EL EMPEÑO EN ACABAR CON ESPAÑA SÓLO PARA LLEGAR AL PODER

Arturito Mas, ese chulo de la política que se cree el Clark Gable de la piel de toro, "me tienen envidia por guapo" llegó a decir, sigue tensando la cuerda. Mientras los políticos catalanes arruinan esa comunidad con sus idioteces, culpan a Madrit y a España de sus desgracias, le piden que la rescaten, y exigen una hacienda propia con la que mangonear los impuestos que las empresas catalanas recaudan en toda España.

España corre el peligro de desaparecer, desangrada por esos diecisiete mini-estados autonómicos que han engordado a su costa a semejanza de las pulgas. Nacieron esos gobiernos territoriales con el presunto propósito de acercar la Administración al ciudadano y ofrecerle mejores servicios, pero el tiempo los ha convertido en parásitos insaciables. Unos más que otros, por supuesto. Tanto más dañinos cuanto mayor ha sido su ambición de acaparar competencias dotadas de los correspondientes recursos. Y sumamente gravosos para el contribuyente, a la par que destructivos, los que han dedicado gran parte de su dinero y el nuestro a sus políticas de «construcción nacional» consistentes en subvencionar la lengua vernácula en la cultura e imponerla en la educación a costa de discriminar al castellano y relegar el inglés a una «maría», abrir embajadas en el extranjero (unas cincuenta tiene Cataluña), dotarse de un remedo de Fuerzas Armadas en forma de policía autóctona, y demás disparates perpetrados mientras crecían por doquiera aeropuertos, palacios de congresos y trenes de alta velocidad innecesarios. En menos de cincuenta años se ha multiplicado por tres el número de empleados públicos, sin que el beneficio resultante para el ciudadano se aproxime remotamente a su coste. Los partidos se han convertido, con alguna honrosa excepción individual, en maquinarias destinadas a conseguir o conservar el poder. Y dado que éste nunca resulta suficiente para colmar todos los anhelos, han ido multiplicándose los pesebres en los que alimentar a tanta gente sumisa ansiosa por ser premiada. Hasta llegar a donde estamos, con un pie en el precipicio y el otro asomándose a él.

ESPAÑA ha vivido en plena borrachera, y hoy se halla en plena resaca. Borracheras mejor dicho, pues hubo varias, aunque dos en especial: la del euro y la nacionalista. La del euro nos convirtió de la noche a la mañana en ciudadanos de primera. De andar por el mundo con pesetas que apenas daban para alojamiento y comida, pasamos a manejar una moneda más fuerte que el dólar, que nos permitía encontrar todo barato. Nos convertimos de golpe en ricos sin serlo, pues el país seguía igual. Pero era agradable creérselo.


La borrachera nacionalista fue aún peor. Siguiendo la senda de Cataluña, todas las Autonomías reclamaron un «hecho diferencial», una «deuda histórica», un nuevo Estatuto-Constitución y atributos de Estado, con ministros-consejeros, centenares de consultores, millares de funcionarios, representación exterior, palacios de congresos, de deportes, AVE, aeropuertos, etcétera. Algo que Cataluña no podía consentir, y aparte de una «aerolínea de bandera», exigió un pacto fiscal como el vasco y pretendió presentarse en Bruselas como modelo financiero. Todo ello se ha ido al traste. En Bruselas le han recordado su condición «regional», la «línea de bandera» ha tenido que ser clausurada tras enormes pérdidas y las «embajadas» cuestan cientos de millones de euros anuales. A lo que hay que añadir la «proyección interior»: ayudas a los medios de comunicación y demás promoción de la cultura catalana, por la que se va un río de dinero. Sin que valga decir que se debe a la desastrosa herencia del tripartito, pues la cosa viene desde Pujol, que Mas ha asumido. 


Total, que pese a los recortes de éste, Cataluña tiene una deuda de 42.000 millones de euros, la mayor con mucho de las Autonomías, con pagos inmediatos de 5.755 millones, que no puede afrontar. Por lo que no va a tener más que pedir ayuda al Gobierno español, que éste se muestra dispuesto a concederle. Desde allí insisten en que no se trata de un rescate. Pura lingüística: como en el caso español ante Bruselas, si se recibe un préstamo es siempre con condiciones. Insisten también en el «pacto fiscal», hoja de parra para tapar sus vergüenzas: saben perfectamente que, aunque quisiera, Rajoy no podría dárselo por prohibírselo Europa, que camina hacia la normalización fiscal.


La crisis deja meridianamente claro que Cataluña está como España: las mismas deudas, las mismas corrupciones, los mismos problemas, las mismas excusas, los mismos callejones sin salida. Lo que significa que Cataluña es España, dicen algunos. Pero si de la borrachera económica le saca a uno el amoniaco de la realidad, la borrachera nacionalista tiene peor arreglo. Es más, temo que los nacionalistas, tras haber gobernado Cataluña despendolados durante tres décadas, culpen a España de su situación. Artur Mas lo hizo ayer. Su última mentira. El nacionalismo catalán insiste en que sus males provienen de España aunque sea en España donde busca la solución.


El nacionalismo catalán se ha encontrado de bruces ante dos problemas muy conflictivos para su orgullo identitario: el primero que Cataluña está en quiebra, y el segundo que sólo puede afrontarla mediante el enojoso trámite de solicitar ayuda al Estado español. Para digerir el mal trago de esta bandera blanca financiera los soberanistas han levantado al mismo tiempo la que mejor saben enarbolar, que es la de la reclamación de más autonomía amparada en el tradicional bucle victimista. El talismán ficticio del pacto fiscal encubre con disfraz reivindicativo un fracaso político que, en justicia, no cabe atribuir sólo a Convergencia i Unió porque el tripartito le dejó en herencia una ruina inasumible. Pero en vez de negociar con honestidad un acuerdo honorable, la Generalitat ha preferido la amenaza de echar el carro por las piedras y abrir la caja de Pandora del independentismo. Siempre la fuga hacia adelante basada en la idea de que todos los males catalanes proceden de España. Incluso cuando toca aceptar, con los dientes apretados, que en este caso también está en España la única solución a su alcance.


En este juego del embudo los nacionalistas han sacado su vena más fenicia. Piden ayuda y se hacen los ofendidos. Quieren lo suyo sólo para ellos y repartir entre todos lo de los demás. Con una mano piden como panacea la soberanía fiscal que impugna de forma expresa la solidaridad constitucional entre las autonomías, y con la otra reclaman su derecho -que lo tienen, claro- a acogerse al Fondo de Liquidez que el Gobierno ha dispuesto con dinero de todos los contribuyentes españoles… y de los jugadores de Lotería. La evidente contradicción la combaten agarrados al falaz argumento de que España les perjudica, cuando no directamente les roba. El Estado opresor de los independentistas vascos se transforma para sus correligionarios catalanes en el Estado ladrón. Nadie dirá allí que una Cataluña independiente sería hoy una Cataluña en suspensión de pagos.


La estrategia de presión de Mas va dirigida a lograr que el Gobierno pague y calle sin meterse en camisas de once varas ni enviar los «hombres de gris» de Montoro. Se trata de escapar de la intervención cortando a base de alharaca soberanista cualquier tentación gubernamental de meter mano en el detalle del gasto, lo que supondría de facto una humillante suspensión parcial del autogobierno. Nada demasiado diferente, en el fondo, de lo que el propio Gabinete central reclama a los socios europeos: un crédito blando sin contrapartidas que evite el conflictivo término de «rescate». Sólo que España lo hace reclamando más Europa y Cataluña aprovecha para reivindicar menos España. Porque puede y le dejan, claro; si Rajoy amenazase en Bruselas con salir de la Unión monetaria correría serio riesgo de que algunos presuntos aliados cediesen a la tentación de tomarle la palabra.

LA QUIEBRA DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Ha publicado El Mundo una columna de Jorge de Esteban que merece ser reproducida hasta nuestros políticos abran los ojos y asuman la realidad.

