GIBRALTAR QUIERE SEGUIR OCUPANDO AGUAS ESPAÑOLAS

Apropiaciones de territorios españoles por parte de Gibraltar

Gibraltar ha puesto una trampa a los pescadores españoles. Ha presentado un acuerdo por el que, si lo firman, ni el Gobierno ni la Guardia Civil podrán protegerles. Se trata de una maniobra perfectamente dirigida y orquestada. 

Gibraltar quiere que los pescadores de Algeciras y de la Línea de la Concepción firmen un acuerdo con el Gobierno de Fabian Picardo que implicaría el reconocimiento implícito de las leyes del Peñón, renunciando a la defensa de la soberanía española sobre sus propias aguas territoriales.

El pasado día 22 de mayo, a última hora de la tarde, los pescadores gaditanos afectados por el conflicto con Gibraltar emitieron un comunicado conjunto con el Gobierno del Peñón. Lo llamaron “Memorando de entendimiento para el establecimiento de un grupo conjunto de trabajo”. Están implicados el Ejecutivo de Picardo, el presidente de los pescadores de La Línea de la Concepción y el presidente de los armadores de la misma localidad.

El texto recoge, entre otros puntos, los siguientes:

1. La Ley de Gibraltar debe ser protegida y las infracciones no puedes ser soslayadas o toleradas a cualquier distancia de la costa.
2. La aplicación de la Ley de Gibraltar es competencia exclusiva de la Policía Real de Gibraltar, que es independiente del Gobierno.
3. Los pescadores, por su parte, afirman que los métodos de pesca que vienen empleando durante hace años son legales en España y en la Unión Europa y que no dañan en ningún momento el medio ambiente marino.
4. Establecen que todas las partes acuerdan que hay que proteger y preservar el medio marino.
5. El grupo de trabajo informará al Gobierno de Su Majestad en Gibraltar.
6. Se nombrará una comisión de expertos independientes.
7. Se comprometen a lograr una mayor comprensión de las respectivas posiciones y a llegar a un acuerdo para satisfacer los objetivos de ambas partes.
8. Destacan el espíritu de cooperación amistosa y de sentido común mostrado por todos hasta la fecha.

Hay que recordar que los ministros de Exteriores español y británico no pusieron ninguna pega a un acuerdo “local” entre pescadores y Gibraltar.

El peligro real de firmar un acuerdo

Si los pescadores llegan a suscribir este documento con Fabian Picardo tendrán serios problemas en el futuro. El llamado “Memorando de entendimiento para el establecimiento de un grupo conjunto de trabajo” es una trampa del Peñón que tendrá graves consecuencias, si lo suscriben. Por varias razones:

- En primer lugar, el acuerdo no vincula a ningún organismo público español.

- En caso de firmarlo, los pescadores españoles reconocerían implícitamente la jurisdicción de Gibraltar sobre una aguas que son españolas. Se encuentran en una tesitura, pues el Peñón ya les ha comunicado que si no lo reconocen les impedirán seguir ganándose la vida como lo han hecho durante generaciones.

- La colonia británica ahora sí podría imponer un régimen de licencias pesqueras, mayores restricciones en cuanto al uso de determinadas redes, reducción del número de barcos… Los pescadores tendrían que ‘tragar’ si firman dicho acuerdo.

- Los faenadores españoles, por tanto, quedarán a merced de Gibraltar. La legislación del Peñón, de hecho, establece que la validez y cumplimiento del acuerdo se deja al arbitrio de una de las partes (en este caso, el Peñón), quien podrá alterar o cancelar a su conveniencia dicho acuerdo. Esta situación está prohibida en la legislación española, pero no en la gibraltareña.

- La Guardia Civil no podría proteger a los pescadores españoles, pues, si firman, aceptarán las acciones de la policía gibraltareña.

- Gibraltar pretende involucrar también a los pescadores algecireños. Estos no asistieron a la negociación de la que salió dicho acuerdo, sino que solo acudieron los representantes de la Línea. Ahora, los profesionales de Algeciras han comunicado que consensuarán una postura común con sus ‘vecinos’ linenses.

- El Gobierno del Peñón también pretende que los pescadores renuncien a cualquier medida de presión. Gibraltar, por su parte, no se compromete a cejar en sus medidas.

El Peñón cuenta con servicios jurídicos de alto nivel, que estudian y se agarran a las cláusulas de una manera férrea. Los faenadores, en cambio, no cuentan con una asesoría jurídica a la altura de la de la colonia.

CAMBIOS EN EXTERIORES

La Oficina de Gibraltar del Ministerio español de Asuntos Exteriores tendrá nuevo jefe a partir del mes de agosto. Se trata del diplomático Ignacio Mongé, que se encontraba actualmente destinado en Paris. Mongé, de 42 años es licenciado en Derecho y tiene  por tanto formación jurídica, habría que comprobar de qué categoría.

El puesto se encontraba prácticamente vacante desde hace varios meses, ya que su anterior titular Juan José Sanz, fue nombrado cónsul en Francfurt, aunque durante un breve periodo de tiempo se hizo cargo de la Oficina Aurora Mejía, que lo dejó tras ser nombrada embajadora en Bosnia.

La vacante ha coincidido con unos meses muy movidos en las relaciones con el Peñón y con la llegada del nuevo ministro, José Manuel García-Margallo, y del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo. Pese a la ausencia del titular, la Oficina, que depende de la Dirección General de Política Exterior para Europa, ha seguido trabajando en los contenciosos surgidos, contando, sobre todo, con la labor de otro diplomático, Javier Istúriz, versado también en asuntos jurídicos, y de Alfonso Urzaiz, un funcionario del Ministerio que lleva muchos años dedicado a los asuntos de Gibraltar y los conoce al dedillo.

LOS MITOS DE LOS NACIONALISMOS EXCLUYENTES EN ESPAÑA

Los nacionalismos, según Orwell, malgastan energías en crear mundos de fantasía donde el pasado ocurre como nunca ocurrió y como los nacionalistas quisieran que hubiese ocurrido. Sus fabulaciones pueden parecer siniestras o risueñas, truculentas o divertidas, pero resultan siempre paranoides.

Ahora bien, la distorsión paranoica no opera exclusivamente sobre hechos y personas de la historia remota. La máquina de fantasear se halla en movimiento perpetuo, y así, por ejemplo, nuestros nacionalismos domésticos poseen ya mitologías de la Guerra Civil, del franquismo e incluso de la Transición. En algún caso se puede percibir su funcionamiento en pleno proceso de elaboración del delirio, como sucede ahora con el nacionalismo vasco, dedicado a la construcción acelerada de un relato exculpatorio del terrorismo de ETA.

En su primera época, los nacionalismos sintieron predilección por la mitología de los orígenes prehistóricos de los pueblos, pero, dado que el racismo era un ingrediente esencial de aquélla, fueron abandonándola tras el descrédito del concepto de raza después de la Segunda Guerra Mundial.

Suele colgarse —y no sin razón— el sambenito de racista al fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana Goiri, pero se olvida con frecuencia que los padres del nacionalismo catalán no fueron menos persistentes en su defensa de la existencia de una raza propia. El galleguismo desarrolló un racismo poético e inverosímil. Manuel de Murguía, esposo de Rosalía de Castro, se inventó una raza céltica ad hoc, y proclamó que los gallegos se caracterizaban por ser todos altos, rubios y de ojos azules (aunque él mismo no pasaba del metro y medio y era escuchimizado y cetrino, de cabellera oscura y crespa).

Con todo, no fue el racismo patrimonio de los nacionalistas periféricos. Giménez Caballero distinguía en la población española una mayoría de cepa africana, gente chaparra y morena que producía aguadores y mozos de cuerda, y una selecta minoría aria y rubia, dolicocéfalos de talla egregia cuyo arquetipo representaba José Antonio Primo de Rivera. Como es sabido, Franco se vengó de aquella insidia de Gecé contra su persona nombrándolo embajador en Paraguay.

