martes, 17 de julio de 2012

LAS BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA. UNA VEZ HUBO HÉROES


Sin la victoria de los españoles en las Navas de Tolosa en julio de 1212, no existiría ninguna de las instituciones que en 2012 ha considerado más importantes sus componendas, pillajes, vergüenzas y desvergüenzas, y hasta conmemorar la Constitución de Cádiz o la incorporación final de Navarra a la Corona. En las Navas no se dirimió un equilibrio circunstancial de poderes y riquezas, sino un enfrentamiento directo entre dos civilizaciones, en la vanguardia de una de las cuales estaba España. Por cierto que en la vanguardia de la vanguardia, es decir al frente de la hueste central cristiana, estaba el señor de Vizcaya, don Diego López de Haro, fiel vasallo de su señor el rey de Castilla como (casi) siempre han sido los vascos.

El 14 y 15 de julio de 1212 ya estaban dispuestos en el campo de batalla entre 50.000 y 120.000 musulmanes dirigidos por el califa, llamado Miramamolí, que moriría un año después de la derrota y entre 20.000 y 75.000 cruzados franceses, tropas aragonesas, catalanas, navarras templarios, de los reinos de Castilla y Portugal, además de maestros del Temple y de San Juan. Los cristianos habían aparcado sus propias disputas territoriales, respondiendo a la llamada a la cruzada contra los almohades del Papa Inocencio III y aún con la gran derrota de la Batalla de Alarcos en la mente, hacía apenas veinte años, en la que Alfonso VIII no quiso esperar refuerzos cristianos. El 19 de junio de 1212 salieron de Toledo las huestes cristianas. En su camino tomaron las plazas musulmanes de Malagón, Calatrava, Alarcos y Caracuel. Aquí se les unió el ejército de Sancho de Navarra, con sólo 200 caballeros. Tras una escaramuza en el Puerto del Muradal, el choque definitivo se producirá junto al lugar llamado Mesa del Rey.

En el ejército cristiano, unos 12.000 hombres divididos en tres cuerpos, el rey de Aragón mandaba el ala izquierda, correspondiendo el centro al castellano y la derecha al navarro. En primera línea se colocaron las respectivas vanguardias, con los ejércitos y costaneras en el centro y las zagas mandando las retaguardias. Los musulmanes, unos 10 o 12.000, instalaron su campamento en el Cerro de las Viñas, con la infantería al frente y la caballería ligera en los flancos. Detrás se situó la caballería pesada almohade, con la zaga musulmana guardando el campamento del Califa. 

Las primeras luces del día 16 de julio de 1212 ponen en marcha el avance cristiano, hostigado por una lluvia de flechas. Pronto la vanguardia chocó con las defensas musulmanas, que se cerraron sobre ella, causando numerosas bajas. Al ver retroceder a los cristianos, los musulmanes rompieron su formación para perseguirles, lo que fue un grave error táctico. En ese punto, los tres reyes con sus mesnadas, lo más granado del ejército cristiano, se lanzaron por el centro que la caballería enemiga había dejado abierto. Al poco quedaron rotos tanto el frente almohade como su zaga, produciéndose su desbandada. Los cristianos se lanzaron sobre el campamento enemigo, aplastando a la guardia musulmana y poniendo en fuga al califa. La batalla había terminado. 

La victoria en las Navas de Tolosa aumentó la presión cristiana sobre los musulmanes. Por el reino de Aragón, Jaime I conquistó Mallorca e Ibiza, así como el reino de Valencia. Fernando III de Castilla ocupó la baja Extremadura, Sevilla, Córdoba, Jaén y Murcia, mientras que Sancho IV toma Tarifa. Por su parte, Portugal completa la conquista del Algarve hacia 1250. 

Ha habido conmemoraciones, más privadas que públicas y más locales que nacionales, en Las Navas de Tolosa, en Roncesvalles, en Aldea del Rey y hasta en Pamplona. Pero ha faltado la Corona, ha faltado el Gobierno y en consecuencia los políticos de primera fila se han dedicado a otras actividades veraniegas. Nadie recordó el pasado día 10 que era el aniversario de la muerte del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar; las autoridades locales comentan con decepción que ha vuelto a pasar lo mismo que al conmemorarse en 2008 el aniversario de la batalla de Bailén.

Todas las comunidades humanas necesitan, si han de perdurar, unos mitos compartidos que vertebren su identidad. Lo peculiar de España es que ha hecho mitos de acontecimientos históricos que no necesitaban cambios para retratar la personalidad colectiva de muchos siglos y generaciones. Quizá por eso entre nosotros no hay más dragón que el de Montserrat, y por eso no hemos necesitado una construcción tan imaginativa como la de Israel ni tan endeble como las de casi todos los Estados surgidos en el último siglo, o dos. Mitos, sin duda, pero fundados en hechos, desde Numancia a Pompeyo, de Recaredo a don Pelayo, del Cid a las Navas, de Caspe a Granada, y así. Y por eso mismo la negación y destrucción de la identidad española tiene un problema particular, que es que no basta a sus enemigos identificar sus mitos y calificarlos como tales, sino que han de promover la negación y el olvido de la verdad histórica.

Antes ya de que existiese el concepto moderno de nación existía España, y era la memoria de las Navas un pilar de su identidad. Un mito, sí, pero uno que no necesitaba como otros temer la investigación histórica sino, al revés, podía permitirse promoverla. De hecho, es muy de notar que hasta la Constitución vigente reconoce, y no pretende crear, esa identidad y esa unidad: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»; de los españoles, no de sus representantes, ya que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Defender los cimientos de esa unidad no es por tanto para ninguna autoridad pública una opción, sino un deber, puesto que sin tal identidad desaparecería la legitimidad misma de todos los cargos, carguitos y cargüelos.

Las Navas de Tolosa era una batalla debidamente recordada en nuestras escuelas, pero no lo es ya en los planes de estudios que padecemos, donde todo lo precontemporáneo y no sectario es despreciado. Las Navas de Tolosa era una batalla conmemorada sin interrupción en toda España y aún fuera de ella, puesto que españoles de todas partes vencieron allí juntos y todos sus descendientes nos beneficiamos hasta el día de hoy de aquella victoria; ya no es así, puesto que se miente sobre lo que pasó o sencillamente se niega y olvida, para dar aliento a mitos e identidades sin fundamento en el pasado pero con sustento en los nuevos reinos de Taifas en que vivimos.

Europa, nos dicen, ha entrado en la era post-nacional "exaltada por los herederos de la reconstrucción y por los turiferarios del patriotismo constitucional teorizado por Jürgen Habermas, obsesionados por la ideología del mestizaje, que persiguen todas las formas de culturalismo o de esencialismo, invocando el advenimiento de una Europa desencarnada, dirigida por un universalismo abstracto". Como recordaba Jean de Lothier en el último número de Diorama Letterario, la nación moderna sirvió en sus orígenes al liberalismo, pero en las últimas décadas, en general, tanto el socialismo marxista como el liberalcapitalismo han optado por lo genéricamente humano y por la negación de las identidades naturales; en consecuencia, han empezado por negar los hechos y los mitos fundacionales de tales identidades en la tradición europea.

