AZNAR TIENE RAZÓN, EN PARTE. ESPAÑA NO ES VIABLE.

Hace unos días afirmaba el ex Presidente Aznar que el modelo autonómico español convertía a este país en inviable, y tenía mucha razón, pero sólo en parte. Decía Aznar que «la mayoría de los españoles ... intuye, y es que el Estado es un estado marginal y los estados marginales no son viables». Agregó que una cosa es tener un estado unitario, descentralizado, federal o autonómico «y otra cosa es tener un estado marginal. Y España hoy tiene un estado marginal donde cualquier gobierno, incluso uno que tenga buenas intenciones y que tenga buenas políticas, tendría dificultad para sacar adelante algunas iniciativas». Añadió que un estado con tal grado de «debilidad» tiene que ser «en alguna medida reformado, no solo en cuanto al gasto, sino en cuanto a la ordenación de aquello de lo que es responsable cada uno, porque España no da para tener 17 instituciones que hacen las mismas cosas». Aznar considera que nuestro modelo actual «es políticamente no viable y financieramente absolutamente inviable.... ».

En consonancia con Aznar, casi la mitad de los ciudadanos (el 46%) piensan que el porcentaje del gasto público que gestiona el Gobierno de España (un 20%, frente al 40% que gestionan las comunidades y a otro 40% que corresponde a la Seguridad Social y a los ayuntamientos) es claramente escaso y debería ser mayor. El 30% lo ve adecuado y únicamente el 16% opina que es excesivo y que debería ser menor que el que ya tiene.

De este modo, afirma Edurne Uriarte que "el juicio de Aznar sobre el Estado marginal y su inviabilidad comienza a instalarse en la sociedad española. Y, sobre todo, comienza a resquebrajarse el tabú sobre el sistema autonómico, el que impedía criticar cualquiera de sus aspectos bajo amenaza de ser descalificado como nostálgico de la dictadura. Por primera vez desde el inicio de la Transición, 35 años después, hay inquietud social para desarrollar ese debate. Y un nuevo punto de vista vinculado a la eficacia y a la racionalidad de nuestro sistema político que lo aleja de los viejos fantasmas franquistas y antifranquistas.Peligroso para nuestro sistema democrático es eludir hoy ese debate. Impedir las reformas necesarias para la eficacia del Estado porque nuestra envejecida izquierda aún siga instalada en las categorías políticas de la Transición". 

Pero frente a esta realidad encontramos como es habitual a los nacionalistas catalanes, los grandes beneficiados de este carajal autonómico y los principales impulsores del desmadre presupuestario, a los que todo argumento les parece insuficiente e incluso fascista a la hora de hacer frente al despilfarro económico. A día de hoy el déficit de la Generalitat catalana ascienda a 7.800 millones de euros, con un presupuesto  anual de 39.699 millones de euros. Sin embargo, CiU no está dispuesta a rebajar el gasto en fomento patriótico: se mantendrán las embajadas en el exterior y las 35 oficinas comerciales que sólo son la punta del iceberg identitario construido por los sucesivos gobiernos nacionalistsa catalanes y que abarca  subvenciones deportivas, pancatalanismo y apoyo a entidades dedicadas a la promoción de la cultura catalana (p.ej Òmnium Cultural, brazo ideológico del independentismo catalán y organizador, entre otros actos, de la manifestación del pasado mes de julio en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto o determinados actos antimonárquicos, ha recibido en subvenciones desde 2004 la cantidad de 7,6 millones de euros). El presupuesto anual dedicado a política lingüística supera los 2.400 millones de euros, que incluye subvenciones, ayudas a medios de comunicaciónen catalán y televisión autonómica, educación...  Los casales catalanes en el exterior recibieron 2,5 millones de euros y la Plataforma ProSelecciones Catalanas, 4,8 millones. Asimismo, el Gobierno catalán siempre se ha mostrado muy generoso con entidades situadas fuera del territorio catalán, como la Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón, que en un solo año, recibieron dos millones de euros con el compromiso de extender el ideario catalán en sus respectivos ámbitos. Paralelamente, la administración autonómica no ha dejado de crecer hasta convertirse en un ente faraónico en el que trabajan 226.000 funcionarios, frente a los 140.000 de 2003. Una cuarta parte del presupuesto va destinado a personal. Asimismo, si hace ocho años, la Generalitat tenía 227 trabajadores eventuales, asesores o cargos de confianza, hasta ahora había 303. El número de empresas, consorcios o fundaciones dependientes de la administración catalana asciende a 260.

Ante este foso sin fondo catalán donde se malgastan los impuestos sobre consumo pagados por ciudadanos de toda España, la posición de los nacionalistas catalanes no es la austeridad sino el enrocamiento en sus derechos exclusivos mientras culpan al resto de las comunidades de la situación. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, exige al PSOE y al PP que reabran un debate político "a fondo" sobre el número de autonomías existentes en España y si éste debe ser menor a las 17 actuales. Duran Lleida ha expresado "cierta preocupación" por un posible pacto entre los dos grandes partidos españoles para que el Estado recupere competencias autonómicas y ha advertido que esta decisión iría en contra del nuevo Estatut de Cataluña. En línea con la postura contraria a los intentos de armonización que ya puso sobre la mesa ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, Duran Lleida ha dicho que el Gobierno del PSOE "se encontrará con la Generalitat de Cataluña y con la sociedad catalana", si insiste en tirar adelante esta propuesta.  

Aznar tiene razón en que el sistema es inviable, pero la única solución al mismo  no es una reflexión actual sobre la recuperación de competencias por parte del Estado (como parece desear la mitad de la población), sino la salida de Cataluña del marco nacional español, abriendo de ese modo la puerta a una reflexión política y social sobre qué es España y cómo debe configurarse nuestro sistema político territorial.

Mientras los políticos catalanes tengan algo que decir sobre el funcionamiento de España, ninguno de nuestros problemas tendrá una solución congruente. Son nuestros zombies nacionales, esos que contaminan todo lo que tocan y cuya única finalidad es "chupar la sangre y comerse las vísceras de los españoles".