Fernando el Católico

La Edad Media, por el contrario, ha conservado su prestigio en la fantasía nacionalista, que descubre florecientes comunidades nacionales en reinos minúsculos aficionados a destriparse entre sí cuando no los diezmaban el cólera o la peste negra, y deplora en cambio la formación renacentista de los Estados modernos, con sus burocracias y ejércitos profesionales. Un modelo que nunca ha dejado de estar de moda en el nacionalismo vasco es el de la Navarra anterior a 1512, es decir, a su conquista por Fernando el Católico, rey de Aragón y regente de Castilla.

Algo verdaderamente pasmoso, porque la Navarra medieval era una pequeña babel de etnias y lenguas distintas, donde se hablaba vasco, provenzal y romances afines al castellano. La tan traída y llevada guerra de Navarra (1512-1516) fue una guerra civil, con motivaciones dinásticas, en la que los bandos nobiliarios autóctonos se dividieron y enfrentaron, a favor unos de los Labrit, y otros, de los Trastámara. Resulta ocioso recordar que Ignacio de Loyola, el santo favorito de Sabino Arana, se quedó cojo en el asalto a las murallas de Pamplona, combatiendo al servicio de Fernando (que, por cierto, era vascohablante de cuna, pues había nacido y pasado su infancia en Sos, donde el eusquera era la lengua de la calle, mientras su adversario Labrit, más francés que Hollande según todos los indicios, apenas chapurreaba el bearnés). Es interesante resaltar, por el contrario, el hecho menos conocido de que el primer escritor en lengua vasca, el clérigo Bernard Dechepare, fue perseguido por los partidarios de Labrit a causa de sus simpatías por el rey Católico.

Los mitos nacionalistas son cuentos de buenos y malos. La historia de verdad nunca ha sido así. Valentí Almirall, el primer ideólogo del nacionalismo catalán, terminó en las filas de Lerroux; Arturo Campión, patriarca del nacionalismo vasco en Navarra, murió en San Sebastián en 1936 preguntando si habían llegado los suyos (o sea, los requetés); Francesc Cambó, el líder del catalanismo histórico, se pasó al bando de Franco, y lo mismo hicieron Pla, Risco, Barriola y un buen número de prestigiosos escritores nacionalistas catalanes, gallegos y vascos. La vida desmiente siempre, con su ambigüedad, el maniqueísmo de las ideologías.

LA PATRIA INVENTADA

El nacionalismo vasco, en sus distintas variantes, ha mantenido una permanente reivindicación de Navarra, sin cuya incorporación no sería posible la viabilidad territorial del proyecto estatista de Euzkadi. Pero para preparar su asalto independentista y hacer posible un sueño largamente acariciado, los hijos de Sabino Arana llevan más de un siglo tratando de demostrar la vasquidad del viejo reino y de denunciar el holocausto de su patria, esclavizada por los viles españoles desde 1512. En algún libro reciente se lee que cuando los castellanos (¡ y también guipuzcoanos y alaveses!) invadieron Navarra ese año se encontraron con muchedumbres enardecidas que gritaban Gora Euzkadi. Este brutal anacronismo podría ser una mera historieta chistosa si no retratara el desaguisado cultural ocasionado por los nacionalistas con su querencia a llevar a tiempos remotos sus más obsesivas quimeras.

Esta España nuestra ha sido regada de emociones peligrosas que oscurecen la razón, envueltas en un discurso trasnochado y pringoso. Pero desde Goebels hasta el publicitario de nuestros días saben que cualquier disparate, suficientemente repetido, pasa a ser una verdad evidente. El principal campo de fabulación nacionalista es siempre la historia. De ahí que, en el absurdo del País Vasco, se diga con cierto humor surrealista que lo verdaderamente impredecible es el pasado. Porque mientras los historiadores profesionales encuentran cada vez más semejanzas en la evolución de las distintas sociedades peninsulares, los constructores del futuro, los mitómanos nacionalistas, hallan cada vez más diferencias en los tiempos pretéritos. Utilizan la Historia como depósito de agravios con que encienden la pasión separadora; cocinan el hecho diferencial con el odio y el rencor que los hechos históricos deberían seguir produciendo en el presente. España fue y sigue siendo la verdadera razón de la existencia de la nación vasca desde que esta fraguó en el cerebro de Sabino Arana: solo a través del enfrentamiento con ella los vascos católicos y pastoriles de la pretendida ficción fuerista podrían adquirir su verdadera entidad nacional.

Pero nada había en la historia del País Vasco que permitiese pensar en hostilidad alguna hacia Castilla, un reino en el que se integró tempranamente y dio esplendor. Arana lo sabía y confesaba temblar cuando «me sentía inclinado a tratar la historia de mi patria». Sus hijos ya no tiemblan cuando se inventan una tradición llena de recursos míticos, de técnicas emocionales, de juegos de manos hechos con la historia. Y la guerra imaginaria «contra los españoles»,acariciada por todo el nacionalismo vasco desde Arana y Gallastegui hasta Krutwig, cobraría forma cruel en 1968 cuando un joven guardia civil fuese acribillado a balazos, tiro de gracia incluido, en un control de carretera cercano a Tolosa.

La manipulación histórica que pretende realizar Bildu desde el Ayuntamiento de San Sebastián sobre el bicentenario de la destrucción de la ciudad deja en evidencia una vez más las pretensiones nacionalistas de adecuar la historia a sus intereses e ideología. Da igual si los actos que se preparaban iban a dar abundantes beneficios a la ciudad vasca. La cuestión es manipular la historia para adecuarla a su mentalidad.

La razón de ser del nacionalismo se basa en la historia, y esta historia debe adecuarse a sus intereses. Y cuando más radical es el nacionalismo, más manipulados deben estar los acontecimientos. Por eso Bildu se esmera en tergiversar todos los acontecimientos y aprovecha las conmemoraciones para dar su propia versión.

Sucede con el bicentenario de San Sebastián, pero también ocurre con el V Centenario de la anexión de Navarra a la Corona de Castilla, como se ha visto esta semana con el intento de comparecencia en el Congreso de los Diputados del colectivo abertzale Nafarroa Bizirik.

Nunca hubo pueblo vasco

El propio diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, apuntó el pasado viernes que esta manipulación es «una gran operación de calado de ETA». Al fin y al cabo, las bases sobre las que se sustenta el terrorismo están basadas sobre la manipulación histórica. ¿La principal? Nunca ha existido el pueblo vasco como tal. Para Salvador, «ahora que ETA ha aparcado las armas, pretende centrarse en la tergiversación de los acontecimientos históricos». Si aceptaran la realidad de que nunca ha existido un pueblo vasco independiente, sus actos terroristas no tendrían ningún sentido.

Pero también el nacionalismo más moderado, encabezado por el PNV, está cayendo en la mentira para justificar sus postulados. De hecho, el fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, fue el primer manipulador del nacionalismo. De su cabeza salió el término Euskalherria y de sus manos, la ikurriña.

Y los actuales dirigentes del PNV, al igual que otros partidos nacionalistas como Aralar o Geroa Bai, se suman a las reivindicaciones falsas que encabeza Bildu como la «conquista» de Navarra y el bicentenario de la destrucción de San Sebastián. De hecho, el portavoz nacionalista en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Xabier Ezeizabarrena, pedía hace ya dos años «aprovechar la proximidad y los lazos que existen con Iparralde» (País Vasco-Francés) para potenciar la conmemoración del bicentenario. La idea de la Euskalherria, la que nunca ha existido, siempre está presente.

La misma unidad han demostrado todos los partidos nacionalistas para conmemorar el próximo 16 de junio en Pamplona la «conquista de Navarra» y con ella, reivindicar la «independencia de Euskalherria». Si admitieran que Navarra fue simplemente anexionada a la Corona de Castilla, no tendría sentido pedir la independencia.