Ya no cabe que disimulemos lo obvio, ni que miremos para otro lado, debemos afrontar la realidad tal como es, porque no podemos seguir corriendo tras los hechos para intentar alcanzarlos. No hay más remedio que pararse y aceptar lo que tenemos delante, con el fin de resolver el embrollo que nos envuelve, reconociendo de una vez que el Estado de las autonomías, que surgió de la Constitución de 1978, ha fracasado rotundamente, convirtiéndose más bien en el Estado de las anomalías.

Ahora bien, es conveniente no sólo hacer el diagnóstico de esta aberración constitucional que padecemos, sino también conviene explicar las causas por las que se creó. Las razones, sin que nos remontemos al siglo XIX, que es la fecha de donde partió el problema que todavía nos acecha, fueron cuatro en los inicios de nuestra actual democracia. En primer lugar, se trataba de resolver la cuestión de las reivindicaciones de los vascos y catalanes, algo que el propio Rey, en el discurso de su proclamación el 22 de noviembre de 1975, había ya sugerido. En segundo lugar, tras la llegada del presidente Tarradellas a Madrid en el año 1977, y de la restauración de la Generalitat de Cataluña, se intentó generalizar las autonomías para evitar la susceptibilidad de los medios más conservadores del régimen franquista, todavía en pie, a través de las llamadas preautonomías, antecedente de lo que vendría más tarde. Sin embargo, hay que señalar que además de estas dos primeras razones, había dos más que eran defendibles desde una perspectiva meramente democrática. En efecto, en tercer lugar, la adopción de las autonomías tenía la pretensión de acercar la administración a los administrados, mediante la descentralización del poder. Y, por último, también cabía defenderlas en razón de que podían ser un instrumento válido para acortar las diferencias económicas entre las regiones españolas, sacando a algunas del subdesarrollo económico y cultural en que se encontraban secularmente.

Pues bien, ninguna de estas razones se ha cumplido satisfactoriamente, salvo si acaso la última, pues no cabe duda de que regiones como Extremadura o Canarias, por poner algún ejemplo, se han beneficiado en cierto sentido del Estado de las autonomías. Pero dicho lo cual, no hay más remedio que afirmar que en su conjunto el Estado autonómico, ha fracasado, como, por ejemplo, se acaba de poner de manifiesto en un curso de la Fundación Denaes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el que yo he participado. Pero, los testimonios de este fracaso nos lo ofrecen todos los días los periódicos y, en especial, la opinión pública de los españoles, que por fin se han dado cuenta de dónde procede la mayor parte de su desastrosa situación económica y de la senda que nos lleva al temido «rescate».

Conviene, por tanto, que entremos ahora en el diagnóstico de las razones de por qué ha fracasado un modelo de Estado descentralizado, que era bastante viable, y hasta beneficioso, si se hubiera regulado su diseño de forma racional y estable. La primera de las razones de su fracaso es la que se refiere, como digo, a su insuficiente regulación en el título VIII de la Constitución. Ciertamente, los constituyentes podían haber optado por un modelo concreto de los que ya existían en Europa para descentralizar el Estado, como podía ser el portugués, con dos regiones autónomas y el resto del territorio peninsular descentralizado administrativamente; el italiano, con 20 regiones autónomas, pero cinco de ellas con más competencias que las demás; y, por último, el alemán, en donde todos los Estados miembros tienen parecidas competencias. Sin embargo, no se siguió ninguno de esos tres modelos, sino que siguiendo el funesto ejemplo de la II República, se decidió crear un Estado descentralizado a trompicones y de manera desigual. Las consecuencias de ese sistema abierto, progresivo y nunca terminado, ha contribuido definitivamente a llevarnos a la situación actual. Porque, además, en segundo lugar, la concurrencia de ese sistema continuo de regateo competencial de las comunidades autónomas creadas, se agudizó al máximo, por permitir en nuestro sistema electoral la existencia de partidos nacionalistas, en las Cortes Generales, que es una característica anómala en los Estados federales que funcionan.

En tercer término, cabe afirmar que en la dialéctica que es propia de todo Estado federal, entre las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, el ideal radica en la búsqueda de un equilibrio armónico entre ambas tendencias. Ahora bien, en España ha existido un elemento distorsionador que ha favorecido absurdamente el centrifuguismo, que paradójicamente no ha sido otro que el propio Tribunal Constitucional, cuyas muchas sentencias, especialmente la que se refiere al Estatuto de Cataluña, y a las legalizaciones de los partidos pro-ETA, Bildu y Sortu, no han hecho más que perturbar la lealtad federal o constitucional, que es necesaria en los Estados de este tipo.

Pero no sólo eso, sino que la diversidad de las competencias que han asumido las diferentes comunidades autónomas, han comportado, en cuarto lugar, que se haya establecido una situación de confusión en el funcionamiento general del Estado, dejando al Gobierno Central prácticamente sin competencias, o, dicho de otro modo, convirtiendo al Estado-aparato en un cascarón vacío. Como era de esperar, en quinto lugar, la reivindicación permanente de competencias, llevaba aparejada el aumento continuo de las clases políticas regionales, que han convertido a España en el país europeo con mayor número de políticos por metro cuadrado. Además, se ha ido fomentando la creación de empresas públicas, de televisiones autonómicas y organismos inoperantes, la mayor parte de los cuales con la única finalidad de emplear a simpatizantes, amigos y parientes.

Todo ello, en sexto lugar, fue favorecido por la modificación de la ley de las cajas de ahorro, que fueron invadidas por los políticos y sindicalistas locales, conllevando la corrupción y el despilfarro. La consecuencia ha sido que nuestras comunidades autónomas se han convertido en la mayor fábrica de déficit del Estado, hasta el punto de que ya no podemos continuar con este sistema de autonomías, de las que se ha perdido todo control, como se demuestra por el intento de rebelión encabezado por Cataluña en los momentos actuales, sin que ni siquiera nadie haya aludido al artículo 155 de la Constitución, que se hizo para algo. Semejante situación -y eso es lo peor- la conocen ya perfectamente las instituciones europeas, el Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y, especialmente, lo que se llama metafóricamente los mercados. De ahí que mientras que no se resuelva este galimatías, España no saldrá de la recesión, por muchos parches que ponga el confuso Gobierno actual.

Sin embargo, nada de esto habría ocurrido si la Constitución hubiese establecido con claridad cuáles eran las comunidades autónomas, sus respectivas competencias, y las propias del Estado. Por el contrario, no sucedió así, dando comienzo una carrera hacia el desguace del Estado. Muchos, sin embargo, desde el primer momento afirmamos la necesidad de que se acabase el diseño del Estado. En mi caso, por ejemplo, siendo subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, sugerí al ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, la conveniencia de llevar a cabo una ley que estableciese el diseño final del Estado, puesto que la reforma de la Constitución en aquellos momentos no era viable. De este modo, Calvo-Sotelo cayó en la cuenta y se redactó la llamada Loapa, que trataba de llevar a cabo ese cometido en algún sentido. Pero los nacionalistas vascos y catalanes recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste en una de sus desafortunadas sentencias, siempre influidas por los partidos nacionalistas, anuló varios artículos de la misma. Si esa ley, o incluso otra parecida, se hubiera impuesto, junto con el acuerdo de los dos grandes partidos, España hubiese podido tener un Estado descentralizado que habría sido beneficioso para el país. Pero no fue así.

