Reducir un 30% la estructura de cargos políticos de los ayuntamientos españoles -contando también los puestos de asesores- permitiría ahorrar más de 100 millones de euros al año. Sólo en retribuciones de concejales, se evitarían más de 60 de gasto cada doce meses, según el estudio realizado por ABC a partir de los presupuestos de un representativo grupo de ayuntamientos españoles, los de las grandes ciudades y los de diversos municipios medianos.
España suma actualmente 68.286 concejales -8.084 de ellos son alcalde-. No está de más subrayar que gran parte de ellos no cobra por el cargo. Son aquellos que están al frente de los municipios más pequeños, a los que en la inmensa mayoría de los casos la política les cuesta tiempo y, a veces, hasta dinero.
En España hay casi 4.000 municipios de menos de 500 habitantes. En ellos, aplicar el recorte general del 30% de concejales anunciado por el Gobierno de Rajoy tendría un efecto económico inapreciable y, además, sería una medida de corto recorrido porque son escasos los puestos de concejales que tienen esas poblaciones. Sin embargo, la medida sí se notará en los ayuntamientos de mediano y gran tamaño, en los que las estructuras políticas son amplias, y también el coste que llevan aparejado.
Exceptuando los pequeños ayuntamientos, las retribuciones de alcaldes y concejales cuestan cada año más de 250 millones de euros, contando tanto las pagas que perciben como las cotizaciones a la Seguridad Social que hay que abonar por aquellos políticos que están a sueldo, ocupando el cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
Puestos de libre designación
A esos más de 250 millones de euros se añaden los salarios de una amplia lista de cientos de asesores, los puestos de personal de libre designación que incluyen las estructuras políticas de los ayuntamientos de mediana o gran entidad. Sumando esto, el gasto de conjunto se eleva ampliamente por encima de los 300 millones de euros al año. Hay que tener en cuenta, además, que hay alcaldes y concejales que compaginan estos cargos con otros como los de diputados provinciales o parlamentarios en Cortes regionales o nacionales.
La reforma impulsada por el Gobierno central va también en la línea de dar más homogeneidad en toda España a las «tablas salariales» de los cargos políticos de municipios de similar envergadura, ni hay equivalencia entre municipios con los mismos concejales, ni en proporción al número de habitantes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, con 57 ediles para una población de 3,3 millones de personas, se gasta en retribuciones de esos cargos públicos 3,75 millones de euros, lo que supone una media de 65.762 euros por escaño; el Ayuntamiento de Zaragoza, con 33 concejales para una población cinco veces menor (675.000 habitantes), 2,12 millones de euros, a una media de 68.492 euros por escaño. Y esto es sólo un ejemplo de los muchos que se encuentran al comparar ayuntamientos. Lo mismo ocurre con sus estructuras de asesores, el denominado personal eventual. Hay consistorios que se gastan mucho más que otros municipios con muchos menos habitantes.
Muchos a remunerar
La reforma planteada por el Gobierno de Rajoy para los cargos políticos de los ayuntamientos -que no podrá entrar en vigor antes de las elecciones municipales de 2015- surtirá su efecto económico más visible en los consistorios de mayor tamaño, sobre todo los de ciudades de más de 100.000 habitantes. Pero no hay que menospreciar el ahorro que tendrá en corporaciones locales medianas. No tanto por el ahorro neto que conllevaría en un ayuntamiento concreto, sino porque, por limitado que éste fuera, hay tal cantidad de consistorios que el agregado sí que arrojaría un ahorro considerable.
En España hay unos 250 ayuntamientos de ciudades que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes. Y, poco o mucho que cobren sus alcaldes o concejales, la suma total se eleva por encima de los 60 millones de euros anuales. También hay unos 350 ayuntamientos de municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, en los que el coste por retribuciones a miembros corporativos, por discretas que sean -como sueldo o en forma de dietas por asistencia a sesiones de pleno o de comisiones- suma también varias decenas de millones de euros al año.
Es decir: no es que cobren poco o mucho; es que hay tantos a cobrar que la suma se dispara. De ahí que la reducción de cargos pueda proyectar efectos en todos los niveles, tanto de municipios medianos -porque son muchos- como en los grandes -porque sus estructuras políticas son amplias-.
Madrid y Barcelona
Entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona, este año dedicarán siete millones de euros a retribuir a sus cargos políticos y otros 23 millones a pagar al personal de libre designación. La corporación barcelonesa la componen 41 ediles, mientras que la madrileña está integrada por 57 (1 por cada 40.121 habitantes en Barcelona, 1 por cada 57.894 en Madrid, una amplia diferencia). Pese a la abultada cantidad de dinero que se va en sueldos de concejales, lo que cuestan sus plantillas de personal de libre designación es más del triple.
Además, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos de grandes ciudades -Madrid y Barcelona no son los únicos- disponen también, para articular la acción de gobierno, la figura del «personal directivo», que cuenta igualmente con su propia partida en los presupuestos para pagar las remuneraciones que perciben quienes ocupan dichas plazas.
Las otras cuatro grandes
Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga son las otras cuatro ciudades más grandes de España, con una población que va desde los 568.000 habitantes que tiene la capital malagueña, a los alrededor de 800.000 de la valenciana (24.181, 21.303, 21.774 y 18.322 habitantes por concejal respectivamente, proporcionalmente más del doble de concejales que Madrid)). Entre estas cuatro, este año se gastarán algo más de ocho millones de euros en retribuir a sus alcaldes y concejales, y otros 11 millones al personal eventual de libre designación política, cifra a la que hay que añadir la estructura de puestos directivos de los respectivos gobiernos locales.
Casos muy variados
En el resto de ciudades españolas de mediano o gran tamaño, la casuística es de lo más variada. Por poner un par de ejemplos: el Ayuntamiento de Bilbao cuenta este año con un presupuesto de 1,8 millones de euros para retribuir a sus 29 concejales -alcalde incluido-, y 2,6 millones de euros para pagar a quienes ocupan puestos de libre designación. En el Ayuntamiento de Jaén, cuyo censo es una tercera parte que el de Bilbao, las retribuciones de cargos políticos ascenderán este año a 771.000 euros, más otros 282.300 para puestos de asesores.
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