EL REVISIONISMO HISTÓRICO CATALÁN

Solo una doctrina tan profundamente victimista como el nacionalismo catalán podría rendir tributo a un perdedor. Rafael Casanova simboliza las contradicciones de un soberanismo que homenajea a un personaje que simplemente se equivocó de bando monárquico; que califica de imposición una lengua, el castellano, usada como lengua materna por la mitad de los catalanes; que rechaza los toros, pero blinda los «correbous»; que toma como ejemplo Alemania, donde también hay déficit fiscal entre regiones, o que recupera estructuras medievales, como las veguerías, que luego no sabe aplicar.

Rafael Casanova, icono del nacionalismo catalán, murió plácidamente en su cama, perdonado por el Rey Borbón al que se enfrentó. Pero cada 11 de septiembre es saludado por los partidos nacionalistas con una ofrenda floral que atrae a muchos catalanes, sí, pero no para expresar su devoción identitaria, sino para silbar a los políticos culpables de la crisis.

Efectivamente, conmemorar los hechos de 1714, fecha en la que el decreto de Nueva Planta redujo las instituciones catalanas a la mínima expresión, no provoca excesiva excitación en la Diada Nacional de Cataluña. Pero, junto con el victimismo, crear artificialmente una masa crítica a favor de la causa también forma parte de la esencia nacionalista.

De ahí que el gobierno autonómico, liderado por Artur Mas, haya decidido festejar por todo lo alto el tricentenario de la entrada de las tropas borbónicas en Cataluña. La semana pasada, la Generalitat nombró al comisario de estos actos, Miquel Calzada, más conocido como Mikimoto, un famoso locutor catalán venido a menos que celebró su designación proponiendo que el Parlamento autonómico declare unilateralmente la independencia.

Hay quien ve en 2014 una excelente fecha para celebrar un referendo separatista. De hecho, convertir este año en una especie de «finisterre» soberanista no es nuevo: el exvicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, ya hizo algunos preparativos cuando gobernaba el tripartito. El revisionismo histórico de los secesionistas es casi una obsesión a veces tan ciega que incluye la recuperación de instituciones medievales de dudosa utilidad y viabilidad. Este es el caso de las llamadas veguerías, una estructura supramunicipal que el Estatuto de Autonomía de 2006 introdujo en su prolijo articulado y que debe sustituir a los consejos comarcales o las diputaciones, la cosa no está muy clara. Nadie ha sabido explicar las ventajas de estos entes y nadie se ha atrevido a crearlos. Entre otras cosas, porque CiU gobierna ahora diputaciones y consejos comarcales que hace seis años estaban en manos socialistas o republicanas.

Balanzas fiscales

Hace seis años también existía déficit fiscal, pero CiU nunca peleó por incluir el concierto económico en el Estatuto, mientras que ahora lograr un pacto fiscal es la única acción de gobierno en la que está entregado el equipo de Mas. Si no hay independencia fiscal, habrá adelanto electoral o referendo. Los convergentes aseguran que el déficit catalán supera los 16.000 millones, mientras que hay quien habla de superávit. Todo depende de los indicadores económicos y las balanzas fiscales que se utilicen.

Los nacionalistas sostienen que tienen detrás a una amplia mayoría social que apoya el pacto fiscal. Las cifras oficiales, las que arrojan las encuestas de la Generalitat, hablan de un 60%, aunque se desconoce si lo que reclaman estos ciudadanos es una mejora de la financiación o un concierto. Otra de las incógnitas es el porcentaje de catalanes que participaría en un referendo sobre el pacto fiscal, dada la experiencia del Estatuto, que fue votado solo por el 49% de la población. De estos, un 74% votó a favor, es decir, que dos de cada tres catalanes no apoyaron el texto.

El Estatuto supuso una experiencia traumática para el nacionalismo. Rebajado en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, CiU lo da por superado y va más allá en asuntos como la citada financiación o la lengua. También aquí el Ejecutivo de Mas remite a épocas medievales para hablar de imposición del castellano, aunque hay autores que precisan que la preferencia de ese idioma por parte de la monarquía borbónica se circunscribía a las transacciones comerciales. Más allá de la reinterpretación histórica, el bilingüismo social no tiene una plasmación a nivel administrativo. Ni la tendrá, a pesar de las sentencias judiciales que así lo exigen. Con CiU, no habrá ningún paso atrás en una inmersión lingüística subvencionada que dura ya más de treinta años, pero que no ha impedido que la mitad de los catalanes usen el castellano de forma habitual. Ni las multas por no rotular en catalán ni la ausencia de la casilla de castellano en la preinscripción escolar han hecho retroceder este idioma. O que el 42,4% de los residentes en esta comunidad se sientan tan catalanes como españoles. Una dualidad que los nacionalistas se niegan a admitir, tal como se demostró durante la prohibición de las corridas. La medida, aprobada en julio de 2010, fue secundada principalmente por CiU, ERC e ICV —curiosamente el tripartito que ahora impulsa el pacto fiscal— con argumentos animalistas, en el caso de los ecosocialistas, y de identidad, en el caso de los partidos nacionalistas. Las imágenes del presidente catalán Lluís Companys en la Maestranza de Sevilla torpedeó el frágil discurso soberanista, pero lo que rehundió los atisbos de legitimidad que aún quedaban fue el blindaje de los «correbous» debido al granero de votos que ERC y CiU tienen en las tierras del Ebro.

SE INCREMENTA LA PRESIÓN SOBRE GIBRALTAR

Informa Expansión de que el incremento de la tensión entre España y Reino Unido por la soberanía de Gibraltar ha llegado al ámbito económico, al conocerse que Hacienda ha lanzado una ofensiva recaudatoria contra las empresas de apuestas domiciliadas en el Peñón.

Hace menos de un mes, al mismo tiempo que la Reina Sofía renunciaba a un viaje a Londres en protesta por la visita del Príncipe Eduardo a Gibraltar, el departamento que dirige Cristóbal Montoro reclamó a un grupo de compañías domiciliadas en este territorio el pago de más de cien millones de euros. Esta reclamación corresponde a los impuestos que las empresas se ahorraron antes de mayo de 2011, gracias a un vacío legal que les permitía tramitar desde Gibraltar apuestas de ciudadanos españoles sin pagar las tasas que cargan otras modalidades de juego. Para sustentar su petición, Hacienda ha utilizado las leyes del juego de 1966 y 1977.

Algunas firmas, como Bwin, han aceptado la solicitud del Gobierno español. Esta empresa, que patrocina al Real Madrid desde 2007, va a pagar 33 millones de euros a Hacienda. Sportingbet, 888 Holdings y Betfair son otros grupos afectados. Se espera que la gran mayoría de empresas no discuta la reclamación, ya que el operador que tenga una deuda fiscal no podrá optar a las licencias que el Gobierno va a repartir en junio para regular el sector del juego por Internet.

Existen varias lecturas sobre la actuación del Gobierno español. Una es que, en su lucha por reducir el déficit público, cualquier ingreso adicional es bienvenido. La segunda lectura es que se trata de otro paso en la escalada de desencuentros en la disputa sobre Gibraltar. El sector de las apuestas online es el principal generador de empleo en Gibraltar, al dar trabajo a unas dos mil personas, el 10% de la población activa del Peñón. Desde que llegó al poder, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido elevar la presión sobre Reino Unido para renegociar la situación en Gibraltar en un foro en el que no puedan participar las autoridades del Peñón. El Gobierno británico replica que el futuro de Gibraltar debe ser determinado por sus propios ciudadanos.

Tras este cruce de declaraciones, la Reina Sofía no acudió la semana pasada a los actos de celebración del sesenta aniversario de la coronación de Isabel II de Inglaterra. El desplante fue una respuesta a la visita a Gibraltar del Príncipe Eduardo, uno de los hijos de la Reina Isabel II. El actual ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, y el nuevo embajador de España en Londres, Federico Trillo, son dos expertos en la "cuestión" de Gibraltar.

Pese a todo, fuentes de las empresas de apuestas intentaron desligar ayer el asunto fiscal de la disputa territorial. Pero algunos ejecutivos ingleses del sector no podían evitar referirse a que el Gobierno ha utilizado para reclamar el dinero unas leyes "pre-constitucionales", de una época en la que la polémica por Gibraltar también estaba en todo lo alto.