En consecuencia, ante las Navas, negar lo que sucedió, falsificarlo o relegarlo a un rincón de la vida colectiva no es sino un paso más hacia la destrucción de la identidad española, con la complicidad del gobierno del PP, antesala de la reducción de Europa a un inmenso rebaño de individuos hipotecados, dispuestos a llamar libertad a su sumisión individual e irreversible y a su falta de verdaderas libertades. Don Claudio Sánchez Albornoz identificó España con una permanente opción por lo cristiano, lo europeo y lo occidental, de la que esta batalla no es sino una muestra grandiosa. Desde luego que a las distintas formas de materialismo actual, incluso el de nuestros personajes y políticos, conviene más el individualismo de Américo Castro. Sólo que no tenía razón.


lunes, 16 de julio de 2012

DESPILFARRO A NIVEL LOCAL PARA MANTENER A POLÍTICOS GORRONES



Reducir un 30% la estructura de cargos políticos de los ayuntamientos españoles -contando también los puestos de asesores- permitiría ahorrar más de 100 millones de euros al año. Sólo en retribuciones de concejales, se evitarían más de 60 de gasto cada doce meses, según el estudio realizado por ABC a partir de los presupuestos de un representativo grupo de ayuntamientos españoles, los de las grandes ciudades y los de diversos municipios medianos.
España suma actualmente 68.286 concejales -8.084 de ellos son alcalde-. No está de más subrayar que gran parte de ellos no cobra por el cargo. Son aquellos que están al frente de los municipios más pequeños, a los que en la inmensa mayoría de los casos la política les cuesta tiempo y, a veces, hasta dinero.

En España hay casi 4.000 municipios de menos de 500 habitantes. En ellos, aplicar el recorte general del 30% de concejales anunciado por el Gobierno de Rajoy tendría un efecto económico inapreciable y, además, sería una medida de corto recorrido porque son escasos los puestos de concejales que tienen esas poblaciones. Sin embargo, la medida sí se notará en los ayuntamientos de mediano y gran tamaño, en los que las estructuras políticas son amplias, y también el coste que llevan aparejado.
Exceptuando los pequeños ayuntamientos, las retribuciones de alcaldes y concejales cuestan cada año más de 250 millones de euros, contando tanto las pagas que perciben como las cotizaciones a la Seguridad Social que hay que abonar por aquellos políticos que están a sueldo, ocupando el cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial.

Puestos de libre designación

A esos más de 250 millones de euros se añaden los salarios de una amplia lista de cientos de asesores, los puestos de personal de libre designación que incluyen las estructuras políticas de los ayuntamientos de mediana o gran entidad. Sumando esto, el gasto de conjunto se eleva ampliamente por encima de los 300 millones de euros al año. Hay que tener en cuenta, además, que hay alcaldes y concejales que compaginan estos cargos con otros como los de diputados provinciales o parlamentarios en Cortes regionales o nacionales.
La reforma impulsada por el Gobierno central va también en la línea de dar más homogeneidad en toda España a las «tablas salariales» de los cargos políticos de municipios de similar envergadura, ni hay equivalencia entre municipios con los mismos concejales, ni en proporción al número de habitantes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, con 57 ediles para una población de 3,3 millones de personas, se gasta en retribuciones de esos cargos públicos 3,75 millones de euros, lo que supone una media de 65.762 euros por escaño; el Ayuntamiento de Zaragoza, con 33 concejales para una población cinco veces menor (675.000 habitantes), 2,12 millones de euros, a una media de 68.492 euros por escaño. Y esto es sólo un ejemplo de los muchos que se encuentran al comparar ayuntamientos. Lo mismo ocurre con sus estructuras de asesores, el denominado personal eventual. Hay consistorios que se gastan mucho más que otros municipios con muchos menos habitantes.

Muchos a remunerar

La reforma planteada por el Gobierno de Rajoy para los cargos políticos de los ayuntamientos -que no podrá entrar en vigor antes de las elecciones municipales de 2015- surtirá su efecto económico más visible en los consistorios de mayor tamaño, sobre todo los de ciudades de más de 100.000 habitantes. Pero no hay que menospreciar el ahorro que tendrá en corporaciones locales medianas. No tanto por el ahorro neto que conllevaría en un ayuntamiento concreto, sino porque, por limitado que éste fuera, hay tal cantidad de consistorios que el agregado sí que arrojaría un ahorro considerable.

En España hay unos 250 ayuntamientos de ciudades que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes. Y, poco o mucho que cobren sus alcaldes o concejales, la suma total se eleva por encima de los 60 millones de euros anuales. También hay unos 350 ayuntamientos de municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes, en los que el coste por retribuciones a miembros corporativos, por discretas que sean -como sueldo o en forma de dietas por asistencia a sesiones de pleno o de comisiones- suma también varias decenas de millones de euros al año.
Es decir: no es que cobren poco o mucho; es que hay tantos a cobrar que la suma se dispara. De ahí que la reducción de cargos pueda proyectar efectos en todos los niveles, tanto de municipios medianos -porque son muchos- como en los grandes -porque sus estructuras políticas son amplias-.

Madrid y Barcelona

Entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona, este año dedicarán siete millones de euros a retribuir a sus cargos políticos y otros 23 millones a pagar al personal de libre designación. La corporación barcelonesa la componen 41 ediles, mientras que la madrileña está integrada por 57 (1 por cada 40.121 habitantes en Barcelona, 1 por cada 57.894 en Madrid, una amplia diferencia). Pese a la abultada cantidad de dinero que se va en sueldos de concejales, lo que cuestan sus plantillas de personal de libre designación es más del triple.
Además, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos de grandes ciudades -Madrid y Barcelona no son los únicos- disponen también, para articular la acción de gobierno, la figura del «personal directivo», que cuenta igualmente con su propia partida en los presupuestos para pagar las remuneraciones que perciben quienes ocupan dichas plazas.

Las otras cuatro grandes

Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga son las otras cuatro ciudades más grandes de España, con una población que va desde los 568.000 habitantes que tiene la capital malagueña, a los alrededor de 800.000 de la valenciana (24.181, 21.303, 21.774 y 18.322 habitantes por concejal respectivamente, proporcionalmente más del doble de concejales que Madrid)). Entre estas cuatro, este año se gastarán algo más de ocho millones de euros en retribuir a sus alcaldes y concejales, y otros 11 millones al personal eventual de libre designación política, cifra a la que hay que añadir la estructura de puestos directivos de los respectivos gobiernos locales.

Casos muy variados

En el resto de ciudades españolas de mediano o gran tamaño, la casuística es de lo más variada. Por poner un par de ejemplos: el Ayuntamiento de Bilbao cuenta este año con un presupuesto de 1,8 millones de euros para retribuir a sus 29 concejales -alcalde incluido-, y 2,6 millones de euros para pagar a quienes ocupan puestos de libre designación. En el Ayuntamiento de Jaén, cuyo censo es una tercera parte que el de Bilbao, las retribuciones de cargos políticos ascenderán este año a 771.000 euros, más otros 282.300 para puestos de asesores.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NOS ROBAN. DESPILFARROS SIN FIN.


Partido Popular y Partido Socialista se repartieron en el primer semestre del año 2012 cerca de 25 millones de euros en subvenciones para gastos de funcionamiento ordinario, según publicó este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla las ayudas que recibieron todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

Días después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al mayor recorte de la historia de la Democracia, subida de impuestos incluida, el BOE difundió las subvenciones públicas que han percibido los principales partidos durante el segundo trimestre de 2012 para hacer frente a sus gastos ordinarios de funcionamiento según sus resultados electorales. Sumada esta cantidad a las ayudas que ya percibieron los partidos en el primer trimestre de este año, el total supone que, por ejemplo, el PP, con 186 diputados en la Cámara Baja, haya obtenido del Estado 15.355.090 euros solo en estos primeros meses del año. Una cantidad que se duplicará de aquí a diciembre.

