EL DESPILFARRO CATALÁN Y SUS AMENAZAS A "MADRIT"

Cataluña ha abierto camino en las duras decisiones de recortes de gasto público para cuadrar el déficit. A Artur Mas no le ha temblado el pulso al reducir salarios de empleados públicos, paralizar inversiones o recortar servicios públicos como la sanidad. Pero siguen incólumes, en su mayor parte, las ‘subvenciones ideológicas’. Por eso, mientras los nazionalistas de izquierda y derecha obvian la cuestión, PP y Ciutadans presionan para que las ayudas identitarias se reduzcan: “Una de nuestras condiciones para apoyar al Gobierno de CiU es dar prioridad a la salida de la crisis y, para ello, se ha de cerrar el grifo a las subvenciones ideológicas, que suponen una sangría para las arcas públicas y son tirar el dinero”.

Para mantenerse en el gobierno de Barcelona bajo el paraguas del nacionalismo, las señas identitarias de la comunidad han sido una constante los últimos años. Y a reforzar estas señas de identidad se han dedicado muchos esfuerzos económicos y políticos. Los números que se manejan son importantes: con un PIB de casi 210.000 millones de euros, los presupuestos del 2012 superarán los 37.000 millones de euros, de los que casi 2.000 millones se han de destinar a pagar intereses de la deuda acumulada durante los últimos años. Porque la deuda pública, la principal rémora de la economía catalana, llegará a los 41.700 millones de euros en el 2012. Aun así, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, espera reducir el déficit de 8.300 millones en el 2010 a sólo 2.700 millones de euros (o sea, el 1,3% del PIB) a finales del 2012.

Para comprender los parámetros económicos no se pueden obviar las particularidades derrochadoras de Cataluña: dispone de organismos que otras comunidades no tienen, como los consejos comarcales; tiene un alocado sector público de medios de comunicación encabezados por TV3 y Catalunya Ràdio que cuenta con seis canales de televisión, seis, repito, seis; mantiene tres oficinas de ex presidentes con sueldo vitalicio y un equipo cuyos salarios son sufragados con fondos públicos; y por si fuera poco, una importante estructura en el exterior, con varias embajadas que usurpan las funciones del gobierno central, así como oficinas comerciales, que cuestan un dineral a los contribuyentes.

Todo ello, comporta un gasto importante. Los 41 consejos comarcales, por ejemplo, suponen un gasto de 556 millones anuales. Estos entes supramunicipales sólo existen en esta comunidad, en Aragón y en Castilla-León. Y, sólo en Cataluña, emplean a 1.050 consejeros en representación  de todos los partidos. La verdad es que que duplican competencias de diputaciones y ayuntamientos. Pero esas instituciones se mantendrán porque interesa políticamente (fueron creados por Jordi Pujol en los años 80 como contrapeso a la hegemonía municipal de los socialistas, y son un vivero de empleos para los políticos profesionales locales).

Respecto a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el presupuesto insuflado desde las arcas públicas para este año fue de 300 millones de euros (en 2010 había sido de 350 millones), sobre un presupuesto total de 700 millones de euros. La caída de la publicidad, sin embargo, ha sumido a los medios públicos en una difícil situación financiera. Para afrontar la crisis, Mas sigue podando las ramas del árbol de la comunicación: en el 2012 el presupuesto público destinado a la CCMA será de ‘sólo’ 260 millones. Hasta ahora, se ha recortado el sueldo a los 2.700 empleados. La Corporación también puso a la venta diversos inmuebles el pasado noviembre para enjugar déficit, pero las subastas quedaron desiertas. Ahora, se prevén cerrar dos de los seis canales televisivos e incluso peligra la emisión de fútbol en abierto, aunque nadie puede afirmar que estas medidas sirvan para sanear su economía.

Las oficinas de los ex presidentes son otro foco de polémica. Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla disponen de despacho en el que tienen a tres ayudantes. Todo ello, sufragado por el erario público. Y vitaliciamente. Sólo seis comunidades ienen esas prebendas: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (tradicionalmente, 2 nacionalistas, 3 socialistas y una pepera). De momento, Montilla ha renunciado al sueldo que le corresponde (unos 120.000 euros), ya que cobrará por ser senador. En los presupuestos del 2012, se consignan para las asignaciones de ex presidentes de la Generalitat y del Parlamento 660.000 euros, a los que hay que añadir otra partida de 184.000 euros de gastos.

Las embajadas que la Generalitat tiene abiertas en el exterior (oficinas en Berlín, París, Londres, Bruselas y Nueva York, y hasta hace unos días, Buenos Aires) disparan también el gasto. Impulsadas por el ex vicepresidente del Gobierno, el nacional socialista Josep Lluís Carod-Rovira, el anterior Gobierno ocultó el coste que suponía para las cuentas públicas. Si contamos que sólo los respectivos delegados tienen rango de director general, el sueldo de cada uno supera los 120.000 euros (los sueldos en el extranjero de los funcionarios de ese nivel, dependiendo de los países de destino, no bajan de los 120.000 euros limpios de polvo y paja). A lo que hay que sumar los millonarios alquileres de las sedes (en París, está cerca del Arco de Triunfo y en Nueva York, en el Rockefeller Center) y los salarios de las secretarias y de las personas que componen sus plantillas (si cuenta con funcionarios desplazados desde España, es fácil que sus sueldos no sean inferiores a 75.000 euros por funcionario). 