OTRA HISTORIA SOBRE GIBRALTAR

Felipe Sahagún, periodista y profesor universitario especializado en relaciones internacionales, ofrece en El Mundo su visión del conflicto con Gibraltar:

Trescientos ocho años después de la conquista de Gibraltar por la Royal Navy, casi tres siglos después de haber cedido el territorio por elTratado de Utrecht (1713) al Reino Unido, España sigue dividida y un tanto perdida sobre la forma de recuperarlo. El retorno de los socialistas y laboristas al Gobierno gibraltareño tras las últimas elecciones en el Peñón, y la victoria del PP en noviembre en España han paralizado el proceso diplomático abierto en 2004 y han endurecido las posiciones de Madrid y de Gibraltar. Se ha roto el marco tripartido de negociación de Zapatero, hay que recomponer el esquema de relaciones y todos aprovechan el vacío para mejorar sus posiciones.

El apoyo de la ONU a la descolonización del Peñón desde mediados de los 60 hace tiempo que se convirtió en una rutina anual, sin ningún efecto concreto, mientras, en silencio, los británicos fueron adaptando la base militar a las nuevas guerras en el Mediterráneo, África, el Atlántico y Oriente Medio, y los gibraltareños siguieron arañando independencia con hechos consumados.

Blair se dejó llevar por los cantos de sirena de Aznar y aceptó resolver el litigio a cambio de un aliado. Como recordaba Gerald Grant en su informe para 'Policy Review' de 2003, la devolución de Gibraltar a España sentaría "un precedente que abriría nuevas y viejas heridas contrarias a los intereses de América en una Europa estable". EEUU, en consecuencia, nunca ha apoyado la recuperación de Gibraltar por España. Jamás olvidaré la inocencia de Fernando Morán en el primer viaje de Felipe González como presidente del Gobierno a Washington, cuando nos decía en el avión que iba a pedir ayuda al Gobierno de Reagan para recuperar Gibraltar. En contra del Foreign Office, Tony Blair se dejó llevar por los cantos de sirena de Aznar y aceptó resolver de una vez por todas el litigio a cambio de un aliado estratégico firme en el sur de Europa. Siendo secretario del Foreign Office, Geoffrey Howe reconoció que "el Reino Unido sólo devolvería Gibraltar a España cuando España fuera China", es decir nunca. Esa había sido la posición oficial de Londres

Proceso de Bruselas

Esa actitud dominó también el llamado proceso de Bruselas que, aparte de la apertura de la verja y la normalización progresiva de relaciones, apenas dio resultados tangibles para el Gobierno español y para los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, pero la apuesta decidida de Aznar por Blair y Bush tras el 11-S facilitó un borrador de acuerdo para compartir la soberanía. Las condiciones británicas del acuerdo, el recelo de EEUU, el veto del almirantazgo a tocar su control sobre la base militar, las posibles repercusiones del acuerdo en las relaciones entre Marruecos y España, siempre con Ceuta y Melilla como telón de fondo, el efecto dominó que podía tener en las autonomías españolas más díscolas y la supeditación del texto al apoyo de los gibraltareños en referéndum convirtieron el pacto, prácticamente atado en junio de 2002, en otro papel mojado.

Tras su victoria en 2004, el Gobierno de Zapatero admitió por primera vez a Gibraltar en la negociación (el llamado Foro Tripartito de Diálogo) a cambio de que no se hablara de soberanía. De este modo empezaron a resolverse los problemas concretos –pensiones, visados, comunicaciones, medio ambiente, fiscalidad, seguridad, aeropuerto, aduanas...- que llevaban estancados muchos años. Lo que había sido, con Aznar, una negociación al más alto nivel, se redujo a debates técnicos, complementados por reuniones ministeriales anuales. Lo que había sido siempre un foro bilateral hispano-británico, se abrió a los gibraltareños, dándoles un estatus que nunca habían tenido. El equipo de Miguel ÁngelMoratinos siempre negó cualquier efecto jurídico en relación con la soberanía, pero reconoció que, posiblemente, falló en la fecha elegida para el acuerdo de Madrid, el 27 de octubre de 2004, y en la forma de explicarlo.

El poder de veto

El 8 y 9 de diciembre de aquel año, reunido en Kent (sur de Gran Bretaña), con la participación de los directores generales para Europa de Exteriores y del Foreign Office, y del ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, se ponía en marcha el nuevo proceso de negociaciones, en palabras de los protagonistas "separado del Proceso de Bruselas, con una agenda abierta, con voz propia y separada de cada parte, poder de veto de cada una de ellas, reuniones ministeriales al menos cada 12 meses, posibilidad de crear los Grupos de Trabajo necesarios y teniendo siempre en cuenta la actuación de la Comisión Mixta de Cooperación establecida un mes antes entre la Mancomunidad de Municipios delCampo de Gibraltar y el Gobierno de Gibraltar".

Por 184 votos contra 142, todos los grupos parlamentarios españoles, con la excepción del PP, apoyaron el nuevo foro de diálogo a tres bandas sobre Gibraltar. "Con eso ustedes han quebrado el principio fundamental del artículo X del Tratado de Utrecht, porque no han tenido en cuenta que sólo hay dos posibilidades: la retrocesión a España o la permanencia en el estatuto colonial", afirmaba Gustavo de Arístegui, portavoz del PP, en el debate. "A través de sus torpezas, de sus tropiezos y sus calamidades en política exterior han logrado que por vez primera la colonia tenga voz, tenga veto y tenga la  posibilidad de construir una entelequia que es la tercera vía para considerarse a sí mismos pueblo soberano y tratar de lograr una independencia a través de la autodeterminación; eso es lo que han  logrado, señorías".

No se puede decidir nada sobre Gibraltar contra los gibraltareños, a no ser que estés dispuesto a enviar los tanques. En su respuesta, el portavoz del PSOE, Rafael Estrella, negó rotundamente que el Gobierno hubiese renunciado a las posiciones de principio de España. "Sólo hay un marco jurídico y ustedes lo saben", dijo. "Sólo hay dos banderas y tres voces. Gibraltar no puede ser ni va a ser un Estado soberano... Hay un compromiso de entendimiento y no otra cosa. Sólo hay retos y oportunidades para los españoles y para los británicos, también para los gibraltareños. Es una nueva estrategia en el objetivo, desde los principios y en la dirección de los gobiernos y de los ministros anteriores: Piqué y Matutes". Con su nueva estrategia, el Gobierno de Zapatero empezaba a reconocer en público lo que sus antecesores siempre aceptaron en privado: que no se puede decidir nada sobre Gibraltar contra los gibraltareños a no ser que estés dispuesto a enviar los tanques. Para entender el cambio, hay que remontarse a la Declaración de Lisboa, de 1980, en la que Marcelino Oreja logra poner en marcha una estrategia a largo plazo que, posiblemente, pocos políticos españoles se han creído: abrir dos vías de diálogo, sobre soberanía y sobre cooperación. Hablar de cooperación era reconocer, de alguna manera, el fracaso de la Doctrina Castiella.

Polémica por el aeropuerto

Apenas se avanzó en ninguna de las vías, pero en 1984, con la Declaración de Bruselas, se reafirmaron los principios. En el 87 se llega al acuerdo del aeropuerto, forzado más por la liberalización del espacio aéreo de la UE que por las presiones españolas, y en una de sus cláusulas se condicionó la operatividad del mismo a "las disposiciones locales necesarias", es decir, a lo que quiera Gibraltar. Algunos interpretaron de forma distinta el texto, agarrándose a la referencia a la segunda terminal en territorio español. El hecho es que el acuerdo no se ejecutó, llegó John Major y todo quedó parado.

En 1997, con Aznar ya en Moncloa, en la Declaración de Matutes, se recupera la idea de cosoberanía, latente desde los años de Fernando Morán en Exteriores, que deja muy claro que los británicos consultarán a los gibraltareños. Los británicos dan por no visto el papel de Matutes y el proceso queda paralizado hasta el 99, cuando Blair pide el apoyo de Aznar en cuestiones importantes como la agenda de Lisboa.