De este modo, hemos llegado irremediablemente a la actual situación, en que después de los ocho años de Gobierno del presidente Zapatero, las cosas se degradaron al máximo. La esperanza que se había depositado en el presidente Rajoy, en el Partido Popular, por el momento han defraudado ampliamente a todos los españoles. Nos encontramos en una situación cada vez peor, pero no sólo desde el punto de vista económico, sino también psicológico. Los españoles ya no confían en nadie o, mejor dicho desconfían de todo y de todos, y, a su vez, nadie fuera de España confía en nosotros. El Gobierno tenía que haber elegido entre reorganizar o desmantelar el Estado de las autonomías, o reducir cada vez más, con recortes y subida de impuestos, el Estado de Bienestar, en perjuicio de los españoles más necesitados. Pues bien, fatalmente eligió la segunda opción, que nos lleva claramente al abismo. Pero, se quiera o no, el Estado de las autonomías ha fracasado ya estrepitosamente, y será necesario reorganizarlo en profundidad, o incluso suprimirlo, si nos lo exigen nuestros deudores y socios europeos, porque la soberanía nacional es ya una entelequia jurídica. Sea lo que fuere, o entramos en un momento constituyente para revisar nuestra Constitución o depositamos a ésta en el almacén de los objetos perdidos.

SANTIAGO PATRÓN DE ESPAÑA Y DE LA CABALLERÍA

Hoy es el día de Santiago, patrón de España y de la Caballería, así que es conveniente hacer un pequeño recordatorio de esta leyenda hispana que ayudó a forjar esta nación de la que ahora reniegan tantos españoles, empezando por la mitad de sus políticos.

Cercanías de Clavijo (La Rioja), 23 de mayo del año 844: «A este tiempo se apareció Santiago sobre un fuerte y hermoso caballo blanco. A su vista se animaron briosos los cristianos y se amedrentaron tanto los infieles que, cobardes, volvieron las espaldas, huyendo desordenados, dejando el campo lleno de cadáveres moros y corriendo arroyos de su sangre que, se dice, llegaron hasta el río Ebro, que dista de aquel sitio dos leguas». Relatos como este, atribuido al historiador de principios del siglo XIX José González de Tejada, o heroicas escenas como la que ilustra este reportaje, pintada por José Casado del Alisal en 1885, han tenido a lo largo de los siglos una influencia enorme en la formación de la identidad nacional española.

Muchos han sido los historiadores, de toda tendencia y condición, que han venido rastreando los orígenes y repercusiones de la leyenda de esta batalla de Clavijo, en la que, según se ha contado desde la Edad Media y hasta no hace mucho, confundiendo ficción con realidad de una manera prodigiosa, se apareció el apóstol de España a lomos de un gran caballo blanco, espada en ristre y, a gritos de «¡Dios ayuda a Santiago!», se puso a cercenar cabezas de moros en auxilio de los cristianos.

Los hechos se han narrado siempre de forma gloriosa, al estilo de la prosa densa y partidaria de la Edad Media. El «caballero andante de Dios», ló llamó Cervantes. Y con ellos se impregnaron el espíritu de toda la Reconquista, inspirándose además el nacimiento de varias órdenes militares, algunas de la cuales han llegado hasta nuestros días a grito del famoso «Santiago y cierra España».

El «Tributo de las Cien Doncellas»

Cuentan que el Rey Ramiro I de Asturias, hijo de Alfonso II «el Casto», se negó en el 844 a seguir acatando el bochornoso tributo establecido por los sarracenos a sus antecesores, bajo la condición de que no les atacaran. Según este impuesto, conocido como el «Tributo de las Cien Doncellas», los reyes de Asturias debían enviar anualmente a Córdoba 100 doncellas cristianas, 50 nobles y otras tantas plebeyas. Avergonzado por semejante deshonor, Ramiro decidió ponerle fin.

El Rey reunió entonces a toda la región y formó un poderoso ejército, con el que se lanzó contra los musulmanes en Albelda (Logroño). La derrota fue tan dura que se vio obligado a correr a esconderse en Clavijo, a 17 kilómetros de Logroño, con los pocos hombres que habían quedado vivos. Pero allí acorralado, sumido en la desesperanza, cuentan los relatos que se le apareció el Apóstol Santiago en sueños para anunciarle su presencia en la batalla que tendría que librarse al día siguiente.

El encuentro tuvo lugar, según se cuenta, en las laderas del monte sobre el que se alzó después el castillo de Clavijo. Los cristianos, agotados y diezmados, se lanzaron sin temor contra el infiel convencidos previamente de su victoria, gracias a que su Rey les había dicho que Santiago el Mayor aparecería para batallar a su lado. Alfonso X el Sabio incluso reproduce en su «Primera Crónica General» (1270) las palabras del Apóstol a Ramiro I en sueños: «Sepas que Nuestro Señor Jesucristo repartió entre todos los apóstoles todas las provincias de la tierra. Y a mí sólo me dio España para que la guardase. Rey Ramiro, esfuérzate en tu oración y se bien firme y fuerte en tus hechos, que yo soy Santiago. Y ten por verdad que tú vencerás mañana con la ayuda de Dios a todos esos moros…»

Santiago, el «Matamoros»

Al rato de comenzar la contienda, cuando parecía ya perdida para los cristianos, surgió de repente un jinete desconocido sobre un gran caballo blanco, despidiendo resplandores y blandiendo una espada de plata con la que, en un abrir y cerrar de ojos, decapitó a 70.000 enemigos. Muchos más que todos los combatientes juntos. El valeroso ataque le valió para los restos el sobrenombre de Santiago el «Matamoros».

Algunos relatos hablaron de esta batalla como «la primera en la que se hizo una invocación a España» y se convirtió en una de las claves para que actualmente entendamos el movimiento jacobeo en el país, convirtiendo particularmente a Santiago de Compostela en uno de los lugares de peregrinación por excelencia de los cristianos, al mismo nivel que Jerusalén y Roma.

La influencia que tuvo el relato de lo ocurrido en Clavijo en la mitología patria fue tan grande que, en pocos años, se multiplicaron las intervenciones de Santiago Apóstol en batallas y escaramuzas contra la morisma por toda la Península, con incontables réplicas locales surgidas, por lo general, en los ambientes eruditos del Siglo de Oro.

Como la Batalla de Coímbra en 1064, descrita en el Códice Calixtino recientemente aparecido, donde el patrón de España vuelve a intervenir en favor de las tropas de Fernando I. Su intercesión conseguirá que, a partir de aquella fecha, la Reconquista fuera considerada Guerra Santa. Las apariciones del Santo recorrerán todo el territorio peninsular mezclándose la realidad con la devoción en la Historia oficial.

LAS BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA. UNA VEZ HUBO HÉROES

Sin la victoria de los españoles en las Navas de Tolosa en julio de 1212, no existiría ninguna de las instituciones que en 2012 ha considerado más importantes sus componendas, pillajes, vergüenzas y desvergüenzas, y hasta conmemorar la Constitución de Cádiz o la incorporación final de Navarra a la Corona. En las Navas no se dirimió un equilibrio circunstancial de poderes y riquezas, sino un enfrentamiento directo entre dos civilizaciones, en la vanguardia de una de las cuales estaba España. Por cierto que en la vanguardia de la vanguardia, es decir al frente de la hueste central cristiana, estaba el señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, fiel vasallo de su señor el rey de Castilla como (casi) siempre han sido los vascos.

El 14 y 15 de julio de 1212 ya estaban dispuestos en el campo de batalla entre 50.000 y 120.000 musulmanes dirigidos por el califa, llamado Miramamolí, que moriría un año después de la derrota y entre 20.000 y 75.000 cruzados franceses, tropas aragonesas, catalanas, navarras templarios, de los reinos de Castilla y Portugal, además de maestros del Temple y de San Juan. Los cristianos habían aparcado sus propias disputas territoriales, respondiendo a la llamada a la cruzada contra los almohades del Papa Inocencio III y aún con la gran derrota de la Batalla de Alarcos en la mente, hacía apenas veinte años, en la que Alfonso VIII no quiso esperar refuerzos cristianos. El 19 de junio de 1212 salieron de Toledo las huestes cristianas. En su camino tomaron las plazas musulmanes de Malagón, Calatrava, Alarcos y Caracuel. Aquí se les unió el ejército de Sancho de Navarra, con sólo 200 caballeros. Tras una escaramuza en el Puerto del Muradal, el choque definitivo se producirá junto al lugar llamado Mesa del Rey.