El PSOE que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba, que debido a la drástica reducción de subvenciones y a la pérdida de poder territorial en las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales se ha visto obligado a presentar un ERE para un tercio de su plantilla, ha recibido casi la mitad de lo ingresado por el PP: 8.761.208 euros.

Los socialistas, sin embargo, reciben más ayudas del Estado a través del Partido Socialista de Cataluña (PSC), que figura como formación diferenciada a la hora de lograr las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior y que ha sumado, hasta junio de 2012, otro millón de euros (1.311.468 euros). Parecido caso le ocurre al PP en Aragón, donde concurrió a las elecciones junto al Partido Aragonés (PAR) y donde recibe otro medio millón de euros (428.987 euros).

A los dos grandes partidos les sigue, por orden de votos y de subvenciones, Izquierda Unida, con un millón y medio de euros (1.477.960 euros) más otros 30.668 en Aragón, donde concurrió a las elecciones junto con la Chunta Aragonesista. Convergencia Democrática de Cataluña, por su parte, ha recibido en este primer semestre 1.096.708 euros.

El partido de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha ingresado, por este concepto, 1.237.774 euros, mientras que la izquierda abertzale ha logrado, a través de la coalición Amaiur, un total de 535.886. Les siguen el Partido Nacionalista Vasco, con 463.498 euros; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 337.092 euros; Iniciativa Per Cataluña-Verds (ICV), 358.996 euros; el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), 236.748 euros yCoalición Canaria, 198.782 euros. Otra formación minoritaria como Unión del Pueblo Navarro han obtenido, por su parte, 182.362 euros; mientras queCompromís y Geroa Bai han recibido 149.848 y 71.474 euros, respectivamente.

Un 20% menos que en 2011
A pesar de lo abultado de las cifras, las subvenciones de 2012 a los partidos suponen un 20% menos de lo que percibieron el año pasado, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura y ratificaron después el resto de los partidos con la reforma de Ley de Financiación de los Partidos Políticos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se comprometió entonces con PSOE y CIU a que el Ejecutivo no volvería a tocar la asignación a los partidos. Una promesa que, sin embargo, el nuevo ajuste adicional presentado por Rajoy en el Congreso se ha llevado por delante. Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales sufrirán otro recorte del 20% en las subvenciones que recibirán en los Presupuestos Generales del Estado en 2013.

El ‘tijeretazo’ compromete seriamente la situación económica del PSOE, que teme, según reconoce la propia dirección, que el recorte obligue a efectuar otro ERE entre los trabajadores de Ferraz.

Pues sólo un 20% menos sigue pareciendo demasiado para unos partidos que nos han arruinado y que llevan sangrándonos muchos años. Que se mantengan con las cuotas de sus afiliados y recaudaciones de fondos, y si no son capaces de mantenerse que desaparezcan,


miércoles, 11 de julio de 2012

DESPILFARROS QUE NO SE RECORTAN


El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asustó el lunes un poco más a los funcionarios españoles, y Rajoy los remató el miércoles con los mayores recortes de la historia de la democracia, bien es verdad que impulsado por el caos económico heredado de la administración del impresentable e inútil de Zapatero.
El caso es que hay regiones que se han adelantado a Montoro, como la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ya elevó de 35 a 37,5 horas la jornada laboral de los funcionarios. Una medida que irritó a muchos empleados públicos madrileños. Especialmente a los que trabajen en el Ayuntamiento de la capital y manejen algunos datos que afectan al Consistorio: por ejemplo, que la corporación municipal costea el sueldo de nada menos que 254 asesores. Éstos se consideran “personal eventual” y se clasifican en tres grupos: los “adscritos a Presidencia del Pleno”, los “adscritos a grupos políticos municipales” (PP, PSOE, IU y UPyD) y los “adscritos al Gobierno y Administración”.
Para Presidencia (tres asesores) se asigna un presupuesto de 146.095 euros; para los partidos (90 asesores) hay 3,6 millones; y para el Gobierno y la Administración (161 asesores, el grupo más numeroso), 8,3 millones. En total, 12 millones de euros, lo que supone una media de 50.000 euros por persona, si bien esta cifra puede variar en función de cada contrato. A este personal eventual sí le afectan y le afectarán los decretos aprobados contra los funcionarios –reducción salarial, aumento de horas, supresión de los “moscosos”-  con el fin declarado de contener el déficit y la deuda públicos. La única diferencia entre unos y otros: la mayoría de los 254 asesores no llegó al cargo por oposición.
El capítulo asesor fue abordado en enero y publicado un mes después en la web del Ayuntamiento. La alcaldesa, Ana Botella, lo presentó como una muestra ejemplar de austeridad, porque informó del ahorro de un millón de euros con la poda de 18 altos cargos y asesores en el nuevo equipo post-Gallardón (quien a su vez acometió otro recorte en junio del año pasado). Pero poco se ha hablado desde entonces de los dos centenares y medio que quedan, máxime en un contexto de recortes al funcionariado por imperativo de Bruselas.
Algunas áreas están bastante más nutridas de personal eventual que otras. La cifra de 23 empleados en el Área de Comunicación del Ayuntamiento (cuya retribución total es de 1.143.000 euros) contrasta con la de Urbanismo y Vivienda, con cinco, o la de Empleo, con 14. Cada uno de los 21 distritos cuenta con dos asesores excepto el de La Latina, que recibe tres.
También hay diferencias entre los partidos. El PP tiene 31 concejales y 38 asesores; el PSOE 15 concejales y 32 asesores. IU seis concejales y 16 asesores (la que más por edil); y UPyD cinco concejales y cuatro asesores (la que menos, si se tiene en cuenta que el PP también trabaja con los adscritos a la Administración).
Madrid no es la única que tira fuerte de personal eventual. El número de asesores en el ayuntamiento de Barcelona también ronda los 200 (con una población casi cuatro veces inferior a la de Madrid). Valencia los redujo a 46 tras un drástico recorte que dejó sin puesto a la mitad. Ayuntamientos como el de París tienen limitado su número a 40. Y ni siquiera se completa el cupo: la capital francesa solo mantiene a 36.

Mientras tanto, suben el IVA, bajan los sueldos, suben las horas de trabajo....., pero sus asesores, diputados, senadores, y demás ralea que cobran miles de euros mensuales siguen manteniendo el número, las prerrogativas, las prebendas y la explotación de los contribuyentes.


LA SENTENCIA DEL T.E.D.H. DE ESTRASBURGO A FAVOR DE ETA

Reproducimos aquí una columna publicada en El Confidencial por José Antonio Zarzalejos, sobre la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.


"Desde ayer, la economía española está prácticamente intervenida. Pero la soberanía jurisdiccional de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, no lo está. Tampoco el cuerpo de doctrina que forman las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional como garante de la correcta interpretación de la Carta Magna. De tal manera que Inés del Río Prada, asesina etarra condenada a 3.000 años de cárcel por la comisión de 23 crímenes, no saldrá de prisión hasta el 17 de julio de 2017. De ningún modo debe hacerlo antes de esa fecha porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haya dictado una desdichada sentencia que para el Estado español sólo tiene valor declarativo y, en su caso interpretativo, pero no revocatorio de las sentencias firmes de nuestros tribunales, como bien ha puntualizado reiteradamente el propio Tribunal Constitucional.