Para compensar a Aznar, que le apoya ciegamente en su relación con Bush tras el 11-S, acaba aceptando el llamado Acuerdo de cosoberanía, acuerdo que, aunque haya quedado aparcado, el Gobierno Zapatero, según me confesaron en más de una ocasión algunos de sus miembros, siguió considerando muy importante como referencia para el futuro. Desde el año 2000, cuando se empezó a negociar, España y Gran Bretaña invitaron al primer ministro de Gibraltar a participar en la delegación británica con el compromiso de respetar plenamente el estatus gibraltareño. Caruana entonces lo rechazó, convencido de que ya había un acuerdo entre Aznar y Blair a sus espaldas. El hecho es que quedaron pendientes de acuerdo dos problemas: la duración de la cosoberanía y el ejercicio de la cosoberanía sobre la base militar, que el Ministerio de Defensa británico rechazó de plano. La respuesta de Caruana fue convocar un referéndum, que ganó con un 98% de los votos, en el que los gibraltareños rechazaron en 2002 cualquier cesión de soberanía a España,

Vuelta al primer plano

Con su nueva estrategia, por lo tanto, el Gobierno Zapatero reanudó la vía de la cooperación sin renunciar a reanudar, cuando las condiciones lo permitiesen, la vía de la soberanía. Lo que para el PP fue un giro radical en la política exterior española y otro regalo diplomático sin sentido, para los que participaban más de cerca en el contencioso "no fue más que la vuelta al primer plano de la acción política de un planteamiento que, como mínimo, tiene veinte años y que siempre se ha conocido como política de población", escribía Luis Romero Bartumeus, miembro del Gabinete de la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en su análisis para el Instituto Elcano. "La agenda abierta, por otro lado, no significa ni más ni menos que la fórmula semántica necesaria para desbloquear una obstinada y repetida realidad:sin la participación y hasta sin el visto bueno de las autoridades locales de Gibraltar, nada de lo que discutieran los dos Estados tenía ninguna posibilidad de salir adelante", concluye. 

El diálogo tripartido benefició a las tres partes, pero mucho más a los británicos y a los gibraltareños que a los españoles.

En el derecho internacional, parece obvio que España salió perdiendo, pero por fin empezaron a resolverse los problemas más graves relacionados con los pensionistas españoles, el aeropuerto y la lucha contra el crimen organizado. La eliminación del blindaje de Gibraltar como paraíso fiscal no empezó hasta 2009 por las presiones del G-20 tras la crisis financiera y aún queda mucho por hacer. La insistencia del Gobierno de Zapatero de que España no ha cedido ni un centímetro en el ámbito de la soberanía suena bien, pero sirve de poco cuando fragatas británicas impiden, como vienen haciendo periódicamente, que España ejerza su soberanía en las aguas de Gibraltar. El Gobierno Zapatero encontró en el británico un aliado en el G-20 y en otros foros internacionales, pero nunca ofreció una explicación convincente de esos efectos positivos. Con su visita a Gibraltar en 2009 para asistir a la tercera reunión ministerial del Foro, la primera visita de un ministro español al territorio, Miguel Angel Moratinos, aunque reiteró hasta la saciedad que no cambiaba un ápice la posición de España sobre soberanía, debilitó la oposición tradicional española a visitas de dirigentes extranjeros a la colonia británica.

Lo que debería haber sido siempre una política de estado se convirtió más que nunca en una de las más partidistas. Se rompía así uno de los compromisos nacionales más importantes del llamado Decálogo sobre Seguridad y Política Exterior de 1984, haciendo de nuevo un flaco servicio a los intereses españoles.

LA MARCA ESPAÑA: NUNCA SUPIMOS VENDERLA

Como ya ocurrió en el siglo XVII a partir de la derrota de la Armada Invencible, los nubarrones de la «Leyenda Negra» vuelven a cernirse sobre España. Nuestra imagen en el exterior empeora, la desconfianza hunde los mercados españoles y los inversores huyen despavoridos de suelo ibérico. La imagen de España cayó en el ranking del Reputation Institute desde el puesto 16 al 12 en 2011.

El índice de reputación, elaborado con las votaciones de los países del G8, suspendía en términos económicos con nota negativa en inversión en I+D, producción fuera del país y posibilidad de atraer persona extranjero cualificado. El director de esta consultora internacional en España, Fernando Prado, explica que a España le ha dañado enormemente su inclusión en el grupo de los PIGS junto a Portugal, Irlanda y Grecia, que han experimentado también bajadas en la clasificación de reputación mundial. Prado también destaca que España sí obtiene una puntuación positiva en otras áreas como la cultura, su atractivo como destino turístico, estilo de vida y que incluso se valoran fuera otras variables como la simpatía de los españoles.

Pese a las calificaciones negativas, los expertos destacan que hay un problema de percepción basado en la falta de confianza y en la forma de comunicar y vendernos en el extranjero. El director español de Reputation Institute destaca que hay que saber potenciar la «marca España». «No sabemos vender bien todas los valores y las marcas de España», explica.

Javier Noya, investigador principal de Imagen Exterior de España y Opinión Pública del Real Instituto Elcano, coincide en que sí que hay algo de distorsión de la realidad. Noya explica que la situación de la economía española es mala sin paliativos, pero que la percepción en el exterior es correcta aunque hay exageración. «Igual que antes se exageraban las virtudes del modelo español, ahora nos atacan y el modulo productivo sigue siendo el mismo: basado en el ladrillo», explica Noya, quien también asegura que hay ataques interesados contra España en algunos medios de comunicación extranjeros. Noya considera además que no se puede comparar a España con Grecia porque estamos en una situación mucho mejor gracias a la mayoría absoluta del Gobierno y a la estabilidad y posibilidad de acometer reformas radicales que ello implica.

Mejorar la comunicación

Sobre las soluciones, los dos expertos coinciden en que hay que fomentar el marketing y la comunicación patria. «No se puede permitir que haya un ataque sistemático a España. En 30 años hemos sido incapaces de tener una diplomacia como la francesa o la inglesa», asegura Noya. Prado destaca los esfuerzos de Margallo por potenciar la marca España y señala que es absolutamente necesario «fomentar una política activa para que las marcas sean percibidad como positivas». «Pese a que tenemos muchas empresas exitosas fuera, en el exterior se sigue pensando en Alemania como líder de la automoción; en Estados Unidos, como el de la tecnología y en Italia, en diseño de moda». Para Prado el nivel de confianza y la fama están directamente relacionados con una mejora económica «Si somos capaces de subir el índice de reputación, subiremos la inversión, la llegada de turistas y otros países comprarán más nuestros productos», sentencia.


¿Y qué opina el Gobierno?

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, cree que la imagen de España en el exterior es injustamente negativa y ha achacado el deterioro de la marca España a los "desafueros y deslealtades" cometidos por el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con aliados tradicionales como Estados Unidos. García-Legaz asegura que "los graves errores" cometidos en los últimos años han desprestigiado al sector exterior español notablemente "más de lo razonable". "Determinadas decisiones gubernamentales erróneas en relación con Alemania o el posicionamiento contra Israel, son también factores que explican la enorme pérdida de confianza en España", considera, en un artículo publicado en La Razón, el secretario de Estado. Además, critica que el ejecutivo socialista apostara más por alianzas con regímenes populistas en Latinoamérica que por mantener relaciones bilaterales con países de Iberoamérica estables y dinámicos. No obstante, ha destacado las fortalezas de la economía española líder en sectores como el de las telecomunicaciones, las infraestructuras o las energías y ha apostado por continuar con las reformas estructurales para recuperar la marca España y que España "vuelva a tener crédito" en el exterior.


¿Y los empresarios?