En el ejército cristiano, unos 12.000 hombres divididos en tres cuerpos, el rey de Aragón mandaba el ala izquierda, correspondiendo el centro al castellano y la derecha al navarro. En primera línea se colocaron las respectivas vanguardias, con los ejércitos y costaneras en el centro y las zagas mandando las retaguardias. Los musulmanes, unos 10 o 12.000, instalaron su campamento en el Cerro de las Viñas, con la infantería al frente y la caballería ligera en los flancos. Detrás se situó la caballería pesada almohade, con la zaga musulmana guardando el campamento del Califa. 

Las primeras luces del día 16 de julio de 1212 ponen en marcha el avance cristiano, hostigado por una lluvia de flechas. Pronto la vanguardia chocó con las defensas musulmanas, que se cerraron sobre ella, causando numerosas bajas. Al ver retroceder a los cristianos, los musulmanes rompieron su formación para perseguirles, lo que fue un grave error táctico. En ese punto, los tres reyes con sus mesnadas, lo más granado del ejército cristiano, se lanzaron por el centro que la caballería enemiga había dejado abierto. Al poco quedaron rotos tanto el frente almohade como su zaga, produciéndose su desbandada. Los cristianos se lanzaron sobre el campamento enemigo, aplastando a la guardia musulmana y poniendo en fuga al califa. La batalla había terminado. 

La victoria en las Navas de Tolosa aumentó la presión cristiana sobre los musulmanes. Por el reino de Aragón, Jaime I conquistó Mallorca e Ibiza, así como el reino de Valencia. Fernando III de Castilla ocupó la baja Extremadura, Sevilla, Córdoba, Jaén y Murcia, mientras que Sancho IV toma Tarifa. Por su parte, Portugal completa la conquista del Algarve hacia 1250. 

Ha habido conmemoraciones, más privadas que públicas y más locales que nacionales, en Las Navas de Tolosa, en Roncesvalles, en Aldea del Rey y hasta en Pamplona. Pero ha faltado la Corona, ha faltado el Gobierno y en consecuencia los políticos de primera fila se han dedicado a otras actividades veraniegas. Nadie recordó el pasado día 10 que era el aniversario de la muerte del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar; las autoridades locales comentan con decepción que ha vuelto a pasar lo mismo que al conmemorarse en 2008 el aniversario de la batalla de Bailén.

Todas las comunidades humanas necesitan, si han de perdurar, unos mitos compartidos que vertebren su identidad. Lo peculiar de España es que ha hecho mitos de acontecimientos históricos que no necesitaban cambios para retratar la personalidad colectiva de muchos siglos y generaciones. Quizá por eso entre nosotros no hay más dragón que el de Montserrat, y por eso no hemos necesitado una construcción tan imaginativa como la de Israel ni tan endeble como las de casi todos los Estados surgidos en el último siglo, o dos. Mitos, sin duda, pero fundados en hechos, desde Numancia a Pompeyo, de Recaredo a don Pelayo, del Cid a las Navas, de Caspe a Granada, y así. Y por eso mismo la negación y destrucción de la identidad española tiene un problema particular, que es que no basta a sus enemigos identificar sus mitos y calificarlos como tales, sino que han de promover la negación y el olvido de la verdad histórica.

Antes ya de que existiese el concepto moderno de nación existía España, y era la memoria de las Navas un pilar de su identidad. Un mito, sí, pero uno que no necesitaba como otros temer la investigación histórica sino, al revés, podía permitirse promoverla. De hecho, es muy de notar que hasta la Constitución vigente reconoce, y no pretende crear, esa identidad y esa unidad: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»; de los españoles, no de sus representantes, ya que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Defender los cimientos de esa unidad no es por tanto para ninguna autoridad pública una opción, sino un deber, puesto que sin tal identidad desaparecería la legitimidad misma de todos los cargos, carguitos y cargüelos.

Las Navas de Tolosa era una batalla debidamente recordada en nuestras escuelas, pero no lo es ya en los planes de estudios que padecemos, donde todo lo precontemporáneo y no sectario es despreciado. Las Navas de Tolosa era una batalla conmemorada sin interrupción en toda España y aún fuera de ella, puesto que españoles de todas partes vencieron allí juntos y todos sus descendientes nos beneficiamos hasta el día de hoy de aquella victoria; ya no es así, puesto que se miente sobre lo que pasó o sencillamente se niega y olvida, para dar aliento a mitos e identidades sin fundamento en el pasado pero con sustento en los nuevos reinos de Taifas en que vivimos.

Europa, nos dicen, ha entrado en la era post-nacional "exaltada por los herederos de la reconstrucción y por los turiferarios del patriotismo constitucional teorizado por Jürgen Habermas, obsesionados por la ideología del mestizaje, que persiguen todas las formas de culturalismo o de esencialismo, invocando el advenimiento de una Europa desencarnada, dirigida por un universalismo abstracto". Como recordaba Jean de Lothier en el último número de Diorama Letterario, la nación moderna sirvió en sus orígenes al liberalismo, pero en las últimas décadas, en general, tanto el socialismo marxista como el liberalcapitalismo han optado por lo genéricamente humano y por la negación de las identidades naturales; en consecuencia, han empezado por negar los hechos y los mitos fundacionales de tales identidades en la tradición europea.

En consecuencia, ante las Navas, negar lo que sucedió, falsificarlo o relegarlo a un rincón de la vida colectiva no es sino un paso más hacia la destrucción de la identidad española, con la complicidad del gobierno del PP, antesala de la reducción de Europa a un inmenso rebaño de individuos hipotecados, dispuestos a llamar libertad a su sumisión individual e irreversible y a su falta de verdaderas libertades. Don Claudio Sánchez Albornoz identificó España con una permanente opción por lo cristiano, lo europeo y lo occidental, de la que esta batalla no es sino una muestra grandiosa. Desde luego que a las distintas formas de materialismo actual, incluso el de nuestros personajes y políticos, conviene más el individualismo de Américo Castro. Sólo que no tenía razón.

DESPILFARRO A NIVEL LOCAL PARA MANTENER A POLÍTICOS GORRONES

Reducir un 30% la estructura de cargos políticos de los ayuntamientos españoles -contando también los puestos de asesores- permitiría ahorrar más de 100 millones de euros al año. Sólo en retribuciones de concejales, se evitarían más de 60 de gasto cada doce meses, según el estudio realizado por ABC a partir de los presupuestos de un representativo grupo de ayuntamientos españoles, los de las grandes ciudades y los de diversos municipios medianos.

España suma actualmente 68.286 concejales -8.084 de ellos son alcalde-. No está de más subrayar que gran parte de ellos no cobra por el cargo. Son aquellos que están al frente de los municipios más pequeños, a los que en la inmensa mayoría de los casos la política les cuesta tiempo y, a veces, hasta dinero.

En España hay casi 4.000 municipios de menos de 500 habitantes. En ellos, aplicar el recorte general del 30% de concejales anunciado por el Gobierno de Rajoy tendría un efecto económico inapreciable y, además, sería una medida de corto recorrido porque son escasos los puestos de concejales que tienen esas poblaciones. Sin embargo, la medida sí se notará en los ayuntamientos de mediano y gran tamaño, en los que las estructuras políticas son amplias, y también el coste que llevan aparejado.

Exceptuando los pequeños ayuntamientos, las retribuciones de alcaldes y concejales cuestan cada año más de 250 millones de euros, contando tanto las pagas que perciben como las cotizaciones a la Seguridad Social que hay que abonar por aquellos políticos que están a sueldo, ocupando el cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

Puestos de libre designación

A esos más de 250 millones de euros se añaden los salarios de una amplia lista de cientos de asesores, los puestos de personal de libre designación que incluyen las estructuras políticas de los ayuntamientos de mediana o gran entidad. Sumando esto, el gasto de conjunto se eleva ampliamente por encima de los 300 millones de euros al año. Hay que tener en cuenta, además, que hay alcaldes y concejales que compaginan estos cargos con otros como los de diputados provinciales o parlamentarios en Cortes regionales o nacionales.