La potestad jurisdiccional prevista en el artículo 117 de la Constitución no se ha compartido mediante tratado internacional alguno -mecanismo previsto en el artículo 93 de la CE- y, por lo tanto, el de Estrasburgo es un tribunal internacional pero no supranacional y no forma parte de la pirámide jurisdiccional del Estado español. Este tema se ha debatido hasta la saciedad con un amplio y transversal consenso de catedráticos y magistrados.

No hay tratado para que los terroristas puedan ser liberados por tribunales internacionales cuando cumplen condena en España y bajo la responsabilidad de la administración de justicia y de las autoridades penitenciarias de nuestro país. O sea, no hay caso

Aunque la naturaleza no casacional de las resoluciones de Estrasburgo resolvería cualquier duda al respecto, debe añadirse que la sentencia ni siquiera es firme y cabe recurso de apelación a la Gran Sala. Un recurso que gozaría de muchísimas posibilidades de prosperar. No entraré en tecnicismos, pero la sección del Tribunal que se ha pronunciado contra la aplicación de la doctrina Parot comete el error de confundir una norma penal -evidentemente nunca retroactiva- con la jurisprudencia del Supremo sobre el cumplimiento de las penas que puede aplicarse en cualquier momento, como estableció el Constitucional español. El TC sólo admitió que la reinterpretación del cumplimiento de las penas no debía afectar a los presos que dispusieran del licenciamiento firme de su condena (3), pero no a los demás (30), de tal suerte que la doctrina Parot está vigente en España, diga lo que diga Estrasburgo.

Teniendo en cuenta que en España no hay condena perpetua -y sí la hay en varios países de la Unión Europea-, que es lo que merecería una delincuente que ha segado con alevosía la vida de 23 ciudadanos, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo debía habernos sugerido que la implantemos para estos grandes criminales en serie, en vez de ponerse estupendo con argumentos ramplones y perfectamente desmontables para enmendar la plana a la Audiencia Nacional, al Supremo y al Constitucional español. Es difícil encontrarse con una resolución de tan mala calidad técnica y expositiva como la dictada por el Tribunal de Estrasburgo (y aquí no escribe, permítanme la puntualización, el periodista, sino el abogado) que confunde norma con doctrina jurisprudencial, no tanto por incompetencia, cuanto por las muy diferentes y disímiles culturas jurídicas de los magistrados que componen la sección del organismo. De ahí que las resoluciones de este Tribunal sean con frecuencia tomadas por los distintos países a beneficio de inventario; en otras, resulten ininteligibles y no falten ocasiones en que parecen extravagantes.

La dictada a instancias de la reclamación de Inés del Río es indicativa de cómo los garantismos estéticos pueden conducir a la impunidad, total o parcial, y al distanciamiento de la opinión pública de los tribunales que no aplican la materialidad de la ley sino su mera formalidad. Pero nos ha sido muy útil la dichosa sentencia. Para comprobar que Amaiur se alegra de la resolución; para advertir que su portavoz -Mikel Errekondo- no condenó ayer el asesinato de Miguel Ángel Blanco; para reiterar que al PNV le va la equidistancia acomodaticia y para auscultar las muchas contradicciones de la izquierda que -desde el punto de vista cívico y ético- sólo tenía una obligación: apoyar al Gobierno cuando declaró, a través del ministro del Interior, que la etarra no sería excarcelada. Y no debe serlo hasta el 17 de julio de 2017. No hay tratado para que los terroristas puedan ser liberados por tribunales internacionales cuando cumplen condena en España y bajo la responsabilidad de la administración de justicia y de las autoridades penitenciarias de nuestro país. O sea, no hay caso".

Pero Zarzalejos olvida algunas cosas en este artículo, hemos llegado a este lugar por la desidia de nuestros políticos que miraban a otro lado tras los asesinatos, desprecio a las víctimas por ser militares o policías, entreguismo a los partidos nazi-onanistas para poder gobernar, traición a las víctimas como empleados públicos, antiespañolismo desbordante y cobardía personal e institucional de los partidos políticos españoles, de todos, porque ninguno planteó en su momento una reforma del Código Penal que permitiera mantener en prisión a los etarras, porque no reflejaron en un artículo del CP una doctrina similar a la "doctrina Parot".

Olvida que los socialistas presionaron al Tribunal Constitucional para que legalizara a los etarras, creando un clima político que ha sido favorable para llegar a esta sentencia.

Olvida que estamos en pleno proceso de reinserción de etarras asesinos, lo que favorece el clima político favorable a esta sentencia.

Y olvida.... olvida tantas cosas que da un poco rubor ver como levanta la voz en defensa de la dignidad de las víctimas y del sistema jurídico español, sin realizar simultáneamente una acusación a esta vergüenza de políticos que en desgracia tenemos en España.


El Código Penal franquista de 1973 permitía, efectivamente, redimir la pena mediante el trabajo realizado en prisión. Concretamente, un día por cada dos días trabajados (art. 100). Por otra parte señalaba que la duración máxima de la pena (por muchos crímenes que se hubieran cometido) no podía exceder de 30 años (art. 70). Los señores diputados de nuestra democracia mantuvieron el mismo régimen sin modificar ni una coma durante más de treinta años, hasta el famoso Código Penal de la Democracia de 1995, que suprime la reducción de la pena por trabajo, pero que lógicamente no podía resolver la situación de forma retroactiva. La mala pata es que esta terrorista cometió sus innumerables crímenes en el breve interregno. Mientras tanto, el TS había considerando que la reducción por trabajo se aplicaba a la pena máxima de treinta años, que se entendía como una nueva pena a los efectos de la aplicación de los beneficios penitenciarios (STS de 8 de marzo de 1994, en base al RD 1201/1981), y así se había venido aplicando sin fisuras en multitud de casos con anterioridad a esa sentencia y, lógicamente, tras ella.

Mientras se mantenía este régimen penitenciario, que ahora se considera tan liviano y escandaloso, y se rechazaban las reclamaciones para endurecer las penas a los terroristas como demagógicas, los gobiernos de turno de la UCD y del PSOE se implicaban en una guerra sucia contra ETA por el que les aplicaban la pena de muerte sin reforma legal ni juicio previo. Esa actitud es exactamente lo que esconde este caso, evitar la responsabilidad política que implica actuar conforme a las reglas del Estado de Derecho si se puede arreglar el asunto de otro modo menos comprometido. El problema es que, si bien mientras todo eso quedaba en casa, donde las reglas están contaminadas, no pasaba casi nada, cuando sales fuera y te sometes al juicio de uno que se las cree de verdad, te dan para el pelo.

Cuando después de muchas horas de esforzado trabajo resultó que esos terroristas habían redimido un montón de días y que estaban a punto de salir a la calle sin llegar a ver cumplidos ni veinte años de prisión, pese a toda la sangre derramada, saltaron las alarmas en la opinión pública. Así que, primero el TS (STS 28-2-2006), variando su doctrina anterior, y luego el TC (STC 69/2012, entre otras) preocupándose más por la política que por el Derecho, como desgraciadamente suele ser aquí habitual, quisieron evitar ese escándalo del que la clase política española era la única responsable, e hicieron una interpretación forzada de las normas con la finalidad de evitarlo. El recurso buscado era muy sencillo: deducir los días por horas trabajadas no de la condena máxima efectiva (los treinta años) que en realidad es un máximo de cumplimiento y no una nueva pena, sino de cada una de las penas a medida que se vayan cumpliendo. En fin, que si lo hubiera sabido el etarra (condenada a tres mil años de cárcel) hubiera que tenido que quitarle muchas más horas al sueño para aspirar a salir en ese momento.

