El vicepresidente de la Comisión europea y Comisario Europeo de Competencia confirmó ayer lo que los juristas llevaban años anunciando: que la secesión de Cataluña de España implicaría la salida del territorio de la actual comunidad autónoma catalana de la Unión Europea. Abandonar el paraguas europeo implica renunciar a un sinúmero de ventajas, derechos sociales y salvaguardas económicas.
Salida del mercado único europeo
Es, junto con el euro, el instrumento de integración económica más importante con el que cuenta la Unión Europea, y su éxito es totalmente indiscutible: la eliminación de barreras para el libre intercambio de bienes, servicios, capitales y personas ha permitido un notable aumento del nivel de vida para todos los países miembros. Conseguido en 1993 tras establecerse como objetivo en el Acta Única Europea de 1986, es algo más que una unión aduanera y un mercado sin aranceles, ya que también implica la superación de obstáculos tales como la homogeneización de normas técnicas, de salud, de seguridad, y de los reglamentos nacionales sobre el derecho a ejercer determinadas profesiones, además de la progresiva homogeneización en los distintos países de los impuestos indirectos (nuestro IVA).
La salida catalana de la Unión implicaría cerrarse las puertas de un mercado formado por 28 países, algunos de los más ricos del mundo, que suman una población de más de 500 millones de personas. Un varapalo muy difícil de superar, ya que en la actualidad Cataluña exporta a Europa mercancías por valor de 58.321,7 millones de euros (el 62% del total), según el instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), que se suman a los 49.131 millones en exportaciones al resto de España, de acuerdo con el Balance de Internacionalización de la Economía Catalana 2012, elaborado por la propia Generalitat.
Además, los productos catalanes podrían verse sometidos a restricciones por parte de la Unión Europea, como controles (licencia de exportación emitida en el país de origen más licencia de importación emitida en el país importador de la UE) o vigilancia (la documentación debe presentarse antes de la importación). En la actualidad, la Unión Europea mantiene controles sobre los productos agrícolas, textiles y siderúrgicos procedentes del exterior de las fronteras comunitarias
Aranceles
Una vez fuera del mercado único, los productos catalanes tendrían que hacer frente a unos fuertes aranceles que los harían notablemente menos competitivos que a sus homólogos europeos. Según explica Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, «si Cataluña se independiza dejaría de formar parte de laOrganización Mundial del Comercio». Mientras dure este estatus —algo que podría «ser eterno» o, tardar, como mínimo, entre cinco y diez años— «se le aplicará en el comercio con cualquier país del mundo —incluida la Unión Europea— la protección arancelaria de mayor nivel existente, ya que deja de aplicarse la llamada “cláusula de la nación más favorecida”», algo que, a juicio de Buesa, tendría unas consecuencias «desastrosas».
A ello habría que sumar para el caso español el denominado «efecto frontera», observado por los economistas en las secesiones de las ex repúblicas soviéticas y tras la partición de Checoslovaquia. «La nueva frontera implicaría una fuerte reducción de los flujos comerciales que, unida a los nuevos aranceles, provocaría una caída inmediata del Producto Interior Bruto catalán superior al 25%», estima Buesa.
Euro
La independencia de España y de la Unión Europa no implicaría abandonar la moneda única, aunque seguir perteneciendo al euro dejaría de ser beneficioso para Cataluña y pasaría a ser un lastre casi insalvable. Un país independiente puede decidir si prefiere emitir moneda propia o, como hacen algunos países muy pequeños, elegir unilateralmente adoptar una moneda extranjera. Así, en 2001 El Salvador eligió sustituir el colón por el dólar norteamericano para tratar de estimular el crédito y la inversión empresarial extranjera en el país.