La reforma impulsada por el Gobierno central va también en la línea de dar más homogeneidad en toda España a las «tablas salariales» de los cargos políticos de municipios de similar envergadura, ni hay equivalencia entre municipios con los mismos concejales, ni en proporción al número de habitantes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, con 57 ediles para una población de 3,3 millones de personas, se gasta en retribuciones de esos cargos públicos 3,75 millones de euros, lo que supone una media de 65.762 euros por escaño; el Ayuntamiento de Zaragoza, con 33 concejales para una población cinco veces menor (675.000 habitantes), 2,12 millones de euros, a una media de 68.492 euros por escaño. Y esto es sólo un ejemplo de los muchos que se encuentran al comparar ayuntamientos. Lo mismo ocurre con sus estructuras de asesores, el denominado personal eventual. Hay consistorios que se gastan mucho más que otros municipios con muchos menos habitantes.

Muchos a remunerar

La reforma planteada por el Gobierno de Rajoy para los cargos políticos de los ayuntamientos -que no podrá entrar en vigor antes de las elecciones municipales de 2015- surtirá su efecto económico más visible en los consistorios de mayor tamaño, sobre todo los de ciudades de más de 100.000 habitantes. Pero no hay que menospreciar el ahorro que tendrá en corporaciones locales medianas. No tanto por el ahorro neto que conllevaría en un ayuntamiento concreto, sino porque, por limitado que éste fuera, hay tal cantidad de consistorios que el agregado sí que arrojaría un ahorro considerable.

En España hay unos 250 ayuntamientos de ciudades que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes. Y, poco o mucho que cobren sus alcaldes o concejales, la suma total se eleva por encima de los 60 millones de euros anuales. También hay unos 350 ayuntamientos de municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, en los que el coste por retribuciones a miembros corporativos, por discretas que sean -como sueldo o en forma de dietas por asistencia a sesiones de pleno o de comisiones- suma también varias decenas de millones de euros al año.

Es decir: no es que cobren poco o mucho; es que hay tantos a cobrar que la suma se dispara. De ahí que la reducción de cargos pueda proyectar efectos en todos los niveles, tanto de municipios medianos -porque son muchos- como en los grandes -porque sus estructuras políticas son amplias-.

Madrid y Barcelona

Entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona, este año dedicarán siete millones de euros a retribuir a sus cargos políticos y otros 23 millones a pagar al personal de libre designación. La corporación barcelonesa la componen 41 ediles, mientras que la madrileña está integrada por 57 (1 por cada 40.121 habitantes en Barcelona, 1 por cada 57.894 en Madrid, una amplia diferencia). Pese a la abultada cantidad de dinero que se va en sueldos de concejales, lo que cuestan sus plantillas de personal de libre designación es más del triple.

Además, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos de grandes ciudades -Madrid y Barcelona no son los únicos- disponen también, para articular la acción de gobierno, la figura del «personal directivo», que cuenta igualmente con su propia partida en los presupuestos para pagar las remuneraciones que perciben quienes ocupan dichas plazas.

Las otras cuatro grandes

Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga son las otras cuatro ciudades más grandes de España, con una población que va desde los 568.000 habitantes que tiene la capital malagueña, a los alrededor de 800.000 de la valenciana (24.181, 21.303, 21.774 y 18.322 habitantes por concejal respectivamente, proporcionalmente más del doble de concejales que Madrid)). Entre estas cuatro, este año se gastarán algo más de ocho millones de euros en retribuir a sus alcaldes y concejales, y otros 11 millones al personal eventual de libre designación política, cifra a la que hay que añadir la estructura de puestos directivos de los respectivos gobiernos locales.

Casos muy variados

En el resto de ciudades españolas de mediano o gran tamaño, la casuística es de lo más variada. Por poner un par de ejemplos: el Ayuntamiento de Bilbao cuenta este año con un presupuesto de 1,8 millones de euros para retribuir a sus 29 concejales -alcalde incluido-, y 2,6 millones de euros para pagar a quienes ocupan puestos de libre designación. En el Ayuntamiento de Jaén, cuyo censo es una tercera parte que el de Bilbao, las retribuciones de cargos políticos ascenderán este año a 771.000 euros, más otros 282.300 para puestos de asesores.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NOS ROBAN. DESPILFARROS SIN FIN.

Partido Popular y Partido Socialista se repartieron en el primer semestre del año 2012 cerca de 25 millones de euros en subvenciones para gastos de funcionamiento ordinario, según publicó este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla las ayudas que recibieron todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

Días después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al mayor recorte de la historia de la Democracia, subida de impuestos incluida, el BOE difundió las subvenciones públicas que han percibido los principales partidos durante el segundo trimestre de 2012 para hacer frente a sus gastos ordinarios de funcionamiento según sus resultados electorales. Sumada esta cantidad a las ayudas que ya percibieron los partidos en el primer trimestre de este año, el total supone que, por ejemplo, el PP, con 186 diputados en la Cámara Baja, haya obtenido del Estado 15.355.090 euros solo en estos primeros meses del año. Una cantidad que se duplicará de aquí a diciembre.

El PSOE que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba, que debido a la drástica reducción de subvenciones y a la pérdida de poder territorial en las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales se ha visto obligado a presentar un ERE para un tercio de su plantilla, ha recibido casi la mitad de lo ingresado por el PP: 8.761.208 euros.

Los socialistas, sin embargo, reciben más ayudas del Estado a través del Partido Socialista de Cataluña (PSC), que figura como formación diferenciada a la hora de lograr las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior y que ha sumado, hasta junio de 2012, otro millón de euros (1.311.468 euros). Parecido caso le ocurre al PP en Aragón, donde concurrió a las elecciones junto al Partido Aragonés (PAR) y donde recibe otro medio millón de euros (428.987 euros).

A los dos grandes partidos les sigue, por orden de votos y de subvenciones, Izquierda Unida, con un millón y medio de euros (1.477.960 euros) más otros 30.668 en Aragón, donde concurrió a las elecciones junto con la Chunta Aragonesista. Convergencia Democrática de Cataluña, por su parte, ha recibido en este primer semestre 1.096.708 euros.

El partido de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha ingresado, por este concepto, 1.237.774 euros, mientras que la izquierda abertzale ha logrado, a través de la coalición Amaiur, un total de 535.886. Les siguen el Partido Nacionalista Vasco, con 463.498 euros; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 337.092 euros; Iniciativa Per Cataluña-Verds (ICV), 358.996 euros; el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), 236.748 euros yCoalición Canaria, 198.782 euros. Otra formación minoritaria como Unión del Pueblo Navarro han obtenido, por su parte, 182.362 euros; mientras queCompromís y Geroa Bai han recibido 149.848 y 71.474 euros, respectivamente.

Un 20% menos que en 2011

A pesar de lo abultado de las cifras, las subvenciones de 2012 a los partidos suponen un 20% menos de lo que percibieron el año pasado, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura y ratificaron después el resto de los partidos con la reforma de Ley de Financiación de los Partidos Políticos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se comprometió entonces con PSOE y CIU a que el Ejecutivo no volvería a tocar la asignación a los partidos. Una promesa que, sin embargo, el nuevo ajuste adicional presentado por Rajoy en el Congreso se ha llevado por delante. Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales sufrirán otro recorte del 20% en las subvenciones que recibirán en los Presupuestos Generales del Estado en 2013.

El ‘tijeretazo’ compromete seriamente la situación económica del PSOE, que teme, según reconoce la propia dirección, que el recorte obligue a efectuar otro ERE entre los trabajadores de Ferraz.