Al Tribunal de Derechos Humanos no le ha costado mucho demoler esta tesis. En primer lugar el Tribunal señala que esa nueva doctrina sentada en la sentencia del TS de 2006 contradice radicalmente la que había mantenido en su precedente de 1994, fundamentada en base al art. 59 del Reglamento General Penitenciario de 1981, reiterada con posterioridad a la entrada en vigor del CP de 1995 en otras (que consideraban también la pena máxima como una nueva pena) y que había sido mantenida sin fisuras por los tribunales de instancia. Recuerda también que el art. 7 de la Convención no sólo consagra el principio de irretroactividad, sino también de legalidad, que implica que la infracción y su sanción debe quedar perfectamente definida por la ley, lo que engloba su interpretación jurisprudencial. 


En consecuencia, en el momento en el que se cometieron los delitos, y también en el momento en que se decidió la acumulación de las penas, el Derecho aplicable, incluida su interpretación jurisprudencial, estaba formulado con suficiente precisión como para que la condenada pudiese hacerse una idea razonable de la pena impuesta y de las modalidades de su ejecución (par. 55). El cambio de criterio convierte en inoperantes todos los beneficios acumulados por trabajo durante esos años, por lo que no puede considerarse que afecte meramente a las modalidades de ejecución de la pena, sino a la pena misma, en cuanto supone añadir nueve años de prisión a los ya cumplidos (par. 59). Es obvio que la irretroactividad de la ley penal no lo permite. Todo ello al margen de que la nueva doctrina deja completamente sin sentido la reducción de penas por trabajo previstas en el denostado CP de 1973 (par. 60). La sentencia puede ser recurrida pero las posibilidades de éxito parecen escasas.



MÁS LEGALISMOS SOBRE GIBRALTAR


Recientemente el culebrón interminable de Gibraltar ha vuelto a nuestras pantallas, en parte por un empeño personal del ministro de asuntos exteriores de cambiar la política española del anterior gobierno, y en parte por la arrogancia del primer ministro gibraltareño de mostrar a España cuáles son sus armas. En este post de ¿Hay Derecho?, sin embargo, se trata de profundizar en las razones (jurídicas y políticas, entre otras) de la pervivencia de un conflicto que probablemente sería impensable en otro país de Europa, sobre todo si se llamaran Francia o Alemania. De nuevo surge la presunción de que España sí es diferente, al menos a la hora de plantear una política exterior sólida y coherente, que no sufra vaivenes y lagunas innecesarias a lo largo del tiempo en los asuntos fundamentales, eso que se denomina un tanto presuntuosamente “asuntos de Estado”.

El Tratado de Utrecht de 1713 es el título de propiedad que puede exhibir Gran Bretaña para alegar que Gibraltar le pertenece, un título que curiosamente nunca ha sido denunciado por España ni política ni jurídicamente, a pesar de que se trata de un Tratado extraño que ponía fin a una guerra extraña, la de sucesión española, entre Gran Bretaña por un lado, y Francia (que apoyaba a los borbones) y España por otra. Era un Tratado extraño porque pocos saben que no lo pudo negociar España directamente, contraviniendo así una de las claves fundamentales de cualquier proceso de negociación internacional y de los principios fundamentales del derecho: que no puede imponerse un acto a nadie sin ser escuchado directamente o a través de sus representantes legales. Lo cierto es que Luis XIV, a la sazón rey de Francia, no permitió el paso por territorio francés de los plenipotenciarios españoles que trataban de acudir a Utrecht y negoció el Tratado directamente con la Reina de Gran Bretaña en nombre del Rey de España, su nieto. Resulta claro que el rey Borbón de Francia no representó adecuadamente los intereses españoles y que impuso más tarde su voluntad a un joven e inexperto Felipe V que todavía se debía más a su ascendencia francesa y su familia que a ser un rey realmente español. De hecho, Francia en el mismo Tratado se limitó a ceder a Gran Bretaña algunos territorios menores de ultramar, tal vez aprovechando que lo que querían los británicos, por razones estratégicas de defensa, era la joya de la Corona: el peñón.

Hubiera bastado este hecho para haber denunciado posteriormente en algún momento la validez del Tratado, pero los sucesivos, mayormente timoratos, gobiernos españoles al parecer tenían cosas mejores que hacer. Aquí se centra uno de los vicios jurídicos del problema: España ha renunciado desde siempre (y de forma cuando menos un tanto discutible) a plantear la cuestión de la soberanía sobre Gibraltar ante los tribunales internacionales (cabe recordar que también cedió Menorca en el mismo Tratado, aunque posteriormente fue recuperada por el Tratado de Amiens de 1802), y ello a pesar de que en más de una ocasión posterior ha sido aliado de Gran Bretaña (por ejemplo contra Francia) y hoy son socios de la UE y la OTAN. De hecho, a pesar de grandes declaraciones, a Gran Bretaña lo único que le interesa es su base militar, una base militar en el territorio de un aliado de la OTAN, sin su consentimiento, de pandereta.

En la base del Tratado de Utrecht se encuentran asimismo dos de las características que impedirán históricamente la normalización de España: una forma de gobierno (que gira en torno a una monarquía extranjera) siempre discutida y el problema de la unidad nacional. Es decir, conviene decirlo, si España hubiera contado con una casa real propia (y no de un país competidor) y no se hubieran cuestionado de forma exacerbada los fueros de algunos territorios, no habría habido guerra de sucesión y Gibraltar seguiría siendo español. Y es que esta es una importante lección que dudosamente los españoles aprenderán algún día: España lleva años con discusiones internas que la debilitan fuera como nación y nuestros competidores se saben aprovechar de ello mientras que los españoles, nacionalistas o no, perdemos peso en el mundo.

Llegados a este punto podría sorprender que se haya hablado del Tratado de Utrecht como título jurídico de propiedad y no como título político de soberanía, pero es que el propio Tratado establece esa condición, y así el tercer párrafo de su artículo X establece que:

Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le parecie­re conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”.

Estos hechos nos demuestran que la cuestión jurídica de Gibraltar tiene muchas aristas que desbordan el mundo del derecho internacional público o la diplomacia, y esta característica puede explicar por qué España ha sido hasta la fecha tan poco eficaz en su lucha (jurídica) para recuperar Gibraltar, o al menos por qué los británicos se encuentran muy cómodos con nuestra política errática y corta de miras.

En este contexto, conviene recordar un aspecto que a veces se ignora, y es que no se trata tanto de entrar en la dialéctica de si Gibraltar es español o no hoy, sino recordar con firmeza que Gibraltar sí ha sido español, jurídica y políticamente al menos desde 1492, es decir durante más de 230 años. Este hecho no es baladí sino que por el contrario tiene varias consecuencias políticas y jurídicas:

1/ cuando se firma el Tratado de Utrecht, existían ciudadanos españoles viviendo en Gibraltar, con derechos de propiedad legalmente válidos sobre los terrenos del peñón, que fueron expulsados por los británicos sin muchos miramientos y sin que se les pagase ninguna compensación o indemnización ni por el gobierno británico ni por el español. Esto es, con la base de un título de guerra de derecho internacional se acometieron una serie de expropiaciones sin indemnización.

