El acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España ha sido rechazado por el Congreso de los Diputados.
El PSOE, sin cuya abstención o voto a favor no era posible materializar esa opción, ha dicho no y, salvo un improbable cambio de posición, ello conducirá a una repetición de elecciones el próximo 25 de diciembre. La posición de los socialistas parecería incomprensible por razones de Estado. Impide la formación de un gabinete sin ser capaz de articular una alternativa. Sin embargo, esa actitud responde a razones de mayor calado, que desbordan los intereses personales o partidistas del socialismo español y de su actual dirigencia. La postura del PSOE es el resultado de la crisis de discurso y de identidad de la izquierda democrática europea.
El programa acordado entre el PP y C's es prácticamente idéntico al que éste firmó con el PSOE hace unos meses. Se trata de un proyecto socialdemócrata en el plano económico, esto es, con unos planteamientos de una evidente orientación estatista lejana de los planteamientos tradicionales del centro derecha. Un grupo minoritario, Ciudadanos, ha logrado imponer a los populares un ideario ajeno a sus principios ideológicos y ubicado con claridad en el espectro del centro izquierda o de la izquierda tradicional. Su aplicación conduciría a una profundización o, al menos, a una consolidación del Estado social, esto es, un modelo social y económico con una elevada presencia estatal en la actividad productiva.
La ocupación del espacio de la socialdemocracia por la derecha y el centro deja sin hueco al socialismo democrático. Su papel y su discurso tradicional, el recurso a políticas redistributivas para corregir los excesos del orden capitalista ha sido en gran parte asumido por sus competidores con lo cual carece de un producto distintivo en el mercado. Cuando la derecha plantea medidas que se traducen en una expansión del papel del Estado en la economía y en la sociedad, la izquierda socialdemócrata se coloca en una situación precaria.
El viraje del grueso de las fuerzas derechistas democráticas hacia la socialdemocracia ha erosionado los cimientos programáticos y sociales del socialismo en toda Europa. Éste es uno de los fenómenos que explican el éxito y el avance de las variantes de izquierda y de derecha, en el caso español de las primeras, que han enarbolado banderas que suponen una alternativa al orden económico actual. Si la izquierda reformista no es la opción de cambio porque la derecha, en sentido amplio, ocupa su lugar, el único camino para quienes se sienten de izquierdas es bien votar a aquella o hacerlo por grupos antisistema. Desde esta perspectiva, el PSOE se encuentra ante la pinza de la socialdemocracia de derechas y del radicalismo de izquierdas. En otras palabras, en una tesitura diabólica y de la que le es difícil salir.
Si este alineamiento doctrinal no se altera, la democracia española tenderá al desequilibrio. La socialdemocratización de la derecha convierte a Podemos en la izquierda posible, pero al mismo tiempo deja abierto un espacio para que quienes no se sienten representados por su giro ideológico, busquen su representación en otras formaciones. Este riesgo se acentúa cuando el consenso socialdemócrata no es sostenible en términos económicos y financieros y, por tanto, no es capaz de satisfacer las demandas que alimenta. Éste es el peligro al que se enfrenta España en el medio plazo y que permanece oculto ante la urgencia de la coyuntura. Las democracias estables exigen la presencia de fuerzas alternativas dentro del sistema. La derecha y la izquierda han de representar realmente las ideas y las creencias de los ciudadanos ubicados en esas zonas doctrinales. Cuando dejan de hacerlo, terminan por emerger fuerzas centrífugas a ambos lados del espectro político que adoptan líneas radicales que desestabilizan el sistema o complican de manera extraordinaria su gobernabilidad. Ello resulta peligroso en cualquier escenario pero sobre todo en aquellos en los que un país ha de afrontar desafíos críticos de cara a su futuro. Por último, aunque el pacto entre el PP y C's hubiese culminado con la investidura de Rajoy, su aplicación hubiese sido imposible. España ha de reducir en cerca de 10.000 millones de euros su déficit público y ello no es factible añadiendo unos compromisos de gasto adicionales de unos 7.000 millones, más o menos, los resultantes de lo acordado entre los populares y Ciudadanos.
04/09/2016
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