Pues sólo un 20% menos sigue pareciendo demasiado para unos partidos que nos han arruinado y que llevan sangrándonos muchos años. Que se mantengan con las cuotas de sus afiliados y recaudaciones de fondos, y si no son capaces de mantenerse que desaparezcan,

DESPILFARROS QUE NO SE RECORTAN

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asustó el lunes un poco más a los funcionarios españoles, y Rajoy los remató el miércoles con los mayores recortes de la historia de la democracia, bien es verdad que impulsado por el caos económico heredado de la administración del impresentable e inútil de Zapatero.

El caso es que hay regiones que se han adelantado a Montoro, como la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ya elevó de 35 a 37,5 horas la jornada laboral de los funcionarios. Una medida que irritó a muchos empleados públicos madrileños. Especialmente a los que trabajen en el Ayuntamiento de la capital y manejen algunos datos que afectan al Consistorio: por ejemplo, que la corporación municipal costea el sueldo de nada menos que 254 asesores. Éstos se consideran “personal eventual” y se clasifican en tres grupos: los “adscritos a Presidencia del Pleno”, los “adscritos a grupos políticos municipales” (PP, PSOE, IU y UPyD) y los “adscritos al Gobierno y Administración”.

Para Presidencia (tres asesores) se asigna un presupuesto de 146.095 euros; para los partidos (90 asesores) hay 3,6 millones; y para el Gobierno y la Administración (161 asesores, el grupo más numeroso), 8,3 millones. En total, 12 millones de euros, lo que supone una media de 50.000 euros por persona, si bien esta cifra puede variar en función de cada contrato. A este personal eventual sí le afectan y le afectarán los decretos aprobados contra los funcionarios –reducción salarial, aumento de horas, supresión de los “moscosos”-  con el fin declarado de contener el déficit y la deuda públicos. La única diferencia entre unos y otros: la mayoría de los 254 asesores no llegó al cargo por oposición.

El capítulo asesor fue abordado en enero y publicado un mes después en la web del Ayuntamiento. La alcaldesa, Ana Botella, lo presentó como una muestra ejemplar de austeridad, porque informó del ahorro de un millón de euros con la poda de 18 altos cargos y asesores en el nuevo equipo post-Gallardón (quien a su vez acometió otro recorte en junio del año pasado). Pero poco se ha hablado desde entonces de los dos centenares y medio que quedan, máxime en un contexto de recortes al funcionariado por imperativo de Bruselas.

Algunas áreas están bastante más nutridas de personal eventual que otras. La cifra de 23 empleados en el Área de Comunicación del Ayuntamiento (cuya retribución total es de 1.143.000 euros) contrasta con la de Urbanismo y Vivienda, con cinco, o la de Empleo, con 14. Cada uno de los 21 distritos cuenta con dos asesores excepto el de La Latina, que recibe tres.

También hay diferencias entre los partidos. El PP tiene 31 concejales y 38 asesores; el PSOE 15 concejales y 32 asesores. IU seis concejales y 16 asesores (la que más por edil); y UPyD cinco concejales y cuatro asesores (la que menos, si se tiene en cuenta que el PP también trabaja con los adscritos a la Administración).

Madrid no es la única que tira fuerte de personal eventual. El número de asesores en el ayuntamiento de Barcelona también ronda los 200 (con una población casi cuatro veces inferior a la de Madrid). Valencia los redujo a 46 tras un drástico recorte que dejó sin puesto a la mitad. Ayuntamientos como el de París tienen limitado su número a 40. Y ni siquiera se completa el cupo: la capital francesa solo mantiene a 36.

Mientras tanto, suben el IVA, bajan los sueldos, suben las horas de trabajo....., pero sus asesores, diputados, senadores, y demás ralea que cobran miles de euros mensuales siguen manteniendo el número, las prerrogativas, las prebendas y la explotación de los contribuyentes.

LA SENTENCIA DEL T.E.D.H. DE ESTRASBURGO A FAVOR DE ETA

Reproducimos aquí una columna publicada en El Confidencial por José Antonio Zarzalejos, sobre la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

"Desde ayer, la economía española está prácticamente intervenida. Pero la soberanía jurisdiccional de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, no lo está. Tampoco el cuerpo de doctrina que forman las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional como garante de la correcta interpretación de la Carta Magna. De tal manera que Inés del Río Prada, asesina etarra condenada a 3.000 años de cárcel por la comisión de 23 crímenes, no saldrá de prisión hasta el 17 de julio de 2017. De ningún modo debe hacerlo antes de esa fecha porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haya dictado una desdichada sentencia que para el Estado español sólo tiene valor declarativo y, en su caso interpretativo, pero no revocatorio de las sentencias firmes de nuestros tribunales, como bien ha puntualizado reiteradamente el propio Tribunal Constitucional.

La potestad jurisdiccional prevista en el artículo 117 de la Constitución no se ha compartido mediante tratado internacional alguno -mecanismo previsto en el artículo 93 de la CE- y, por lo tanto, el de Estrasburgo es un tribunal internacional pero no supranacional y no forma parte de la pirámide jurisdiccional del Estado español. Este tema se ha debatido hasta la saciedad con un amplio y transversal consenso de catedráticos y magistrados.

No hay tratado para que los terroristas puedan ser liberados por tribunales internacionales cuando cumplen condena en España y bajo la responsabilidad de la administración de justicia y de las autoridades penitenciarias de nuestro país. O sea, no hay caso

Aunque la naturaleza no casacional de las resoluciones de Estrasburgo resolvería cualquier duda al respecto, debe añadirse que la sentencia ni siquiera es firme y cabe recurso de apelación a la Gran Sala. Un recurso que gozaría de muchísimas posibilidades de prosperar. No entraré en tecnicismos, pero la sección del Tribunal que se ha pronunciado contra la aplicación de la doctrina Parot comete el error de confundir una norma penal -evidentemente nunca retroactiva- con la jurisprudencia del Supremo sobre el cumplimiento de las penas que puede aplicarse en cualquier momento, como estableció el Constitucional español. El TC sólo admitió que la reinterpretación del cumplimiento de las penas no debía afectar a los presos que dispusieran del licenciamiento firme de su condena (3), pero no a los demás (30), de tal suerte que la doctrina Parot está vigente en España, diga lo que diga Estrasburgo.

Teniendo en cuenta que en España no hay condena perpetua -y sí la hay en varios países de la Unión Europea-, que es lo que merecería una delincuente que ha segado con alevosía la vida de 23 ciudadanos, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo debía habernos sugerido que la implantemos para estos grandes criminales en serie, en vez de ponerse estupendo con argumentos ramplones y perfectamente desmontables para enmendar la plana a la Audiencia Nacional, al Supremo y al Constitucional español. Es difícil encontrarse con una resolución de tan mala calidad técnica y expositiva como la dictada por el Tribunal de Estrasburgo (y aquí no escribe, permítanme la puntualización, el periodista, sino el abogado) que confunde norma con doctrina jurisprudencial, no tanto por incompetencia, cuanto por las muy diferentes y disímiles culturas jurídicas de los magistrados que componen la sección del organismo. De ahí que las resoluciones de este Tribunal sean con frecuencia tomadas por los distintos países a beneficio de inventario; en otras, resulten ininteligibles y no falten ocasiones en que parecen extravagantes.

La dictada a instancias de la reclamación de Inés del Río es indicativa de cómo los garantismos estéticos pueden conducir a la impunidad, total o parcial, y al distanciamiento de la opinión pública de los tribunales que no aplican la materialidad de la ley sino su mera formalidad. Pero nos ha sido muy útil la dichosa sentencia. Para comprobar que Amaiur se alegra de la resolución; para advertir que su portavoz -Mikel Errekondo- no condenó ayer el asesinato de Miguel Ángel Blanco; para reiterar que al PNV le va la equidistancia acomodaticia y para auscultar las muchas contradicciones de la izquierda que -desde el punto de vista cívico y ético- sólo tenía una obligación: apoyar al Gobierno cuando declaró, a través del ministro del Interior, que la etarra no sería excarcelada. Y no debe serlo hasta el 17 de julio de 2017. No hay tratado para que los terroristas puedan ser liberados por tribunales internacionales cuando cumplen condena en España y bajo la responsabilidad de la administración de justicia y de las autoridades penitenciarias de nuestro país. O sea, no hay caso".

