DESPILFARRO CATALÁN, PAGANOS ESPAÑOLES

Cataluña en 2012 tendrá una deuda de 40.000 millones de euros, a pesar de lo cual los nacionalistas solicitan el traspaso de una treintena de competencias y la revisión de otras seis.

El déficit catalán asciende hoy a 7.200 millones de euros, una cifra que casi triplica la que el anterior gobierno de Montilla puso negro sobre blanco en el documento entregado al nuevo ejecutivo durante el traspaso de poderes a finales del año pasado. Según ese documento, el año 2010 se cerraría con un déficit del 2,4% del PIB catalán, que es el porcentaje que fijó el Consejo de Política Fiscal y Financiera —órgano que integra al Gobierno y a las autonomías— en la reunión mantenida en noviembre de 2010. Esa cifra, según el ex consejero de Economía, Antoni Castells, podría tener una desviación de entre 0,7 y 1 décimas. Pero Castells se quedó corto porque, al cierre de ese año, ese porcentaje se situaba ya en un 3,6% y, según fuentes del actual departamento de Economía, a finales de febrero podría variar al alza.

Es necesario que Cataluña reduzca su déficit a un 1,3% del PIB —el objetivo marcado por la UE—, lo que equivale a 2.600 millones, una sensible reducción respecto a los 6.370 millones de endeudamiento contemplado en los presupuestos de 2010. En este escenario, el Parlamento catalán autorizará en el pleno del próximo día 9 al ejecutivo de Mas para que pueda endeudarse durante el período de prórroga presupuestaria, en una cantidad máxima de 2.613 millones. La aprobación está garantizada en tanto que el PSC ya ha avanzado que votará a favor de nuevas operaciones de deuda en cualquier modalidad. El gobierno catalán cuenta con estos recursos para financiar inversiones reales o hacer transferencias de capital mientras no apruebe el proyecto de presupuestos para 2011. En paralelo, en el Plan de Viabilidad que Mas ha presentado al Ejecutivo figura la reducción del gasto en un 10%, lo que equivale a un ahorro de 3.000 millones.

Con todas estas medidas, el nuevo presidente catalán exige al Gobierno que mantenga la misma cifra de inversión destinada a Cataluña en 2010, un total de 16.646 millones. Sin embargo, entre sus medidas de ajuste no incluyen, de momento, el descenso en otro tipo de derroches enrocados en los gastos de la Generalitat. Uno de los ejemplos más llamativos es el alquiler de oficinas, que cuesta al año 256 millones de euros, la creación de "embajadas" catalanas, los ingentes fondos destinados a la imposición del catalán, etc. Por ejemplo, la Generalitat gasta al año 7,3 millones en atenciones protocolarias y representativas; 58,7 en telefonía móvil; 70 en publicidad y difusión de campañas institucionales; 1,3 en actos institucionales y de promoción de Presidencia o 1.600 millones en informes realizados por empresas externas (que en muchos casos no han podido ser entregados a la prensa ni a los diputados que los han reclamado ya que se traba de informes falsos encargados a empresas y asesores "amiguetes").

Entre las 29 competencias reclamadas se encuentran

- Trenes, vías, estaciones...
Entre los traspasos a revisar destaca por su importancia la de los servicios ferroviarios de Cercanías y trenes Regionales, traspasados respectivamente en enero de 2010 y enero de 2011, y que la Generalitat entiende que se realizaron de manera incompleta. Se traspasó la titularidad del servicio, pero no la propiedad de trenes, vías y estaciones, en manos bien de Renfe, bien del Adif.

- Gestión del litoral.

- La evaluación de la calidad de las universidades; la ampliación de funciones, medios personales y materiales en Justicia; la formación sanitaria especializada; la autorización de laboratorios farmacéuticos; la protección datos de carácter personal; protección civil; salvamento marítimo, y funciones y servicios de la Seguridad Social; la competencia en becas, una demanda histórica, pendiente de sentencia en el TC.

- Quieren revisar (que significa que reclaman más fondos): funciones y servicios de inmigración; la declaración de utilidad pública de asociaciones y aplicación de los beneficios fiscales a asociaciones y fundaciones; la ordenación y gestión del litoral; comunicaciones electrónicas e inspección de telecomunicaciones, así como el del Hospital Clínico.

El resultado de estas gestiones, amenazas, presiones y peticiones es que la deuda catalana, que crece de forma desorbitada y sin límite, la acabaremos pagando todos los españoles a través de nuestros impuestos directos y de nuestros impuestos indirectos, especialmente del IVA que pagamos a las empresas catalanas.