2/ como en el caso de otras colonias británicas discutidas (Islas Malvinas) se sustituyó la población autóctona por nuevos colonos en lo que se conoce en términos de derecho internacional como “población impuesta o postiza”. Consecuencia: la población  actual de Gibraltar no tiene derecho a reclamar la autodeterminación o la independencia, como a veces se dice sin que nadie del gobierno español aparezca en los medios para discutirlo. Conclusión añadida: la política de comunicación en este asunto puede calificarse de inexistente o claramente mejorable

3/ en tercer lugar, el hecho de que se tratara de un territorio plenamente perteneciente a un Estado legal y políticamente asentado como era España en el 1713, con población permanente y con derechos, lo convierte en un caso singular no equiparable a otros territorios “pendientes de descolonización”, por más que se presuma de éxito de la diplomacia española haber conseguido que la ONU lo venga considerando como tal, desde 1963 y a instancias de Bulgaria y Camboya. Gibraltar es colonia porque así lo ha considerado Gran Bretaña internamente, pero no porque encaje en un concepto jurídico internacional al uso, aunque para vergüenza nuestra se trate en este caso de la única colonia pendiente de descolonización en Europa. Alternativamente, cabría plantear que se trata de un caso único en el mundo, de un territorio expropiado a un Estado consolidado, con título jurídico endeble obtenido sin representación y sin pago de indemnización. Debería empezarse por llenar los tribunales británicos de reclamaciones de indemnización porque hasta ahora la broma le ha salido gratis al gobierno británico, y encima muy rentable como paraíso fiscal, contraviniendo las normas europeas.

Por otra parte, a veces se olvida (incluso por algún ministro reciente) que algo más de la mitad del istmo (1,06 km2) fue ocupada ilegalmente por los británicos a lo largo del siglo XIX, apropiación que quedó consolidada de forma fáctica, pero no legal, con la terminación de las obras para levantar una verja en 1909. Aquí no tengo más remedio que hacer referencia a la Declaración ministerial de 18/09/2006, “de Córdoba” sobre el aeropuerto de Gibraltar donde España por medio del ministro Moratinos dio por buena la apropiación indebida de ese territorio, y donde aparecen además frases notables (punto tercero) como la siguiente: “(…) cesarán igualmente las actuales restricciones discriminatorias impuestas por España al uso del espacio aéreo español por aeronaves civiles que realizan vuelos con origen o destino en el Aeropuerto de Gibraltar”. Una frase sin duda para enmarcar. Resulta curioso que España que es el Estado europeo con más aeropuertos per cápita, renuncie a un aeropuerto que le pertenece en derecho y que podría generar suficiente tráfico internacional a diferencia de otros caprichos autonómicos.

En este contexto, el asunto de las aguas, que tanto ha salido en la prensa, puede considerase un asunto menor (si no fuera por los pescadores perjudicados) que, sin embargo, Gibraltar explota hábilmente, consciente de que una vez que España no discute la mayor (la soberanía británica de un territorio expropiado) podría ganar en tribunales internacionales su derecho a un cierto margen de mar territorial. Y es que la teoría de la “costa seca” que defiende el Ministerio de Asuntos Exteriores, si bien se basa en una lectura literal del Tratado de Utrecht, hoy en día tendría poca base legal de acuerdo con el desarrollo actual del derecho del mar. Pero también aquí ha habido despropósitos, pues un primer acto de finales del siglo XIX por parte de las autoridades británicas de apropiarse de la zona de mar a que llega una bala de cañón, no fue contestada oficialmente por España hasta 1952!!! Claro que antes este país tenía cosas más importantes que hacer, como seguir discutiendo consigo mismo quién quería ser de mayor.

En fin, no quería acabar este, necesariamente algo largo, post sin lanzar al menos una propuesta constructiva: que la Oficina de asuntos de Gibraltar tenga un carácter pluridisciplinar, que incluya a militares, servicios de inteligencia, civilistas, administrativistas, penalistas, estrategas de comunicación…, y no solo diplomáticos e internacionalistas. Es decir eso que se llama una estrategia 360º. Tal vez así logremos que a Gran Bretaña le cueste algo más mantener el actual status quo y de paso recuperar el prestigio perdido y el apoyo de la opinión pública a lo largo de tantos años.



domingo, 8 de julio de 2012

NAZBOL, LOS NUEVOS COMUNISTAS-FASCISTAS ¿REALMENTE NUEVOS?

LOS NAZBOL: Su bandera es igual que la de la Alemania nazi, pero han sustituido la esvástica por la hoz y el martillo. Los nacional-bolcheviques forman uno de los grupos más activos y radicales del bloque anti Putin «La Otra Rusia». Al igual que muchos rusos de hoy en día, los del ilegalizado Partido Nacional Bolchevique (PNB) echan de menos la grandeza de la antigua URSS. Como tras la caída del muro de Berlín empezaron a sentir un cosquilleo nacionalista que se hizo con el tiempo extremo, tomaron ideas y estética nazis y soviéticas y se apuntaron a una ideología que nació en los años veinte del siglo pasado.
Los «nazbol», liderados por el escritor «rojipardo» Eduard Limónov, han portado en sus manifestaciones símbolos cristianos ortodoxos y banderas de Corea del Norte. Cuando protestan contra Putin, normalmente levantan el puño firme y en alto, pero de vez en cuando saludan a la romana. Con sus cabezas rapadas muchos de ellos, gritan uno de sus lemas favoritos: «Rusia es todo, el resto no es nada». Radicales hasta la médula, los jóvenes del PNB llegaron a asaltar el Ministerio de Finanzas ruso. Tras un largo proceso de ilegalizaciones y readmisiones por parte de la justicia del país, la Corte Suprema rusa proscribió finalmente la formación liderada por Limónov.
El nacional-bolchevismo tiene entre sus principales ideólogos a Alexander Dugin, que alaba el pasado zarista y estalinista de Rusia y ansía un imperio euroasiático -desde Dublín a Vladivostok y desde el océano Índico hasta el Ártico- gobernado por un régimen «fascista rojo». Dugin defiende un tradicionalismo enfrentado al mundo occidental que capitanean los Estados Unidos, y pide la unión de comunismo, socialismo y fascismo en una nueva ideología anticapitalista, antiliberal y antiindividualista. Los «nazbol» admiran también las figuras del ministro de la Propaganda del III Reich Joseph Goebbels y del líder soviético Iósif Stalin. Uno era de los más rojos entre los nazis y el otro de los más nacionalistas entre los rojos.
Los de Limónov tenían antes en la dirección nazbol.ru su página web, pero esta, como tantas otras vinculadas al PNB, ya no existe. Era un sitio extraño donde se juntaban imágenes y cartelería que llamaban a la insurrección violenta y fotos de chicas jóvenes más o menos vestidas portando metralletas y brazaletes con los símbolos nacional-bolcheviques. A los «nazbol» no les importa la desaparición de sus antiguos sitios web, han nacido otros.