Pero Zarzalejos olvida algunas cosas en este artículo, hemos llegado a este lugar por la desidia de nuestros políticos que miraban a otro lado tras los asesinatos, desprecio a las víctimas por ser militares o policías, entreguismo a los partidos nazi-onanistas para poder gobernar, traición a las víctimas como empleados públicos, antiespañolismo desbordante y cobardía personal e institucional de los partidos políticos españoles, de todos, porque ninguno planteó en su momento una reforma del Código Penal que permitiera mantener en prisión a los etarras, porque no reflejaron en un artículo del CP una doctrina similar a la "doctrina Parot".

Olvida que los socialistas presionaron al Tribunal Constitucional para que legalizara a los etarras, creando un clima político que ha sido favorable para llegar a esta sentencia.

Olvida que estamos en pleno proceso de reinserción de etarras asesinos, lo que favorece el clima político favorable a esta sentencia.

Y olvida.... olvida tantas cosas que da un poco rubor ver como levanta la voz en defensa de la dignidad de las víctimas y del sistema jurídico español, sin realizar simultáneamente una acusación a esta vergüenza de políticos que en desgracia tenemos en España.

El Código Penal franquista de 1973 permitía, efectivamente, redimir la pena mediante el trabajo realizado en prisión. Concretamente, un día por cada dos días trabajados (art. 100). Por otra parte señalaba que la duración máxima de la pena (por muchos crímenes que se hubieran cometido) no podía exceder de 30 años (art. 70). Los señores diputados de nuestra democracia mantuvieron el mismo régimen sin modificar ni una coma durante más de treinta años, hasta el famoso Código Penal de la Democracia de 1995, que suprime la reducción de la pena por trabajo, pero que lógicamente no podía resolver la situación de forma retroactiva. La mala pata es que esta terrorista cometió sus innumerables crímenes en el breve interregno. Mientras tanto, el TS había considerando que la reducción por trabajo se aplicaba a la pena máxima de treinta años, que se entendía como una nueva pena a los efectos de la aplicación de los beneficios penitenciarios (STS de 8 de marzo de 1994, en base al RD 1201/1981), y así se había venido aplicando sin fisuras en multitud de casos con anterioridad a esa sentencia y, lógicamente, tras ella.

Mientras se mantenía este régimen penitenciario, que ahora se considera tan liviano y escandaloso, y se rechazaban las reclamaciones para endurecer las penas a los terroristas como demagógicas, los gobiernos de turno de la UCD y del PSOE se implicaban en una guerra sucia contra ETA por el que les aplicaban la pena de muerte sin reforma legal ni juicio previo. Esa actitud es exactamente lo que esconde este caso, evitar la responsabilidad política que implica actuar conforme a las reglas del Estado de Derecho si se puede arreglar el asunto de otro modo menos comprometido. El problema es que, si bien mientras todo eso quedaba en casa, donde las reglas están contaminadas, no pasaba casi nada, cuando sales fuera y te sometes al juicio de uno que se las cree de verdad, te dan para el pelo.

Cuando después de muchas horas de esforzado trabajo resultó que esos terroristas habían redimido un montón de días y que estaban a punto de salir a la calle sin llegar a ver cumplidos ni veinte años de prisión, pese a toda la sangre derramada, saltaron las alarmas en la opinión pública. Así que, primero el TS (STS 28-2-2006), variando su doctrina anterior, y luego el TC (STC 69/2012, entre otras) preocupándose más por la política que por el Derecho, como desgraciadamente suele ser aquí habitual, quisieron evitar ese escándalo del que la clase política española era la única responsable, e hicieron una interpretación forzada de las normas con la finalidad de evitarlo. El recurso buscado era muy sencillo: deducir los días por horas trabajadas no de la condena máxima efectiva (los treinta años) que en realidad es un máximo de cumplimiento y no una nueva pena, sino de cada una de las penas a medida que se vayan cumpliendo. En fin, que si lo hubiera sabido el etarra (condenada a tres mil años de cárcel) hubiera que tenido que quitarle muchas más horas al sueño para aspirar a salir en ese momento.

Al Tribunal de Derechos Humanos no le ha costado mucho demoler esta tesis. En primer lugar el Tribunal señala que esa nueva doctrina sentada en la sentencia del TS de 2006 contradice radicalmente la que había mantenido en su precedente de 1994, fundamentada en base al art. 59 del Reglamento General Penitenciario de 1981, reiterada con posterioridad a la entrada en vigor del CP de 1995 en otras (que consideraban también la pena máxima como una nueva pena) y que había sido mantenida sin fisuras por los tribunales de instancia. Recuerda también que el art. 7 de la Convención no sólo consagra el principio de irretroactividad, sino también de legalidad, que implica que la infracción y su sanción debe quedar perfectamente definida por la ley, lo que engloba su interpretación jurisprudencial. 


En consecuencia, en el momento en el que se cometieron los delitos, y también en el momento en que se decidió la acumulación de las penas, el Derecho aplicable, incluida su interpretación jurisprudencial, estaba formulado con suficiente precisión como para que la condenada pudiese hacerse una idea razonable de la pena impuesta y de las modalidades de su ejecución (par. 55). El cambio de criterio convierte en inoperantes todos los beneficios acumulados por trabajo durante esos años, por lo que no puede considerarse que afecte meramente a las modalidades de ejecución de la pena, sino a la pena misma, en cuanto supone añadir nueve años de prisión a los ya cumplidos (par. 59). Es obvio que la irretroactividad de la ley penal no lo permite. Todo ello al margen de que la nueva doctrina deja completamente sin sentido la reducción de penas por trabajo previstas en el denostado CP de 1973 (par. 60). La sentencia puede ser recurrida pero las posibilidades de éxito parecen escasas.

MÁS LEGALISMOS SOBRE GIBRALTAR

Recientemente el culebrón interminable de Gibraltar ha vuelto a nuestras pantallas, en parte por un empeño personal del ministro de asuntos exteriores de cambiar la política española del anterior gobierno, y en parte por la arrogancia del primer ministro gibraltareño de mostrar a España cuáles son sus armas. En este post de ¿Hay Derecho?, sin embargo, se trata de profundizar en las razones (jurídicas y políticas, entre otras) de la pervivencia de un conflicto que probablemente sería impensable en otro país de Europa, sobre todo si se llamaran Francia o Alemania. De nuevo surge la presunción de que España sí es diferente, al menos a la hora de plantear una política exterior sólida y coherente, que no sufra vaivenes y lagunas innecesarias a lo largo del tiempo en los asuntos fundamentales, eso que se denomina un tanto presuntuosamente “asuntos de Estado”.

El Tratado de Utrecht de 1713 es el título de propiedad que puede exhibir Gran Bretaña para alegar que Gibraltar le pertenece, un título que curiosamente nunca ha sido denunciado por España ni política ni jurídicamente, a pesar de que se trata de un Tratado extraño que ponía fin a una guerra extraña, la de sucesión española, entre Gran Bretaña por un lado, y Francia (que apoyaba a los borbones) y España por otra. Era un Tratado extraño porque pocos saben que no lo pudo negociar España directamente, contraviniendo así una de las claves fundamentales de cualquier proceso de negociación internacional y de los principios fundamentales del derecho: que no puede imponerse un acto a nadie sin ser escuchado directamente o a través de sus representantes legales. Lo cierto es que Luis XIV, a la sazón rey de Francia, no permitió el paso por territorio francés de los plenipotenciarios españoles que trataban de acudir a Utrecht y negoció el Tratado directamente con la Reina de Gran Bretaña en nombre del Rey de España, su nieto. Resulta claro que el rey Borbón de Francia no representó adecuadamente los intereses españoles y que impuso más tarde su voluntad a un joven e inexperto Felipe V que todavía se debía más a su ascendencia francesa y su familia que a ser un rey realmente español. De hecho, Francia en el mismo Tratado se limitó a ceder a Gran Bretaña algunos territorios menores de ultramar, tal vez aprovechando que lo que querían los británicos, por razones estratégicas de defensa, era la joya de la Corona: el peñón.

