Informa Expansión de que el incremento de la tensión entre España y Reino Unido por la soberanía de Gibraltar ha llegado al ámbito económico, al conocerse que Hacienda ha lanzado una ofensiva recaudatoria contra las empresas de apuestas domiciliadas en el Peñón.
Hace menos de un mes, al mismo tiempo que la Reina Sofía renunciaba a un viaje a Londres en protesta por la visita del Príncipe Eduardo a Gibraltar, el departamento que dirige Cristóbal Montoro reclamó a un grupo de compañías domiciliadas en este territorio el pago de más de cien millones de euros. Esta reclamación corresponde a los impuestos que las empresas se ahorraron antes de mayo de 2011, gracias a un vacío legal que les permitía tramitar desde Gibraltar apuestas de ciudadanos españoles sin pagar las tasas que cargan otras modalidades de juego. Para sustentar su petición, Hacienda ha utilizado las leyes del juego de 1966 y 1977.
Algunas firmas, como Bwin, han aceptado la solicitud del Gobierno español. Esta empresa, que patrocina al Real Madrid desde 2007, va a pagar 33 millones de euros a Hacienda. Sportingbet, 888 Holdings y Betfair son otros grupos afectados. Se espera que la gran mayoría de empresas no discuta la reclamación, ya que el operador que tenga una deuda fiscal no podrá optar a las licencias que el Gobierno va a repartir en junio para regular el sector del juego por Internet.
Existen varias lecturas sobre la actuación del Gobierno español. Una es que, en su lucha por reducir el déficit público, cualquier ingreso adicional es bienvenido. La segunda lectura es que se trata de otro paso en la escalada de desencuentros en la disputa sobre Gibraltar. El sector de las apuestas online es el principal generador de empleo en Gibraltar, al dar trabajo a unas dos mil personas, el 10% de la población activa del Peñón. Desde que llegó al poder, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido elevar la presión sobre Reino Unido para renegociar la situación en Gibraltar en un foro en el que no puedan participar las autoridades del Peñón. El Gobierno británico replica que el futuro de Gibraltar debe ser determinado por sus propios ciudadanos.
Tras este cruce de declaraciones, la Reina Sofía no acudió la semana pasada a los actos de celebración del sesenta aniversario de la coronación de Isabel II de Inglaterra. El desplante fue una respuesta a la visita a Gibraltar del Príncipe Eduardo, uno de los hijos de la Reina Isabel II. El actual ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, y el nuevo embajador de España en Londres, Federico Trillo, son dos expertos en la "cuestión" de Gibraltar.
Pese a todo, fuentes de las empresas de apuestas intentaron desligar ayer el asunto fiscal de la disputa territorial. Pero algunos ejecutivos ingleses del sector no podían evitar referirse a que el Gobierno ha utilizado para reclamar el dinero unas leyes "pre-constitucionales", de una época en la que la polémica por Gibraltar también estaba en todo lo alto.
Hace menos de un mes, al mismo tiempo que la Reina Sofía renunciaba a un viaje a Londres en protesta por la visita del Príncipe Eduardo a Gibraltar, el departamento que dirige Cristóbal Montoro reclamó a un grupo de compañías domiciliadas en este territorio el pago de más de cien millones de euros. Esta reclamación corresponde a los impuestos que las empresas se ahorraron antes de mayo de 2011, gracias a un vacío legal que les permitía tramitar desde Gibraltar apuestas de ciudadanos españoles sin pagar las tasas que cargan otras modalidades de juego. Para sustentar su petición, Hacienda ha utilizado las leyes del juego de 1966 y 1977.
Algunas firmas, como Bwin, han aceptado la solicitud del Gobierno español. Esta empresa, que patrocina al Real Madrid desde 2007, va a pagar 33 millones de euros a Hacienda. Sportingbet, 888 Holdings y Betfair son otros grupos afectados. Se espera que la gran mayoría de empresas no discuta la reclamación, ya que el operador que tenga una deuda fiscal no podrá optar a las licencias que el Gobierno va a repartir en junio para regular el sector del juego por Internet.
Existen varias lecturas sobre la actuación del Gobierno español. Una es que, en su lucha por reducir el déficit público, cualquier ingreso adicional es bienvenido. La segunda lectura es que se trata de otro paso en la escalada de desencuentros en la disputa sobre Gibraltar. El sector de las apuestas online es el principal generador de empleo en Gibraltar, al dar trabajo a unas dos mil personas, el 10% de la población activa del Peñón. Desde que llegó al poder, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido elevar la presión sobre Reino Unido para renegociar la situación en Gibraltar en un foro en el que no puedan participar las autoridades del Peñón. El Gobierno británico replica que el futuro de Gibraltar debe ser determinado por sus propios ciudadanos.
Tras este cruce de declaraciones, la Reina Sofía no acudió la semana pasada a los actos de celebración del sesenta aniversario de la coronación de Isabel II de Inglaterra. El desplante fue una respuesta a la visita a Gibraltar del Príncipe Eduardo, uno de los hijos de la Reina Isabel II. El actual ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, y el nuevo embajador de España en Londres, Federico Trillo, son dos expertos en la "cuestión" de Gibraltar.
Pese a todo, fuentes de las empresas de apuestas intentaron desligar ayer el asunto fiscal de la disputa territorial. Pero algunos ejecutivos ingleses del sector no podían evitar referirse a que el Gobierno ha utilizado para reclamar el dinero unas leyes "pre-constitucionales", de una época en la que la polémica por Gibraltar también estaba en todo lo alto.
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