DIEZ REFORMAS LEGALES BÁSICAS E IMPRESCINDIBLES PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA

Pablo Sebastián plantea brevemente en República.es las diez modificaciones legales básicas para la regeneración democrática de España, que ni PSOE ni PP tienen ningún interés en plantear, pero que los ciudadanos deberíamos exigir en cada oportunidad que tengamos a nuestro alcance. Por su interés público, y porque me adhiero a las mismas, reproduzco a continuación parte de su columna de opinión.

Los etarras entran y salen de la cárcel “como Pedro por su casa”, en el parlamento catalán hablan de la independencia de Cataluña, los imputados de corrupción se cuelan en las listas electorales de mayo –pronto los batasunos también-, crece la crisis económica y el paro, calla la oposición y el presidente Zapatero, que ahora está de despedida, se dedica a pasar la gorra de Mao en Pekín –”una limosnita para las Cajas de Ahorro”-, sin recordar que ese gobierno chino es el que acaba de encarcelar al artista y disidente Weiwei.

Este país, España, que a la espera está de los cuatros partidos “a muerte” del Barça contra el Madrid, sigue siendo asombroso. Pero algo tenemos que hacer en contra de la resignación.

....España necesita una profunda reforma política para pasar de la Transición a la Democracia. Sobre todo cuando la crisis económica y social que sufre nuestro país ha dejado en evidencia las carencias de nuestro sistema político y en pañales una clase dirigente muy mal valorada por los ciudadanos y temerosa de sufrir una rebelión social e incontrolada. ....

....Adolfo Suárez está en la Historia de España como el gran artífice de la transición de la dictadura al régimen de las libertades y de la partidocracia imperante. Le acompañará a Suárez en ese “cuadro de honor” el dirigente político que se atreva a completar este viaje, ya demasiado largo, hacia el ideal de la Itaca democrática que se ha convertido en un anhelo y una perentoria necesidad ahora que la crisis dejó al descubierto nuestro modelo político.

Un modelo de “segunda clase”, propiciado a la muerte del dictador Franco por las potencias extranjeras -Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia- que consideraban a los españoles poco preparados para un sistema democrático pleno como el presidencialista –con la Monarquía o con la República-, con elecciones mayoritarias y directas de los legisladores y gobernantes, y con la obligada separación de los poderes del Estado, la regla de oro de Montesquieu que en España quedó reducida a la simple separación de funciones. Se temían estos “padrinos extranjeros” de la transición que un sistema mayoritario y presidencialista con sufragio universal podía favorecer el renacer de caudillos, líderes populistas y caciques propios de las naciones del sur de Europa, donde la tradición y la cultura democrática brillaban por su ausencia.

Pero hora es que llegue esa reforma democrática que en su día debían haber impulsado desde sus cómodas mayorías Felipe González y José María Aznar, en vez de mecerse cómodamente en las enormes ventajas de acumulación de poderes que nuestro sistema permite al jefe del partido que gana las elecciones y que les entrega, en sus manos y sin control, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los medios de comunicación, el sistema financiero y también las grandes empresas reguladas por el Gobierno. Y con semejante poder y semejante ley electoral -que impide que los españoles no elijamos directamente a ninguno de nuestros gobernantes y legisladores, y que prima a los partidos nacionalistas que propugnan la independencia de sus respectivas regiones- era muy difícil que en España pudiera producirse la natural alternancia en el poder salvo catástrofes inesperadas (el golpe de Estado contra Suárez), o muy sonados abusos o errores (el GAL con González, las mentiras del 11-M con Aznar), como se ha demostrado a lo largo de los últimos años. 

Sin que nadie, y menos aún desde los grandes partidos nacionales que son los grandes beneficiarios del sistema (porque hasta en la oposición se está cómodamente colocado) se haya atrevido a plantear la esperada reforma democrática que debería de empezar por cuestiones tan fundamentales y sencillas como las que se inscriben en el siguiente decálogo:

1.- El presidente del Gobierno debe de ser elegido por el sufragio universal de todos los españoles, y no por el Parlamento que controlan los aparatos de los partidos

2.- Hay que cambiar la ley electoral a favor de las listas abiertas y con un sistema mayoritario (a esto hay que añadir, sólo tendrán entrada en el Congreso aquéllos partidos políticos que obtengan al menos el apoyo del 5% del censo electoral, un suelo electoral que no es extraño en otros países de nuestro entorno).

3.- Ni el Gobierno ni el Parlamento pueden participar en la selección de los altos tribunales y los órganos de control del Poder Judicial, que deberá ser elegido por los cuerpos jurídicos del Estado.

4.- El Senado debe tener competencias legislativas claras, o desaparecer.

5.- Los Alcaldes deben ser elegidos por sufragio directo de sus ciudadanos.

6.- Deben desaparecer las Diputaciones Provinciales.

7.- Los ministros, secretarios de Estado, responsables de los órganos reguladores del Estado, embajadores de primer nivel, etc. deben pasar un examen previo en el Parlamento para su nombramiento, una vez que se conozca su idoneidad para el cargo (añado, así como presentar anualmente una declaración de bienes propios, de su cónyuge o pareja y de sus descendientes).

8.- El presidente del Gobierno no puede ser elegido más de dos mandatos.

9.- Se ha de crear una Alta Escuela de la Administración del Estado.

10.-El Estado debe recuperar competencias de las Autonomías que faciliten la cohesión nacional.

No cabe imaginar que a estas alturas del proceso español, visto lo que ahora ocurre con las listas electorales de los imputados, que nadie se atreva a hablar de “regenerar la vida pública”. Lo que hay que hacer de una vez por todas es reformar las reglas del juego de la política en beneficio de la Democracia para que los malos e incapaces gobernantes no tengan cabida en la Administración, ni los corruptos en las listas electorales. 

Y si hay voluntad política y liderazgo para ello la reforma democrática llegará mejor pronto que tarde y antes de que sea un clamor de la ciudadanía. Aunque mucho nos tememos que previamente esta reforma -que recoge lo esencial de todas las democracias europeas de nuestro entorno- deberá de abrirse camino ante la opinión pública y nosotros, en lo que podamos, lo vamos a facilitar.

Y no deberíamos aceptar más excusas, sólo quien proponga en su programa electoral al menos la mitad de este decálogo merece el voto de los ciudadanos, y si no lo cumpliera una vez en el poder, como diría un castizo ¡¡¡puerta!!!