Mención aparte merecen las “subvenciones ideológicas”, las que ayudas millonarias que reciben las selecciones catalanas o determinados grupos nacionalistas como Acció Cultural del País Valencià, que durante la última década ha recibido de las arcas públicas catalanas alrededor de 20 millones de euros para hacer campaña del catalán en Valencia, en una clara ingerencia en la realidad social de la CCAA vecina para imponer la expansión del nacionalismo catalán. Omnium Cultural también se ha beneficiado de un chorro de millones (durante la época del Tripartito ingresó unos 8 millones de euros) y pequeños grupos soberanistas también se han puesto las botas durante los últimos años con subvenciones que han supuesto millones de euros en gasto para campañas a favor de la lengua catalana o del etiquetaje en catalán, por ejemplo. Y lo mismo cabe decir de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, que ha recibido varios millones de euros durante los últimos años para luego pagar viajes de sus directivos por todo el mundo, informes a políticos amigos (su peso en oro), estancias en Barcelona de directivos deportivos americanos o africanos, desplazamientos de selecciones de otros países, etcétera.

La mayoría de estas asociaciones, además, han sido duramente criticadas por haber puesto en marcha campañas contra temas españoles y haberse posicionado a favor de la independencia de Cataluña. Omnium, por ejemplo, pidió hace unos meses la insumisión fiscal si el Gobierno de Madrid no paga lo que debe a la Generalitat (759 millones de euros por la disposición adicional tercera del Estatuto y 1.450 millones del Fondo de Competitividad). Y la Plataforma Pro Selecciones impulsó campañas de boicot al himno de España. En menor medida afectan otras iniciativas, como la obligatoriedad de rotular, como mínimo, en catalán los comercios, o las traducciones al catalán de las películas de cine. Las dos leyes que regulan estas actividades suponen un desembolso al sector privado, pero apenas afectan a las arcas del sector público, ya que a doblaje se destinan unos 12 millones de euros al año de las arcas públicas.

Después encontramos la malversación de caudales públicos que supone el encargo a expertos amigos y agencias amigas por parte de la Generalitat (media docena de consejerías eran sospechosas de encargar informes inútiles) por un valor aproximado de 300 millones de euros. Con Artur Mas, la cosa se moderó, aunque los recortes prometidos de altos cargos no fueron tal y como se intentó hacer ver: la mayoría de los asesores que contrató CiU fueron “recalificados” a las pocas semanas con sueldos muy superiores a los inicialmente previstos. Además, comenzaron a contratarse altos cargos familiares de dirigentes convergentes. En total, el gasto del Gobierno en altos cargos y personal eventual el próximo año será de 35 millones de euros. De ellos, caben destacar los 6,7 millones que percibirán los altos cargos del Parlamento autonómico. Presidencia de la Generalitat pagará también 2,8 millones a altos cargos y 2,9 millones a personal de confianza. Esta partida es sensiblemente más alta que las de las demás consejerías porque bajo el manto de presidencia se han ubicado áreas como Exteriores, Comunicación o Deportes que antes estaban distribuidas entre todos los departamentos.

Cuando en el 2000, el gobierno de Aznar transfirió el 25 del IRPF a Cataluña, Cataluna era la primera región española en cuanto a indicadores macoreconómicos (PIB y renta per-cápita). Hoy, once años después, y cuando más dinero manejan las autoridades catalanas, Cataluña ya no es la primera región de España en cuanto a PIB, y es la cuarta en renta-percápita tras Navarra, Madrid, País Vasco, y a punto de ser alcanzada por Valencia. De lo que se deduce que, cuanto más dinero gestionan los catalanes directamente, más pobres son.

Sin embargo, el gobierno catalán sigue llorando por las esquinas y culpando a Madrit de sus despilfarros nacionalistas: “El nuevo Gobierno español es responsable de una serie de decisiones que nos afectan como catalanes. Le pedimos coraje, le deseamos aciertos y le reclamamos respeto hacia Cataluña y auténtico sentido de Estado. Cataluña quiere ver respetada su identidad, sus instituciones, su cultura, su derecho y su lengua. También queremos que se respeten y no se limiten o recorten nuestras capacidades como país: nuestra creación de riqueza, nuestro esfuerzo colectivo, nuestra creatividad, nuestro talento”.... “Si la propuesta de pacto fiscal es escuchada y atendida, los puentes entre Cataluña y el Estado se reforzarán. En caso contrario, todavía se debilitarán más”.

