LA CENSURA SE ACERCA A PASOS AGIGANTADOS

Miguel Sebastián, el gobierno socialista de Zapatero, apagará Intereconomía y Veo7 al que se despiste, afirma El Confidencial, cuando el próximo 1 de marzo reordene los canales de TDT que provocará que ambas cadenas dejen de verse en sus actuales frecuencias y que sea imprescindible resintonizar los televisores para captar de nuevo la señal,  en vísperas de los comicios municipales y autonómicos de mayo.

La medida afecta a dos medios muy críticos con el Gobierno y con las elecciones a la vista”.  “¿Acaso no había otro momento para hacerlo?

Una orden ministerial recogida en el BOE del pasado sábado estipula que las cadenas que explotan el canal radioeléctrico 66 deben trasladarse a los canales 67, 68 y 69 dentro de la segunda etapa para la asignación de múltiples de la TDT. En esa frecuencia se instalan Veo e Intereconomía

Además, el BOE de ese mismo sábado incluía la Ley Orgánica 2/2011, que modifica la normativa sobre el Régimen Electoral General y que en su artículo 66 obliga a las televisiones privadas a respetar “los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”. Un planteamiento que puede abrir una vía para la censura de las diferentes líneas editoriales, y que a bien seguro no afectará a La Sexta, La Cuatro ni a TVE.

Es cierto que el cambio de canales estaba previsto, pero la fecha elegida para el cambio parece significativa, y nos lleva a pensar que vuelve la censura al BOE. Ya no se trata sólo del proyecto de crear un organismo censor, sino que ahora por ley se modificarán las líneas informativas de estos medios. Se modifica la Ley Electoral, pero no para lo que quieren los ciudadanos, una representación parlamentaria real y ajustada al electorado a nivel naciona que deje de favorecer a los nacionalistas.

En paralelo a estos hechos, la Ministra Leire Pajín ha colgado un post en su blog, www.leirepajin.com, en el que se despacha a gusto contra las televisiones afines a la derecha. Titulado Concordia significa mucho más, Pajín retoma el caso del consejero murciano agredido brutalmente a las puertas de su casa para argumentar que el "clima de crispación" al que se refirieron entonces Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal es obra de cierta prensa. No llega a dar nombres, pero lo que está claro es que apunta a la derecha y que una de las cadenas a las que se refiere parece ser Intereconomía, puesto que al menos uno de los ejemplos que pone está sacado de sus tertulias.

Pajín afirma que "hace unos días escuché al Ministro de Industria en el Senado decir que nadie había contribuido más que este Gobierno a hacer más plural la televisión a través de la TDT y tiene razón, sólo hay que ver la proliferación de canales que hay en nuestros mandos. Otra cosa es que eso haya contribuido a mejorar la calidad democrática, haya conseguido una televisión más comprometida socialmente o al menos, que genere un mejor clima de concordia. Creo que la respuesta no es muy halagüeña, a las pruebas me remito".  

No podíamos esperar de una ministra socialista, con tan escaso mérito para ocupar el puesto, que se convirtiera en una seguidora habitual e incondicional de los programas de Intereconomía o Veo 7, muy críticos con el gobierno socialista, pero al menos debería guardar su apariencia de imparcialidad cuando habla de los medios de comunicación. Bastaría recordarle la "crispación" que Tele5 y La Cuatro introdujeron durante los mandatos de Aznar, o la constante desligitimación de la oposición que realiza el pequeño Wyoming.

ALUCIONACIONES ZAPATERILES

Según el Presidente Zapatero: España es "decisiva" en la UE "como Francia y Alemania". Dice Zapatero que: "hay tres países decisivos en la UE: Alemania, Francia y España", en una entrevista que publican hoy los rotativos germanos Handelsblatt, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Die Welt y Süddeutsche Zeitung (no parece que esta sentencia presidencial pueda tener más comentarios, España no cuenta nada, absolutamente nada, en Europa, ni en en su política económica, ni en su política exterior, ni en ningún otro aspecto de la política comunitaria. Basta con repasar los nombramientos en la cúpula del Servicio Europeo de Acción Exterior, del destino y dirección de la Fundación UE América Latina, de la marginación del español en materia de patentes comunitarias, sólo por dar unos ejemplos de lo sucedido en los últimos días).

En la víspera de la visita a Madrid de la canciller Merckel, Zapatero asegura: "Si España hace sus deberes, Alemania y Francia podrán llevar adelante la unión económica perfecta" (vaya, directamente pone el peso de la culpa sobre España y cede toda la iniciativa a París y Berlín). El presidente del Gobierno considera que Alemania debe jugar en Europa un papel de liderazgo como delantero centro y no actuar únicamente en la defensa a la hora de afrontar los problemas de la Unión Europea y la actual crisis de la deuda. "Queremos que Alemania no solo juegue en la defensa, sino también en el puesto de atacante central" (si será tonto que el único ejemplo que se le ocurre es el futbolístico, ganas de tocarles las pelotas a los derrotados en la Eurocopa de 2008 y patética falta de discurso intelectual).

"España debe, con las medidas que actualmente esta aplicando, elevar su productividad y capacidad de competir. Alemania debe hacer mas concesiones en la integración económica, la armonización de la política tributaria y laboral y de la edad de jubilación", afirma Zapatero (con las medidas que está aplicando a la vista está que ni se  está elevando la productividad ni se está acabando con el paro, pero nuestro Presidente sigue con el erre que erre de su magnífica gestión).

Agrega que "actualmente hay tres países decisivos que son Alemania, Francia y España. Si España hace sus deberes, Alemania y Francia podrán llevar adelante una unión económica perfecta". En cuanto a la crisis del euro señala que "Alemania ha sacado ciertamente sus ventajas de la crisis", que se financia con muy bajos costes, ya que su emisión de deuda es actualmente un puerto seguro para los inversores, lo que tiene su base en la "sólida productividad y la fuerza exportadora de Alemania" (para ser un puerto seguro para la inversión extranjera se debe generar, entre otras cosas, confianza, algo que Zapatero destruye diariamente con declaraciones sin sentido y mentiras continuas). Tras negar que se hayan producido por parte de Alemania intervenciones en tono arrogante en el debate por la crisis del euro, Zapatero comenta que no le molesta que las reformas se hagan siguiendo el ejemplo alemán "mientras tengamos una Alemania europea" (como no se van a hacer las reformas siguiendo el modelo alemán cuando en realidad vienen impuestas por Berlín).

"Pero se trata de ciclos. Así como la economía alemana tuvo dificultades a finales de los años 90, llevó a cabo sus reformas y ahora es extremadamente competitiva, mañana podría tener problemas Francia o cualquier otro país. El mejor remedio contra ello es reforzar el Pacto de Estabilidad y hacer un pacto para una (mayor) competitividad", señala Zapatero (no Zapatero, no, el mejor remedio contra los problemas económicos es una gestión eficiente y con cabeza, unas declaraciones sinceras, no es suficiente con aprender economía en dos tardes y peor aún es después cuando lo poco que se ha aprendido se mezcla con cuestiones ideológicas trasnochadas).

No hay día en que Zapatero no nos cuente nuevas milongas. El bien que nos haría a los españoles si desde ahora y hasta las elecciones de 2012 se mantuviera mudo, en silencio sepulcral.