Hubiera bastado este hecho para haber denunciado posteriormente en algún momento la validez del Tratado, pero los sucesivos, mayormente timoratos, gobiernos españoles al parecer tenían cosas mejores que hacer. Aquí se centra uno de los vicios jurídicos del problema: España ha renunciado desde siempre (y de forma cuando menos un tanto discutible) a plantear la cuestión de la soberanía sobre Gibraltar ante los tribunales internacionales (cabe recordar que también cedió Menorca en el mismo Tratado, aunque posteriormente fue recuperada por el Tratado de Amiens de 1802), y ello a pesar de que en más de una ocasión posterior ha sido aliado de Gran Bretaña (por ejemplo contra Francia) y hoy son socios de la UE y la OTAN. De hecho, a pesar de grandes declaraciones, a Gran Bretaña lo único que le interesa es su base militar, una base militar en el territorio de un aliado de la OTAN, sin su consentimiento, de pandereta.

En la base del Tratado de Utrecht se encuentran asimismo dos de las características que impedirán históricamente la normalización de España: una forma de gobierno (que gira en torno a una monarquía extranjera) siempre discutida y el problema de la unidad nacional. Es decir, conviene decirlo, si España hubiera contado con una casa real propia (y no de un país competidor) y no se hubieran cuestionado de forma exacerbada los fueros de algunos territorios, no habría habido guerra de sucesión y Gibraltar seguiría siendo español. Y es que esta es una importante lección que dudosamente los españoles aprenderán algún día: España lleva años con discusiones internas que la debilitan fuera como nación y nuestros competidores se saben aprovechar de ello mientras que los españoles, nacionalistas o no, perdemos peso en el mundo.

Llegados a este punto podría sorprender que se haya hablado del Tratado de Utrecht como título jurídico de propiedad y no como título político de soberanía, pero es que el propio Tratado establece esa condición, y así el tercer párrafo de su artículo X establece que:

“Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le parecie­re conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”.

Estos hechos nos demuestran que la cuestión jurídica de Gibraltar tiene muchas aristas que desbordan el mundo del derecho internacional público o la diplomacia, y esta característica puede explicar por qué España ha sido hasta la fecha tan poco eficaz en su lucha (jurídica) para recuperar Gibraltar, o al menos por qué los británicos se encuentran muy cómodos con nuestra política errática y corta de miras.

En este contexto, conviene recordar un aspecto que a veces se ignora, y es que no se trata tanto de entrar en la dialéctica de si Gibraltar es español o no hoy, sino recordar con firmeza que Gibraltar sí ha sido español, jurídica y políticamente al menos desde 1492, es decir durante más de 230 años. Este hecho no es baladí sino que por el contrario tiene varias consecuencias políticas y jurídicas:

1/ cuando se firma el Tratado de Utrecht, existían ciudadanos españoles viviendo en Gibraltar, con derechos de propiedad legalmente válidos sobre los terrenos del peñón, que fueron expulsados por los británicos sin muchos miramientos y sin que se les pagase ninguna compensación o indemnización ni por el gobierno británico ni por el español. Esto es, con la base de un título de guerra de derecho internacional se acometieron una serie de expropiaciones sin indemnización.

2/ como en el caso de otras colonias británicas discutidas (Islas Malvinas) se sustituyó la población autóctona por nuevos colonos en lo que se conoce en términos de derecho internacional como “población impuesta o postiza”. Consecuencia: la población  actual de Gibraltar no tiene derecho a reclamar la autodeterminación o la independencia, como a veces se dice sin que nadie del gobierno español aparezca en los medios para discutirlo. Conclusión añadida: la política de comunicación en este asunto puede calificarse de inexistente o claramente mejorable

3/ en tercer lugar, el hecho de que se tratara de un territorio plenamente perteneciente a un Estado legal y políticamente asentado como era España en el 1713, con población permanente y con derechos, lo convierte en un caso singular no equiparable a otros territorios “pendientes de descolonización”, por más que se presuma de éxito de la diplomacia española haber conseguido que la ONU lo venga considerando como tal, desde 1963 y a instancias de Bulgaria y Camboya. Gibraltar es colonia porque así lo ha considerado Gran Bretaña internamente, pero no porque encaje en un concepto jurídico internacional al uso, aunque para vergüenza nuestra se trate en este caso de la única colonia pendiente de descolonización en Europa. Alternativamente, cabría plantear que se trata de un caso único en el mundo, de un territorio expropiado a un Estado consolidado, con título jurídico endeble obtenido sin representación y sin pago de indemnización. Debería empezarse por llenar los tribunales británicos de reclamaciones de indemnización porque hasta ahora la broma le ha salido gratis al gobierno británico, y encima muy rentable como paraíso fiscal, contraviniendo las normas europeas.

Por otra parte, a veces se olvida (incluso por algún ministro reciente) que algo más de la mitad del istmo (1,06 km2) fue ocupada ilegalmente por los británicos a lo largo del siglo XIX, apropiación que quedó consolidada de forma fáctica, pero no legal, con la terminación de las obras para levantar una verja en 1909. Aquí no tengo más remedio que hacer referencia a la Declaración ministerial de 18/09/2006, “de Córdoba” sobre el aeropuerto de Gibraltar donde España por medio del ministro Moratinos dio por buena la apropiación indebida de ese territorio, y donde aparecen además frases notables (punto tercero) como la siguiente: “(…) cesarán igualmente las actuales restricciones discriminatorias impuestas por España al uso del espacio aéreo español por aeronaves civiles que realizan vuelos con origen o destino en el Aeropuerto de Gibraltar”. Una frase sin duda para enmarcar. Resulta curioso que España que es el Estado europeo con más aeropuertos per cápita, renuncie a un aeropuerto que le pertenece en derecho y que podría generar suficiente tráfico internacional a diferencia de otros caprichos autonómicos.

En este contexto, el asunto de las aguas, que tanto ha salido en la prensa, puede considerase un asunto menor (si no fuera por los pescadores perjudicados) que, sin embargo, Gibraltar explota hábilmente, consciente de que una vez que España no discute la mayor (la soberanía británica de un territorio expropiado) podría ganar en tribunales internacionales su derecho a un cierto margen de mar territorial. Y es que la teoría de la “costa seca” que defiende el Ministerio de Asuntos Exteriores, si bien se basa en una lectura literal del Tratado de Utrecht, hoy en día tendría poca base legal de acuerdo con el desarrollo actual del derecho del mar. Pero también aquí ha habido despropósitos, pues un primer acto de finales del siglo XIX por parte de las autoridades británicas de apropiarse de la zona de mar a que llega una bala de cañón, no fue contestada oficialmente por España hasta 1952!!! Claro que antes este país tenía cosas más importantes que hacer, como seguir discutiendo consigo mismo quién quería ser de mayor.

En fin, no quería acabar este, necesariamente algo largo, post sin lanzar al menos una propuesta constructiva: que la Oficina de asuntos de Gibraltar tenga un carácter pluridisciplinar, que incluya a militares, servicios de inteligencia, civilistas, administrativistas, penalistas, estrategas de comunicación…, y no solo diplomáticos e internacionalistas. Es decir eso que se llama una estrategia 360º. Tal vez así logremos que a Gran Bretaña le cueste algo más mantener el actual status quo y de paso recuperar el prestigio perdido y el apoyo de la opinión pública a lo largo de tantos años.