Desde el mismo momento en que Rajoy pronunció su discurso de investidura, en el que algunos observan tendencias “recentralizadoras”, los nacionalistas empezaron a mandar recaditos al Gobierno con las cantinelas de siempre: la pluralidad, la diversidad y los hechos diferenciales. Ya sabemos que España es plural, diversa y diferenciada, pero también es archiconocido que, al final, toda esta pelea entre comunidades y entre éstas y el Estado se reduce, fundamentalmente, a una mera cuestión de pasta, o sea, al reparto de la tarta, cuando hay tarta. Ahora, con la crisis, lo único que hay son tortas para quedarse con las migajas. Por ejemplo, en su estrategia de “insumisión” a todo y por todo para mantener en candelero su “transición nacional”, la “Generalitat” de Cataluña ha decidido suspender “transitoriamente” los pagos de las retenciones del IRPF y las cotizaciones de la Seguridad Social. El argumento es que la difícil situación de Cataluña se debe, entre otras cosas, a que el Estado no les paga los 759 millones de euros establecidos en el Estatuto catalán o que tampoco les paga los 1.430 millones del fondo de competitividad y así hasta 5.000 millones que, según sus cuentas, les debe el Estado en infraestructuras y otros menesteres. Una dinámica peligrosa esta de romper la baraja a las primeras de cambio y con argumentos tan poco originales. Lo mismo aducen el resto de las autonomías. Rara es la que no reclama “deudas históricas” o déficit en infraestructuras. Y ya puestos, también el Estado reclama los 18.700 millones que le deben las comunidades por los anticipos que les dio de más en 2009 por un error de cálculo. Vamos, que aquí el que no llora no mama, y esta es una constante que nos une por encima de la mayoría de los “hechos diferenciales”.

De ahí que entre las cuestiones importantes anunciadas por el nuevo Gobierno figuren, por un lado, la de poner un poquito de orden y coordinación entre las distintas administraciones, para ahorrar costes y evitar duplicidades y despilfarros, y la de abordar, por otro, un nuevo sistema de financiación de las autonomías, previsto para 2013. La primera, la de la “recentralización” que se temen los nacionalistas, va a ser complicada pero factible porque en la necesidad de acometer reformas está bastante de acuerdo el principal partido de la oposición, o sea, el PSOE. Al menos así lo refleja su programa electoral. Posiblemente también cuente con el apoyo de UPyD, aunque, al contrario que los nacionalistas, ve en las medidas apuntadas por el Gobierno una “recentralización” poco menos que de “chichinabo”. Hay que recordar que UPyD proponía en su programa, incluso, la devolución de competencias para acabar con ese desmadre administrativo que tanto cuesta al contribuyente. 

En lo del modelo de financiación, la cosa se presenta más complicada. Primero, porque se parte de una situación un tanto discriminatoria, como es la de los “cupos” vasco y navarro, que, por otra parte, fueron admitidos por todos en el pacto constitucional. Sistema de “cupo” al que, recordaba recientemente Basagoiti, no quisieron acogerse entonces los nacionalistas catalanes y que, ahora, reivindican hasta el punto de plantearlo como una más de las cuestiones “vitales” para su cansino eslogan del “encaje”. Una falacia más porque lo que realmente buscan los nacionalistas es el “desencaje”, basándose en unas cuentas y unas balanzas fiscales que, según ellos, perjudican a Cataluña, pero que realmente dependen mucho de la lectura que quiera hacerse de ellas y del economista que cada uno quiera creerse. 

De momento, la “Generalitat” ya ha dado por roto el actual pacto de financiación y amenazan con una nueva ley autonómica que les permita aprobar mediante consulta popular el “pacto fiscal” que, ahora sí, les conviene para equipararse a vascos y navarros. No les servirá de nada porque ni será un referéndum ni será vinculante. Les valdrá, eso sí, para alimentar su victimismo y mantener esa tensión con el Estado que tan rentable les resulta a los nacionalistas, y más en esta legislatura en la que su protagonismo y su capacidad de chantaje a un gobierno con mayoría absoluta están bastante mermadas. Populares y socialistas catalanes han anunciado que no apoyarán esa ley para no caer en su juego. 

Y la mayoría del resto de las comunidades ya se han pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que no van a consentir más privilegios de unas autonomías sobre otras. El ex presidente socialista de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo lo ha advertido estos días al recomendar a Rajoy que “no abra paso” al pacto fiscal que plantea la Generalitat catalana porque “sería abrir el portillo a que comunidades autónomas como la de Madrid, que incluso aportan más al PIB que la de Cataluña, puedan decir yo quiero lo mismo” y a partir de ahí, alerta Escuredo, “quebraría todo el andamiaje del Estado”. Un argumento compartido, en principio, por los populares, de modo que a ver si hay suerte y PP y PSOE se ponen de acuerdo de una vez por todas para arreglar este desaguisado autonómico, pensando más en el interés general que en el particular y cortoplacista de cada uno de ellos. Algo que no sucederá, porque el PSOE prefiere ver hundida y arruinada a una España en la que no creen, antes que llegar a un acuerdo para salvarla. 

Ya lo dice Rubalcaba, ahora que está en la oposición, que el PSOE debe ser nacional, con un único discurso para todo el país, con una visión de los intereses generales nacionales, pero eso se les olvida en cuanto llegan al gobierno.