El Consejo Empresarial para la Competitividad, integrado por 17 de las principales empresas españolas, publicará en los próximos días un amplio y documentado informe en el que se demuestra de manera fehaciente la solidez y solvencia de las grandes compañías nacionales. Este será el segundo documento que publique el citado Consejo después de haber destacado en el anterior las «indudables fortalezas» de la economía española «para favorecer el crecimiento, ganar en competitividad, restablecer la confianza de los mercados y reducir la prima de riesgo». El análisis de estas firmas, que representan más del 35% del PIB español y emplean a 1,7 millones de trabajadores, es que «en el último medio siglo, España ha conseguido triplicar su peso en el total de la economía europea y ha logrado salir reforzada de cada una de las crisis por las que ha pasado, en las décadas de los 70, 80 y 90». En este sentido, el texto anterior resaltó, además del buen posicionamiento internacional de España, que nuestro país es «uno de los principales mercados europeos  tanto por PIB per cápita (cuarta economía europea) como por tamaño (quinta de la UE en términos de PIB)» y cuenta con empresas líderes en sectores clave. Además, el documento destacaba que España es el séptimo receptor de inversión extranjera por sus potentes infraestructuras.


El primer banquero de España salió recientemente a defender la imagen de España. Con energía y decisión, el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, cargó contra aquellos que se dedican a denigrar la imagen de España y no ven el esfuerzo que se está haciendo al adoptar medidas económicas y reformas que, en su opinión, han de llevar a este país por la senda de la recuperación. La frase fue rotunda. Y no quiso que quedara diluida en medio de un discurso plagado de reivindicaciones. Por eso la pronunció al comienzo de su intervención en el Teatro Circo de Murcia, donde presidió la XII junta general de accionistas de Universia, ante la presencia de 79 representantes de universidades, de los cuales 59 eran rectores. "No comparto en absoluto los comentarios tan negativos que se están haciendo sobre la situación en España, que lo único que hacen es generar incertidumbre y nerviosismo". Lo que significa, agregó, "distraer la atención sobre lo que es importante en este momento". Para el empresario, lo urgente en estos momentos no es otra cosa que "terminar de acometer las necesarias reformas y ajustes en nuestro país para garantizar un crecimiento sostenible de la economía y el empleo". 


Tampoco disimuló su malestar con el mercado y las agencias de rating, "que centran su atención en las dificultades más inmediatas que afectan tanto a España como a Europa, dejando en un segundo plano el peso que merece el profundo esfuerzo reformista que está acometiendo nuestro país". En su análisis reconoció que, a lo largo de las tres últimas décadas, habían aparecido desequilibrios y desfases que ahora han exigido, entre otros, cambios de calado en el modelo productivo, el sector financiero, el mercado de trabajo y la gestión pública. "Pero las dificultades actuales no deben afectar a nuestra confianza y capacidad de acción". Y con el mismo tono de voz enérgico, agregó que "los españoles somos una gran nación y la sociedad española cuenta con importantes fortalezas".


En su opinión, seis son los pilares de España: 1) un sistema democrático plenamente consolidado; 2) un sector empresarial exportador muy competitivo a nivel internacional y potentes multinacionales españolas; 3) unas infraestructuras de primera, gracias a las fuertes inversiones realizadas en los últimos 20 años; 4) un capital humano muy cualificado;  5) un elevado porcentaje de graduados universitarios, superior a otros países europeos; 6) y, por último, una producción científica que es la novena del mundo. Todo esto, unido a las medidas de austeridad y reformas que se están aplicando, "nos permitirá recuperar la confianza de los mercados, volver a la senda del crecimiento y de creación de empleo, y consolidar el progreso social logrado en las últimas décadas". 


Siendo todo esto verdad, y si somos mucho mejor de lo que el resto del mundo opina, es que algo falla porque nuestra imagen sigue por los suelos. Pero ¿cómo vamos a solucionarlo?  ¿cómo vamos a mejorar nuestra imagen-marca si todavía no sabemos qué queremos hacer con España? ¿cómo podemos conseguirlo si nuestros políticos pierden más tiempo discutiendo qué es España que en sacarla adelante? ¿cómo podemos tener una política coherente si tenemos 17 diferentes a diario? ¿cómo podemos mejorar nuestra imagen si seguimos pareciendo un países de vagos que sólo piensan en el cachondeo mientras nuestros gobiernos hacen manitas con chavistas y castristas?

¿Marca España? Parece más un sueño que un objetivo deseable y al alcance.

CATALUÑA: LOS PEAJES, LA MENTIRA HISTÓRICA DEL NACIONALISMO FASCISTA LOCAL

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y su entorno están instrumentalizando el malestar histórico de los catalanes con los peajes como una manera de hacer oposición política. El problema es que el nuevo presidente de ERC, Oriol Junqueras, no cuenta con acta de diputado y no puede plantar batalla en el Parlament. ERC ha salvado este obstáculo con una campaña viral a través de Youtube. Incluso su portavoz en el Parlament, Anna Simó, participó activamente en las protestas del pasado 1 de mayo, para paliar el escaso protagonismo que tiene ERC en el Día de los Trabajadores.

La movilización contó con el apoyo tácito de CiU, que no ha participado en la misma pero que “la comprende”, en palabra del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. CiU es consciente de la impopularidad histórica de los peajes en Cataluña y no quiere perder más votos por ese flanco.

El propio Artur Mas ha reconocido que ha enviado una carta a Mariano Rajoy para que generalice los peajes en el resto de España y acabe con los agravios comparativos que perciben la mayoría de los catalanes (ellos, que se pasan el día intentando crear nuevos agravios comparativos con el resto de los españoles, pretenden acabar con uno imponiendo cargas al resto, no quitando las suyas).

Abertis es quien cobra, no el Gobierno central

En este debate de los peajes en Cataluña tanto la Generalitat como los activistas escamotean algunos puntos fundamentales. El primero es que los peajes no se pagan al Gobierno español sino a Abertis, una empresa catalana, con directivos catalanes y accionistas mayoritariamente catalanes: el más importante, La Caixa. Abertis era precisamente el candidato mejor visto por la Generalitat para gestionar la después fallida privatización del aeropuerto de El Prat.

El otro punto que tampoco se toca es que en los siete años en que ERC gobernó en Cataluña participando en el tripartito de la Generalitat las plataformas antipeajes abandonaron sus movilizaciones, si bien éstos siguieron existiendo.

Malestar en La Caixa

Toda esta situación ha provocado malestar en La Caixa, donde se considera que siempre se ha apoyado a Cataluña no sólo en proyectos como el aeropuerto, sino en otros como Port Aventura o, más recientemente en el apoyo financiero a la Generalitat ante el cierre de mercados de deuda. Por eso, la tibieza del gobierno de Artur Mas ante la protesta no ha sentado bien en la planta 24 de las torres negras de La Caixa.

Isidre Fainé es el padre de Abertis. De hecho, él había sido director general de de Bankunión, que fue el promotor de Acesa.  Cuando Bankunión quebró en 1981, ya desde La Caixa, Fainé convenció al entonces director general Josep Vilarasau para que comprase a buen precio Acesa, que había quedado en el Fondo de Garantía de Depósitos. A partir de ahí se creó a Abertis. Pero el camino no fue fácil. En especial, por las protestas contra los peajes que le llegaron a costar el cargo al presidente de Acesa Josep Manuel Basáñez en 1998 y que llevó a la presidencia al propio Fainé y al puesto de consejero delegado a Salvador Alemany, cuya primera misión fue precisamente, pacificar la protesta contra los peajes.

En definitiva, y como es habitual, empresarios catalanes cobran a los ciudadanos catalanes  por lo servicios que prestan con el beneplácito del gobierno catalán, mientras esos políticos  catalanes esconden su responsabilidad culpando al resto de los españoles. Su comportamiento político, con una dirección propagandística típica del fascismo y el estilo goebelssiano, ya no nos sorprende, pero no deja de repugnar.

GIBRALTAR; HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SE vuelve a hablar de Gibraltar. Puede ser útil pasar revista a los orígenes del litigio así como a las disposiciones del Tratado de Utrecht que afectan al Peñón, a sus límites geográficos y a su población. También a la manera en que dichas disposiciones han sido, o no, respetadas.

CRONOLOGÍA

1656.- Thomas Cromwell escribe al Almirante Montague indicándole la necesidad de ocupar el peñón de Gibraltar para controlar el acceso al Mediterráneo.