«Ningún país que no forme parte de la Unión Europea puede formar parte de la eurozona (el conjunto de Estados que forman la (unión monetaria)», explica Mikel Buesa. «Cosa distinta es utilizarlo, cosa que sí puede hacer, aunque con grandes inconvenientes». A saber: Los bancos catalanes «no obtendrían el respaldo del Banco Central Europeosi necesitan liquidez». Además, el catedrático de economía recuerda que una Cataluña independiente «carecería de instrumentos de política monetaria para combatir una reducción del crecimiento en el caso de que se produzca una crisis como la actual», algo que a juicio del catedrático «sería un suicidio». «Lo más razonable sería que una Cataluña escindida de la Unión Europea adoptase una nueva moneda para tener un instrumento devaluatorio», algo que también supondría inconvenientes puesto que el principal mercado de sus exportaciones —la Unión Europea— seguiría trabajando con la moneda única.
Libre circulación de trabajadores
Según establece el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los trabajadores europeos pueden, sin necesidad de ningún permiso de trabajo, acceder a un empleo por cuenta ajena en otro territorio de la UE que no sea el suyo. Y ello sin ser sometido a condiciones especiales por ser extranjero y con la posibilidad de inscribirse en las oficinas de empleo, disfrutar de las mismas ventajas sociales y fiscales que los nacionales y de permanecer en el país cuando hayan dejado de trabajar. Lo mismo ocurre con los empresarios, que pueden contratar a como a un nacional a cualquier trabajador europeo.
En el caso de una eventual secesión de Cataluña de la Unión Europea, los catalanes, además de perder el derecho de libre circulación de trabajadores, también perderían un derecho asociado: los familiares de los trabajadores dejarían de poder residir y trabajar en el país con independencia de su nacionalidad y sus hijos perderían el derecho a ser admitidos en la enseñanza general y la formación profesional en las mismas condiciones que los hijos de los trabajadores nacionales de ese Estado.
Garantía de los depósitos bancarios
La pertenencia a la Unión Europea también sirve para garantizar los ahorros de los ciudadanos europeos. La normativa comunitaria garantiza los fondos de las cuentas bancarias hasta un importe de 100.000 euros, que en algunos países es incluso superior.
Además, en la reunión del Ecofin del pasado 27 de julio se estableció una jerarquía para los nuevos rescates bancarios. Así, si una entidad bancaria europea quiebra y debe producirse una quita, los primeros en tener que hacerla frente serán los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos júnior, de deuda sénior y finalmente de depósitos no asegurados. En la práctica, esto significa que si una entidad bancaria quiebra, los pequeños ahorradores serán los últimos que perderán su dinero y, en cualquier caso, no perderán nada si tienen depositado menos de 100.000 euros en la entidad.
Pérdida de los fondos y ayudas europeas al desarrollo
Desde que España forma parte de la Unión Europea, Cataluña ha recibido, junto con las Islas Baleares, más de 9.500 millones de euros de los fondos europeos, principalmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. El primero pretende el fortalecimiento de la cohesión económica y social, reduciendo las disparidades regionales a través del apoyo al desarrollo, la construcción de infraestructuras y la reconversión de las industrias en declive. Por su parte, el Fondo de Cohesión tiene por objeto acelerar la convergencia de los Estados miembros y las regiones menos desarrollados mejorando las condiciones de crecimiento y empleo, mientras que el Fondo Social Europeo pretende fomentar el empleo y promover una mayor cohesión económica y social.
Pérdida de la protección consular
De declararse Cataluña independiente, además de tener que hacer frente a la creación de una red diplomática y consular propia con la enorme carga económica que ello supondría y las limitaciones a las que se vería sometida frente a la española —que está presente en cerca de 120 países—, el territorio además perdería otra gran ventaja que sí tienen los miembros de la Unión Europea: la protección consular, establecida por el artículo 20 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Fuera de la Unión Europea y dentro de un país extranjero, cualquier ciudadano europeo puede beneficiarse de la protección que otro país miembro tenga en la zona, tratándole como a un nacional del Estado miembro al que representa. Así, en los casos en los que no existe protección diplomática y consular en el territorio de un país tercero, pueden acudir a la de cualquier país europeo. Derecho que los ciudadanos catalanes perderían.