DESPILFARROS CATALANES

Mientras Oriol Pujol, hijo del nepotista Jordi Pujol, se queja de que la Generalitat no va a tener dinero para pagar las nóminas de sus funcionarios si el gobierno central no les autoriza a endeudarse todavía más, siguen en aumento el despilfarro de esos gestores:

Según la memoria de arrendamientos y compras de inmuebles contenida de 2010, el gasto anual en alquiler de sedes, oficinas, delegaciones y demás locales supera la friolera de 256 millones de euros. Muchos de esos inmuebles fueron alquilados durante los 23 años del Gobierno de Jordi Pujol y heredados por el tripartito que mantuvo este gasto invariable. ¿Por qué?

Es difícil de saber pero casualmente algunos de esos inmuebles están situados en zonas exclusivas de Barcelona, como es el caso de la sede de la Consejeria de Política Territorial (hoy territorio y Sostenibilidad) por la que se pagan anualmente 4,7 millones de euros. 

Otro caso es el de «Palau de Mar» (Departamento de Bienestar Social) que cuesta al año 4,9 millones de euros. 

Sede de la Generalitat

Un tercer caso es el del departamento de Vicepresidencia, que paga 1,7 millones de euros al año por una oficina situada en Via Laietana y otros 213.724 euros por otras oficinas emplazadas en la calle Mallorca, en pleno barrio del Ensanche barcelonés, uno de los más caros de la ciudad. 

Asimismo, Presidencia gasta 592.023 euros por la sede de la Delegación del Gobierno catalán en Bruselas, mientras que a Gobernación-Vicepresidencia otro inmueble en Via Laietana le cuesta 668.132 euros al año. 

Los departamentos que más gastan en alquileres son Educación —un total de 86 millones de euros—y Justicia —95 millones de euros—, (en esa partida se incluyen centros escolares y oficinas judiciales). La concentración de los juzgados en la denominada «ciudad judicial», situada entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, debía contribuir a reducir el gasto, aunque el alquiler de este gran centro asciende a 40 millones de euros al año.

En la Consejeria de Interior, los costes de alquiler son elevados, más de 29,3 millones de euros, y comprende las sedes de las comisarías de los Mossos d'Esquadra. Por ejemplo, las dependencias de la policía autonómica en Sabadell cuestan al año 8,5 millones; las del barrio de Les Corts de Barcelona, 2,1 millones, y la de Sant Andreu, 1,2 millones de euros.

Mientras, Artur Mas mantiene sus exigencias y, en la reunión que mantendrá el próximo lunes con el presidente Zapatero, le pedirá el traspaso de 37 competencias pendientes, así como la revisión de otras 13. Asimismo, insistirá en reclamar al Estado que mantenga la inversión que hizo en Cataluña el año pasado, cifrada en 16.646 millones de euros. El presidente catalán culpabiliza tanto al PSOE como al anterior ejecutivo tripartito de las maltrechas finanzas catalanas.
 

¿Y dónde está el despilfarro?

- 10,5 millones es el crédito que acaba de conceder la Generalitat a Spanair para salvarla de la quiebra.

- 2,2 millones es el presupuesto de las «embajadas» de Cataluña en el exterior, red paralela a las 35 oficinas comerciales.

- 7,6 millones ha recibido Òmnium Cultural en ayudas desde 2004, entidad que organizó la protesta anti-Tribunal Constitucional.

- 2.4000 millones el gasto total en política lingüística que dedica anualmente la Generalitat, lo que incluye subvenciones, educación o cursos.

- 485 millones es el presupuesto anual que tiene la televisión pública catalana (TV3), cuatro veces más que el que tiene Telemadrid.

- 260 empresas públicas, el doble de las que tiene la comunidad de Madrid con sólo un 20% más de población.

- El Gobierno catalán sigue empeñado en convertir a Spanair en una "compañía aérea nacional" que le otorgue presencia intercontinental a los aeropuertos catalanes, y que vista la senyera en sus alerones de cola. El Gobern, en su proceso de construcción nacional, ha hecho verdaderos esfuerzos inversores para reflotar la compañía aérea Spanair, ya fue objeto de ayudas públicas en la anterior legislatura del tripartito y el gobierno de CiU aprobó el pasado 25 de enero la concesión de un crédito de 10,5 millones de euros, a través de Fira de Barcelona, y no se descarta que en un futuro se le otorgue otro préstamo por valor de 9,5 millones. El porcentaje de la Generalitat en Spanair es del 26,7%, aunque la participación pública se eleva hasta el 35 o 40%, ya que la Fira de Barcelona, Turismo de Barcelona y Catalana de Iniciatives, que también son accionistas de la compañía, están participadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

- La política de austeridad no afecta a las «embajadas» u oficinas catalanas en el exterior ya que en lugar de reducir su número, la Generalitat parece estar dispuesta a ampliar esta red y acaba de crear la Casa de la Generalitat en Perpiñán (Francia). CiU anunció que mantendría esa red de «embajadas» que, en la anterior legislatura, provocó una enorme polémica por el gasto que comporta (2,2 millones de euros) y su dudosa utilidad. Dependientes entonces del vicepresidente José Luis Carod-Rovira, nunca se demostró su utilidad, salvo para colocar a los amiguetes como el hermano de José Luis, Apeles.

Pero los culpables siguen siendo otros

Mientras siguen estos despilfarros, las acusaciones a España de expolio y las amenazas sentimentales, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha acusado hoy al ex presidente del Gobierno José María Aznar de alimentar el sentimiento independentista en Cataluña "cada vez que abre la boca" para hablar sobre el sistema autonómico. En un apunte en su blog en Internet, Duran ha criticado a Aznar por "discursear a diestro y siniestro" sobre la unidad de España y "en contra de lo que significa la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos de Cataluña, sean independentistas o no". "En nombre de la Constitución que en su día no defendió, Aznar predica un rearme del Estado central y manifiesta claramente que España es incompaible con las aspiraciones que algunos tienen de crear miniestados", señala en su artículo. Según Duran, "cada vez que Aznar habla, las razones que en el fondo justifican la posición" del expresidente catalán Jordi Pujol, escorado más que nunca hacia postulados soberanistas, "se extienden como una mancha de aceite por Cataluña". Duran ha recordado que a principios de la década de 2000 el gran crecimiento electoral de ERC se debió al expresidente del Gobierno: "Cada vez que Aznar abría la boca en Cataluña, la independencia ganaba unos centenares de ciudadanos para la causa independentista. Ahora vuelve a pasar lo mismo". "El discurso que queda del PP es el de Aznar y, si en Cataluña se va alimentando el sentimiento independentista, el choque de trenes será inevitable". 

En definitiva, lo de siempre, los políticos catalanes siempre pueden amenazar, insultar y menospreciar a los españoles y a sus instituciones sin ningún problema, nadie va a considerarlos extremistas. Es más, siguen estando tan bien considerados como según las encuestas lo es Durán LLeida. Sin embargo, si Aznar propone una reconsideración de la estúpida deriva que está llevando a España a crear 17 mini-estados, y una reforma del sistema, es un fascista centralista. Que eso lo diga un político radical y nacionalista como los dirigentes de CiU es normal, pero que los periodistas sigan ese juego es uno de los males que están llevando a este país a la ruina económica y la insostenibilidad política.