Malas compañías

En el bloque anti Putin Drugaya Rossiya«La Otra Rusia», que tiene como máximos dirigentes a Eduard Limónov y Gari Kaspárov, caben todos los que estén contra Putin. Pero, ¿cómo es posible que en esta coalición se alíen liberales y fuerzas que piden una democracia más transparente y menos corrupta por un lado, y extremistas totalitarios de derecha y de izquierda por otro? «Es un conglomerado diverso y en ocasiones contradictorio, porque pretende representar "todo lo demás"», explica la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid Montserrat Huguet.
Además, puede que todos los que forman parte de «La Otra Rusia» compartan algo más que su rechazo a Putin: el nacionalismo. «Ninguna posición política que aspire a derrotar a Putin puede eludirlo. Hay generaciones aún vivas que han crecido en la propaganda nacionalista soviética, y los rusos son por lo general muy nacionalistas», asegura Huguet. El gobierno ruso coincide en esto con sus detractores «nazbol». «Putin y sus modos “dictatoriales” vienen de la URSS y se adaptan a un mundo globalizado. El nacionalismo que publicita el presidente es eslavizante en extremo, mira hacia oriente y se aísla de los intereses europeos y occidentales», afirma la profesora.
En occidente extraña ver a Gari Kaspárov al lado de Eduard Limónov y los «nazbol», pero puede que tengamos una imagen algo edulcorada del ajedrecista. «Pese a la internacionalización de su figura y la enorme capacidad de empatía que despierta, no hay que olvidar que Kaspárov, el líder tal vez más destacado de “La Otra Rusia”, es un hombre hecho en la URSS», recuerda Huguet. Kaspárov y Putin «se miden en la estrategia, y a los rusos, amantes del ajedrez, les gustan las lizas», afirma.
En opinión de Huguet, el nacional-bolchevismo no es un peligro importante para Europa occidental, pero «otra cosa son las repúblicas en torno a la Rusia europea y en especial asiática, todas ellas con democracias jóvenes y grandes desajustes estructurales». Ante el crecimiento del movimiento «nazbol», la profesora recuerda: «Pese a sus diferencias, algo que sí tuvieron en común los planteamientos políticos del nacionalsocialismo alemán y del comunismo soviético fueron la xenofobia y las acciones de exterminio». «En la Rusia de Putin sólo cabría confiar en un salto adelante del potencial económico del país para desactivar el malestar social y con ello asegurar la quiebra de los extremismos», cree Huguet.

Los «nazbol» en España

En nuestro país, Alternativa Europea (AE) ha sido la formación política más próxima a los postulados nacional-bolcheviques. Incluso mantuvo una alianza con la formación de Eduard Limónov a través del Frente Europeo de Liberación. Los antiguos miembros de AE integran hoy el Movimiento Social Republicano (MSR), partido político neonazi que se dice «nacional-revolucionario» y que forma parte de la Alianza Europea de Movimientos Nacionales, un club ultraderechista al que también pertenecen el Jobbik húngaro, el Partido Nacional Británico y el Frente Nacional francés de los Le Pen, entre otros.
El líder del MSR -y antes de Alternativa Europea- es Juan Antonio Llopart, quien en su artículo Ramiro Ledesma Ramos, ¿un nacional-bolchevique? afirma que «el nacional-bolchevismo es la unión armónica entre las concepciones más radicales de lo nacional y lo social». Y añade: «Los nacional-bolcheviques [alemanes] preferían una alianza o acercamiento con la Rusia soviética, antes que con las democracias occidentales, como Gran Bretaña, hecho que los diferenciaba claramente de los planteamientos de Hitler». El líder del MSR también recoge el punto de vista que al respecto tenía el fundador de las fascistas JONS, Ramiro Ledesma: «El comunismo soviético va convirtiéndose cada vez más en un nacional-comunismo. Stalin está haciendo el viraje de la revolución mundial proletaria de Lenin a la revolución nacional rusa».
Llopart se lleva muy bien con Alexander Dugin, con quien se le puede ver en varias imágenes en su blog personal. También se confiesa seguidor de las ideas de Gregor Strasser, un líder de la facción más obrerista del Partido Nazi que defendía la alianza entre el III Reich y la URSS, y de quien se deshizo Hitler en la conocida como «noche de los cuchillos largos», la purga que acabó con las SA o Sección de Asalto del ala izquierdista del partido.
Esta es la versión de ABC, que parece sorprenderse de la simbiosis, pero yo sigo pensando que eran tan parecidos que en el fondo había pocas cosas que los distinguieran, sólo en algunos matices de la forma.




LAS CAVERNAS PROGRES ESPAÑOLAS


Suele acusarse a la derecha política de haber claudicado en el ámbito cultural, rindiéndose en el debate de las ideas sin presentar batalla, o presentándola con ineficacia. Esto ha permitido a la izquierda hacerse con las riendas del discurso de la opinión pública, fabricando el mito progresista, que identifica con sus ideas, y desterrando a un Averno insoportable las ideas contrarias. Se ha garantizado así una supremacía que, sin embargo, empieza a resquebrajarse. 

Edurne Uriarte contribuye a ese proceso con un ensayo poderoso que enfrenta a la izquierda al espejo de sus contradicciones. "Desmontando el progresismo" (Gota a Gota) juega con la clásica idea de "las cavernas", ese espacio atrasado y represivo que en el imaginario progre ocuparía la derecha, pero que en realidad habitan sus propios clanes políticos e ideológicos. Y son cuatro, en la perspectiva de la autora: a saber, la caverna terrorista, la caverna pacifista, la caverna identitaria y la caverna radical.


La teoría de las causas


¿Por qué ante los crímenes de la ETA, de Hamás, de Al Qaeda o de las FARC, la izquierda se enfanga siempre en la búsqueda de "las causas"? Fundamentalmente, porque así reparte culpas. Las víctimas lo serían no sólo de quienes les disparan o las destrozan con una bomba, sino también de quienes le darían a los asesinos un cierto pretexto (social, económico, político), y por tanto una cierta legitimidad, al no atender sus requerimientos o no acabar con su supuesto caldo de cultivo. De ahí a propugnar la negociación como mejor instrumento contra el terror, sólo hay un paso que puede llegar tan lejos como vimos durante los mandatos del lelo José Luis Rodríguez Zapatero.

Los hechos, sin embargo, no abonan la tesis progresista. Siguiendo los datos del célebre estudio de Walter Laqueur, la autora recuerda que históricamente no hay una conexión necesaria entre la aparición de grupos terroristas y las situaciones de pobreza, represión o imperialismo que los criminales suelen alegar para justificarse. Uriarte señala algo más: esta equiparación entre quienes practican el terrorismo y quienes luchan contra él se debe a que, en el fondo, buena parte de la izquierda comparte los objetivos de los criminales, aunque repudien -incluso sinceramente- sus métodos. Así que cuando alguien decide romper la baraja y combatir el terrorismo como lo que es, se convierte en una bestia negra para ella, llámeseGeorge W. BushJosé María Aznar o Álvaro Uribe

Que este tipo de contradicciones obedecen a puro interés político (no existe, por tanto, ninguna aversión moral profunda al terrorismo, sólo al carácter pernicioso que sus efectos pueda tener sobre las ideas que les son comunes) se pone de manifiesto con el tratamiento dispensado a Barack Obama tras la eliminación de Osama bin Laden. El discurso del presidente norteamericano al anunciarla, subraya Edurne, es el mismo que podría haber hecho Bush. ¿Alguien cree que la reacción habría sido también la misma?

Frente al terrorismo de ETA, el progresismo muestra un fondo de comprensión con las causas que lo provocan y que deberíamos resolver, en lugar de atacar simplemente sus prácticas y a aquellos que lo sustentan, a los que, por cierto, los demócratas estaríamos obligados a integrar. En su praxis por la lucha por la paz, no es inhabitual la trampa eficaz de preguntar cuál es nuestra preferencia, la guerra o la paz, para justificar cualquier tipo de negociación, impidiendo, si es necesario, la opinión de las víctimas por estupefacientes razones de imparcialidad («si a uno le ponen una bomba, deja de ser imparcial», llegó a escribir Francisco J. Laporta). 