Adiós al colchón de los rescates
Abandonar el paraguas de la Unión Europea también implica quedarsesin la red de seguridad que supone el sistema de salvaguardas del euro. Dichas medidas se materializan en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEdE), un fondo económico permanente destinado a ayudar a los Estados de la zona del euro con problemas de deuda soberana creado el 11 de julio de 2011. El MEdE, que entró en vigor el 8 de octubre de 2012, sustituyó al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, organismos a través de los cuales se canalizaron los rescates a Irlanda (17.700 millones), en noviembre de 2010 y Portugal (26.000 millones) en abril de 2011, además del segundo rescate a Grecia (109.000 millones) y de la ayuda al sector bancario español aprobada en julio de 2012.
Además, la independencia catalana también supondría abandonar los instrumentos de protección financieros de los que dispone España: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el fondo creado en 2008 que gestiona los procesos de reestructuración de entidades de crédito —y que ha intervenido, entre otras, en las entidades catalanas Catalunya Caixa y Unim, esta última ya integrada en el BBVA—; y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito que el Estado pone a disposición de las autonomías con problemas de acceso a los mercados para que se financien a bajo coste. Cataluña, que este año ha pedido 9.300 millones (que se suman a los 5.400 del año pasado), es de lejos la comunidad autónoma que más se ha beneficiado de este mecanismo.
Derecho a voto en las municipales de otros países
Actualmente, todos los ciudadanos comunitarios tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones municipales de cualquier país miembro de la Unión Europea en el que residan, aunque no sea el suyo, y bajo los mismos requisitos exigibles que a los nacionales. Eso significa que los catalanes afincados en cualquiera de esos países perderían este derecho y quedarían sujetos a la regulación que cada Estado fije para los extranjeros no comunitarios. Una normativa que suele ser más compleja y más exigente para aquellos que quieren conquistar su derecho a sufragio.
Derechos del viajero
El Parlamento Europeo, a través de diversos reglamentos, se ha encargado de garantizar ciertos derechos a los viajeros dentro de la UE, en cualquier medio de transporte. Desde las compensaciones para casos de denegación de embarque, cancelación del vuelo y retrasos de más de 3 horas, con compensaciones que van de los 250 euros a los 600 o la llegada al destino por medios «alternativos equiparables». También ha establecido el equivalente para autobuses, barcos y trenes. Además, ha establecido una especial protección para los viajeros de movilidad reducida, asegurándose de que tengan asistencia gratuita tanto para embarcar y desembarcar como durante el vuelo y en los aeropuertos.
Programas de formación e investigación
En materia educativa y formativa, Erasmus es el programa europeo por excelencia. De hecho, según los últimos datos de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Generalitat, 3.766 universitarios catalanes obtuvieron dicha beca en el curso 2011-12, un número que ascendió a los 4.032 el año anterior. Un programa subvencionado por la UE con la finalidad de crear una sociedad del conocimiento avanzado en Europa.
Sin embargo, el programa Erasmus no es el único. La Unión Europea cuenta con programas de formación, de orientación profesional y de prácticas de las que se pueden beneficiar todos los estudiantes europeos. Leonardo da Vinci o Grundtvig son sólo algunos. Pero si Cataluña, conuna tasa de desempleo juvenil del 52,71 por ciento, se independizara, dejaría de disfrutar de ellos y de otros como el programa Ploteus, diseñado para informar a estudiantes y personas en busca de empleo, o de Eurodysee, programa de intercambio para jóvenes de 18 a 30 con prácticas de tres a siete meses en empresas europeas.
Además, casos como el de la «Fundación i2CAT» también se verían afectados negativamente. Este centro de investigación e innovación cerró 2012 con 5,1 millones de euros en ingresos gracias al aumento del 13% de los fondos europeos de I+D+i de los que se benefician.
Adiós a las ayudas a la financiación de las pymes
Actualmente, la UE ofrece ayudas a las pequeñas y medianas empresas a través de subvenciones, préstamos y programas y servicios de apoyo empresarial. Un tejido empresarial sumamente importante para Cataluña, ya que las pymes suponen alrededor del 90% del total de empresas catalanas.