Y siguen las amenazas y el referendum independentista, pero no hay collons para proclamar la independencia.

El gobierno catalán va a ceder urnas para celebrar consultas sobre la autodeterminación de Cataluña, como la que se celebrará en Barcelona el próximo 10 de abril. Fuentes del departamento de Gobernación, que dirige la democristiana Joana Ortega, han confirmado que los equipos legales consultados por la Generalitat no se han puesto de acuerdo sobre si esa decisión contraviene o no la normativa actual. Pese a las diferentes interpretaciones legales, el Ejecutivo entiende que nada le prohíbe formalmente ceder urnas para esas consultas independentistas. No obstante, no cederá sus locales a los organizadores ni comprará más urnas para ayudarles, mintiendo sobre su actitud ante estos referendum al afirmar que  no será "proactivos" (la cesión de urnas y el gasto de fondos en la realización de consultas legales son acciones, no omisiones ni inactividad).

Por otra parte, el Instituto de Estudios Catalanes (IEC) es otro claro ejemplo del despilfarro económico destinado a la creación nacional catalana, en detrimento de las políticas que requiere la población, y más aún en tiempos de crisis.

El proselitismo soberanista tiene en el Instituto de Estudios Catalanes, academia cuya principal finalidad es fomentar la lengua catalana más allá de las fronteras de Cataluña —gracias al editor Eliseu Climent tiene ramificaciones en la Comunidad Valenciana—, uno de sus principales valedores. La muy subvencionada entidad acaba de publicar la denominada «Declaración del IEC sobre los derechos del pueblo catalán», en el que insta a todos los territorios de habla catalana a proclamar el derecho a la autodeterminación frente a la «involución» autonómica del Estado.

En la declaración publicada ayer, se afirma que «cada uno de los territorios en que se encuentra fragmentada esta nación tiene el derecho legítimo e inalienable de decidir de que Estado quiere formar parte, tanto si es del Estado en el que ahora se inscribe, como si aspira a la construcción de un Estado específico diferente». Los impulsores del manifiesto acusan al «Reino de España de una homogeneización lingüística y cultural completamente contraria a los principios de la diversidad cultural», y critica la «catalanofobia» que se desprende de algunos medios, y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto y del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística. Cabe recordar que el IEC apoyó la manifestación de aire independentista que se celebró el pasado 10 de julio contra del TC. El presidente del IEC, Salvador Giner, dijo que el texto es «un llamamiento político, que no partidista» para recordar a los catalanes que tienen el derecho de participar en los asuntos públicos de su comunidad si consideran que su cultura y su lengua están en peligro. Pese al tono reivindicativo que se desprende del documento, Giner ha asegurado que el instituto no se posiciona a favor de la independencia de Cataluña, sino que da argumentos «racionales, jurídicos, académicos y de moral colectiva» para aquellos que sí sean partidarios de la secesión. Destacó que la declaración también se dirige a los representantes políticos catalanes para que se «afanen en la consecución de un estatut igualitario, dentro o fuero del marco estatal actual y en el contexto de la comunidad internacional».

El IEC, presidido por Salvador Giner, se nutre de las generosas ayudas del Gobierno central (a través del Ministerio de Cultura) y de la Generalitat. Este año, esta entidad se situará como la tercera academia de España con mayor dotación económica, después de la Real Academia Española de la Lengua y la Real Academia de las Artes de San Fernando.

El Gobierno central también ha apoyado económicamente al IEC en proyectos concretos, como los 150.000 euros entregados para subvencionar una exposición sobre los «Países Catalanes», denominación que el mundo soberanista otorga a Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y sur de Francia. El Instituto también recibe ayudas de los departamentos de Presidencia, Cultura y Universidades (hoy integrado en Economía) de la Generalitat catalana. Así, el año pasado obtuvo 288.188 euros para realizar un registro e inventario de vidrieras catalanas. El ejecutivo catalán también estableció un contratos programa para el cuatrienio 2005-2008 con el IEC por valor de 30 millones de euros.

En los últimos años el IEC ha recibido:

- 976.480 euros para el IEC procedentes del Ministerio de Cultura durante 2011

- 985.570 euros fueron entregados en 2010

- 1.040.000 se le entregaron en 2009

- 30 millones de euros ha recibido entre 2005 y 2008 procedentes de la Generalitat, entre otras cosas para fomentar el catalán fuera de Cataluña.

Y así seguimos, mezclando amenazas con despilfarros nacionalistas y con un Presidente socialista del Gobierno, Zapatero, dispuesto a mantener este "tren de vida" de los políticos catalanes mientras el pago le sirva para conservar el poder.

MARRUECOS NOS "CHULEA" OTRA VEZ

La sección de Extranjería e Inmigración del Colegio de Abogados de Madrid ha hecho pública una nota en la que alerta de que Marruecos continúa expidiendo pasaportes irregulares en los que Melilla y Ceuta constan como territorio del reino alauí, según una información enviada por la Oficina de Extranjeros de las Islas Baleares.

Esta práctica se viene realizando desde hace varios meses y según el servicio de información telemática de la Oficina balear estos pasaportes irregulares siguen en circulación a pesar de que la Policía y el Ministerio de Exteriores tenían constancia de que Rabat había comenzado a emitir en julio pasaportes a ciudadanos marroquíes nacidos en Ceuta y Melilla en los que las ciudades autónomas aparecían como parte de Marruecos.

En la nota emitida por la Oficina balear se asegura además que “aunque estos documentos puedan considerarse como válidos para la identificación del titular, se deberán rechazar por un principio básico del Derecho Internacional como es el respeto a la integridad territorial de los Estados y a su soberanía”. “En consecuencia, los pasaportes marroquíes que recojan la mención Ceuta/Marruecos o Melilla/Marruecos no se admitirán como documentos de viaje ni como documentos identificativos para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería e inmigración”, explica el documento –colgado en la web del Colegio de Abogados–.

Este texto sigue las indicaciones realizadas ya en el mes de agosto por el Gobierno. Según  LA GACETA, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, informó a mediados de julio por carta a la Secretaría General de Asuntos Consulares de la existencia de esos documentos ilegales. El día 30 de ese mes la subsecretaria de Asuntos Exteriores María Jesús Figa –hoy cesada– contestó a Camacho que el Gobierno había realizado “las gestiones oportunas” y que “como resultado de las mismas, y de acuerdo con la información recibida por el consulado de Nador, las autoridades marroquíes” habían procedido a sustituir la mención “lugar de nacimiento: Melilla-Marruecos” por “Melilla exclusivamente, tal y como venía siendo práctica habitual”. Pero parece que aquella petición, realizada en tono diplomático, no se está cumpliendo y las autoridades marroquíes no cesan en su empeño de proclamar como parte de su territorio las ciudades autónomas.

En aquella ocasión, los policías que trabajan en la frontera recibieron instrucciones oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad y del director general de Asuntos y Asistencia Consulares para que estos pasaportes irregulares no fueran reconocidos como documentos de viaje válidos para tramitar visados. Sin embargo, la consigna oficiosa era que hubiese “flexibilidad” si detectaban estos documentos pues las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos se encontraban en verano en uno de sus momentos “más delicados”.

