afectan a la financiación de los partidos políticos, que miden la credibilidad del sistema y que están relacionados directamente con esa plaga que parece una epidemia, y que es la corrupción, queden prácticamente impunes y que puedan ser enterrados con el manto del silencio, con una multa que, al fin y al cabo, es ridícula, teniendo en cuenta los millones de euros de los que se trata. Esos millones que van a formación y que manejados por partidos, patronal y sindicatos, constituyen uno de los grandes casos de corrupción a todos los niveles. Se comprende la indignación ciudadana y no se comprende el comportamiento del señor Duran i Lleida, el político que sale más favorecido en todas las encuestas como hombre moderado y lleno de sentido común…
Un escándalo más que demuestra que unos son más iguales ante la Ley que otros.
PEPE ONETO -REPUBLICA.COM
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