Las pymes europeas pueden optar tanto a subvenciones para programas específicos, en muchos casos enfocados a temáticas como la investigación o el medio ambiente, como a financiación de los fondos estructurales, a través de programas como Jeremie, que ofrece garantías de préstamos o capital en forma de participaciones y capital de riesgo. Una tercera vía que mantiene abierta la UE es la que funciona mediante intermediarios financieros (instituciones externas que facilitan el crédito).
Entre las últimas ayudas que la Unión Europea prepara para este colectivo destaca la iniciativa de la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que incluye un plan, con especial incidencia en España e Italia, con el que pretenden movilizar hasta 100.000 millones de euros para ayudar a la pymes europeas a acceder al crédito. Unas ayudas de las que Cataluña no se vería beneficiada si saliera de la Unión.
Facilidades para comprar, extracción de dinero y apertura de cuentas bancarias
Los catalanes, como cualquier otro ciudadano de la Unión Europea, tienen garantizados por la legislación comunitaria el pagar el mismo precio al comprar productos y contratar servicios que los residentes locales en cualquier país miembro, derecho que se perdería si el territorio se escinde.
Además, la UE garantiza el derecho de los ciudadanos comunitarios a abrir una cuenta en cualquier entidad de otro país miembro, sin que esta pueda discriminar por motivos de nacionalidad. En el caso de que se produzca dicha reclamación, el ciudadano europeo dispone de los cauces adecuados para reclamar, materializados en la Red Transfronteriza de Denuncia Extrajudicial sobre Servicios Financieros.
Por otro lado, el banco no puede cobrar por los pagos internacionales en euros más que por una operación nacional del mismo valor efectuado en euros. Esta norma se aplica a todas las operaciones efectuadas en euros, incluyendo las transferencias entre cuentas bancarias de diferentes países comunitarios, sacar dinero en cualquier cajero automático de la Unión Europea, los pagos mediante tarjeta de crédito o débito en toda la UE o los envíos de efectivo entre países comunitarios.
No obstante, los pagos internacionales en moneda distinta del euro —por ejemplo, la hipotética nueva moneda catalana— no están sujetos a estas disposiciones.
Pérdida de las instancias finales de protección
La normativa europea contempla la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión puedan plantear quejas, peticiones o preguntas al Parlamento Europeo, incluyendo posibles irregularidades o violaciones de derechos cometidas por Estados o instituciones públicas. Además, también existe la opción de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo europeo relativa al mal funcionamiento de una institución o malas prácticas administrativas.
Según reconoció recientemente el actual Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, España es el país que más uso hace de esta institución. En 2010, precisamente los tres eurodiputados catalanes, Ramon Tremosa (CiU), Oriol Junqueras (ERC) y Raül Romeva (ICV) denunciaron ante esta institución que el Gobierno español incumplia, a su juicio, los acuerdos que firmó en el año 2005 con las instituciones europeas por los que se aprobó que la correspondencia con los ciudadanos catalanoparlantes se pudiera hacer en catalán. Por otro lado, los catalanes también dejarían de poder recurrir para resolver sus asuntos judiciales al Tribunal Supremo español.
Pérdida de influencia a nivel mundial
La influencia de una región o Estado es algo difícil de cuantificar. No obstante, la secesión de Cataluña de España y de la Unión Europea implicaría la salida inmediata de la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el resto de organismos supranacionales a los que pertenece nuestro país.
Además, Cataluña dejaría de tener representación en el Parlamento Europeo —donde actualmente cuenta con tres eurodiputados, Ramon Tremosa y Salvador Sedó (CiU), Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (BNG, en representación de ERC)—, uno de los órganos legisladores más poderosos del mundo. También dejaría de estar representada por España en las cumbres del G20, en el cual, si bien nuestro país no es miembro de pleno derecho —como sí lo es la Unión Europea—, sí que tiene el estatus de «invitado permanente».
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