Según la denuncia de la Oficina de Extranjeros de Islas Baleares el órdago lanzado antes de verano por Marruecos debe ser frenado, pero desde Exteriores, después de seis meses, parece que no están por la labor de plantar cara a las autoridades del reino alauí. De hecho, ayer la ministra Trinidad Jiménez volvió a repetir que Marruecos es un país en el que se ha iniciado un proceso democrático. Hay que recordar que el gobierno marroquí se ha mostrado muy indignado porque Televisión Española ha informado de que la oleada de protestas en Túnez y Egipto podrían trasladarse a Marruecos (hoy ya se han quemado a lo bonzo dos profesores en ese país pero la policía ha evitado que su número ascendiera a 40, el contagio puede haber empezado aunque ese régimen corrupto y criminal censure la información exterior).

El Gobierno es consciente de que Rabat está cuestionando una vez más la soberanía de la Ceuta y Melilla a través de la expedición de sus nuevos modelos electrónicos de pasaporte, pero no emitirá una queja formal contra Rabat ni alertará a la comunidad internacional de la práctica irregular realizada por Marruecos. Con esta práctica los ciudadanos marroquíes podrán entrar en cualquier país de la Unión Europea con pasaportes en los que Melilla no consta como parte de España sino como territorio marroquí.

Una vez más Marruecos compromete la soberanía española de esas dos ciudades y logra que nuestro gobierno socialista, como viene siendo habitual en sus relaciones con el vecino africano, abandone la defensa de los intereses españoles y la integridad territorial de España. Y ya van.....

CATALUÑA COMO RÉMORA DE ESPAÑA

Cataluña amenaza los esfuerzos del Ejecutivo en su intento de paralizar y dismunir el déficit de las Comunidades Autónomas, según afirma en un artículo el diario británico Financial Times. Cataluña necesita conseguir de los mercados de deuda este año entre 10.000 y 11.000 millones de euros ya que ha ido sistemáticamente retrasando los pagos de las deudas contraídas con sus proveedores, incluso con las compañías farmacéuticas y que podrían ascender  a 3.000 millones de euros. A éstos hay que sumarles los 2.600 millones de déficit previsto para este ejercicio y, además, vencen entre 5.000 y 6.000 millones de euros en deuda, entre los que se incluyen los bonos ‘nacionalistas’ que Cataluña colocó “de forma desesperada” a finales del año pasado.

A pesar de que el Gobierno central ha hecho el esfuerzo de reducir el gasto para controlar el déficit público, la situación financiera de Cataluña “ayuda a explicar por qué el déficit de España alcanzó el año pasado el 9,2% del PIB”, asegura el rotativo, que subraya que las comunidades suponen la mitad del gasto público y tienen una deuda de más de 107.000 millones, de los cuales, 30.300 corresponden a Cataluña.

Esta comunidad autónoma superó en 2010 el límite de déficit del 2,4% que tenía establecido, de hecho, alcanzó el 3,6%, el desvío es superior a 7.000 millones de euros de gasto público. Ahora toca ajustar y el gobierno catalán ha presentado un plan estratégico que contempla la reducción del déficit del 3,6% actual al 1,3% a finales de 2011.

El periódico británico, que ha entrevistado a Andreu Mas-Collel, consejero de Economía de Cataluña, recuerda las palabras del presidente avisando a las comunidades de que deben controlar el gasto público, aunque también señala que Zapatero no ha empezado a hacer caso a los expertos sobre la importancia de reducir el gasto de las regiones autónomas hasta hace poco.

Las cuentas públicas y el control del déficit presupuestario enfrentan al Gobierno central, que debe reducir su nivel general de endeudamiento y convencer a los mercados de que su plan de ajuste fiscal funciona, y a CiU, que acusa al Estado de ahogar a Cataluña “premeditadamente”. Sobre este aspecto, el consejero de Economía de Cataluña ha dicho que cumplirán con el objetivo de déficit si el Estado le traspasa los hospitales. Por otra parte, hace unos días, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, dijo que “si Cataluña supera su objetivo de déficit, se limitarán sus emisiones de deuda pública”. 

Precisamente, el plan de ajuste presentado por la Generalitat pretende que su déficit para 2011 sea del 1,3% del PIB, cantidad que contemplan las previsiones macroeconómicas estatales. El déficit de 2010 aún no se ha concretado, aunque según los primeros datos podría rondar el 3,6%, el 50% más de la previsión que hizo el tripartito en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), antes de las elecciones autonómicas de noviembre.

¿Saben quién va a pagar el déficit de los manirrotos políticos catalanes? Pues fácil, el resto de los ciudadanos españoles a los que les restarán inversiones en sus zonas de residencia para que se entregue esas cantidades a los políticos catalanes, y así podrán seguir manteniendo sus embajadas, sus organizaciones y empresas autónomas (el doble de las que hay en Madrid con sólo un 20% más de población), su fomento de lenguas indígenas, y demás zarandajas.

GIBRALTAR "INVADE" AGUAS TERRITORIALES ESPAÑOLAS

Agua españolas apropiadas por Gibraltar

La práctica totalidad de las aguas del Estrecho han pasado a ser ‘propiedad’ de Gibraltar. El almirantazgo británico del peñón emitió en agosto una nueva carta náutica a la Unión Europea en la que amplía considerablemente su mar territorial. No ha habido ninguna respuesta institucional por parte del Gobierno español.

Pese a que los nuevos límites marítimos afectan a la navegación española, no ha habido ningún tipo de queja a las autoridades del peñón. 

El Gobierno gibraltareño ordenó la realización de unas prospecciones submarinas durante el verano en aguas no consideradas de su jurisdicción. Y, tras comprobar que ninguna autoridad española impedía dichas actividades, el almirantazgo británico decidió crear una nueva carta náutica atribuyéndose esa zona marítima.

En el documento, enviado a diversos organismos internacionales, incluyendo la UE, Gibraltar amplía sus dominios marítimos, antes limitados a las zonas del puerto y del aeropuerto, hasta hacerse con un espacio tres veces mayor al que poseía hasta agosto de 2010, sin que las autoridades españolas hayan protestado ni realizado acción diplomática o política alguna como reacción a esta "invasión".

Portavoces del Ministerior de Asuntos Exteriores justifican el silencio del Ejecutivo asegurando que “las cartas no son algo nuevo. Se vienen publicando desde hace décadas y no podemos responder a todas, porque la posición de España sobre las aguas del Estrecho es de sobra conocida por el Reino Unido”. Las mismas fuentes aseguran que las cartas náuticas “no tienen reconocimiento jurídico por parte del Estado que los edita, por lo que no lo consideramos un asunto grave”.

