La moción de censura que ayer registró Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados no va contra Rajoy, ni contra el PP, sino contra el régimen parlamentario del 78.
No hay otra forma razonable de interpretar sus actos. A las pocas horas de poner en marcha el único mecanismo de reprobación parlamentaria que sí tiene efectos vinculantes, y a sabiendas de que va a quedar más solo que la una en la votación, pastoreó una manifestación en la calle para que fueran los ciudadanos del común, al grito de «hay que echarles», quienes pusieran voz a lo que los representantes de la soberanía popular se niegan a decir.
La manifestación de hoy recuerda mucho a las acampadas del 15-M en las que se alzaba el clamor del «no nos representan». La diferencia es que por aquel entonces Podemos no se había presentado a las elecciones y dirigía ese grito de deslegitimación contra los representantes de una casta endogámica, vetusta, corrupta y adocenada que había dejado de sintonizar, según ellos, con las inquietudes del pueblo. Todo cambiaría, nos decían, cuando los electores tuvieran la oportunidad de llevar a las instituciones democráticas a los intérpretes de la nueva política.
Pero no ha sido así. Al parecer, el Congreso surgido de las últimas elecciones tampoco nos representa. Ni nos representaba cuando Podemos le plantaba cara desde el «speaker’s corner» de la Puerta del Sol, ni nos representa ahora, con Podemos convertida en la tercera fuerza parlamentaria. Y mucho me temo que, en opinión de Pablo Iglesias, no nos representará hasta que él tenga la posibilidad aritmética de hacer lo que le de la gana.
Los que enarbolan hoy las pancartas del «hay que echarles» no están señalando a Rajoy, sino a los diputados que se niegan a arrojarle a las tinieblas exteriores. En el fondo no es una manifestación contra la corrupción del PP, sino contra la negativa del Parlamento a sustituir a un presidente que hiede a mangancia por el único líder inmarcesible que es capaz de hacer de la cosa pública un lugar decente.
Su arrogancia le delata. Las manifestaciones para derribar gobiernos son propias de las dictaduras. Allí donde no hay cauces democráticos para clamar contra los sátrapas, la calle se convierte en el escenario alternativo de la censura. A Maduro, por ejemplo, no se le puede derribar en la Asamblea Nacional de Venezuela porque cuando la Asamblea lo intenta, Maduro la disuelve. Pero España no es Venezuela. De hecho, hasta donde alcanza mi memoria, aquí jamás se había producido antes una manifestación cuya única reivindicación fuera mandar a su casa a un Gobierno legítimo. En una democracia, esa batalla es propia del Parlamento, no de la algarada vocinglera de unos agitadores que se creen por encima de las urnas.
El mensaje que acaba de mandar Iglesias a la sociedad española no es muy distinto, en el fondo, del que manda a diario su amigo de Caracas: el Parlamento está bien mientras sirva para lo que yo quiero, pero si se opone a mi voluntad, la lucha debe trasladarse de sitio.
La democracia soy yo. El Parlamento sólo será representativo cuando diga amén a lo que yo demando. De lo contrario será el reflejo cóncavo, achatado e infiel, de una voluntad popular que el espejo obsoleto y rancio del viejo régimen es incapaz de reproducir fielmente.
Lo que pretende conseguir Iglesias con la moción de censura que registró ayer en el Congreso es enfrentar dos legitimidades reñidas: la de unos diputados que jamás representarán a los ciudadanos mientras no hagan lo que él les diga y la del clamor de los manifestantes que le vitorean.
Pincho de tortilla y caña a que, a su juicio, las cosas sólo se arreglarán cuando la segunda sea capaz de torcer la voluntad de la primera. La democracia representativa ha muerto. Viva la política asamblearia. No se trata de que unos cuantos piensen por nosotros, sino de que unos pocos nos digan cómo tenemos que pensar. La voz de su amo.
LUIS HERRERO – ABC – 20/05/17
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