1702.- El Reino Unido, Holanda, Austria y Portugal alcanzan un acuerdo militar, conocido como la Gran Alianza, para intervenir en la Guerra de Sucesión Española apoyando al archiduque Carlos de Habsburgo, pretendiente a la corona.

1704.- Parte de Lisboa una flota anglo-holandesa comandada por el almirante Rooke. En verano conquistan Gibraltar, pidiendo a sus habitantes que prestasen vasallaje a Carlos III de España, no al rey de Inglaterra. Meses después las tropas borbónicas asediaron la ciudad sin conseguir retomarla.

1713-1714.- Tratados de Utrecht-Rastatt. Los ingleses aprovechan que los españoles no negocian directamente (lo hacen mediante intermediarios franceses) y arrancan como compensación de guerra el peñón de Gibraltar (sólo el peñón), la isla de Menorca, un navío de permiso al año para comerciar con las Indias españolas y el llamado "asiento de negros", monopolio de tráfico de esclavos con América durante 30 años.

1727.- Sitio de Gibraltar. Fallido.

1779-1783.- Gran Asedio de Gibraltar. Fallido. El sitio finaliza con la Paz de Versalles, por la que el Reino Unido devuelve a España la isla de Menorca pero no Gibraltar.

1815.- El Reino Unido solicita a España extender la colonia ocupando parte del istmo para instalar un hospital de emergencia donde atender a los enfermos de una epidemia.

1830.- Gibraltar adquiere el estatus de colonia británica.

1854.- Las autoridades británicas vuelven a ampliar la superficie de la colonia utilizando de nuevo el pretexto humanitario.

1859.- Se inaugura el Canal de Suez. Gibraltar pasa a ser uno de los puntos estratégicos más importantes del Imperio Británico.

1909.- El Reino Unido levanta una verja que separa la colonia del territorio español. De este modo queda el istmo anexionado de facto a Gibraltar.

1938.- Se construye el aeropuerto de Gibraltar en la zona del istmo, arrebatada ilegalmente a España durante el siglo anterior. España protesta en vano.

1960.- El Gobierno español lleva el asunto de Gibraltar al Comité de Descolonización de la ONU.

1966-1967.- La ONU reconoce el estatus colonial de Gibraltar y, mediante las resoluciones 2231 y 2353 insta a ambos Gobiernos a reabrir las negociaciones.

1969.- Londres responde a las resoluciones de la ONU recalificando el estatus de Gibraltar como "Territorio Británico de Ultramar". Madrid reacciona cerrando la verja un mes después.

1985.- El Gobierno de Felipe González ordena reabrir la verja y normalizar las relaciones.

2001.- España y el Reino Unido proponen la cosoberanía para Gibraltar.

2002.- Los gibraltareños rechazan lo cosoberanía en referéndum.

2006.- El "Foro Tripartito de Diálogo sobre Gibraltar" formado por los Gobiernos de España, el Reino Unido y Gibraltar acuerda el uso conjunto del aeropuerto, pensiones, telecomunicaciones y tránsito del puesto fronterizo. En España llueven las críticas porque, por vez primera en 300 años, España ha aceptado a Gibraltar como parte legítima.

2009.- Un ministro socialista español, Miguel Ángel Moratinos, visita por vez primera Gibraltar. Poco después se producen enfrentamientos entre la marina británica y patrulleras de la Guardia Civil. Tras la nueva bajada de pantalones de Moratinos y el gobierno socialista en política exterior, no se consiguió nada más que empeorar la posición y respetabilidad de España.

DESARROLLO

El último testamento de Carlos II, que designaba como heredero del Trono de España al Duque de Anjou, alteraba el equilibrio europeo a favor de Francia. Por lo que la Gran Bretaña, el Imperio y los Países Bajos iniciaron en 1701 la guerra que se llamaría de Sucesión. En 1703 el Archiduque Carlos, hijo del Emperador, fue proclamado en Viena Rey de España. A su favor se declararon las regiones de la antigua Corona de Aragón donde existía, especialmente en Cataluña, un fuerte sentimiento contra Francia desde la pérdida del Rosellón. Una guerra civil española se añadía así a la contienda europea.

En 1704 fuerzas británicas y holandesas desembarcaron en Gibraltar y lo ocuparon para el pretendiente austríaco, que había solicitado ser reconocido por la ciudad. El Cabildo afirmó su lealtad a Felipe V y la inmensa mayoría de la población no quiso jurar fidelidad a Carlos III y prefirió el éxodo.

La ocupación del Peñón era un viejo objetivo de Londres. Hubo un gran esfuerzo para britanizar la plaza. Sin base jurídica alguna, ni siquiera el derecho de conquista que hubiese correspondido al bando austríaco español. Hasta 1711 no se logró que se marchasen los holandeses y la guarnición fuese totalmente británica.

A partir de 1711 la guerra empezó a pintar mal para Francia. Pero al morir el Emperador José I y sucederle el Archiduque Carlos hubo miedo en Londres a una repetición del doble Imperio de Carlos V y se iniciaron negociaciones bilaterales con Francia de las que salió la injustísima fórmula, consagrada después en Utrecht, por la que se forzaba a España a pagar los platos rotos. Los inconvenientes de aceptar a un Príncipe francés como Rey de España quedaban neutralizados para la Gran Bretaña por la posesión de Gibraltar y Menorca y el dominio del Estrecho y del Mediterráneo Occidental.

Felipe V intentó, sin éxito, resistirse a lo que se le impuso. Sus sucesores, conscientes de lo que el cambio de dinastía había costado a España se esforzaron en utilizar la alianza francesa para recuperar la isla balear y el peñón andaluz. De ahí los asedios fallidos del Peñón en 1727-28 y 1779-82.

El artículo X del Tratado de Utrecht limita el territorio cedido a la Gran Bretaña «a la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen... sin jurisdicción alguna territorial». Esta última expresión confirma que la administración del Peñón no se extenderá al término municipal anterior.

El territorio de la plaza terminaba en la puerta de la muralla que daba al istmo. Los negociadores británicos no habían logrado en Utrecht, aunque lo intentaron, que el istmo fuese cedido. En cuanto entró en vigor el Tratado (1713) ocuparon dos pequeñas y arruinadas edificaciones por considerarlas parte de las defensas de la fortaleza. Alegaron también que cuando se cede una plaza se debe suponer cedido también el espacio al alcance de sus cañones. Lo que equivalía a reivindicar toda la bahía de Algeciras.

Para rebatir este argumento empezó en 1731 la construcción de dos fuertes en el extremo norte del tómbolo, con piezas del mismo alcance que las británicas. Se establece de hecho un campo neutral situado todo él en territorio español.

En 1808 mantiene España, aliada a Francia y en guerra con la Gran Bretaña, importantes fuerzas en el Campo de Gibraltar al mando del general Castaños, con la finalidad de impedir una invasión británica desde el Peñón. En mayo cambian las tornas: los británicos son los aliados y los franceses los enemigos. Las tropas de Castaños dan media vuelta y marchan hacia el Norte, para vencer en Bailén. El gobernador del Peñón ordena la voladura de los fuertes de La Línea, para que no puedan utilizarlos los franceses.

En 1815, ante una epidemia de fiebre amarilla, el gobernador de la plaza consigue la instalación provisional de un campamento sanitario en el istmo. Vencida la epidemia las construcciones no se derribaron y fueron la base de otra expansión.

En 1854 una nueva epidemia sirve de pretexto para instalar en el istmo una línea de garitas. Los límites terrestres de la fortaleza habían avanzado ochocientos metros. Lo que se consolidaría en 1908 con la construcción de la verja de hierro, a lo largo del borde británico del territorio neutral, según la explicación del embajador del Reino Unido.

Hubo presiones británicas para que no se instalasen baterías artilleras en las alturas que dominan el Peñón. Era menoscabar la soberanía española con un hinterland desarmado de Gibraltar.