Sin embargo, los pescadores españoles en la zona, ahora están obligados a pagar por faenar en unas aguas que antes de agosto de 2010 no aparecían en la carta de Gibraltar. Las autoridades portuarias de la Roca sí han dado validez a la carta náutica británica, por lo que los buques españoles deben obtener nuevos permisos de navegación por la zona, con un coste medio de 300 euros. En Gibraltar existen cartas náuticas hechas por España y por los ingleses, pero luego en el puerto se aplica lo que dicen las autoridades del peñón. El Instituto Hidrográfico de la Marina es el encargado de delimitar el espacio marítimo de España. Voces autorizadas del organismo aseguran que “nuestras cartas y las que hace Gibraltar no coinciden. Nosotros ya les reconocimos en su día las aguas del aeropuerto y del puerto, pero ahora quieren más, y ponen todos los medios para conseguirlo”.

Además, los agentes de la Guardia Civil y los efectivos Salvamento Marítimo han recibido órdenes de no sobrepasar los nuevos límites marítimos establecidos por la carta náutica emitida por el almirantazgo británico, para evitar nuevos incidentes con la Royal Navy. La Guardia Civil afirma que “No hemos tenido ningún altercado con los ingleses en los últimos dos meses porque estamos muy pendientes de no entrar en lo que ellos denominan su zona. Si hubiera cualquier problema, nuestro Gobierno no nos iba a respaldar”.


Parece que no hay día que no conozcamos otra bajada de pantalones del Gobierno español, ese que prometió o juró defender a España y la Constitución, claro que si nuestros ministros de asuntos exteriores son inútiles ideologizados como Moratinos, o mucho más inútiles e ideologizados como Trinidad Jiménez ¿qué se puede esperar de ellos?

El Ejecutivo de Zapatero no puede seguir ocultando por más tiempo cuál es su estrategia diplomática en Gibraltar, si es que la hay. Y no puede porque por parte de la colonia británica es evidente que se está llevando a cabo una inadmisible política de hechos consumados, como este periódico —y el propio PP— ha denunciado. Los gibraltareños, con la anuencia del Reino Unido, avanzan desde hace meses sobre las aguas territoriales españolas ante la total pasividad de La Moncloa, y los españoles tenemos derecho a saber en virtud de qué oculta razón nuestro Gobierno cede silenciosamente la soberanía de una parte de nuestro territorio.

EL PER, UNA HISTORIA ¿REAL? AL MENOS PROBABLE

Aquí tienen un ejemplo de cómo los socialistas han conseguido mantener el poder absoluto en Andalucía durante treinta años:

Éramos cuatro en mi familia. matrimonio y dos hijos en edad de ir al instituto. Vivíamos en la ciudad y solo trabajaba uno de nosotros. Al mes entraban en casa 1.100 euros.

Nos hablaron del PER y pensando en ello decidimos vender el piso e irnos a un pueblo andaluz cuyo alcalde era un amigo de mis tiempos juveniles.

Hablé con mi amigo, vendimos el piso de la capital, de 3 dormitorios, por 245.000 euros. Compramos en el pueblo un trozo de finca de aproximadamente unas dos Has. de regadío y una casa de 4 dormitorios. Todo ello nos costó 205.000 euros.

Arreglamos todos los papeles con la ayuda de nuestro conocido el alcalde y nos apuntamos mi esposa y yo al PER.

Empezamos a recibir cada uno 600 euros x 2 = 1.200 euros al mes. Sin trabajar. Más de lo que ganaba al mes en la ciudad trabajando. Al tener con el PER todo el tiempo libre pude dedicarme a hacerlo en nuestra finca, en donde incluso teníamos animales domésticos.

De la finca empezamos a sacar dos cosechas anuales por un importe aproximado de 4.500 euros en cada cosecha. Eso sí, el trabajo lo hacíamos entre los dos, sin ayuda exterior y, claro está, sin pagar a la SS, ni impuestos, ya que éramos “pobres” obreros parados acogidos al PER.

Al final del año el ingreso de la familia se multiplicó,  y la crisis es para los demás.

¡Ah!, como oficialmente somos pobres, pobres, nos han dado becas para los niños y los tenemos en la ciudad con los abuelos estudiando. Cuando terminen los estudios, como ya serán mayores de edad, si no se colocan, nos los traeremos al pueblo y los apuntaremos al PER hasta que se coloquen: otros 1.200 euros al mes, y así sin problemas gracias al PER.

Cuando se nos acabe el PER nos haremos con las veinte jornadas que necesitamos y otra vez al PER. Y cuando llegue la jubilación, tanto mi esposa como yo la tenemos asegurada, ……¡¡¡Viva el PER!!!!

¡Ah! Y ahora en una cuentita ahorrando lo que podamos, por si se os ocurre votar mal y se nos acaba esto, tener un buen plan de pensiones.

Señores, sean espabilados y actúen, que si padecen crisis es porque quieren, no piensan o piensan poco.

Y cuando lleguen elecciones… ¿saben a quién votamos? .... Pues sí, a ese, ¿a quién si no?

¿Es mentira?  No lo sé, pero es factible con la legislación actual. A finales de los noventa yo tenía un amigo original del pueblo de Pinospuente, en Andalucía, que se había trasladado a trabajar a Madrid y que me contaba cómo funcionaba el PER en su pueblo, sistema  de subvenciones con el que en esa población no se molestaba nadie en trabajar, ni en buscar trabajo en otras poblaciones (menos mi compañero), y mucho menos aún pensaba nadie en crear su propia empresa, qué fatiga. Pero todos tenían un par de coches en casa y un nivel de vida que los madrileños de entonces considerábamos como "elevado". Meses después saltó a la luz el escándalo del PER en varios pueblos andaluces, entre ellos en éste.

Pero desde entonces, y hasta donde se ha publicado, la exigencia de la legislación y la inspección de las autoridades no parece que hayan ido en aumento.

En Castilla La Mancha existe otro procedimiento para sacar un dinero fácil sin necesidad de mucho esfuerzo. Si alguien tiene interés en conocerlo no tiene más que preguntar a la Junta cómo se obtienen las subvenciones por cambiar las tradicionales plantaciones de cereal por la reforestación, trabajo que requiere escasa dedicación y que proporciona interesantes ingresos anualmente por parte de la Junta de Castilla La Mancha. Yo probé una vez y obtuve la respuesta en 48 horas. Es factible, sólo hay que tener interés en hacerlo, y yo conozco a alguien que lo hizo y como él muchos en su pueblo manchego.

LAS NUEVAS GUERRAS E INTERVENCIONES HUMANITARIAS

LAS NUEVAS GUERRAS
Lo que yo denomino “nuevas guerras” es todo lo opuesto. Éstas son guerras que ocurren en el contexto de la desintegración de los Estados (especialmente Estados autoritarios bajo el impacto de la globalización). Son guerras libradas por redes de actores estatales, y no estatales, a menudo sin uniformes, a veces portando símbolos reconocibles como cruces o gafas de sol Ray-Ban, al modo de las milicias croatas y de Bosnia-Herzegovina. Son guerras en las que son  raras las batallas, donde la mayor parte de la violencia se dirige contra la población civil en consonancia con las tácticas de la contrainsurgencia y de la limpieza étnica. Son guerras donde se derrumban las recaudaciones tributarias y la financiación del esfuerzo bélico se realiza mediante el robo y el saqueo, el comercio ilícito y demás ingresos generados por la guerra. Son guerras donde la distinción entre combatientes y excombatientes o entre violencia legítima y criminal se difuminan. Son guerras que exacerban la desintegración del Estado —caída del producto interior bruto, pérdida de ingresos tributarios, pérdida de legitimidad, etc—. Ante todo, cimientan nuevas identidades sectarias (religiosas, étnicas o tribales) que socavan el sentido de una comunidad política compartida. De hecho, se podría incluso afirmar que éste es precisamente el sentido de estas guerras. Recrean el sentido de la comunidad política a través de nuevas líneas divisorias, mediante la promoción del miedo y el odio. Crean nuevas distinciones entre amigos-enemigos.

