Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y su entorno están instrumentalizando el malestar histórico de los catalanes con los peajes como una manera de hacer oposición política. El problema es que el nuevo presidente de ERC, Oriol Junqueras, no cuenta con acta de diputado y no puede plantar batalla en el Parlament. ERC ha salvado este obstáculo con una campaña viral a través de Youtube. Incluso su portavoz en el Parlament, Anna Simó, participó activamente en las protestas del pasado 1 de mayo, para paliar el escaso protagonismo que tiene ERC en el Día de los Trabajadores.
La movilización contó con el apoyo tácito de CiU, que no ha participado en la misma pero que “la comprende”, en palabra del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. CiU es consciente de la impopularidad histórica de los peajes en Cataluña y no quiere perder más votos por ese flanco.
El propio Artur Mas ha reconocido que ha enviado una carta a Mariano Rajoy para que generalice los peajes en el resto de España y acabe con los agravios comparativos que perciben la mayoría de los catalanes (ellos, que se pasan el día intentando crear nuevos agravios comparativos con el resto de los españoles, pretenden acabar con uno imponiendo cargas al resto, no quitando las suyas).
Abertis es quien cobra, no el Gobierno central
En este debate de los peajes en Cataluña tanto la Generalitat como los activistas escamotean algunos puntos fundamentales. El primero es que los peajes no se pagan al Gobierno español sino a Abertis, una empresa catalana, con directivos catalanes y accionistas mayoritariamente catalanes: el más importante, La Caixa. Abertis era precisamente el candidato mejor visto por la Generalitat para gestionar la después fallida privatización del aeropuerto de El Prat.
El otro punto que tampoco se toca es que en los siete años en que ERC gobernó en Cataluña participando en el tripartito de la Generalitat las plataformas antipeajes abandonaron sus movilizaciones, si bien éstos siguieron existiendo.
Malestar en La Caixa
Toda esta situación ha provocado malestar en La Caixa, donde se considera que siempre se ha apoyado a Cataluña no sólo en proyectos como el aeropuerto, sino en otros como Port Aventura o, más recientemente en el apoyo financiero a la Generalitat ante el cierre de mercados de deuda. Por eso, la tibieza del gobierno de Artur Mas ante la protesta no ha sentado bien en la planta 24 de las torres negras de La Caixa.
Isidre Fainé es el padre de Abertis. De hecho, él había sido director general de de Bankunión, que fue el promotor de Acesa. Cuando Bankunión quebró en 1981, ya desde La Caixa, Fainé convenció al entonces director general Josep Vilarasau para que comprase a buen precio Acesa, que había quedado en el Fondo de Garantía de Depósitos. A partir de ahí se creó a Abertis. Pero el camino no fue fácil. En especial, por las protestas contra los peajes que le llegaron a costar el cargo al presidente de Acesa Josep Manuel Basáñez en 1998 y que llevó a la presidencia al propio Fainé y al puesto de consejero delegado a Salvador Alemany, cuya primera misión fue precisamente, pacificar la protesta contra los peajes.
En definitiva, y como es habitual, empresarios catalanes cobran a los ciudadanos catalanes por lo servicios que prestan con el beneplácito del gobierno catalán, mientras esos políticos catalanes esconden su responsabilidad culpando al resto de los españoles. Su comportamiento político, con una dirección propagandística típica del fascismo y el estilo goebelssiano, ya no nos sorprende, pero no deja de repugnar.
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