Como suelen argumentar: con el terrorismo hay que negociar siempre, y antes o después habremos de cuestionar el uso de la fuerza. En el conflicto de Oriente Próximo, el progresista también lo tiene claro: toda la culpa es de los judíos, y si Hamas usa la violencia y el terrorismo, «no es más que la otra cara de la moneda del terrorismo de Estado que practica Israel» (perla de la arabista Gemma Martín Muñoz). Poco importa que la teoría de las causas no haya sido confirmada por la historia o que situaciones semejantes no hayan dado lugar a respuestas terroristas en todos los casos: el progresismo ha identificado el mal y no le harán abdicar de tamaño hallazgo. Por demás, un buen progresista apoyará a las FARC colombianas y entenderá como mal inevitable a Al Qaeda, a quienes no considerará como una colección de fanáticos, sino como unos exaltados defensores de su cultura impulsados por las injusticias sociales, los cuales usan indiscriminadamente las guerras de guerrillas como ejercicio romántico de la lucha (la palabra guerrilla posee la carga positiva de quien pelea en pos de una utopía contra el poder). 


En la denuncia contra Estados democráticos que tienen que soportar grupos terroristas como los antedichos, el progresismo siempre contará con los cuentistas de Amnistía Internacional, organización de militantes que han apoyado una y otra vez las falsas denuncias de los terroristas de ETA contra los cuerpos policiales españoles y que no ha sido capaz de elevar ni una sola palabra contra los muertos colaterales de la guerra de Libia, ese conflicto que debe ser considerado una guerra progresista ya que no ha sido declarada por Bush, aunque tenga prácticamente las mismas características que la invasión de Irak. Según los Paul Krugman del mundo, la fuerza militar de Israel contra Hezbolá fortalecía a Hezbolá, pero las bombas aliadas contra Gadafi, en cambio, no fortalecían a Gadafi, sino la democracia y la libertad.

De Irak a Libia, del "no" al "sí" a la guerra: el ridículo

Otrosí en el caso del pacifismo. Uriarte tira de hemeroteca para poner en evidencia a la izquierda con la guerra de Libia, en comparación con la de Irak. Los retruécanos empleados por Almudena GrandesMaruja Torres o los editoriales de El País para amparar contra Muamar el Gadafi lo que se condenaba contra Sadam Hussein producen tanta hilaridad como indignación por su desfachatez. Incluso en datos muy objetivos: se defiende el ataque a Libia porque fue "multilateral", frente al "unilateralismo" de Bush en el ataque a Irak. Lo cierto es que a Bush le respaldaron 49 países, y el ataque contra el gobierno de Trípoli sólo suscitó el apoyo de 14. También recuerda la autora, ante el mantra de "las decisiones legitimadoras de la ONU", que en dicho organismo internacional se sientan los peores sátrapas del mundo, y en algunos casos con derecho de veto.

Bienvenida el islam... en nombre del feminismo

Pero lo que es "caverna en estado puro y con honores en la izquierda" es su protección al islamismo en (¡e incluso por!) su discriminación de la mujer. 

Aborda Uriarte con especial agudeza dos cuestiones referentes a la mujer: el velo y el derecho a ejercer el machismo contra las mujeres de derechas. Para el progresismo más excitable, el velo es un derecho y una libertad individual que vienen a resumir la lucha de una cierta revolución anticapitalista. No deja de ser un trasfondo de miedo y de apuesta ideológica por la creencia del multiculturalismo en el que participa causando perplejidad el propio feminismo socialista, ese que apela a la libertad individual: si usted quiere ser esclavo, ¿por qué no va a poder serlo? Velo sí, pero burka quizá no, aunque sea también un símbolo religioso. La crítica a las líderes femeninas de la derecha es, por parte de todo buen progresista, furiosa: la Thatcher, Esperanza Aguirre o Sarah Palin «actúan como hombres» y, por lo tanto, son masacrables. Es, pues, un libro que no deja indiferente y que no está escrito para ganar amigos.

Ver a feministas defendiendo las prendas de ropa que marcan y producen esa discriminación, resulta tan lamentable como la actitud de los creadores de opinión de la izquierda ante las mujeres de derechas. 


Wendy Doniger, feminista de la Universidad de Chicago, llegó a decir que la mayor "hipocresía" de Sarah Palin "es su pretensión de que es una mujer". La ex candidata a la vicepresidencia y ex gobernadora de Alaska, que debe todo lo que ha conseguido a su esfuerzo, no vale nada, a ojos progresistas, en comparación a Hillary Clinton, que debe todo lo que es al apellido de su marido, a quien perdonó la humillación pública de su infidelidad
Algo parecido sucede con Margaret Thatcher. En 2009, otra progreHarriet Harman, dirigente laborista, publicó una lista de las 16 mujeres que habían cambiado Gran Bretaña... ¡y en esa lista no estaba la única mujer que ha ocupado el 10 de Downing Street! El escándalo fue de tal magnitud que tuvo que rectificar.

Junto a este fanatismo, está el hecho de que la izquierda aplauda la censura social o condena judicial (Oriana FallaciRobert RedekerGeert Wilders) de quienes se oponen a la expansión del islamismo en Europa. O que, ante cualquier ofensa a Mahoma, reaccione contra la libertad de expresión que invoca para ofender a Jesucristo.

Nacionalismo, jamás... salvo en España

No caen en menor contradicción al censurar por "fascista" todo nacionalismo fuera de España (como en de la Liga Norte de Umberto Bossi) y haber sellado en España una alianza con todos y cada uno de los nacionalismos localistas y reduccionistas, apegándose al discurso que atribuye a los nacionalistas la representación de la colectividad incluso donde son minoría. Durante decenios el nacionalismo ha tenido la bula de la izquierda y mantenido el gran bulo de su progresismo. La ideología más reaccionaria recibió la bendición ecuménica de los santones y pasó a ser considerada parte del sacrosanto tabernáculo de las esencias progres. Ser nacionalista , lejos de todo análisis y rigor ideológico, se convertía en España en sinónimo de formar parte del rebaño de las ovejas buenas, de los majos, de los de buen rollo, de los progres. La persecución del franquismo-cierta, atroz y veraz persecución que nadie en su juicio puede negar y que abarcó todos los actos cotidianos y por supuesto a la lengua- se convirtió en la gran coartada para esa bula primero y luego la patente de corso para ser ellos quienes entraran en la espiral de perseguir, prohibir y acosar lo que les viniera en gana. Particularmente y con singular inquina a la lengua común de los españoles.

Hay que dar el combate de las ideas

Todo este cúmulo de incoherencias y trampas ideológicas es posible porque los progresistas no encuentran contestación en "una derecha intelectual minoritaria y más bien apocada y temerosa", que cuenta con escasos medios en televisión y muchos menos postes de radio que la progresía. Eso aumenta la arrogancia e intolerancia de la izquierda, soberbiamente descrita por Edurne Uriarte en las últimas páginas. La simplicidad de la receta progre facilita también su sensación de infalibilidad y superioridad moral. ¿Un ejemplo? Las brutales condenas al Tea Party, contra el que caben todos los adjetivos denigratorios, comparadas con el apoyo a Occupy Wall Street o el 15-M.