Las nuevas guerras violan deliberadamente todas las convenciones de las viejas guerras, además del nuevo corpus de legislación sobre los derechos humanos que se ha ido construyendo desde la II Guerra Mundial. La clave para tratar con las nuevas guerras tiene que ser la reconstrucción de la legitimidad política. Si las viejas guerras establecieron una noción de legitimidad en términos de la distinción amigo-enemigo, en las nuevas guerras esta distinción destruiría la legitimidad política. De ahí que la legitimidad política sólo se pueda reconstruir sobre la base del consentimiento popular y en el marco del Derecho Internacional. Esto implica promover la democratización en situaciones complejas o hacer uso de varios mecanismos internacionales y del derecho para apoyar tales procesos.

¿Existe aún un rol para la fuerza militar? La fuerza militar es necesaria para proteger a las personas y asegurar el cumplimiento de la ley. Carl Schmitt argumentaría que no puede existir una comunidad política sin enemigos. En aquellos casos en los que se recurre a la fuerza en nombre de la humanidad, el adversario ya no es un enemigo como tal, sino un forajido, alguien que amenaza la paz. Si Schmitt tiene razón, estamos ante un futuro desolador, una nueva guerra global y contagiosa es posible. Pero, si creemos que es posible mantener unidas a comunidades políticas con algo más allá del miedo, entonces se abriría una alternativa, una transformación del concepto del Estado, en el que los Estados dejarían de estar inherentemente ligados a la guerra, para operar dentro de un marco multilateral. Al argumento sobre la humanidad se le podría dar un vuelco.

Si empezamos a llamar a los terroristas enemigos, les otorgamos un estatus político; de hecho esto bien podría ser lo que pretenden. Yo considero más acertado verles como forajidos, como personas que quebrantan la paz, y hacer uso de los métodos policiales y de inteligencia para enfrentarse a ellos, y no el recurso de las viejas guerras.

REFORMULAR LAS GUERRAS
Clausewitz defined war as an ‘an act of violence designed to compel our opponent to fulfil our will.’ From that definition he derived his theory that war tends to extremes as each side tries to crush his opponent. I agree with much that has been written in the openDemocracy debate about conflict transformation and liberal peace but it seems that underlying the debate is an implicit assumption that war or armed conflict is indeed a  contest of wills.

I want to suggest an alternative definition. War is ‘an act of violence involving at least two organised groups framed in political terms.’ Defined in this way, war can either be a contest of wills or a mutual enterprise. If it is the latter, wars are likely not to be extreme but to be long and difficult to end.

Generating insecurity

A mutual enterprise could be political or it could be economic or it could be both. Violence is a way in which groups win political power not through defeating the enemy but through mobilising support on the basis of fear. Such groups construct ideologies to explain deep-seated social frustrations – poverty, insecurity, lack of opportunity – and to place the blame on the ‘other’. They turn themselves into protectors by generating the insecurity from which people need to be protected. Defeating the enemy is the justification not the goal of war. Indeed the warring parties share a mutual need for justification and consequently, they may actually reinforce each other. Through war and violence, the armed actors transform themselves from marginal extremists into mainstream power-brokers. By producing fear and hatred, they construct exclusive ethnic or religious ideologies that underpin their power.

Understood in this way, war is not about genuine grievances or ‘root causes’- it is about manipulating and instrumentalising grievance.

This interpretation can be applied to sectarian conflicts between, say, Serbs and Croats in the former Yugoslavia or Shi’ia and Sunnis in Iraq. The different parties are trying to carve out separate areas that they control politically rather than destroy each other. Indeed the existence of the other is necessary to justify their behaviour. They very rarely have battles. Violence is directed against civilians, not the so-called enemy. The main aim is to frighten, kill or expel those who disagree or who have a different ethnicity or nationality. In Bosnia Herzegovina, ordinary people understood the difference between ‘Chetniks’ (militant Serb nationalists) and Serbs or between Ushtashe (militant Croat nationalists) and Croats. In Baghdad, Sunni and Shi’ite groups did not actually attack each other. Sunni suicide bombers would enter a Sh’ite area and this would justify Shi’ite death squads who would kill ordinary civilians and take over Sunni parts of Baghdad.

Or take for example, Israeli attacks on Hamas. Israel cannot actually eliminate Hamas any more than Hamas can defeat Israel. Attacks on Hamas (that mainly kill Palestinian civilians including children) will not achieve security for Israel, only a permanent conflict that benefits the Israeli right and the defence industry. And vice versa, terrorist attacks on Israeli civilians do not bring a Palestinian state any nearer; they merely provoke further Israeli attacks that strengthen extremism. By attacking Hamas, Israeli governments are seen to be doing something and vice versa.

A profitable mutual enterprise?

Some of the mutual benefits may be economic. Contemporary conflicts are financed from a variety of means – loot, pillage, kidnapping, setting up check points, criminal activities like drug smuggling or human trafficking, ‘taxing’ humanitarian assistance or mobilising remittances from the Diaspora. It is often not clear whether these activities are about financing the war or whether war provides a cover for carrying on these activities. Is the war in Afghanistan really a contest of wills between the Karzai government and the Taliban? Or are the warlords in the government colluding with the Taliban in a profitable mutual enterprise based on drugs?

Of course most wars are probably a mixture of both. And the parties to the conflict probably believe they are engaged in a contest of wills; they certainly claim that is what they are doing. The point of redefining war in this way is that it offers quite different recipes for conflict transformation and peace-building. Because the so-called international community tend to think of war as a contest of wills they focus on reconciling the extremists rather than bringing together ordinary people. Indeed they hardly ever talk to ordinary people, partly because of their colonial mentality so vividly described by Oliver Richmond, and partly because they think that the extremists are the power brokers, which, in turn, reinforces their preset view of the war as a contest of wills. The paradox is that by so doing they legitimise the people with guns and disenfranchise everyone else.  If we think of war as a mutual enterprise, then a different strategy is required aimed at marginalising the extremists. It has to involve lifting the pall of fear so that ordinary people can discuss their needs and their future and can base their strategies on the everyday needs rather than cumbersome unworkable compromises among extremists, which is the typical outcome of this kind of approach. Dayton and Oslo are good examples.  Diana Francis offers us moving examples of what happens when young people from Bosnia Herzegovina or from Georgia and Abkhazia come together in situations where they are not afraid.