Las rapiñas ístmicas culminaron en 1938 con la construcción de la pista del aeropuerto que atraviesa el tómbolo y se adentra en la bahía de Algeciras. Se aprovechó que en plena guerra civil no era pensable una protesta española eficaz.

Por parte británica se utilizó el argumento de que sus avances no habían dado lugar a protestas de España, por lo que debían considerarse legitimados por prescripción adquisitiva. En verdad las protestas habían sido continuas. En 1966 la Gran Bretaña se declaró en las Naciones Unidas soberana del sector meridional del istmo que limitaba con la verja.


En 2009 el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero puso a España a los pies del Reino Unido en el asunto de Gibraltar. Miguel Ángel Moratinos se convirtió en el primer ministro español de Asuntos Exteriores que en 300 años pisó suelo gibraltareño y también en el primero que, en el interior de la colonia británica, recordó que para España la reivindicación de su soberanía es «irrenunciable y permanente» y, además, «conocida por todas las partes». 


Eso sí, Moratinos no creyó que hubiera llegado aún la hora de negociar la soberanía con los británicos. Más aún, afirmó que ese asunto -piedra angular de la reivindicación española en estos tres siglos- «lo trataremos en el momento que se considere más beneficioso para avanzar seriamente en la solución del problema», sentenció cuando se le recordó que desde 2002 no ha habido ni un solo intento de negociación sobre la soberanía, a pesar de que el Congreso había instando al Gobierno a hacerlo. Para el responsable de la diplomacia española, era el momento del «diálogo» y la «cooperación».


A su lado, en rueda de prensa conjunta, Moratinos tuvo al secretario del Foreign Office, David Milliband, y al ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, que vivió su día de gloria actuando como anfitrión de la tercera reunión del Foro Tripartito de Diálogo y que tuvo palabras muy elogiosas para Moratinos. Cuando se suscitó la soberanía, Caruana no desaprovechó la oportunidad para decir que el Foro estaba abierto a abordar cualquier asunto, algo que no compartía España, que afirmaba que ese instrumento era para tratar únicamente cuestiones de cooperación.


Esta discrepancia sobre las competencias del Foro estuvo a punto de obligar a un aplazamiento de la visita, porque Caruana no parecía dispuesto a avanzar en la cooperación en materia de medio ambiente si España no renunciaba a su declaración de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para un hábitat natural que incluye aguas que los gibraltareños consideran suyas. Finalmente, las tres partes plasmaron el acuerdo para colaborar en materia medioambiental, incluyendo dos párrafos en los que venía a encapsularse ese contencioso concreto que tiene que ver con las reclamaciones de unos y otros en materia de soberanía. Por un lado, se indicaba que esa declaración de LIC o las decisiones de la Comisión Europea sobre ese asunto no cambiaban la soberanía, jurisdicción y control de las aguas, «que permanecen como estaban antes». Por otro, se decía que nada de lo acordado podría ser utilizado como base para las reclamaciones hechas ante los tribunales europeos. Gibraltar recurrió el LIC y, aunque Londres tampoco lo reconoce, Milliband no dijo que fueran a respaldar la decisión gibraltareña de recurrirlo.


Moratinos, a quien Caruana elogió por su determinación política», insistió en apostar por la vía de la cooperación y no por «el aislamiento y el enfrentamiento». «Hemos estado muchos años -dijo- enfrentados a la roca de la incomprensión. No estamos en el siglo de las medidas coercitivas». Con ese pensamiento, destacó los acuerdos alcanzados en asuntos que iban desde la colaboración ante los accidentes medioambientales en las aguas en torno al Peñón hasta la agilización de visados para los marroquíes que residen en la colonia. Además, en materia de comunicaciones se establecerían enlaces entre Gibraltar y los puertos españoles, fundamentalmente un ferry entre el Peñón y Algeciras. El ministro anunció también que antes del 2010 estaría en marcha el Instituto Cervantes en Gibraltar, que tendría como director al profesor Francisco Oda, ex jefe de Estudios de la Escuela Diplomática y natural de La Línea.


La colaboración se extendería, asimismo, al campo judicial y policial y a cuestiones fiscales. Moratinos aseguró que España «está decidida a negociar con Gibraltar» un acuerdo de transparencia fiscal con el modelo de la OCDE, algo a lo que era reacio el Gobierno, pero que después pareció aceptar, tras haber dejado claro el Reino Unido que los gibraltareños firmaban por delegación de Londres.

El artículo X del Tratado de Utrecht nada dice de la población puesto que considera a Gibraltar como un punto de apoyo estratégico sin dimensión demográfica. Dispone la reversión a España del Peñón si la Gran Bretaña lo abandona. No solo se impide así la transferencia a un tercer país sino también a un Gibraltar independiente. Esto lo avalan las Naciones Unidas en su resolución 2253 de 1967 al establecer que para la descolonización de Gibraltar es aplicable la vía del sexto párrafo de la resolución 1514, es decir, el restablecimiento de la integridad territorial de España mediante negociaciones bilaterales con la Gran Bretaña en la que se tendrán en cuenta los intereses de la población llanita.

La Gran Bretaña acepta la imposibilidad de la independencia de Gibraltar pero ha hecho ambiguas concesiones a la población como el decreto que otorga una Constitución a Gibraltar. En el preámbulo del decreto se dice que nunca será cedida la soberanía sobre el Peñón sin el consentimiento de sus habitantes. Al consagrar el derecho de veto de la población la Gran Bretaña enajenó una parte importante de su soberanía sobre Gibraltar y contradijo lo establecido en Utrecht. Provocó además la aplicación por España de la incomunicación terrestre del Peñón prevista también en el artículo X. Esta sumisión a los deseos de los habitantes no la aplicó Londres cuando realizó la retrocesión de Hong Kong a China sin consultarlos, a sabiendas de que querían en su gran mayoría seguir siendo británicos.

Sería equivocado hacer un juicio moral de la aplicación por la Gran Bretaña del artículo X del Tratado de Utrecht. Las potencias, en especial las grandes, piensan que la defensa de sus intereses debía prevalecer sobre cualquier otra consideración. Así actuaba a veces España en su breve etapa hegemónica.

La Gran Bretaña estimaba necesario, como vimos, disponer del Peñón de Gibraltar. Fracasó en Utrecht ante la firmísima postura española de no ceder al istmo. Decidió conseguirlo paso a paso y sacar partido de la debilidad de España, especialmente cuando dejó de contar con la alianza francesa y se enredó en guerras civiles.

El Reino Unido ya no tiene una relación leonina con España. Somos aliados y amigos. No chocan nuestros intereses. Si en el Peñón se evitan provocaciones y por parte española se mantiene una serena firmeza se podrá seguir avanzando hacia la solución de nuestro litigio.

ARTÍCULO 10 DEL TRATADO DE UTRECHT

CESIÓN CONDICIONADA DE GIBRALTAR

“El rey católico por sí y por sus herederos y sucesores cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce  con entero derecho y para siempre, sin escepción ni impedimento alguno. 

Pero para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grande angustia,  siendo la mente del rey católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto.  

Pero si se aprehendieren algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco y presentada queja de esta contravención del presente tratado serán castigados severamente los culpados.  

Y su Majestad británica, a instancia del rey católico consiente y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella ciudad, con  lo que se pueda cortar la  comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comercio entre los ingleses y algunas regiones de la costa de África, ha de entenderse siempre que no se pueda negar la 

entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves que sólo vienen a comerciar.  

Promete también su Majestad la reina de la Gran Bretaña que a los habitadores de la dicha ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la religión católica romana.  

Si en algún tiempo a la corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de  la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla.” 

Texto procedente de la página 78 de la obra “Tratados de paz y de comercio desde el año de 1700 hasta el día” (título abreviado). Recopilación de Alejandro del Cantillo, que fue Oficial de la Primera Secretaría de Estado y del Despacho. Fue editado en la imprenta de Alegría y Charlain, sita en la Cuesta de Santo Domingo, nº 8, en 1843.

Se recomienda ver también sobre el tema el artículo de FAES escrito por el historiador César Vidal.