Both Diana Francis and Paula Green suggest that the problem in Kosovo is Kosovisation; the idea that the international community has favoured the Albanian majority and neglected the Serb minority. My view is that the problem is almost the opposite. The international community have been obsessed with ethnic relations, power-sharing and the issue of status and have totally neglected everyday needs. After ten years of international rule, Kosovo still does not have 24 hour electricity and water; unemployment is 70%; and there are no proper arrangements for garbage collection. Moreover, ethnic polarisation is even more entrenched. As Albin Kurti, the firebrand student leader, put it, UNMIK was obsessed with multi-ethnicity rather than people:

    ‘There are no people in Kosovo. There are only different ethnicities. Multi-ethnicity is the concept with which the lenses of the international community are built. What in modernity were ‘tribes’, in post-modernity are ‘ethnicities’. Since the year 1999 onwards, the approach as well as the starting point was ethnic. UNMIK identified, like in a terra nullus: Albanians, Serbs, Roma, Turks, Egyptians, Bosniaks, and Ashkalis. Therefore, it started from ethnic belonging, not from what is common, what is universal among people – not from their need for freedom, dignity, jobs, qualitative education, healthcare and social insurance.’

Fashionable solutions

It is now fashionable to argue that instead of imposing international norms, the international community should help to strengthen local structures. I agree with Shahrbanou on this issue. Very often what the international community regards as traditional structures are new institutions established by the warring parties. Both Kosovo and Afghanistan have been transformed by war and conflict and what was tradition has often been totally uprooted and reinvented in ways that may often be even more oppressive and violent especially to women and minorities than in the past. Kosovars, for example, ended blood feuds during the period of non-violent resistance; now blood feuds have been reinvented. Of course, there do have to be hybrid structures - people have to design their own institutions - but, in my experience, many ordinary people in conflict zones do not necessarily want to return to the past and welcome international support if it is about meeting needs and respecting human dignity and if it enables people to deliberate without fear.

This analysis also has implications for dealing with the greed element of contemporary conflict. Establishing a legitimate economy is often the key to ending violence. The Kimberly process for diamond certification was a hugely important factor in ending the wars in West Africa. What about the legalisation of drugs as a way to undercut the war in Afghanistan?

Actually violence is the opposite of conflict, as the French sociologist Michel Wievorka argues, “Violence shuts down conflict and makes it more difficult to address genuine grievances and ‘root causes’”. I agree, of course, with all those who say we have to eliminate war. But a way to start is to reconceptualise the nature of war.

INTERVENCIONES HUMANITARIAS
Si creemos en la igualdad de los seres humanos, también estamos a favor de la ampliación de la sociedad gobernada por leyes en el ámbito internacional, y en particular, la ampliación del derecho cosmopolita, es decir, el derecho internacional que se aplica a los individuos. Yo estoy a favor de la intervención humanitaria si se entiende como acción para el cumplimiento de la ley cosmopolita. Pero la intervención humanitaria, entendida de este modo, es muy distinta a la guerra. Los Gobiernos no pueden tomarse la ley en sus manos, de la misma manera que los ciudadanos no pueden decidir unilateralmente cuándo se viola la ley. Tiene que haber un conjunto de criterios acordados para decidir cuándo es adecuada una intervención humanitaria y cuándo hay que aplicar esos criterios.

La intervención humanitaria consiste en impedir las catástrofes humanitarias. El objetivo no es la victoria sobre otro colectivo, sino la protección de la gente y la detención de los criminales responsables de la catástrofe.

 
Por tanto, la intervención humanitaria es como la actividad policial, aunque requiera el uso de la fuerza militar. La guerra consiste en tomar partido, y las vidas de los soldados de un bando tienen prioridad sobre las de los civiles del otro. En la intervención humanitaria, el soldado arriesga su vida para salvar la vida de los civiles.

La Comisión Independiente Internacional en Kosovo. Esa comisión llegó a la conclusión de que la intervención en Kosovo fue ilegal, porque no había resolución del Consejo de Seguridad, pero legítima porque ayudó a resolver una crisis humanitaria y contó con un apoyo amplio de la comunidad internacional y la sociedad civil. La comisión también sostuvo que el vacío entre legalidad y legitimidad es muy peligroso y es necesario eliminarlo especificando las condiciones de la intervención humanitaria.

Confundir la guerra preventiva con la intervención humanitaria, como hace Blair, es la fórmula para la escalada de la violencia y para la polarización global. Hay tres polémicos aspectos de la intervención humanitaria: la autoridad legal, el umbral de abuso y la relevancia de los motivos. Aunque el marco de los derechos humanos se basa desde hace tiempo en la premisa de que los Estados no son de confianza, la Carta de la ONU dejó la tarea de autorizar la intervención humanitaria a esos mismos Estados no dignos de confianza.

Dejar la autoridad legal en el Consejo de Seguridad, que incluye a Rusia y a China, dos notorios agresores de los derechos humanos, casi garantiza la falta de acción, incluso en lugares en los que la amenaza para la humanidad es desproporcionada. 

 
Por otro lado, disolver el Consejo de Seguridad, tal como parece empeñado en hacer Bush, invita a la prevención, al caos y, en último extremo, a un baño de sangre probablemente mayor. Sin la reforma que debería haberse realizado en el Consejo hace mucho tiempo, necesitamos un mecanismo de repuesto para legitimar las intervenciones, que podría encontrarse tal vez en el secretario general, único organismo de la ONU con capacidad para ir más allá de los intereses de Estado.

Cuando se trata de decidir si los abusos contra los derechos humanos son tan flagrantes como para exigir una intervención, casi todo el mundo está de acuerdo en que el genocidio o los crímenes en masa contra la humanidad constituyen un umbral válido. Pero en la práctica, pocos consiguen ponerse de acuerdo sobre cuándo se ha traspasado ese umbral.

A la hora de evaluar una intervención humanitaria, un tercer punto de controversia incluye la cuestión de cuánto deberían importarnos los motivos del que interviene. Algunos exageran la importancia del motivo, negándose a apoyar cualquier intervención que no sea puramente humanitaria. Otros le restan importancia, alegando que las verdaderas intenciones de los Estados son imposibles de discernir y que, por tanto, lo que importa son los resultados humanitarios. Ambos planteamientos son erróneos. Los motivos importan no porque podamos esperar realmente que sean puros, sino porque el hecho de saber por qué interviene un Estado nos da un cierto poder de predicción: la importancia relativa que un Estado da a las preocupaciones humanitarias nos dice mucho sobre el punto al que estaría dispuesto a llegar para salvar vidas civiles, y la voluntad del agente interventor de continuar con la labor, e invertir el capital político, financiero y militar necesario para ofrecer un entorno seguro en nombre de aquellos por los que se ha iniciado la guerra. Naturalmente, una vez que ha terminado la guerra, los resultados importan. Y a la hora de juzgar los efectos a largo plazo de esas misiones, es importante no limitarse a medir los efectos humanizadores y deshumanizadores del país receptor, sino también los efectos que tendrá en la región, o en el país o países que intervienen, y en el sistema internacional.

Intervención humanitaria" es un nombre inapropiado, ya nos refiramos a ella como prescripción o como descripción. Lo que realmente queremos decir cuando hablamos de intervención humanitaria (o intervención por los derechos humanos, o la "responsabilidad de proteger", dos nuevas versiones de la misma fórmula) es guerra.

Nos referimos, claro está, a una guerra por una buena causa. Estas guerras se llevan a cabo para proteger a la población civil de agresiones externas cuando sus Estados se vienen abajo o por alguna otra razón no pueden o no quieren defenderla. También pueden emprenderse cuando un país es demasiado débil para reprimir los conflictos internos, como es el caso de Sierra Leona. Por último, pueden llevarse a cabo cuando el Estado mismo es el opresor, como en Kosovo.

Estas guerras pueden ser bienintencionadas y justas, pero llamemos a las cosas por su nombre, y no las higienicemos con el término intervención humanitaria. El admitir que lo que se requiere es una guerra sitúa el problema de si el uso de la fuerza es apropiado la consecuencia inevitable de ensalzar la intervención humanitaria como respuesta deseable a las guerras y a las crisis de refugiados será un nuevo orden colonial. En la mayoría de los casos, la acción militar consiste, en la práctica, en sustituir al Gobierno del país en cuestión por el Gobierno del interventor humanitario o por algún otro agente externo, que suele ser la ONU, o si no, un sustituto local que de hecho está controlado por el interventor externo. El hecho de que los intervencionistas humanitarios y los activistas de los derechos humanos sigan afirmando que esto no es un problema grave porque:

a) tienen las mejores intenciones, centradas únicamente en el interés de las víctimas, y
 

b) sólo actúan de acuerdo con la ley internacional establecida, es, como poco, un caso de amnesia histórica.

¿Quién se opondría a una intervención humanitaria, sobre todo si se trata de impedir el genocidio o crímenes en contra de la humanidad? Sin embargo, la Carta de Naciones Unidas prohíbe la injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros. Esta cláusula fue introducida por los fundadores de la organización internacional por dos razones: para respetar la soberanía de los Estados miembros y, más importante, para mantener la paz mundial. Los autores de la Carta no querían proporcionar a los Estados, o a los grupos de Estados, un pretexto para intervenir por motivos egoístas. De ahí la absoluta necesidad de que todas las intervenciones humanitarias sean aprobadas de antemano por el Consejo de Seguridad.
 
La intervención humanitaria es un principio noble que puede someterse fácilmente a la distorsión y al abuso. Al igual que otros nobles principios, como la democracia (que a menudo implica elecciones sin opciones) o la autodeterminación (que puede significar la ruptura de un Estado multicultural en favor de la dominación de una sola etnia o grupo religioso), puede ser una tapadera para la intolerancia y la agresión. El ampliar la doctrina más allá de la prevención del genocidio plantea una serie de problemas a los que la gente bienintencionada es reacia a enfrentarse.

Para que la intervención humanitaria sea más que un deseo piadoso de un mundo mejor, es necesario diseñar unos mecanismos realistas para la toma de decisiones y el cumplimiento de la ley. Esto implica el establecer no sólo un tribunal internacional con autoridad vinculante, sino también un Parlamento internacional y un cuerpo de seguridad. Y esto conlleva tanto la disminución de la soberanía de los Estados individuales como la creación de la soberanía de una entidad global que de momento es poco más que un cliché (la "comunidad internacional"). Pero hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:

Primero, los Estados que intervienen por meras razones humanitarias pierden el interés rápidamente y se vuelven a casa (como en Haití o Somalia); los que se quedan, casi siempre tienen motivos sospechosos.

Segundo, los agresores más atroces de los derechos humanos (la Alemania nazi, el Japón imperial, la Rusia soviética) rara vez se detienen ante las sanciones económicas, que suelen ser fáciles de esquivar. Pero sí los agresores de poca monta, como los caciques asesinos de África Central, dada su dependencia del petróleo internacional y los diamantes.

Tercero, si no se puede eliminar a los agresores, ayudemos a las víctimas. Muchos, puede que la mayoría, de los judíos europeos podrían haberse salvado en los años treinta si algún Estado les hubiera ofrecido asilo.

Cuarto, es más difícil y más importante construir una nación que destruirla. La intervención humanitaria sólo funcionará si hay un compromiso a largo plazo para construir algo mejor.

Quinto, las consecuencias no previstas suelen prevalecer. Las guerras humanitarias siguen siendo guerras, aunque limpiemos su imagen llamándolas intervenciones. Y éstas, invariablemente, crean nuevos problemas. Entre los más frecuentes están el del separatismo étnico y la violencia comunal. Los imperios austrohúngaro y otomano eran más tolerantes, justos y cosmopolitas que lo que les sustituyó.

Sexto, cuidado con las soluciones democráticas. La democracia es una planta que requiere cuidados a largo plazo y no enraíza en cualquier parte. Lo que importa no es que un Estado sea democrático (Atenas no lo era), sino que brinde justicia, igualdad y dignidad a sus ciudadanos. Al fin y al cabo, la democracia no es una solución, sino sólo un método.
 
Justificar las intervenciones militares con el propósito de imponer la democracia es una tapadera cínica del imperialismo o, si no, un acto de ingenuidad irresponsable. Los líderes de las grandes potencias no suelen ser ingenuos, aunque los ciudadanos sí lo son. Un caso que viene a cuento es que las autoridades estadounidenses han declarado que no permitirán que los fundamentalistas islámicos suban al poder en Irak ni siquiera si son elegidos libremente. Los entusiastas de la intervención humanitaria harían bien en tener en cuenta la primera lección que les enseñan a los estudiantes de medicina: sobre todo, evitad hacer daño.

LOS INDEPENDENTISTAS (NACIONALISTAS) EN ESPAÑA

Magnífico artículo de Carlos Herrera en ABC, EL CUENTO INDEPENDENTISTA, sobre los independentistas (nacionalistas) que encontramos en el Parlamento español. Por su interés aquí tienen un resumen:

Amenazar a estas alturas con la independencia de Cataluña tiene menos efectos que exhibir un matasuegras en cualquier sesión plenaria del Congreso de los Diputados: no sólo no asusta a nadie, sino que puede, incluso, excitar a unos cuantos deseosos de quitarse de en medio la monserga permanente de escuchar lamentos irritados. .... La independencia de Cataluña, la real, la efectiva, la que supone ponerse a la cola de los países que quieren entrar en la UE, la que significa tenerse que beber todo el vino criado en esa digna tierra, la que implica organizar una liga particular deporte por deporte, la que provoca perder decenas de puntos de su PIB, no interesa más que a unos cuantos espíritus simples e inflamados. Cualquier cabeza medianamente amueblada sabe que una declaración de independencia .... significa la ruina, el aislamiento sentimental, la anécdota histórica y el enfrentamiento civil,cuando no el éxodo o la huida. .... a los nacionalistas catalanes no les interesa la independencia, les interesa el independentismo, que es mucho más rentable. La independencia real significaría renunciar a un mercado natural, el español, que resuelve la venta del producto catalán, .... El independentismo ... es .... (la maniobra por la que) .... pronunciar las palabras mágicas que habrán de levantar a un pueblo indignado: «¡nos odian!».
Mediante la independencia llegaría una felicidad postural de no muy largo recorrido, pero mediante el independentismo llegan acuerdos políticos de interés nada despreciable: si los votos de CiU son necesarios para acabar la legislatura, excitarán el ambiente mediante proclamas medievales .... el gobierno será comprensivo y ellos lo saben. ....